Mayra Alejandra Salinas Castillo
Expediente 600/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mayra Alejandra Salinas Castillo
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, al que acompaña copia del testimonio de la ejecutoria de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados del citado tribunal, en la que se consigna el siguiente punto resolutivo: ".ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Mayra Alejandra Salinas Castillo, en representación de su menor hijo de identidad reservada, en contra del auto dictado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número 600/2021...". Al respecto, se acuerda: En ese contexto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, glósese el referido testimonio que se acuerda y como lo solicita acúsese el recibo de estilo a la superioridad. En ese tenor, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el acuerdo donde se desechó la demanda de amparo. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden, toda vez que existe agregado un documento original, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 del citado Acuerdo, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger el documento exhibido junto con su escrito inicial de demanda. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte., apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la misma suerte del expediente cuando se efectúe la depuración de éste.
- Principal
"... Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial adscrito al ****, mediante el cual informa que se turnó el expediente 32/2022 para formular el proyecto de resolución correspondiente en relación al recurso de queja interpuesto por ********************, contra el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en este juicio. De lo anterior se toma nota y se está en espera de lo que resuelva la Superioridad..."
- Principal
"...Agréguese a los autos el escrito remitido por... en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Se ordena agregar en autos el original del recurso de mérito. En vía de informe, con sujeción en lo dispuesto en el artículo 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento a la Superioridad que es CIERTO el acto reclamado, en virtud que el siete de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo presentada por... en representación de su menor hijo de iniciales... En ese sentido, procédase a dar cumplimiento a la circular DGGJ/0012/2020 de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, se ordena girar oficio a través de correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para que proceda a otorgar el turno correspondiente al recurso de queja planteado en autos, en la inteligencia que para ello, deberá remitir la boleta de turno al correo electrónico 13jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de otorgar acceso a la versión electrónica del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado que conforme al turno corresponda, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Como justificación al citado informe, una vez que se cuente con la boleta de turno respectiva, se otorgará acceso a la versión electrónica del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado que conforme al turno corresponda, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación del aludido medio de impugnación, en la inteligencia que únicamente se remitirá el oficio que contenga la determinación adoptada, así como, copia digitalizada del escrito de expresión de agravios, sin perjuicio que, dé considerar necesarias la copias digitalizadas del presente asunto, le serán remitidas a la brevedad posible..."
- Principal
En siete de diciembre de dos mil veintiuno, doy cuenta con la promoción registrada en el libro de correspondencia bajo folio 16950 y con la certificación secretarial que antecede. "... Visto el escrito de demanda presentada por *****, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4°, 8, 14, 16 y 17 Constitucionales. RADICACIÓN Se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 600/2021-V. El precepto transcrito autoriza a desechar de plano la demanda de amparo, cuando al examinarla se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a esas características, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda o de los documentos que se anexen; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate opera en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, además de que no puede ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, es menester destacar que la improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada; por ende su estudio es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente y da como resultado el sobreseimiento del juicio o el desechamiento de la demanda. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreparable. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese caso ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior se desprende que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo-, debe producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio, y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda el resultado del fallo. Ahora bien, la parte quejosa combate el auto dictado en dieciocho de noviembre del año en curso, emitido en el juicio ordinario civil 758/2020 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, que desechó el recurso de revocación interpuesto la ahora quejosa, el cual a su vez, combatía el auto que declaró "no ha lugar" a su escrito de veinte de octubre, por el que requería que la autoridad responsable, hiciera efectivo el apercibimiento para presumir la filiación del demandado en dicho juicio ordinario civil, Alberto Bache García y el menor de iniciales B.C.S., por tanto, es incuestionable que no le causa un perjuicio respecto de sus derechos sustantivos, sino se trata de una violación intraprocesal que afecta sólo sus derechos adjetivos, y que no trasciende al resultado del fallo definitivo que en su caso se llegare a dictar, ya que ello dependerá del sentido favorable o desfavorable en que se emita. Al efecto, se considera que el acto combatido tiene el carácter de una violación procesal en términos del artículo 170 de Ley de Amparo, al versar sobre aspectos de trámite, como lo es que el amparista, interpuso recurso de revocación contra dicha determinación, mismo que el Juez de origen lo desechó por improcedente. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o la quejosa hubiese quedado sin defensa legal alguna. En el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental y el cual no lo deja sin medios de impugnación, toda vez que se trata de la admisión de la prueba biológica en cuestión, si no solo de su tramitación o preparación que depende de los apercibimientos que se hayan decretado así como de los proveídos que le anteceden, también lo es que tal acto no afecta derechos sustantivos de la peticionaria de derechos humanos. Asimismo, el acto aquí reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata en todo caso, de una violación adjetiva dentro del procedimiento. Se destaca que esos aspectos relacionados con violaciones procesales, en su caso, podrá controvertirse en el amparo directo, siempre que las actuaciones practicadas en él, afecte la defensa de la parte quejosa y trascienda al resultado de la sentencia, en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo reclamado no deja sin defensa a la promovente por no ser de aquellos cuya ejecución deba estimarse de imposible reparación, no afecta de manera directa sus derechos sustantivos dado que el perjuicio que le pudiera ocasionar será reparado en caso de que obtenga sentencia favorable o, de ser ésta contraria a sus intereses, estará en aptitud de impugnar esas violaciones en el juicio de amparo directo que se accione en contra del aludido fallo, por así disponerlo el artículo 171 de la Ley de Amparo. Aunado que de dicho numeral se deduce que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, que dicten los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellas o, durante el procedimiento, afecte la defensa de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. En cualquiera de los casos análogos a los ahí señalados cuya afectación sea meramente adjetiva. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo y al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improceder analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se estudia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el ubicado en *****, de esta ciudad; asimismo, se le tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a *****, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos a ***** por no contar con registro en dicho sistema..."
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