Mayra Arlet Caracheo Méndez
Expediente 644/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mayra Arlet Caracheo Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, incisos a) y c) del citado acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se negó la suspensión provisional y definitiva, y se dictó resolución en la que únicamente sobreseyó en el juicio. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas que allegó el juez responsable a su informe justificado, se ordena su devolución.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 644/2020, promovido por ****; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció este Juzgado Octavo, *** solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez Segundo Civil de Partido, coordinador de la Central de Actuarios, actuario adscrito designado por éste, comisario de la Dirección General de Policía Municipal y registrador Público de la Propiedad, todos residentes en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte se admitió la demanda. En ese mismo proveído se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención legal a la fiscal de la adscripción y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, desahogada al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal 1. La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados tuvieron ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisará el acto reclamado. La quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ejecutivo mercantil **** y reclama, todos los actos tendentes a privarla de los derechos que dice tener sobre el bien inmueble ubicado en la c**** de esta ciudad. Por ello, se destacan: Del director de la Oficina Central de Actuarios, así como del actuario de la adscripción, el embargo practicado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Del juez Segundo de Partido Civil, residente en esta ciudad, el auto de diez de abril de dos mil diecinueve en el que se decretó la adjudicación directa del 50% de los derechos de 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. copropiedad del predio, en favor de la parte actora; así como el diverso de tres de noviembre de dos mil veinte, en el que se ordenó poner en posesión del bien a la adjudicataria, inclusive, mediante el uso de la fuerza pública. Del comisario de la Dirección General de Policía Municipal, el eventual auxilio para la toma de posesión del bien. Del registrador Público de la Propiedad, la eventual inscripción de la escritura de adjudicación que de ahí derive. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen. No obstante, de las constancias no se desprende su participación, sino la del fedatario responsable que practicó la diligencia de embargo. Máxime que las atribuciones de aquél, son de naturaleza administrativa únicamente. Es aplicable por identidad jurídica, la parte conducente de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto3: "ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la 3 1a./J. 88/2019 (10a.0)0, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 73, tomo I, página 198, diciembre de dos mil diecinueve. autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial." En esa medida, con fundamento en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de actos atribuibles a dicha autoridad, se sobresee en el presente juicio respecto de ella. CUARTO. Existencia de actos. El juez Segundo Civil de Partido, la actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios y el comisario de la Dirección General de Policía Municipal, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, lo que se corrobora con las constancias que adjuntaron. Por su parte, el director del Registro Público de la Propiedad negó los actos que se le reclaman; sin embargo, al existir una adjudicación del inmueble, la escrituración e inscripción deben tenerse como inminentes y, por ende, ciertos. QUINTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ****, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden diversos antecedentes que, enseguida, se citan: a) ****, en su carácter de endosataria en procuración de ****, demandó en la vía ejecutiva mercantil a **** y otro, el pago de la cantidad consignada en el pagaré base de la acción. b) Una vez despachada ejecución por parte del juez responsable, el veintinueve de marzo, el fedatario responsable practicó la diligencia en la que embargó los derechos de copropiedad del inmueble en conflicto. c) Seguido el juicio por su cauce legal, el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho se dictó sentencia condenatoria. d) El diez de abril de dos mil diecinueve, se dictó un auto en el que se ordenó la adjudicación directa a la actora "del 50% de los derechos de copropiedad de ***, embargados y valuados". e) El tres de noviembre de dos mil veinte se emitió un proveído en el que se ordenó poner en posesión a la actora, del inmueble cuyos derechos de propiedad fueron adjudicados; también se autorizó el auxilio de la fuerza pública. Los tres últimos incisos constituyen los actos reclamados en esta instancia. SEXTO. Improcedencia. No obstante la certeza de los actos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con el interés jurídico, cuyo estudio es de orden público; por ende, preferente y oficioso, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente, contra actos u omisiones que no afecten los intereses jurídicos del peticionario. En el caso se actualiza la causal referida, pues para la procedencia del juicio de amparo no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que esa conducta de autoridad atente contra algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario de amparo, esto es, que afecte su interés jurídico. Además, es indispensable que se pruebe fehacientemente, por ser un requisito sine qua non para la procedencia de la acción constitucional, tal y como lo establece la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, que a la letra reza4: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Ahora bien, la solicitante del amparo se ostenta tercera extraña al juicio natural, en la que se embargó, adjudicó y ordenó poner en posesión material de la actora en el juicio de origen, el inmueble ubicado en calle Cenzontle número 139, colonia Álamos de esta ciudad; esto es, alega que se le pretende privar del derecho que tiene sobre el predio en mención, sin haberle dado oportunidad de defenderlo, lo que es violatorio de la garantía de audiencia tutelada en el artículo 14 de la Carta Magna. 4 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 401. No obstante, la peticionaria no ofreció elementos de convicción suficientes para demostrar el derecho que dice tener. Las constancias reseñadas evidencian que la quejosa no fue parte en el procedimiento en el que se embargó y adjudicó el inmueble en conflicto; sin embargo, como ya se dijo, resultaba necesario que demostrara la existencia de un derecho legítimamente tutelado a su favor, que la facultara para exigir el respeto a la posesión o, en su caso, propiedad del bien, lo que no ocurrió como enseguida se verá. Con la finalidad de demostrar su interés jurídico, la peticionaria anexó a su demanda: - Un estado de cuenta y un documento de información de número confindencial (NIP) emitido por la institución de crédito Citibanamex, de la que se advierte su nombre y el domicilio del predio. - Dos actas de nacimiento, de dos menores de edad, de las que se desprenden como progenitores, la quejosa y el demandado. Los citados documentos cuentan con el valor probatorio que les confieren los artículos 202, 203 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo; sin embargo, resultan insuficientes para demostrar el interés jurídico a favor de la promovente, debido a que sólo son aptos para demostrar los hechos que contienen, a saber: Que la promovente es usuaria de un servicio con una institución de crédito y que procreó dos hijos con el demandado. Luego, esas constancias no son aptas para acreditar que la promovente tiene materialmente la posesión del inmueble en controversia, pues para ello era necesario que desahogara elementos de prueba diversos que, por sí, o adminiculados con los exhibidos, apoyaran su dicho, es decir, que acreditara fehacientemente el derecho que dice tener. Es aplicable la jurisprudencia que, a la letra, dice5: "POSESIÓN. LA SOLICITUD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LOS RECIBOS POR PAGO DE ESE SERVICIO, SON INEFICACES PARA ACREDITARLA. La solicitud formulada por la quejosa para el suministro de energía eléctrica y los recibos de pago por ese servicio, aun cuando en los términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles demuestren la verdad de su contenido, porque la parte contraria no los objete; sin embargo, para efectos de la posesión constituyen un indicio que, por sí solo, sin adminicularse con otros medios de convicción, no es apto para acreditar aquélla, pues una persona puede solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que le proporcione ese servicio, sin que ello implique, necesariamente, que la solicitante sea poseedora del inmueble de que se trata." No pasa inadvertido el dicho de la quejosa en su demanda, en el sentido de que fue concubina del demandado y que habita ese domicilio desde dos mil tres; sin embargo, su solo dicho es insuficiente para demostrar el derecho que dice tener sobre el bien pues, además de la demostración de la tenencia material del inmueble, era necesario que se demostrara la causa generadora de la posesión, es decir, que el derecho está fundado en un título que legitime al reclamante a ejercitarlo. 5 VI.3º.C.J/46, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1184, tomo XVI, agosto de dos mil dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Así lo consideró el Alto Tribunal en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de rubro y texto6: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, 6 Consultable en la página 5, tomo XV, febrero de 2002, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En todo caso, se insiste, la promovente debió demostrar plenamente la existencia del acto jurídico que, en su caso, le otorgara el derecho que dice tener sobre el bien y, en consecuencia, le permitiría acudir a esta instancia constitucional a defenderlo. Finalmente, no es inadvertido que la parte actora en el proceso, no fue llamada a este litigio constitucional como tercera interesada. Sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, se considera que la falta de emplazamiento en nada trasciende al sentido del fallo, ni le causa perjuicio alguno. Tiene ilustrativa aplicación, la jurisprudencia P. V/98 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado7". En esas condiciones, es decir, ante la falta de acreditamiento del interés jurídico, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75, 76, 77, 78, 155 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ****, en contra del acto y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los diversos tercero y sexto.
- Principal
Reanudación de los plazos. En atención a lo dispuesto por la circular SECNO/13/2021 y el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo de dos mil veintiuno. Consecuentemente, se fijan las trece horas con treinta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente asunto.
- Incidental
V I S T O S para resolver los autos incidentales del juicio de amparo número 644/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito admitido el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, xxxxxx, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos de juez Segundo Civil de Partido, director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común y la actuaria de su adscripción, así como del comisario de la Dirección General de la Policía Municipal del esta ciudad (denominación correcta) y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, todos con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: La falta de llamamiento al procedimiento de origen M39/2018 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, Guanajuato; Así como las consecuencias, entre las que se encuentra la orden de remate y desalojo del inmueble ubicado en calle Cenzontle número 139, colonia Álamos de esta ciudad, y el auto que ordenó su escrituración, adjudicación y entrega en favor de tercero. Lo que estima violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se negó la suspensión provisional solicitada; se pidió a las autoridades responsables su informe previo. Finalmente, la audiencia incidental inició en los términos del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables juez Segundo Civil de Partido, director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, actuaria de su adscripción y comisario de la Dirección General de la Policía Municipal del esta ciudad (denominación correcta), todos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo, aceptaron los actos que se les reclaman. Por su parte, el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, negó la existencia del acto reclamo; sin embargo, dada la calidad de autoridad ejecutora, es dable tener por cierto el acto que se le atribuye, en virtud de que la autoridad ordenadora reconoció la existencia del acto que se le endilga. Determinación de la suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado que hace consistir en la falta de llamamiento a juicio; así como la orden de remate y desalojo del inmueble ubicado en calle Cenzontle número 139, colonia Álamos de esta ciudad, y el auto que ordenó su escrituración, adjudicación y entrega en favor de tercero, dentro del juicio M39/2018 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad. Lo anterior es así, puesto que la quejosa no acredita ni indiciariamente tener interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, ya que si bien es cierto, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ser propietaria y poseedora del inmueble de referencia, también lo es que no presentó ningún documento idóneo para acreditar esa circunstancia. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que pretenda acreditar su interés con las actas de nacimiento de sus menores hijas, así como con el estado de cuenta a su nombre, expedido por una institución bancaria y una tienda departamental; sin embargo, dichas documentales resultan insuficientes para los fines propuestos, dado que con estas no puede inferirse aún de manera indiciaria, que la promovente sea propietaria o poseedora a título legítimo del bien inmueble que defiende en esta vía constitucional. Sirve de apoyo la tesis visible en la página 309, del Tomo XII- julio de 1993, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSION, INTERES JURIDICO PARA OTORGAR LA. La negativa de la suspensión definitiva se ajusta a derecho, cuando el quejoso no acredita su interés jurídico, aun cuando sea en forma presuntiva." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Único. Se niega la suspensión definitiva a xxxxxxx, respecto de los actos que reclamó de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando único del presente fallo.
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