Mayra Alejandra Aguilar Martínez
Expediente 1042/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/08/2019
Partes del expediente
- Mayra Alejandra Aguilar Martínez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, del referido acuerdo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos que anexó al escrito inicial de demanda, mismos que obran agregado en autos en sobre amarillo (foja 24); apercibida que en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Notifíquese personalmente, vía electrónica, a la parte promovente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por "*****, Sociedad Anónima de Capital Variable"*****a través de*****, en su carácter de administradora única de dicha empresa, personalidad que acredita con copia certificada del primer testimonio de la escritura pública dos mil doscientos ochenta y ocho, pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública ciento setenta y seis (176) del estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas. 2. Actuario Adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas. Ciudad. 3. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, oficina registral San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1042/2019-VII. DESECHAMIENTO Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos, se observa que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Ahora bien, analizada la demanda de amparo de referencia, se aprecia que la promovente del amparo reclama en esta vía constitucional lo siguiente: La falta de notificación y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil *****, tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y como consecuencia, todo lo actuado, esencialmente la diligencia de remate, orden de adjudicación y la escrituración del bien inmueble en litigio. En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;(.)" El supuesto normativo transcrito, en lo de interés, estatuye la causa de improcedencia de la acción constitucional, por cosa juzgada, cuando se enderece contra leyes o actos que hayan sido materia de un juicio de amparo anterior, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales planteadas sean diversas. Motivo de improcedencia que, cabe puntualizar, tiende a evitar la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada, privilegiando la certeza jurídica, al impedir que lo ya decidido pueda discutirse nuevamente. En el caso, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se determina que el acto reclamado se hace consistir en la falta de notificación y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, y como consecuencia, todo lo actuado, esencialmente la diligencia de remate, orden de adjudicación y la escrituración del bien inmueble en litigio. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo *****, del índice de este juzgado, se advierte que la aquí quejosa previamente a este juicio constitucional, promovió el juicio antes citado, por los mismos actos y contra las mismas autoridades responsables. Lo anterior se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia 16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima época, libro 55, tomo I, junio de 2018, página 10, con registro electrónico 2017123, cuyo rubro y texto son los siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Lo anterior es así, pues al examinar las constancias del citado juicio de amparo se advierte lo siguiente: En la demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto *****, de la estadística de este órgano de control constitucional, promovido por la aquí quejosa *****a través de*****, en su carácter de administradora única de dicha empresa, contra actos del juez y actuario adscritos al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad y Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Chiapas, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que se hicieron consistir en los siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora Todo lo actuado en el expediente *****, desde el auto de radicación hasta la última determinación ordenadora en dicho juicio, lo anterior por desconocer las mismas por ser tercera extraña a juicio y en donde presumo se me pretende despojar de diversos bienes de mi propiedad entre ellos el inmueble consistente en: Predio rustico ubicado en el tramo carretero San Cristóbal Ocosingo, con una superficie de 3200 metro (tres mil doscientos metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: con 80.00 m (ochenta metros con carretera que va a Ocosingo, Chiapas. Al SUR: con 80.00m ochenta metros con carretera que ser reserva el vendedor *****. AL ORIENTE 40.00M (cuarenta metros colindando con rancho nuevo; y AL PONIENTE: 40.00 m (cuarenta metros colindando con área que se reserva el vendedor *****. De las autoridades ejecutoras: reclamo la ejecución de los mandamientos dados por la autoridad ordenadora con la finalidad de privarme de mis derechos de propiedad y posesión de bienes de mi propiedad". En la sentencia constitucional engrosada el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por este juzgado, en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los efectos siguientes: "(.) Consecuentemente, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, deberá CONCEDERSE el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa contra los actos que reclama de las autoridades responsables. SEPTIMO. CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez qué cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, las autoridades responsables, deberán realizar lo siguiente: I. Dejar insubsistente la diligencia de emplazamiento de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, practicada a la aquí quejosa, así como todas las demás actuaciones derivadas del ilegal llamamiento a juicio llevadas a cabo en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Sin que la concesión aquí determinada, tenga el alcance de dejar insubsistente el auto de exequendo de treinta de enero de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio de origen, habida cuenta, que al haberse ordenado en este considerando dejar insubsistencia de la notificación del mismo, la quejosa, en su caso estará en aptitud de interponer el recurso de revocación en contra de dicho proveído. Es aplicable al presente fallo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 74/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos nueve, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental". Sirve a apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 99/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015693, de contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen". Contra dicha determinación, el tercero interesado *****, interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto en sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciocho por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad. El citado tribunal REVOCÓ la sentencia dictada por este órgano, en la que por una parte, se sobreseyó en este juicio y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *****por su propio derecho y como representante legal *****en contra de los actos que reclamó del Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas y otras autoridades. De la ejecutoria de mérito, se advierte que el Tribunal en mención, determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****por conducto de su representante legal, contra los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Gírese oficio a las responsables para su conocimiento. CUARTO. La presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos precisados en el último considerando de este fallo; asimismo, se ordena glosar la constancia de captura de sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes". Asimismo, de las consideraciones expuestas por el referido tribunal se observa que estimó que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento hecho a la aquí parte quejosa no fue violatoria de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, al cumplir con las exigencias previstas en los numerales 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, así como del 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, motivo por el cual, determinó revocar la sentencia recurrida y negar el amparo. Negativa que se hizo extensiva hacia los actos emitidos en ejecución de sentencia también reclamados en el juicio de amparo -*****-, de la estadística de este juzgado, porque esos actos de ejecución no se atacaron en razón de vicios propios, sino solamente como una consecuencia jurídica, inmediata y directa del emplazamiento que constituye el principal acto reclamado en el amparo indirecto, y entonces, al no resultar violatorio de garantías el acto impugnado de la autoridad ordenadora, menos puede resultar serlo las actuaciones que constituyen una consecuencia del mismo. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Colegiado mencionado no compartió el criterio emitido por este órgano de control constitucional, en el sentido de que la parte quejosa no fue debidamente emplazada al juicio de origen -*****- y que, por tanto, le recaía el carácter de tercera extraña por equiparación. Lo antes expuesto revela que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en la falta de notificación y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y sus consecuencias, ya fueron materia de análisis en el juicio de amparo *****, del índice de este juzgado, promovido por la misma quejosa (*****, por su propio derecho y como representante legal de*****), contra las mismas autoridades responsables (juez y actuario adscritos al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad y Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Chiapas, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Lo que ya fue analizado y resuelto mediante sentencia ejecutoriada; es decir, lo aquí reclamado versa o involucra un tema jurídico que fue materia de otra ejecutoria de amparo, promovido por la propia quejosa; por lo cual, al existir identidad temática prevalece el principio de cosa juzgada. En tal orden jurídico, no procede analizar de nueva cuenta el aludido acto reclamado en este juicio de amparo, pues hacerlo contravendría la autoridad de cosa juzgada que reviste la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo *****, en el que, como ya se dijo, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, noviembre de 2004, página 1770, número de registro 180202, que dispone lo siguiente: "AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO LA PARTE QUEJOSA ÚNICAMENTE PLANTEA EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ARGUMENTOS QUE YA FUERON ANALIZADOS EN DIVERSA EJECUTORIA, AUNQUE NO SEAN SIMILARES EN ESTRUCTURA Y REDACCIÓN. Si en el juicio de garantías tramitado en la vía directa, los motivos de disenso sólo tienden a combatir aspectos de una resolución dictada por la responsable en cumplimiento a una ejecutoria pronunciada con anterioridad por un Tribunal Colegiado de Circuito, esto es, sin la expresión de argumentos sobre distintos temas en los que haya quedado plenitud de jurisdicción, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo y procede sobreseer en el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 de la propia legislación, en tanto que los planteamientos propuestos ya fueron materia de estudio en diversa ejecutoria dictada por un órgano del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que no impide llegar a esta conclusión la circunstancia de que los conceptos de violación de las respectivas demandas no sean exactamente iguales, pues mientras exista identidad temática prevalece el principio de cosa juzgada". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Finalmente, se previene a la parte quejosa que en caso de que insista en promover demandas de amparo ostentándose como tercera extraña al juicio de origen, se dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Lo anterior, toda vez que de declarar falsamente ante esta autoridad, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (.)". DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS Ahora, en cuanto a la devolución de los documentos que acompaña, los mismos le serán devueltos una vez que esta determinación quede firme, toda vez que el artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). No obstante ello, hágase del conocimiento de la promovente que de conformidad con el ordinal 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se encuentra en aptitud legal de solicitar copias. Guárdese en sobre amarillo los documentos exhibidos por la parte quejosa, anexos al escrito de demanda, de los cuales quedan agregadas copias simples en autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad; por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado *****, y a la diversa persona que indica, en términos restringidos del referido numeral, pues no cuenta con su cédula*****en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. FIREL Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza la consulta del expediente en la vía que se solicita, para lo cual refiere la promovente que el nombre de usuario es "*****", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica http://consultaexpedienteelectrónico.cjf.co m.mx/home/login, debiendo corroborar su credencial de acceso a dicho portal. En consecuencia, se autorizan las notificaciones vía electrónica a la parte quejosa, mismas que deberán realizarse a partir de este proveído. De lo anterior, hágase la anotación correspondiente en el sistema electrónico a través de la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente, vía electrónica, a la parte quejosa.
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