Mayra Elizabeth Lucero Galaz

Expediente 890/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
890/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Mayra Elizabeth Lucero Galaz

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de diciembre de dos mil veinte. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y las documentales anexas al informe de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable radica en la fecha señalada para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la cual, aduce el quejoso, se encuentra fuera de los plazos establecidos por el ordenamiento legal. Ahora bien, de las constancias aportadas por la responsable, se desprende que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Junta responsable, dejó sin efectos la hora y fecha señalada para el desahogo de la audiencia bifásica, corrigió el procedimiento y señaló una diversa más cercana. En consecuencia, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad en comento, toda vez que con el actuar de las responsables las cosas quedaron tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. Por tanto, se hace patente que en la especie, sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo en vigor. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En congruencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de "Registro de Juicios de amparo". En el entendido que la continuación del procedimiento laboral deberá ajustarse a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la corrección del procedimiento respecto de la audiencia de ley, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada (justicia pronta y expedita), lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito a que se refiere la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Kervin

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Recepción de testimonio. Del oficio de cuenta y su anexo se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, confirmó la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por Suzette López Diaz Espinoza. Acúsese recibo de estilo de la copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciado en la revisión laboral 1/2019 y los autos originales del juicio de amparo 294/2018 del propio índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósense las constancias originales del cuaderno de antecedentes. Se requiere cumplimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos realizados para ese efecto; en el entendido que los lineamientos de los efectos de la sentencia concesoria se transcriben a continuación para pronta referencia: "VIII. Efectos del amparo Al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que: Las autoridades responsables, específicamente, las dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), en el ámbito de sus atribuciones, culminen el trámite relativo a la petición de afiliación en el servicio médico en favor del cónyuge de la quejosa -Gilberto Carlos Mezquita López-, iniciado desde el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en la inteligencia que deberán inaplicar los artículos 24, fracción V, de la Ley número 38, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como en el numeral 15, fracción VI, del Reglamento de Afiliación y Vigencia de Derechos de dicho Instituto, en virtud de que los requisitos adicionales para que el cónyuge varón pueda acceder a dicho servicio en comparación a los exigidos para la cónyuge mujer de un trabajador derechohabiente son injustificados." Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo así en el plazo concedido, sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización; con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables y al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Quinto Circuito. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

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