Mayra Campoy Hidalgo
Expediente 996/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Mayra Campoy Hidalgo
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de siete de julio del presente año, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Mayra Campoy Hidalgo, contra actos del Juez Segundo Familiar, en esta ciudad; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal; bajo la supervisión del Secretario encargado del trámite, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese como asunto totalmente concluido. Atento a lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar ni trámite alguno que realizar, archívese este asunto como totalmente concluido; asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el presente expediente no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el numeral 15 del citado acuerdo y es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción b), del mismo ordenamiento.
- Principal
Mexicali, Baja California, siete de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito que firma la quejosa Mayra Campoy Hidalgo, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por auto de treinta de junio del año en curso. Desechamiento Sin proveer sobre su admisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que se trata, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la promovente hace consistir como acto reclamado la pérdida del expediente 1867/2021, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad y, como consecuencia de dicho acto, la omisión de materializar la sentencia ejecutada en dicho expediente. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [...] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De los preceptos en cita, se obtiene que en relación a los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es procedente contra actos judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, en los que tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y específicamente, tratándose de remates, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, como excepción a la regla general que contiene la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que no constituyan la última resolución, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto; ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, dado la amplitud de la norma contenida en la fracción V citada, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción IV también descrita, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: 1) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y; 2) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: a) Que se interponga contra la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente (regla general), y; b) Cuando el acto reclamado dictado en ejecución de sentencia y que no constituye la última resolución, vulnere derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (regla de excepción). Apoya el anterior criterio, la jurisprudencia P./J. 108/2010 que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Lo anterior es así, porque el mencionado párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Al respecto, cobra vigencia el criterio contenido en la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época, página 1070 (registro 2009478), que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Luego, en el caso concreto, como se vio, la parte quejosa reclama la pérdida del expediente 1867/2021, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad y, como consecuencia de dicho acto, la omisión de materializar la sentencia ejecutada en dicho expediente. Ahora, si bien, el acto reclamado es emitido fuera de juicio y ajeno a la cosa juzgada, y como consecuencia de éste la quejosa aduce que existe una imposibilidad de ejecutar la sentencia en el juicio de origen; lo cierto es que dicho acto hasta este momento, no es de imposible reparación, pues no afecta derecho sustantivo alguno, ya que como se aprecia del escrito aclaratorio de cuenta, el Juez responsable no declarado mediante algún proveído la perdida expediente, y en su caso, la quejosa se encuentra en aptitud de acudir ante la autoridad responsable y solicitar la reposición de autos prevista en el en el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, para efecto de recuperar aquellas constancias necesarias para continuar con la ejecución de la sentencia en el juicio natural; de ahí que el acto reclamado no incide en algún derecho sustantivo, sólo en los de carácter adjetivo. En consecuencia, al ser manifiesta, notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de aplicación en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
En seguida, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos y que consisten en escrito de demanda, auto admisorio, emplazamiento a los terceros interesados Pablo Rodríguez Villalobos, María Evangelina Mejía Soria y Consuelo Martínez Esquivel, e informes justificados que rindieron el Juez Quinto de lo Civil con carácter provisional, Secretaria Actuaria adscrita, y Titular de la Coordinación Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, todos en esta ciudad. A lo que el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Acto continuo, abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las pruebas documentales allegadas por la quejosa y las responsables; asimismo, las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana ofrecidas por la parte quejosa. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas en cita, en virtud de su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos. Se da cuenta que ninguna de las partes formuló alegatos. Sobre ello, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: Téngase precluido el derecho de las partes a formular alegatos. A continuación, encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el invocado artículo 124 de la Ley de la materia, procédase a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Lístese.
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