Mayra Fabiola Manzano Segundo
Expediente 529/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Mayra Fabiola Manzano Segundo
- Titular de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de febrero de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio signado por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 380/2022, por el Tribunal Colegiado citado, en sesión por videoconferencia de diecinueve de enero del año en curso; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos tomando conocimiento de su contenido. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se hace del conocimiento de las partes que el citado Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente: "En efecto, la omisión reclamada ha dejado de surtir sus efectos, en virtud de que la actualización de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, están considerados las personas menores de 18 años, entre ellos los niños de cinco a once años de edad, sector de población en el que se encuentra la menor quejosa; de ahí que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, queda de manifiesto que a la fecha en que se emite la presente resolución, de la citada página oficial del gobierno federal, www.coronavirus.gob.mx, se advierte que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós se inició con el pre-registro para la vacunación de niños de cinco a once años de edad. Máxime que a la fecha en que se emite la presente resolución, de la citada página oficial del gobierno federal, www.coronavirus.gob.mx, se advierte que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós se inició con el pre-registro para la vacunación de niños de cinco a once años de edad. En esas condiciones, lo que en derecho procede es revocar la sentencia recurrida; y, con fundamento el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio en los términos precisados en esta ejecutoria. (.) PRIMERO. Se REVOCA la sentencia que se recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 529/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria." Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de depuración en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto en el que la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en comento, por lo que deberá conservarse únicamente las resoluciones que concedieron la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa
- Principal
En la Ciudad de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual comunica el contenido del acuerdo de cuatro de agosto del año en curso, por el que se admite a trámite el recurso de revisión interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General, en representación del Secretario de Salud y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, todos de la Secretaría de Salud, en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el trece de mayo de dos mil veintidós, quedando registrado con el toca R.A. 380/2022. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los presentes autos, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a siete de junio de dos mil veintidós. Se tiene por el oficio signado por el Director de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito en que la autorizada de la parte quejosa, solicita se requiera el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito tomando conocimiento de su contenido. Ahora, atendiendo al cambio del ejercicio fiscal, dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, se otorga el plazo de TRES DÍAS, al DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y al DIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PAGO, ambos de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que acredite que se elaboró y autorizó la reimpresión de la planilla de liquidación al ejercicio fiscal de dos mil veintidós, por la cantidad a pagar al aquí quejoso en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, toda vez que ya se otorgó el término prudente y determinado, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a todas las autoridades requeridas, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 237 fracción I y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
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