Mayra Arlet Álvarez Soria

Expediente 1076/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1076/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Mayra Arlet Álvarez Soria
  • Franciscojavier Martínez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. I. Revoca autorizado. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, atendiendo a su contenido, se le tiene revocando la autorización al acceso de la consulta del expediente electrónico al usuario "********************, registrado a nombre de ********************, por así haberlo solicitado expresamente la ocursante. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto de veintiséis de noviembre del año en curso, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Se ordena archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21, fracción b), del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Devolución de tomo de pruebas. Ahora bien, devuélvase al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, el tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, previo desglose que se haga de la carátula del tomo identificado como TOMO I. Sin que se estime necesario solicitar el acuse de recibo, en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse. IV. Otras consideraciones. Finalmente, se hace la aclaración que las partes no allegaron documentos que por sus características ameriten ser devueltos. Notifíquese; y gírese oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de noviembre de dos mil veintidós. I. Devolución de oficio. Agréguese a los autos, el oficio .......signado por el Juez Noveno de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro, mediante el cual devuelve el diverso .........., a través del cual se pretendía notificar el auto de veintiséis de octubre pasado, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario. a). Se ordena reenvío a la autoridad correcta. En consecuencia, mediante oficio que derive de este proveído, se ordena reenviar el oficio relativo a la autoridad responsable correcta, siendo el Juez Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro, a efecto de que se encuentre en condiciones de conocer el contenido del citado proveído. Notifíquese; y mediante oficio al Juez Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, SIENDO LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA DE HOY, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO C, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE PASADO QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. I. Autoridad informa convenio aprobado y elevado a cosa juzgada. Agréguese a los autos el oficio 4624-2022, signado por la Juez Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro, mediante el cual informa que el convenio al que llegaron la parte quejosa y el tercero interesado fue aprobado y elevado a cosa juzgada, relativo a la patria potestad de su mejor hija de iniciales ********************, custodia, pensión alimenticia, garantía de pensión y convivencias familiares, entre otras cuestiones. a). Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tienen como pruebas de la citada autoridad responsable las documentales que anexa a su oficio de marras, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. II. Estado de autos. En esa razón, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa ********************por propio derecho y en representación de la menor de iniciales ********************, reclaman esencialmente lo siguiente: "I. La emisión del auto de fecha 23 (veintitrés) de agosto de 2022 (dos mil veintidós), el cual, fuese publicado en fecha 24 (veinticuatro) de agosto de 2022 (dos mil veintidós) y mismo que surtiese efectos al día 25 (veinticinco) de agosto de 2022 (dos mil veintidós). II. La violación a la igualdad jurídica y el derecho de alimentos a la que tiene derecho mi hija ********************, esto es a consecuencia de haber decretado una pensión alimenticia mucho menor a la que tiene derecho a percibir dentro del expediente **** radicado ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Querétaro la menor de edad de nombres y apellidos ******************** III. El establecimiento de la guarda y custodia de forma provisional de la menor de edad ********************, a favor del hoy tercero interesado, el C. ********************" De la anterior transcripción, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable determinó conceder la custodia provisional de la menor a favor de su progenitor, decretó el pago de pensión alimenticia provisional por el veinticinco por ciento de los ingresos totales del padre e impuso una orden de restricción a fin de que ******************** se abstuviera de molestar tanto de obra como de palabra a ******************** y a su menor hija ********************, con excepción del tiempo de las convivencias autorizadas. Sin embargo, al rendir su informe justificado la autoridad responsable informó que la parte quejosa y el aquí tercero interesado llegaron a un convenio en la audiencia oral conciliatoria celebrada el doce de octubre de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio de origen 805/2022, en el que, en relación a las prestaciones reclamadas pactaron en lo que interesa expresamente lo siguiente: "(.) Ambas partes convienen en que ejercerán de manera conjunta la patria potestad sobre su menor hija y solo la perderán en los casos que la ley lo establece. En lo que toca a la custodia la menor de iniciales ********************, ambas partes están de acuerdo en que sea la señora ********************, quien detentará la custodia definitiva del menor, en el domicilio de depósito ubicado en ******************** en la inteligencia de que cualquier cambio de domicilio que se verificara, la señora se compromete a notificar al señor con por lo menos 15 días de anticipación. Por su parte el señor ******************** señala como domicilio de depósito el ubicado en ******************** comprometiéndose a notificar a este juzgado dicho cambio a efecto de hacerlo del conocimiento de manera oportuna a la señora ********************. Ambas partes están de acuerdo en que la pensión alimenticia de su hija habrá de cubrirse con el porcentaje del 25% que ya fue fijado menos deducciones de ley exclusivamente. Ordenándose girar oficio a su fuente laboral a efecto de hacerle saber que el porcentaje decretado será en esos términos y de manera definitiva. Oficio que queda a disposición a efecto de que lo haga llegar a su destinatario. Por cuanto ve a la garantía de pensión alimenticia, ambas partes acuerdan que habrá de ser a través del 25% del finiquito que en su caso se llegare a suscitar con motivo de que por cualquier circunstancia el señor ******************** termine su relación laboral con su citada fuente laboral. Ambas partes están de acuerdo en que las convivencias entre el señor ******************** con su menor hija de iniciales ********************, habrán de llevarse a cabo los SÁBADOS a partir de las 9:30 a.m. el día DOMINGO a las 16:30 horas, de cada quince días, pasando el señor al domicilio de depósito a la hora y reintegrándola al término de la convivencia, comprometiéndose el señor a ser responsable de la niña, darle de comer, y de cenar a la menor en caso, de igual manera deberá ayudarle a hacer tareas escolares cuando así lo requiera, estar al pendiente en su estado de salud y en momento dado comunicarse las partes cualquier tratamiento médico o cualquier circunstancia en alimentación o salud de la menor. (.) De igual forma, las partes acuerdan que habrán de facilitar las convivencias de su menor hija ********************, a través de llamadas o video llamadas; comprometiéndose las partes a prestar todas las facilidades para ello. Régimen que comenzará a materializarse a partir del día 22 veintidós de octubre del año que transcurre. (.) En este acto, manifiesta ********************, que realizó un depósito por concepto de garantía de pensión alimenticia ante la Oficina Central de consignaciones, por la cantidad de $********************; pero que considerando que la garantía de pensión ha sido ya pactada en los términos del presente convenio; acuerdan las partes que dicha cantidad habrá de corresponder a favor de la C. ********************, por concepto de pensión alimenticia en lo correspondiente al mes de octubre del presente año; y por tanto el descuento de alimentos también pactado, comenzará a surtir sus efectos a partir del mes de octubre del año que transcurre en el periodo de pago que tenga ********************. (.) En consecuencia, en atención al convenio celebrado por los contendientes, y considerando que el juicio que nos ocupa inició a través de la vía sumaria entablándose la acción de convivencias y alimentos, en este acto se declara la CADUCIDAD de dicho juicio y se continúa el trámite del presente por la VÍA DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, como APROBACIÓN DE CONVENIO. (.)" Así efectivamente, las partes llegaron a un convenio, en el que acordaron esencialmente que la patria potestad de la menor quejosa será ejercida por ambos progenitores, que la custodia definitiva será detentada por la madre de la niña, fijaron el porcentaje correspondiente a la pensión alimenticia, la cual será cubierta por el padre de la menor, establecieron las convivencias familiares entre la menor y su progenitor, así como lo relativo a la garantía de pensión alimenticia. Ahora bien, tal como se advierte del oficio que se provee, dicho convenio fue aprobado y elevado a cosa juzgada por auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós por la autoridad responsable en el juicio de origen, documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de un funcionario público en ejercicio de sus funciones. III. Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo ese panorama, este juzgado de distrito estima que se actualiza la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto se destaca que la cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Establecido lo anterior, en el caso que nos ocupa, como ya se adelantó la parte quejosa reclama el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable determinó conceder la custodia provisional de la menor a favor de su progenitor, decretó el pago de pensión alimenticia provisional por el veinticinco por ciento de los ingresos totales del padre e impuso una orden de restricción a fin de que ******************** se abstuviera de molestar tanto de obra como de palabra a ******************** y a su menor hija ********************, con excepción del tiempo de las convivencias autorizadas. Sin embargo, al rendir su informe justificado, la juez responsable informó que las partes llegaron a un convenio, en el que acordaron esencialmente que la patria potestad de la menor quejosa será ejercida por ambos progenitores, que la custodia definitiva será detentada por la madre de la niña, fijaron el porcentaje correspondiente a la pensión alimenticia, la cual será cubierta por el padre de la menor, establecieron las convivencias familiares entre la menor y su progenitor, así como lo relativo a la garantía de pensión alimenticia; dicho convenio fue aprobado y elevado a cosa juzgada por auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. De lo anterior, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa a la fecha ya no afecta su esfera sus derechos jurídicos, puesto que sus efectos desaparecieron con la celebración del convenio pactado con el padre de la menor. Lo anterior encuentra sustento en la tesis emitida por la extinta Sala Tercera del Máximo Tribunal de este país, publicada el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 64, Cuarta Parte, página 23, Séptima época, número de registro digital 241713, de contenido siguiente: "CONVENIO CON FUERZA DE SENTENCIA EJECUTORIA QUE DEJA AL ACTO RECLAMADO SIN EFECTO. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. En los términos del artículo 2953 del Código Civil, "La transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada..."; y a su vez, el artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles estatuye que: "todo lo que en este capítulo (de la vía de apremio) se dispone respecto de la sentencia, comprende las transacciones, convenios judiciales y los laudos que ponen fin a los juicios arbitrales". Por tanto, los convenios judiciales con los que las partes concluyen una controversia son equiparados por el derecho sustantivo y por el procesal a las sentencias ejecutorias siempre y cuando hayan sido judicialmente aprobados y elevados a esa categoría. Atendiendo a estas consideraciones, es inconcuso que cesan los efectos del acto reclamado, si las partes en convenio judicial expresamente transigen con respecto a lo resuelto en aquél; consecuentemente, es este convenio judicial el que a partir de su celebración, obliga jurídicamente a las partes, si las mismas estuvieron anuentes en otorgarle la misma fuerza de la de una sentencia ejecutoria, y así fue acordado por el Juez del conocimiento. Por voluntad expresa de los firmantes, la sentencia del tribunal de alzada deja, por tanto, de surtir sus efectos jurídicos, al modificarse en el convenio lo resuelto en aquélla; surtiéndose, por ende, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por ende, es claro que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido el auto combatido, en razón de que las violaciones atribuidas a la autoridad responsable dejaron de afectar la esfera jurídica de la quejosa al haberse pactado el convenio en el que las partes negociaron respecto a las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, conforme a sus intereses. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a la Analista Jurídico SISE. IV. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.

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