Mayra Cárdenas Arellano y Otros.
Expediente 274/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mayra Cárdenas Arellano y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso hubiese impugnado el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Asimismo, se toma en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original, lo anterior con fundamento en los artículos 18, fracción I, inciso a y 20, fracción II, inciso a, ambos del Acuerdo General citado en párrafo que antecede. III. Se devuelve tomo de prueba. Por otro lado, devuélvanse los tomos de prueba a la autoridad responsable en virtud de que se considera innecesaria su conservación, solicítese comedidamente tenga a bien acusar recibo de su recepción.
- Principal
Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso hubiese impugnado el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Asimismo, se toma en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original, lo anterior con fundamento en los artículos 18, fracción I, inciso a y 20, fracción II, inciso a, ambos del Acuerdo General citado en párrafo que antecede. III. Se devuelve tomo de prueba. Por otro lado, devuélvanse los tomos de prueba a la autoridad responsable en virtud de que se considera innecesaria su conservación, solicítese comedidamente tenga a bien acusar recibo de su recepción.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dado que en acuerdo de treinta y uno del mismo mes y año se sobreseyó en el presente juicio Con las constancias que acompañó la autoridad responsable, fórmese un cuaderno de prueba por separado para mejor manejo del expediente, identificado como tomo V.
- Principal
Autoridad cumple requerimiento. Agréguese el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable mediante el cual cumple con lo solicitado en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; proporciona los nombres y domicilios de los terceros interesados; Se sobresee en el juicio fuera de audiencia. Ahora, del comunicado de cuenta se advierte que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno puso a la parte quejosa a disposición del Juez de Ejecución para Adolescentes del Estado dado que transcurrió el término para que las partes impugnaran la sentencia de medidas dictadas en el procedimiento abreviado mediante audiencia de veinte de abril del año en curso: se impone sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: En el caso se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Para que se materialice dicha causa de inviabilidad es indispensable que concurran los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que cambie la situación jurídica del quejoso en relación con el acto reclamado; c) Que en razón de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en modo alguno cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, los actos reclamados en esta instancia consisten en los siguientes: La vinculación a proceso y la medida de internamiento dictadas mediante audiencia inicial de cinco y diez de enero de dos mil veintiuno; Las resoluciones de las audiencias de cinco de febrero y cinco de marzo ambas de dos mil veintiuno, por las cuales se determinó confirmar la orden de internamiento preventivo. La resolución de la audiencia de seis de abril de dos mil veintiuno, en la que la autoridad responsable revocó a los defensores privados. Los anteriores actos fueron dictados en la causa *** del índice del Juez de Control del Juzgado del Sistema Acusatorio y Oral Especializado en Justicia para Adolescentes. Del comunicado de cuenta y de las constancias remitidas por la autoridad se advierte que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno puso a la parte quejosa a disposición del Juez de Ejecución para Adolescentes del Estado dado que transcurrió el término para que las partes impugnaran la sentencia de medidas dictadas en el procedimiento abreviado mediante audiencia de veinte de abril del año en curso. Cabe precisar, que en el disco remitido junto con el informe justificado, obra la audiencia celebrada el veinte de abril de dos mil veintiuno, en donde se dictó sentencia del procedimiento abreviado del juicio de origen y en el que el juez responsable, resolvió lo siguiente (2 horas 23 minutos 54 segundos a 2 horas 24 minutos 46 segundos y 3 horas 12 minutos 17 segundos del disco identificado como tomo II): "[.] La sentencia es emitida en la ciudad de León, Guanajuato, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintiuno año de la independencia nacional, escuchadas que han sido las partes en la audiencia de procedimiento abreviado dentro de la causa *** iniciada en contra del adolescente D. R. C. a quien la representación social especializada atribuye la comisión de dos delitos: uno, el de secuestro agravado cometido en agravio de Ciro Salinas Montecillo; y, dos el de portación de arma de fuero sin autorización en perjuicio de la seguridad pública por lo que se procede a resolver en definitiva la situación jurídica del adolescente. (.) Así también se hace saber al adolescente que los beneficios que conlleva el cumplimiento de las medidas de sanción impuestas son la reinserción social y la reintegración del adolescente lo que se traduce en generar capacidades y competencias que permitan reducir la capacidad de reincidencia y adquirir una función constructiva en la sociedad en términos de lo que dispone el artículo 28 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; además de que le posibilita su desarrollo personal y fomentar vínculos familiares y sociales que contribuyen a su desarrollo personal garantizando el cumplimiento de sus derechos acorde a lo que prevé el artículo 154 de la ley de la materia; en mérito de lo expuesto y fundado y atento a lo que disponen los artículos 14, 18, 20 apartado A, B y C y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se resuelve: Primero. Se acreditaron los delitos uno de secuestro agravado a que refiere el artículo 9, fracción I, inciso A, en relación con el diverso artículo 10, fracción I, incisos B, C y D de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros reglamentaria de la fracción XI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cometido en agravio de Ciro Salinas Montecillo y dos el de portación de arma de fuego sin licencia previsto por el artículo 77 primer párrafo , fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos cometidos en agravio de la seguridad pública. Segundo. En consecuencia, se impone al adolescente sentenciado D. R. C. la medida de sanción de consistente en internamiento en términos del considerando correspondiente. Tercero. Se tiene por satisfecho del pago de la reparación del daño atento de las consideraciones precisadas para la presente resolución. Cuarto. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución dese salida a la presente causa dado cuenta de ello al Consejo del Poder Judicial del Estado mediante estadística lo que habrá de realizar el jefe de causa y gestión del juzgado verificado lo anterior envíese las copias certificadas a quien legalmente corresponda asimismo en el momento oportuno remítase a la juez de ejecución en sobre cerrado los datos personales tanto de la víctima Ciro Salinas Montecillo y del adolescente y de su progenitora mismos que fueron proporcionados al inicio al equipo de gestión de este juzgado. Quinto. Se tienen por notificados a las personas quienes han intervenido en esta audiencia y se encuentran presentes la agente del Ministerio Público, la asesora jurídica, los defensores y el adolescente ordenándose la notificación correspondiente para con el ofendido Ciro Salinas Montecillo por cualquiera de los medios que se tienen establecidos para tal efecto y hágasele saber el termino conforme el artículo 172 de la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes tiene para inconformarse con la presente resolución. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Francisco Javier Salazar Guerrero Juez de Control del Sistema Acusatorio Ora y Especializado para Adolescentes con sede en la ciudad de León, Guanajuato. [.]" Lo relatado hace patente que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el juez responsable el veinte de abril de dos mil veintiuno dictó sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado en contra de la parte quejosa y ordenó poner al peticionario a disposición del juez de ejecución al no haberla impugnado; esa resolución torna jurídicamente imposible decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional. En ese sentido, se tiene en cuenta que existe autonomía o independencia entre los actos inicialmente reclamados y la sentencia dictada en el procedimiento abreviado por el juez responsable, la cual ha quedado firme por no haberse impugnado por las partes e incluso ya se puso el peticionario a disposición del juez de ejecución (promoción 7452), de tal manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, pues la última determinación acarrea un cambio de situación jurídica y por virtud de ésta la irreparable consumación de las violaciones que se le atribuyen, ya que no es posible decidir sobre ellos sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Apoya lo anterior la tesis: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla. En ese contexto, al operar la hipótesis de improcedencia referida, se sobresee en el juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se reproduce: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Se forma tomo de prueba. Con las constancias que acompañó la autoridad, fórmese un cuaderno de prueba por separado para mejor manejo del expediente, identificado como tomo IV. Finalmente, sin que sea necesario ordenar el emplazamiento de los terceros interesados pues, en atención a la determinación asumida no les causará perjuicio. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada.
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