Mayra Alejandra Carrillo Santos
Expediente 827/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mayra Alejandra Carrillo Santos
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; ocho de septiembre de dos mil veintidós. I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 22 DE AGOSTO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, veintidós de agosto de dos mil veintidós. I. Desahogo de prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por María Patricia García Hernández, autorizada en términos amplios dela parte quejosa, por medio del cual desahoga la prevención de demanda que le fue formulada en proveído de ocho de agosto pasado; en consecuencia se provee: II. Reconocimiento de personalidad. Con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, téngase a Mario César Guillén Gallardo, como apoderado legal de la directa quejosa Mayra Alejandra Carrillo Santos, en virtud a que tiene reconocida dicha personería ante la autoridad responsable. III. Precisión de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: A). El acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós emitido por el Presidente de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, en autos del expediente laboral 2937/2020/E3/CC/IND, en el que se señaló el uno de diciembre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de demanda, conciliación y excepciones; y, B). La omisión atribuida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México de realizar las gestiones relativas a lograr el emplazamiento de la parte demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." IV. Desechamiento de demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del referido artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en principio, se estima que respecto al precisado en el inciso a, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". En efecto, de la interpretación de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Al respecto es aplicable la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del Tomo XXX, del mes de Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de aplicación en el caso de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, se actualiza la segunda hipótesis relativa a que un nuevo acto de autoridad incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, al ser sustituido procesalmente, como a continuación se demostrará. Como se dijo, el acto atribuido a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, consiste en el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, emitido en autos del expediente laboral 2937/2020/E3/CC/IND, en el que se señaló el uno de diciembre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de demanda, conciliación y excepciones. Ahora, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, constituye un hecho notorio para la suscrita, que en autos del 769/2021-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, la presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad -también señalada como autoridad responsable en el presente asunto-, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y mediante oficio recibido en este Juzgado federal el doce de agosto de dos mil veintidós, remitió constancias inherentes a las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al fallo protector, entre las cuales se advierte que mediante auto de once de agosto de dos mil veintidós, dejo sin efectos la fecha señalada en el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, emitido en autos del expediente laboral 2937/2020/E3/CC/IND, en el que se señaló el uno de diciembre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia de demanda, conciliación y excepciones (proveído que constituye el acto reclamado que ahora se analiza), señalando una nueva fecha para la celebración de dicha audiencia, a saber las doce horas del tres de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós y la fecha señalada en el mismo para el verificativo de la audiencia de trato -aquí actos reclamados-, dejaron de surtir sus efectos, con motivo de la emisión del diverso de once de agosto siguiente, quedando en consecuencia substituidos procesalmente, ya que este última proveído incide en la ejecutividad de los actos reclamados, al sustituirlos procesalmente, pues la junta responsable en la última determinación señaló una nueva data para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista en la Ley Federal del Trabajo. Esto es, el acto que en todo caso le causa perjuicio a la agraviada, lo es la última determinación en la cual se fija hora y fecha para la celebración de la audiencia trifásica y no el reclamado en la presente demanda a la Junta Local con sede en esta ciudad; de ahí que se considere actualizada la causa de improcedencia en estudio, prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Se asevera lo anterior, porque si los actos en los que se concretizó la afectación que reclama la quejosa en el presente juicio de amparo, dejaron de surtir sus efectos, ya que carecen de vigencia y ejecutividad al haber sido sustituidos procesalmente con la determinación diversa; como se anticipó, el presente juicio resulta improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es desecharse la presente demanda de amparo en cuanto al acto destacada en el inciso a. Ahora, respecto al diverso acto reclamado apuntado en el inciso b, la suscrita estima que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." La precitada fracción, establece como motivo para la improcedencia de un juicio de amparo, que éste se instaure contra resoluciones emitidas tanto en juicios de amparos como en ejecución de las mismas; mandamiento del que destaca la inclusión del término "resoluciones", que involucra toda aquella determinación que se emita con motivo del amparo, ya sea en el cuaderno principal o su incidente con independencia de las partes; en virtud de que para inconformarse contra tales actos, la ley de la materia, prevé específicamente su impugnación mediante los recursos y demás medios de defensa como lo son la revisión, la queja, la inconformidad, etcétera; por lo que es claro que la razón de vedar el acceso de la acción constitucional en estos supuestos, obedece a la previsión del legislador en procurar que lo determinado en estos juicios, su incidente y fallos protectores no se obstaculice al tratar de cumplimentar lo allá dispuesto. Ilustra al respecto la jurisprudencia, 57/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 829, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Materias: Constitucional, Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." De igual forma, la tesis 1a. LXX/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." En ese contexto, tenemos que la citada fracción establece dos supuestos específicos de improcedencia del amparo, fijados de la manera siguiente: a) El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, b) El amparo no procede tratándose de actos en ejecución de una resolución de un juicio de amparo. El primer supuesto opera cuando la resolución sea dictada en el cuaderno principal, por lo que hace a la controversia de fondo, o en el cuaderno del incidente de suspensión relativo a la medida cautelar. En contra de esas resoluciones el amparo es improcedente, pudiendo atacarse solamente a través de un recurso de los previstos por la Ley de Amparo. Luego, la segunda hipótesis planteada por aquélla fracción para determinar la improcedencia del amparo, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, toda vez que, si la autoridad responsable no da cumplimiento a la sentencia de amparo, por no realizar alguna conducta tendiente a acatar lo resuelto por la Justicia Federal, procede el incidente de inejecución de la sentencia respectiva, previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; tratándose de actos repetitivos, el quejoso tiene ante sí la posibilidad de iniciar el incidente de repetición del acto reclamado, contemplado en el numeral 199 de dicho ordenamiento, y en su caso contra la resolución que dicte el juez declarando que ha quedado cabalmente cumplida la sentencia de amparo, procede el recurso de inconformidad que establece el arábigo 201 de la Ley de Materia. A efecto de establecer con claridad cómo opera la citada causal en el caso concreto con relación al acto que ahora se analiza -reseñado en el inciso b) y consistente en la omisión atribuida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México de realizar las gestiones relativas a lograr el emplazamiento de la parte demanda, conviene destacar que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, y se toma en consideración para proveer en el presente juicio, de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en este juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 769/2021-IV, en el cual se reclamó, entre otros actos, la omisión de emplazar al patrón; y, si bien en dicho juicio no fue señalada como responsable la autoridad a la que ahora se le atribuye dicha omisión, lo cierto es que está actúa como coadyuvante de la junta ordenadora que lo es la residente en esta ciudad y sobre la cual recae el cumplimiento del fallo protector dictado en dicho juicio constitucional, en lo que aquí interesa, para el efecto de que se ordene cualquier tipo de diligencia hasta lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen 2937/2020/E3/CC/IND. Luego, de dicho juico también se obtiene que en cumplimiento a la sentencia amparadora ahí dictada, mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, comunicó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en ese asunto, particularmente, a fin de llevar a cabo los emplazamientos de la parte demandada, solicitando una prórroga para lograr el cumplimiento de la misma, la cual le fue concedida por el termino de diez días hábiles, lo que patentiza que dicha ejecutoria aún no ha sido cumplimentada en su totalidad por lo que ve al efecto consistente en ordenar cualquier tipo de diligencia hasta lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen 2937/2020/E3/CC/IND. Ahora, como se dijo con antelación, la parte quejosa también promovió el presente juicio de amparo por el acto consistente en la omisión atribuida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México de realizar las gestiones relativas a lograr el emplazamiento de la parte demanda; empero, dicho acto se encuentra estrechamente vinculado al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 769/2021-IV, del índice de este tribunal, circunstancia que, en el particular, no pueden ser valorada en esta instancia constitucional, porque está íntimamente relacionada con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo citado con antelación, por considerar que la autoridad responsable ordenadora no ha colmado los lineamientos establecidos en el fallo protector. En ese contexto, cuando la parte quejosa promueve amparo en contra de un acto de autoridad sólo puede alegar cuestiones que atañen a la violación de sus derechos fundamentales por dicho acto, es decir, sólo puede debatir vicios propios del acto, por lo que si aduce cuestiones relacionadas con el cumplimiento a un fallo constitucional, entonces el afectado deberá combatir tales violaciones a través de los recursos y medios de defensa establecidos en la Ley de Amparo en forma específica para alegar el exceso, defecto, incumplimiento total del fallo constitucional o la repetición del acto reclamado, según sea lo que proceda. En el caso, este órgano de control constitucional insiste en que el acto reclamado en estudio -descrito en el inciso b) de acápites precedentes- se encuentra estrechamente relacionado con el cumplimiento al fallo protector dictado en el diverso juicio de amparo 769/2021-IV del índice de este juzgado, ya que es evidente que si uno de los efectos de ese fallo protector fueron que la autoridad responsable ordene cualquier tipo de diligencia hasta lograr el emplazamiento de la parte demandada, es evidente que el acto que ahora reclama la quejosa y que nos ocupa, se encuentra directamente relacionado con el referido cumplimiento al fallo protector, ya que en caso de declararse cumplida la ejecutoria de amparo, la impetrante estaría en aptitud de controvertirlo a través de los recursos establecido en la ley de la materia. En esas circunstancias, se estima que en el caso particular también resulta improcedente el juicio de amparo por lo que ve al acto reclamado precisado en el inciso b, en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse en la ejecución de la sentencia protectora del juicio de amparo 769/2021-IV, del índice de este juzgado, que por naturaleza es vinculante; y, por ende, su correcta observancia es de orden público, sin que pueda quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes. Sirve a apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.2O.P.41K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, visible en la página 2363 cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS CONSISTE EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA ANTERIOR Y LAS CONSIDERACIONES DEL ACTO RECLAMADO INCIDEN EN LOS MISMOS ASPECTOS POR LOS QUE SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL. Aun sin prejuzgar sobre el correcto cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo anterior, es evidente que ello no puede ser materia de un nuevo juicio de garantías, al advertirse que los argumentos contenidos en los conceptos de violación y, en general, las consideraciones del fallo reclamado inciden nuevamente en los mismos aspectos específicos y precisos por los que se otorgó el amparo en el juicio previamente resuelto, por ello se estima que debe declararse la improcedencia de este nuevo juicio en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse a las sentencias protectoras, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes, pues de lo contrario se produciría una potencial cadena o sustitución interminable de juicios de control de constitucionalidad sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional; de ahí que como una hipótesis derivada de la prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del mismo numeral, y el artículo 105 del propio ordenamiento, se actualiza un motivo de inejercitabilidad del juicio de garantías." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151- 156, Cuarta Parte, foja 44, del tenor literal siguiente: "AMPARO PARA EFECTOS, ESTRECHA VINCULACIÓN ENTRE LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL, Y LA DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN ACATAMIENTO DE LA PRIMERA. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. Cuando existe estrecha vinculación entre la sentencia que concedió el amparo para efectos y la dictada por la autoridad responsable en cumplimiento de aquélla, debe sobreseerse en el juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, pues el acto reclamado de la Sala responsable se dictó en cumplimiento de una sentencia de amparo, mediante la cual se le señalaron los lineamientos a seguir, en cuento a la acción ejercitada, es decir, sin devolverle plena jurisdicción al respecto, y por lo tanto resulta improcedente la demanda de garantías." Por tanto, a criterio de la suscrita el presente juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en las fracciones IX y XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la demanda por su manifiesta improcedencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Norma Rojas López, secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 8 DE AGOSTO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; ocho de agosto de dos mil veintidós. I. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 827/2022-II y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Mayra Alejandra Carrillo Santos, por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal Mario César Guillén Gallardo. III. Autoridad responsable. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato y otra. IV. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción I, II y III en relación con el 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y sin presentar una nueva demanda, se constriña a cumplir con lo siguiente: a. Exhiba copia certificada del documento con el que acredite de manera fehaciente tener la personalidad con la que se ostenta en la demanda de amparo, ya que, si bien exhibe copia del auto de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente 2937/2020/E3/CC/IND, ésta es copia simple y, por ende, resulta insuficiente para tal efecto. Se apercibe al promovente que, de no cumplir con los requerimientos que se le formulan, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. V. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en Calle República, número 120 (120), Colonia Zona Centro, de esta ciudad, y como autorizado en términos amplios artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Patricia García Hernández, por sí contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y en términos restringidos de la parte final del último párrafo del citado numeral a Mario César Guillén Sesma y Javier Enrique Alvarado Lozano, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite contar con dicho registro y en los mismos términos a los pasantes de derecho que refiere. No se desatiende que la parte quejosa también señaló un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en Guanajuato, capital, sin embargo, no es dable tenerlo por señalado toda vez que el mismo se encuentra fuera del territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, de ahí que se tenga únicamente por señalado para tales efectos el ubicado en esta ciudad de León, Guanajuato. Sin que haya lugar a tener como autorizado en términos amplios a Mario César Guillén Gallardo, como refiere en el proemio de su demanda de amparo, toda vez que el mismo acude al presente juicio de amparo ostentándose como apoderado legal de la parte quejosa. De igual forma, téngasele proporcionando la cuenta de correo electrónico, con la finalidad de establecer contacto no procesal en caso de que se estime necesario; lo anterior, en razón a la contingencia derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos de los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de agosto de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Ingrid Rodríguez Mainou, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización emitida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2773/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de dicha Comisión Permanente, quien actúa ante la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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