Mayra Alejandra Arias Esparza

Expediente 862/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
862/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
19/07/2016

Partes del expediente

  • Mayra Alejandra Arias Esparza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de cuatro de julio de este año, dictado en este juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de garantías con que se formó este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, fracción I, del invocado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, dado que el cuatro de julio de este año, se desechó la demanda con que se formó este expediente y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años que establece el punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto antes señalado, en virtud de que el presente asunto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS Y NO HABERSE PRESENTADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISOS b) y c) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICARLO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, LA DETERMINACIÓN DE MÉRITO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de cuatro de julio de este año, dictado en este juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de garantías con que se formó este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, fracción I, del invocado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, dado que el cuatro de julio de este año, se desechó la demanda con que se formó este expediente y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años que establece el punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto antes señalado, en virtud de que el presente asunto no es de relevancia documental.

  3. Principal

    Para los efectos legales a que haya lugar, agréguese a estos autos el escrito de cuenta presentado por la quejosa Georgina Ortega Gutiérrez, en atención a su contenido se provee: Como lo solicita, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 107, 108, 111, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de la demanda de garantías, respecto de los actos y conceptos de violación que señala. Por consiguiente, se tienen como nuevos actos reclamados del Tribunal Superior Agrario, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública: "¨[.] la aplicación ilegal de las disposiciones establecidas mediante oficio número 307-A.-0166 de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, emitida por EL TITULAR DE UNIDAD POLITICA PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DEL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y REMUNERACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL en ausencia del titular de la UNIDAD DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, en el cual se establecen las disposiciones especificas, que establecen el mecanismo para cubrir una compensación económica a los servidores públicos por la terminación de la relación laboral en la administración pública laboral para el ejercicio fiscal 2016, según oficio en autos del juicio de amparo tanto en el principal e incidental, acordado en proveído de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis en rendido por la directora de amparos contra actos administrativos LICENCIADA MONICA RAMIREZ BUJAIDAR DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. Con la que de manera ilegal y unilateral se pretende la cancelación de mi plaza NA1 sin respetar la debida garantía de audiencia a que tengo derecho, además de que la suscrita no formo parte de la Administración Pública Federal si no de un tribunal con autonomía presupuestuaria. Asimismo se le reclama la aplicación del artículo 22 del PRESUPUESRTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, el cual desde este momento alego su inconstitucionalidad, esto es se me pretende aplicar una ley sin vigencia alguna toda vez que se refiere al ejercicio fiscal 2015 y a la suscrita apenas se me está dando a conocer mediante oficios del 2016. Violentando la irretroactividad de la aplicación de la ley en perjuicio de la suscrita. [.]". Y al Oficial Mayor del Tribunal Superior Agrario y Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 25 San Luis Potosí: "¨[.] la ejecución y aplicación ilegal de las disposiciones establecidas mediante oficio número 307-A.-0166 de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, emitida por EL TITULAR DE UNIDAD POLITICA PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DEL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y REMUNERACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL en ausencia del titular de la UNIDAD DE POLITICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, en el cual se establecen las disposiciones especificas, que establecen el mecanismo para cubrir una compensación económica a los servidores públicos por la terminación de la relación laboral en la administración pública laboral para el ejercicio fiscal 2016, según oficio en autos del juicio de amparo tanto en el principal e incidental, acordado en proveído de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis en rendido por la directora de amparos contra actos administrativos LICENCIADA MONICA RAMIREZ BUJAIDAR DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. Con la que de manera ilegal y unilateral se pretende la cancelación de mi plaza NA1 sin respetar la debida garantía de audiencia a que tengo derecho, además de que la suscrita no formo parte de la Administración Pública Federal si no de un tribunal con autonomía presupuestuaria. Asimismo se le reclama la aplicación del artículo 22 del PRESUPUESRTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, el cual desde este momento alego su inconstitucionalidad, esto es se me pretende aplicar una ley sin vigencia alguna toda vez que se refiere al ejercicio fiscal 2015 y a la suscrita apenas se me está dando a conocer mediante oficios del 2016. Violentando la irretroactividad de la aplicación de la ley en perjuicio de la suscrita.[.]". En consecuencia, dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; pídase informe justificado a las referidas autoridades responsables, quienes deberán de rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, enviándoles para tal efecto copia simple del escrito de ampliación. Además, con fundamento en el artículo 28, fracción I, en relación con el 245 de la nueva Ley de Amparo, dígase a las responsables que si se negaren a recibir dicho oficio, se tendrá por hecha la notificación, y se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización a que se refiere el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la ley de la materia. En el entendido de que el actuario correspondiente, deberá hacer del conocimiento del encargado de la oficina relativa que no obstante se niegue a recibir el oficio, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Requiérasele para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remita en copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización en términos del numeral 260, fracción II de la ley en cita. Asimismo, requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de la materia en vigor; en el entendido de que de acuerdo a lo establecido por el numeral 251 de esa misma legislación, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, al emitirse la sentencia correspondiente. Con dos copias autorizadas del presente proveído y dos copias simples del escrito de ampliación de demanda, dese cuenta en los cuadernos incidentales y acuérdese lo conducente.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa la determinación de cuatro de julio de este año, que en lo conducente dice: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve Mayra Alejandra Arias Esparza, contra actos del agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Mesa Tres Especializado en Hechos de Tránsito Turno Vespertino y otras autoridades, que estima violatorios en perjuicio de su representado de los artículos 8°, 14, 17 y 20 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 862/2016-VI. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Ahora bien, la parte quejosa hace consistir como acto reclamado: "Del C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Mesa Tres Especializado en Hechos de Tránsito Turno Vespertino [.] La resolución mediante la cual decreta el No ejercicio de la Acción penal dentro de la Averiguación previa penal AP/PGJE/SLP/HT/III/80/2013 con fecha 31 de diciembre del 2014 a favor de José Luis Rodríguez Toro [.] Director de Proyectos de Resolución de No Ejercicio de la Acción Penal y Subprocuradora Jurídico, reclamo: la determinación de 12 doce de enero del 2015 mediante la cual confirma el proyecto de No ejercicio de la Acción penal [.] Del C. Procurador General de Justicia [.] La confirmación de la resolución de fecha doce de enero del 2015 mediante la cual decreta el No ejercicio de la Acción penal [.]". De los términos de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, relata la quejosa, así como de las constancias que integran el juicio de amparo 96/2016-III, del índice de este Juzgado, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte lo siguiente: Con motivo de un incidente de tránsito ocurrido en enero de dos mil trece, el agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Mesa Tres Especializado en Hechos de Tránsito turno Vespertino inició la averiguación previa AP/PGJE/SLP/HT/III/80/2013; Por escritos de veintinueve de mayo de dos mil catorce, la impetrante de garantías presentó dos escritos, a través de los cuales autorizó abogados dentro de dicha indagatoria y solicitó se realizara un peritaje de causalidad; Ante la falta de respuesta y notificación relativa a tales peticiones, la quejosa impetró el juicio de garantías 96/2016-III, del índice de este Juzgado. En dicho sumario, se concedió la protección constitucional solicitada para el efecto de que se notificara la respuesta recaída a la segunda promoción -verificar un peritaje de causalidad-; El día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, le fue notificado a la quejosa el acuerdo que recayó a su petición de peritaje de causalidad. Contestación en la que se le hizo saber que por resoluciones de treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y doce de febrero de dos mil quince, se determinó el no ejercicio de la acción penal y la confirmación de esta determinación, respectivamente; Con tales constancias se ordenó dar vista a la quejosa en los autos del expediente 96/2016-III, lo cual se materializó mediante notificación de dieciocho de marzo del año en curso. De lo expuesto se advierte que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, tal como la propia impetrante lo reconoce en su escrito de demanda. Sentado lo anterior, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.[...]." La causal en comento consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Lo anterior, en concordancia con los numerales 17 y 18 de ese propio ordenamiento legal, que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Los dispositivos legales en cita, previenen dos hipótesis excluyentes entre sí, a partir de las cuales da inicio el cómputo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, que son las siguientes: a) La primera de ellas, se refiere a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado; b) La segunda hipótesis consistente en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Cierto, la acción de amparo, por regla general, debe ejercerse en el plazo de quince días, contados a partir del en que surta efectos, según lo disponga la ley que regule el acto reclamado, la notificación de este último; a partir del en que el peticionario se ostente sabedor de él, o bien, a partir del en que hubiese tenido conocimiento de tal acto. La razón de limitar de manera temporal el ejercicio de dicha acción, es dar seguridad jurídica al gobernado, permitiendo que los actos de autoridad cobren firmeza; no es factible dejar al libre albedrío del gobernado impugnar en el momento que lo desee los actos de autoridad que considere lesivos de su interés jurídico, pues ello redundaría en la inseguridad del orden jurídico, en tanto que si tales actos adquieren eficacia de cosa juzgada, quienes, en su caso, se vean beneficiados de ellos, tendrán la certeza que crea su inmutabilidad. La temporalidad en el ejercicio de la acción de amparo, sin embargo, encuentra excepciones en la ley de la materia, en el artículo 17 preinserto, que contempla plazos más amplios, además, existe también la posibilidad de que el juicio pueda ser promovido en cualquier tiempo: cuando el acto que se reclame importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Excepciones todas que el legislador, considerando la especial entidad de la naturaleza del acto reclamado, estableció para que el gobernado afectado por él contara con un margen temporal mayor y, por ende, se le facilitara el acceso a la justicia constitucional. Sobre el tema de la causa de improcedencia es conveniente citar la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." En el caso, como ya se apuntó, la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, desde el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en que se le notificó la determinación que recayó a su promoción de veintinueve de mayo de dos mil catorce. Por lo que, resulta que si la promovente tuvo conocimiento de lo controvertido, desde el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional resulta notoriamente extemporánea, porque la demanda de garantías se presentó en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado hasta el día treinta de junio pasado, de ahí que el término para promover la demanda, transcurrió en exceso. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 30/2007, que aparece publicada en la página 286 del tomo XXV, mayo de 2007, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". Por tanto, dado que en el caso no se está en alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, es evidente que se actualiza lo dispuesto en la fracción XIV, del diverso 61, de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada, lo anterior, en términos de la fracción 113, del ordenamiento legal citado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Saúl Aguilera Romero, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio del dos mil cinco. Ahora bien, dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se desecha de plano, por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por Mayra Alejandra Arias Esparza, contra actos del agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Mesa Tres Especializado en Hechos de Tránsito Turno Vespertino y otras autoridades. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Rodolfo Jiménez Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por vacaciones del Titular, aprobadas en sesión de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis y comunicadas mediante oficio CCJ/ST/1968/2016, asistido del licenciado Neftalí Alejandro García Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,597 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano