Mayra Cecilia Mendoza López
Expediente 863/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mayra Cecilia Mendoza López
- Junta Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Morelia, Michoacán
Actuaciones
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de diecisiete de septiembre de este año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Reanudación de plazos En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 se provee lo siguiente: DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO Estas son las que se toman enseguida: 1 1 Recepción y registro Vista la demanda de amparo promovida por Mayra Cecilia Mendoza López por propio derecho contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 863/2021 1 2 Precisión del acto reclamado De la lectura de la demanda se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La omisión de radicar la demanda laboral presentada por la quejosa el cinco de agosto del año en curso en los plazos y términos legales establecidos en la Ley Federal del Trabajo 1 3 Análisis de procedencia de la demanda de amparo Al respecto debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además que dicho motivo sea manifiesto es decir se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto Ahora es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente notoria y absolutamente clara; y por "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho esto es que no puede ponerse en duda por lo claro seguro y evidente que es Cabe destacar que el estudio que se realiza de la demanda se efectúa en términos de la tesis de jurisprudencia P /J 40/2000 de la Novena Época sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD Este Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo " 1 4 Actualización de causa de improcedencia notoria indudable y manifiesta Este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: ( ) XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley" "Artículo 107 El amparo indirecto procede: ( ) V Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ( ) " Los dispositivos antes invocados tienen su génesis en el artículo 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: "Artículo 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución con excepción de aquellas en materia electoral se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: [ ] III Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [ ] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido una vez agotados los recursos que en su caso procedan " Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal En ese orden para que sea procedente el juicio constitucional los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente los cuales deben cumplirse en su totalidad a saber que en tratándose de una determinación dictada en el juicio la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación Bajo esas premisas una determinación dictada por un tribunal en el proceso tiene ejecución de imposible reparación cuando violenta directamente cualquiera de los derechos sustantivos de las personas sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales como ocurre cuando se reclaman dilaciones procesales en materia laboral que produzcan la paralización del proceso que hagan abiertamente nugatorio el derecho a la justicia Conforme a los numerales invocados son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos para calificarse como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos es decir sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente incluso antes del dictado del fallo definitivo y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos" expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la etapa en que se encuentre el juicio o procedimiento momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva En efecto no se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial el cual consiste en que toda persona incluso las morales tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ley o la Convención de que se trata aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales Asimismo el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso En ese sentido las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven Luego las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos durante el proceso judicial deben ventilarse al tenor de lo establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo o en caso de que dicho acto afecte derechos sustantivos Ahora en consideración a la naturaleza del acto reclamado se desprende que la afectación que resiente la parte quejosa es la dilación en la que incurre la autoridad responsable al omitir pronunciarse respecto a la radicación de la demanda presentada el cinco de agosto de dos mil veintiuno cabe precisar que al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 2a /J 33/2019 (10a ) concluyó que para la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo con el que legalmente cuenta la autoridad responsable para cumplir con la obligación impuesta esto es en el caso en concreto radicar la demanda presentada por la parte quejosa el cinco de agosto de dos mil veintiuno "AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUELEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 2a /J 48/2016 (10a ) sostuvo que por regla general el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva Ahora bien si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y por ello se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos laudos o en la realización de cualquier otra diligencia el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador " (Lo resaltado es de este órgano jurisdiccional relativo a la parte medular de lo que se invoca) De lo anterior se colige que el acto reclamado no es de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación pues no constituye un acto que se encuentre desvinculado al proceso sino que por el contrario tiene su origen en esté por consiguiente considerando lo expuesto en el criterio que antecede se desprende que no existe una excesiva dilación procesal que actualice por el momento una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa pues resalta que aún no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que fijó como parámetro la Segunda Sala del más alto tribunal del país para efecto de la procedencia del juicio de amparo En ese tenor se tiene que relativo al plazo atinente a la demanda presentada por la quejosa el cinco de agosto de dos mil veintiuno transcurre del seis de agosto pasado al diecinueve de septiembre del año en curso ello toda vez que el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo establece que dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones por tanto la responsable debió acordar dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación del escrito de demanda esto es el seis de agosto del año en curso PRESENTACIÓN DE DE LA DEMANDA PLAZO PARA ACORDAR LO CONDUCENTE ART 873 de la Ley Federal del Trabajo PLAZO DE 45 DÍAS NATURALES PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DÍAS NATURALES TRANSCURRIDOS 05 de agosto de 2021 06 de agosto de 2021 Del 06 de agosto al 19 de septiembre de 2021 10 de septiembre de 2021 36 días naturales Por ende el acto que se reclama en esta vía constitucional no puede ser considerado un acto de imposible reparación toda vez que aquél tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal lo que no genera una violación directa y actual Cobra aplicación al caso por las razones que la sostienen la jurisprudencia I 1o A E J/5 (10a ) sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito visible en la página 1902 del Libro 29 Abril de 2016 Tomo III de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2011338 de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural favorable a sus pretensiones En consecuencia a contrario sensu para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto conforme al artículo 107 fracción III inciso b) de la ley de la materia no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente al reclamar el acto terminal o resolución" 1 5 Desechamiento Consecuentemente al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en concordancia con la fracción V del numeral 107 ambos de la Ley de Amparo interpretados éstos dos últimos en sentido contrario en concordancia con el artículo 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desecha de plano por notoria e indudable improcedencia la demanda de que se trata No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo tratándose de casos como el presente siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego seguidas las formalidades de ley alcanzar la conclusión ahora formulada Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en la tesis consultable en la página 316 tomo X octubre de 1992 Semanario Judicial de la Federación Octava época que establece: "DEMANDA DESECHAMIENTO DE LA POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito el artículo 145 de la Ley de Amparo dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano sin suspender el acto reclamado Se comprende pues que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar con certeza que existe un motivo de improcedencia En otras palabras puede decirse atendiendo al contenido del precepto en consulta que la demanda podrá desecharse cuando se advierta fácilmente de su simple lectura que existe un motivo indudable de improcedencia y que de no ser así deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo sin que esto ocasione agravio pues siempre queda latente la posibilidad de examinar en la audiencia de fondo la existencia de causas que ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías empero referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio por tratarse de una cuestión de orden público según lo precisa el artículo 73 in fine de la Ley de Amparo" Así como la jurisprudencia J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito publicada en la página 921 tomo XXIV junio de 2006 Semanario Judicial de la Federación Novena época materia común que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su promoción (demanda) a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento Así cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio imparte justicia puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado sino que es efectivo ni se deja en estado de indefensión al promovente no obstante sea desfavorable al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo con independencia de que no comparta el sentido de la resolución dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico" Además la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada la cual debe ser analizada de oficio por este juzgador y en el caso la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a /J 10/2014 (10a ) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 487 libro 3 tomo I febrero de 2014 Décima época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Si bien la reforma al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 10 de junio de 2011 implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos entre ellos el derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución por lo que tales aspectos por sí mismos son insuficientes para declarar procedente lo improcedente" Así como la tesis número III 4o (III región) 14 K (10a ) consultable en la página 1641 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara Jalisco libro XXIII agosto de 2013 tomo 3 materia constitucional Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima época que dice: "DERECHOS HUMANOS LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y POR ELLO SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado además de otros el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar entre otras cuestiones que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos Ahora bien los artículos 17 constitucional y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables ni que el sobreseimiento en él por sí viola esos derechos Por el contrario como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida Por tanto las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada en la medida en que atendiendo al objeto del juicio a la oportunidad en que puede promoverse o bien a los principios que lo regulan reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia ni el de contar con un recurso sencillo y rápido o cualquier otro medio de defensa efectivo" 1 6 Domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales así como autorizando únicamente para tal efecto a la persona que nombra por así haberlo solicitado
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Reanudación de plazos En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 se provee lo siguiente: DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO Estas son las que se toman enseguida: 1 1 Recepción y registro Vista la demanda de amparo promovida por Mayra Cecilia Mendoza López por propio derecho contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 863/2021 1 2 Precisión del acto reclamado De la lectura de la demanda se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La omisión de radicar la demanda laboral presentada por la quejosa el cinco de agosto del año en curso en los plazos y términos legales establecidos en la Ley Federal del Trabajo 1 3 Análisis de procedencia de la demanda de amparo Al respecto debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además que dicho motivo sea manifiesto es decir se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto Ahora es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente notoria y absolutamente clara; y por "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho esto es que no puede ponerse en duda por lo claro seguro y evidente que es Cabe destacar que el estudio que se realiza de la demanda se efectúa en términos de la tesis de jurisprudencia P /J 40/2000 de la Novena Época sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD Este Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo " 1 4 Actualización de causa de improcedencia notoria indudable y manifiesta Este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: ( ) XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley" "Artículo 107 El amparo indirecto procede: ( ) V Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ( ) " Los dispositivos antes invocados tienen su génesis en el artículo 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: "Artículo 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución con excepción de aquellas en materia electoral se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: [ ] III Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [ ] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido una vez agotados los recursos que en su caso procedan " Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal En ese orden para que sea procedente el juicio constitucional los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente los cuales deben cumplirse en su totalidad a saber que en tratándose de una determinación dictada en el juicio la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación Bajo esas premisas una determinación dictada por un tribunal en el proceso tiene ejecución de imposible reparación cuando violenta directamente cualquiera de los derechos sustantivos de las personas sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales como ocurre cuando se reclaman dilaciones procesales en materia laboral que produzcan la paralización del proceso que hagan abiertamente nugatorio el derecho a la justicia Conforme a los numerales invocados son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos para calificarse como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos es decir sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente incluso antes del dictado del fallo definitivo y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos" expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la etapa en que se encuentre el juicio o procedimiento momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva En efecto no se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial el cual consiste en que toda persona incluso las morales tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ley o la Convención de que se trata aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales Asimismo el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso En ese sentido las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven Luego las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos durante el proceso judicial deben ventilarse al tenor de lo establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo o en caso de que dicho acto afecte derechos sustantivos Ahora en consideración a la naturaleza del acto reclamado se desprende que la afectación que resiente la parte quejosa es la dilación en la que incurre la autoridad responsable al omitir pronunciarse respecto a la radicación de la demanda presentada el cinco de agosto de dos mil veintiuno cabe precisar que al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 2a /J 33/2019 (10a ) concluyó que para la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo con el que legalmente cuenta la autoridad responsable para cumplir con la obligación impuesta esto es en el caso en concreto radicar la demanda presentada por la parte quejosa el cinco de agosto de dos mil veintiuno "AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUELEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 2a /J 48/2016 (10a ) sostuvo que por regla general el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva Ahora bien si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y por ello se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos laudos o en la realización de cualquier otra diligencia el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador " (Lo resaltado es de este órgano jurisdiccional relativo a la parte medular de lo que se invoca) De lo anterior se colige que el acto reclamado no es de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación pues no constituye un acto que se encuentre desvinculado al proceso sino que por el contrario tiene su origen en esté por consiguiente considerando lo expuesto en el criterio que antecede se desprende que no existe una excesiva dilación procesal que actualice por el momento una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa pues resalta que aún no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que fijó como parámetro la Segunda Sala del más alto tribunal del país para efecto de la procedencia del juicio de amparo En ese tenor se tiene que relativo al plazo atinente a la demanda presentada por la quejosa el cinco de agosto de dos mil veintiuno transcurre del seis de agosto pasado al diecinueve de septiembre del año en curso ello toda vez que el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo establece que dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones por tanto la responsable debió acordar dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación del escrito de demanda esto es el seis de agosto del año en curso PRESENTACIÓN DE DE LA DEMANDA PLAZO PARA ACORDAR LO CONDUCENTE ART 873 de la Ley Federal del Trabajo PLAZO DE 45 DÍAS NATURALES PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DÍAS NATURALES TRANSCURRIDOS 05 de agosto de 2021 06 de agosto de 2021 Del 06 de agosto al 19 de septiembre de 2021 10 de septiembre de 2021 36 días naturales Por ende el acto que se reclama en esta vía constitucional no puede ser considerado un acto de imposible reparación toda vez que aquél tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal lo que no genera una violación directa y actual Cobra aplicación al caso por las razones que la sostienen la jurisprudencia I 1o A E J/5 (10a ) sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito visible en la página 1902 del Libro 29 Abril de 2016 Tomo III de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2011338 de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural favorable a sus pretensiones En consecuencia a contrario sensu para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto conforme al artículo 107 fracción III inciso b) de la ley de la materia no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente al reclamar el acto terminal o resolución" 1 5 Desechamiento Consecuentemente al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en concordancia con la fracción V del numeral 107 ambos de la Ley de Amparo interpretados éstos dos últimos en sentido contrario en concordancia con el artículo 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desecha de plano por notoria e indudable improcedencia la demanda de que se trata No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo tratándose de casos como el presente siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego seguidas las formalidades de ley alcanzar la conclusión ahora formulada Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en la tesis consultable en la página 316 tomo X octubre de 1992 Semanario Judicial de la Federación Octava época que establece: "DEMANDA DESECHAMIENTO DE LA POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito el artículo 145 de la Ley de Amparo dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano sin suspender el acto reclamado Se comprende pues que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar con certeza que existe un motivo de improcedencia En otras palabras puede decirse atendiendo al contenido del precepto en consulta que la demanda podrá desecharse cuando se advierta fácilmente de su simple lectura que existe un motivo indudable de improcedencia y que de no ser así deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo sin que esto ocasione agravio pues siempre queda latente la posibilidad de examinar en la audiencia de fondo la existencia de causas que ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías empero referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio por tratarse de una cuestión de orden público según lo precisa el artículo 73 in fine de la Ley de Amparo" Así como la jurisprudencia J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito publicada en la página 921 tomo XXIV junio de 2006 Semanario Judicial de la Federación Novena época materia común que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su promoción (demanda) a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento Así cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio imparte justicia puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado sino que es efectivo ni se deja en estado de indefensión al promovente no obstante sea desfavorable al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo con independencia de que no comparta el sentido de la resolución dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico" Además la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada la cual debe ser analizada de oficio por este juzgador y en el caso la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a /J 10/2014 (10a ) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 487 libro 3 tomo I febrero de 2014 Décima época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Si bien la reforma al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 10 de junio de 2011 implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos entre ellos el derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución por lo que tales aspectos por sí mismos son insuficientes para declarar procedente lo improcedente" Así como la tesis número III 4o (III región) 14 K (10a ) consultable en la página 1641 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara Jalisco libro XXIII agosto de 2013 tomo 3 materia constitucional Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima época que dice: "DERECHOS HUMANOS LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y POR ELLO SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado además de otros el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar entre otras cuestiones que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos Ahora bien los artículos 17 constitucional y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables ni que el sobreseimiento en él por sí viola esos derechos Por el contrario como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida Por tanto las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada en la medida en que atendiendo al objeto del juicio a la oportunidad en que puede promoverse o bien a los principios que lo regulan reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia ni el de contar con un recurso sencillo y rápido o cualquier otro medio de defensa efectivo" 1 6 Domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales así como autorizando únicamente para tal efecto a la persona que nombra por así haberlo solicitado
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