Mayra Elvira Ovando Arellano

Expediente 700/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
700/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
19/10/2020

Partes del expediente

  • Mayra Elvira Ovando Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, para que expresaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; asimismo que únicamente la autoridad tercero interesada realizó manifestaciones al respecto. En tales condiciones, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. También debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente. Antecedentes I. El diez de marzo de dos mil veinte, este juzgado dictó sentencia en la que, por una parte negó el amparo a la quejosa Mayra Elvira Ovando Arellano y, por otra, lo concedió para el efecto siguiente: "[.] SEXTO. EFECTOS DEL AMPARO. En términos del artículo 77, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la quejosa en el pleno goce de su derecho, la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de esta ciudad, deberá realizar lo siguiente: Proveer de manera inmediata, fundada y motivada sobre la admisión o no de los datos de prueba precisados en la parte final del considerando que antecede y, en caso, de ser procedente, recabarlos dentro del término de treinta días hábiles, contados a partir de la legal notificación del auto por el que cause ejecutoria la presente determinación. [.]" En la parte final del considerando quinto se precisó: "[.] En el caso, la quejosa ofreció diversos datos de prueba en la carpeta de investigación de origen; sin embargo, conforme a las actuaciones que la integran, se advierte que no han sido recabados en su totalidad, a saber: I. Las ofrecidas en el escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, consistentes en: a) Libros contables del DIF municipal. b) Informes del encargado de la caja principal del DIF municipal, para que rindiera entrevista en relación al manejo del dinero del subprograma de desayunos escolares en forma semanal, quincenal o mensual, que se realizaron en los ejercicios fiscales de 2012 a 2015. c) Pedir a la junta de Gobierno del DIF municipal, la aprobación o desaprobación de los planes de labores o estados financieros de tales ejercicios fiscales. d) El informe del Director General del Organismo de la Junta de Gobierno relativo a los estados financieros trimestrales que presentó de dichos ejercicios fiscales, para corroborar si existen reportes de faltantes en el presupuesto. II. El dictamen pericial contable por un perito oficial de manera gratuita ofrecida en el ocurso presentado el treinta de junio de dos mil dieciséis. III. El informe del DIF municipal relativo a la entrega recepción para constatar el faltante monetario denunciado, así como requerir al director de esa institución copia certificada del correo que mencionó el testigo Francisco Javier Zúñiga Cervantes en su entrevista de diecinueve de agosto de dos mil quince, lo cual fue ofrecido en los escritos de once de julio de dos mil dieciséis. IV. La entrevista de la contadora pública Rosa María Martín Cisneros, encargada de la Dirección Administrativa del DIF, ofrecida en el ocurso presentado el trece de julio de dos mil dieciséis. V. La ampliación de la entrevista de Francisco Javier Zúñiga Cervantes ofrecida en el ocurso presentado el quince de noviembre de dos mil dieciséis. VI. La revisión de la computadora de Francisco Javier Zúñiga Cervantes ofrecida en escrito de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. [.]" Por auto de catorce de agosto de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada por este juzgado y mediante oficio 9266/2020 se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de esta ciudad. En atención a lo anterior, mediante oficios 3290/2020 y 3496/2020, la fiscal responsable informó sobre las gestiones realizadas para cumplir la ejecutoria de amparo y allegó las constancias respectivas. Con tal documentación se ordenó dar vista a las partes mediante auto de veintinueve de septiembre del año en curso, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este juzgado se pronunciaría sobre el cumplimiento del fallo protector, teniendo en consideración únicamente lo manifestado por la responsable y las constancias que integran el expediente en que se actúa. Pronunciamiento. Del análisis de las constancias que la responsable remitió para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria, se advierte: I. En relación a las pruebas ofrecidas por la quejosa mediante ocurso presentado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la fiscal responsable, en acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte proveyó: a) Respecto de los datos de prueba ofertados en el escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis y en particular a los libros contables del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de esta ciudad (en lo subsecuente DIF), se desestimaron, bajo el argumento de que no se advierte su existencia en la indagatoria, pues sólo se cuenta con el auxiliar de movimientos que es un sistema digital, el cual fue agregado al informe S.I.C. 022/2016 por el contador público Francisco Javier García Martínez, perito en contabilidad del Departamento de Servicios de Investigación Centralizados de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. b) En torno a la entrevista del encargado de la caja principal del DIF, para que rindiera su entrevista relativa al manejo del dinero del subprograma de desayunos escolares durante el periodo 2012-2015, se señaló fecha y hora para su desahogo, y giró citatorio a María de los Mercedes Fajardo Mondragón, en carácter de testigo. En acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte oferente desistiéndose de dicha prueba. c) Relativo a pedir a la Junta del Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Irapuato, la aprobación o desaprobación de los planes de labores o estados financieros del ejercicio fiscal de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, así como el informe del Director General del organismo de la Junta de Gobierno, relativo a los estados financieros trimestrales que presentó del ejercicio fiscal de dichos años, se requirió a la defensora particular de la aquí quejosa, Patricia Pérez Sánchez, a fin de que señalara la utilidad y pertinencia de dichos datos de prueba, para estar en condiciones de proveer lo conducente y ordenó girar el citatorio a la defensora para tal efecto, lo que se le notificó vía correo electrónico. Tales pruebas fueron desestimadas en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veinte, al no precisar la oferente su utilidad y pertinencia. Adicionalmente, con relación a requerir al denunciante Laura Cecilia Zermeño Vázquez, a fin de que informara quién o quiénes supervisaron la aplicación de subprograma de Desayunos Escolares y cada cuándo rinden reporte de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, se acordó de conformidad su ofrecimiento y, al efecto, giró oficio a Rafael Uro Antillón, quien mediante el oficio DG' 0709/CAJ'0040/2020 dio contestación al requerimiento formulado. II. En relación al dictamen pericial contable por un perito oficial de manera gratuita, ofrecida por la quejosa en el ocurso que presentó el treinta de junio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable desestimó su petición, en razón de que el detrimento económico que se le pretende imputar a la aquí quejosa, tiene como base el informe pericial contable S.C. 364/2016, emitido por la perito contable de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guanajuato, el cual fue elaborado a partir de la documentación contable existente en el DIF municipal de esta ciudad, por lo que, la responsable sostuvo que no advertía la idoneidad y utilidad del dictamen pericial de contabilidad ofrecido. III. En cuanto al informe del DIF municipal relativo a la entrega recepción para constatar el faltante monetario denunciado, la autoridad responsable desestimó tal prueba, el detrimento económico que se le pretende imputar a la aquí quejosa, tiene como base el informe pericial contable S.C. 364/2016, por lo que la documentación ofrecida por la quejosa adujo la fiscal responsable no es útil en la indagatoria. Asimismo, en torno a requerir al director de dicha institución copia certificada del correo que mencionó el testigo Francisco Javier Zuñiga Cervantes, en su entrevista de diecinueve de agosto de dos mil quince, también fue desestimado porque dicho correo no se localizó e, incluso, del dictamen pericial en materia de informática forense de uno de diciembre de dos mil dieciocho, elaborado por Ángel Raymundo Yebra Ortiz, se aprecia que no se logró extraer ese correo, por lo que no es útil realizar tal requerimiento. IV. Se señaló fecha y hora para recabar la entrevista de la contadora pública Rosa María Martín Cisneros, ofrecida en el ocurso de trece de julio de dos mil dieciséis, así como para el desahogo de la ampliación del testigo Francisco Javier Zúñiga Cervantes, ofertada en el escrito de quince de noviembre de dos mil dieciocho. En acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte oferente desistiéndose de dichas pruebas. En tales condiciones, este juzgado considera que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice que la fiscalía responsable desestimara y tuviese desistida a la parte oferente de diversas pruebas, toda vez que ello no se contrapone con los efectos de la ejecutoria amparadora. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En relación con lo anterior, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Incidental

    Visto que en el cuaderno principal se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales, así como que en el presente asunto se negó y concedió la suspensión provisional, y se negó la definitiva; por tanto, archívese el presente expediente como asunto concluido y en términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del presente año en el Diario Oficial de la Federación, se provee: a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse, terminado el proceso de depuración, hecho lo anterior se deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación. b) Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.

  3. Principal

    -Agréguese el oficio signado por el Director General de la tercera interesada.Respecto a la pretensión de acreditar su personalidad, dígase al ocursante que deberá estarse a lo acordado en auto de nueve de octubre pasado.Por lo que hace a su solicitud de realizar el cotejo y devolución de las identificaciones oficiales que indica, es menester señalar que al oficio que ahora se acuerda no se acompañaron tales documentos en original por lo que no es posible atender su solicitud, tal y como se desprende del sello de recepción de la oficialía de partes de este Juzgado.-Finalmente, respecto al mandato judicial que pretende otorgar, dígase al oficiante que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que la ley de la materia no contempla tal figura para cuestiones de representación en el juicio de amparo.-

  4. Principal

    -Agréguese el oficio signado por quien refiere y téngasele apersonado en el presente juicio de amparo con el carácter de tercero interesado.-Se advierte que el ocho de octubre del año en curso, se emplazó al presente juicio al tercero interesado, tal y como se advierte del acuse de recibo de la comunicación 22488/2019 de este índice, por lo que a la fecha no ha mediado el plazo de ocho días para que se imponga del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables.-Se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.-

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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