Mayra Fernández González
Expediente 686/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mayra Fernández González
Actuaciones
- Principal
EN RAZÓN DE QUE MAYRA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ( PARTE QUEJOSO) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el ONCE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE DOS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se advierte que obran documentos originales en el juicio en que se actúa, ante tal circunstancia, con apoyo en el punto décimo primero del acuerdo invocado, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, acuda a recoger los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente en el momento oportuno. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN RAZÓN DE QUE MAYRA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ( PARTE QUEJOSO) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el VENTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el escrito firmado por la quejosa ********************; atento a su contenido, téngasele cumpliendo en tiempo con la prevención contenida en auto de once de noviembre de este año, pues al efecto manifiesta que bajo protesta de decir verdad no existe sentencia definitiva de fondo que haya resuelto el juicio del que deriva el acto reclamado; manifestación que se tiene por hecha para los efectos legales consiguientes. CONSIDERACIÓN En principio, es conveniente precisar que del estudio integral de la demanda analizada como un todo, se tiene que la quejosa por esta vía constitucional, reclama lo siguiente: La resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Menor Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, respecto de la diligencia de emplazamiento de once de agosto de este año, practicada a ******************** -aquí quejosa-. Al respecto, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Desechamiento de la demanda. Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que es del rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor contenida en la jurisprudencia antes citada, en cuanto se ha establecido que la condición de afectación a las partes de manera preponderante y superior no implica irreparabilidad, es vinculatoria para este Juzgador Federal conforme a lo dispuesto por el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que ha quedado resuelto el tema específico sobre lo que debe entenderse por acto de imposible reparación dentro del proceso, aun cuando dicho criterio se haya emitido al analizar lo relativo a la personalidad. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama: La resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Menor Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, respecto de la diligencia de emplazamiento de once de agosto de este año, practicada a ******************** -aquí quejosa-. La resolución interlocutoria que constituye el acto reclamado y el cual no tiene la calidad jurídica para motivar la procedencia del juicio de amparo, esto es, no tiene sobre el peticionario una ejecución de carácter irreparable, pues no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, virtud a que tiene el efecto de continuar el trámite del procedimiento respectivo, y en todo caso, se actualizaría una violación de carácter netamente procesal que en su momento podrá reclamarse en vía de amparo directo, tal como lo establece el artículo 172, fracciones I y V, de la Ley de la Materia, siempre y cuando el fallo definitivo que se pronuncie en el contradictorio natural sea adverso a sus intereses. Como se ve, cuando la parte quejosa considera que se vulneran sus derechos con motivo del ilegal emplazamiento llevado a cabo en el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Menor Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, -como ocurre en el presente caso- tal violación puede hacerse valer en el amparo directo en contra de la sentencia que ponga fin al juicio, donde podrá reclamar las violaciones a las leyes del procedimiento siempre cuando la parte quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa ordinario y cuando éstas trasciendan al resultado del fallo. Sin que en el presente caso, se pueda considerar que la parte quejosa sea tercera extraña a juicio por equiparación, toda vez que, como se advierte del contenido de la demanda de amparo, no se ha dictado sentencia en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, por lo que está en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa. En consecuencia, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." Así como la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 47/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio origen a la Jurisprudencia número 189, visible en la página 154, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Común, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Así como la Jurisprudencia localizada en la página 1060, Tomo XIV, Octubre de 2001, en Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su letra expone: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO." Finalmente, infórmese a las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la Titular de este órgano jurisdiccional es la Jueza Esthela Pedroza Díaz, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de octubre del presente año, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/704/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. Por tanto, con fundamento en lo establecido en los artículos 219 y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes para que en su caso dentro del término de tres días contado a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, hagan uso del derecho para recusar o manifiesten lo que estimen pertinente; lo anterior para todo los efectos procedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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