Mayra Aguirre Barrón

Expediente 772/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
772/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Mayra Aguirre Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida en este asunto el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 772/2021-II, promovido por Mayra Aguirre Barrón, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, y recibido el veinte de agosto siguiente ante este Juzgado de Distrito, Mayra Aguirre Barrón, promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridad responsable y acto reclamado señaló lo siguiente: Autoridades responsables: a) Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de esta ciudad. Acto reclamado: "La omisión de acordar a trámite y fijar fecha para audiencia, vulnerando la garantía de audiencia que todo gobernado tiene en la sociedad en virtud de que el juicio de origen se encuentra inactivo por causas no imputables al suscrito ahora quejoso, al no notificarme el acuerdo donde aparece programada la fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones." SEGUNDO. El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 772/2021-II, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el titular del juzgado puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 00523/E06/2021. Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos que se reclaman a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas en esta ciudad, aún y cuando en su informe justificado los haya negado. Lo anterior es así, pues la existencia de la omisión reclamada estriba en que a la fecha de presentación de la demanda de garantías -diecinueve de agosto de dos mil veintiuno-, la señalada autoridad aún no había dictado el proveído respectivo en el que señalara fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 523/E06/2021; lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como justificación a su informe; a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo establecido en la jurisprudencia número ochocientos catorce, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En relación con lo anterior, conviene dejar establecido que el análisis de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo arriba dicho, la tesis III.2o.C.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, Materia Común, localizable en la página 2066, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Sentado lo anterior, la causa de improcedencia que se actualiza respecto del acto reclamado, es la prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el que en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Para una mejor comprensión del significado de la causal de improcedencia anteriormente transcrita, es necesario observar lo que señala la tesis visible en la página setenta y uno, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENIAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCION CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." El criterio anterior establece que para que concurra la citada causal de improcedencia, es necesario que el acto reclamado por la parte quejosa, quede insubsistente y que las cosas vuelvan al estado actual que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de tal manera, que ese acto ya no le perjudique al agraviado y pueda disfrutar del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para el caso sujeto a estudio, debe resaltarse que la quejosa se duele, en lo medular: De la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, la omisión de proveer y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 523/E06/2021. Empero, de las constancias que obran en este cuaderno, y que fueron allegadas por la autoridad responsable, se aprecia que dicha omisión ya fue subsanada; toda vez que con fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en este municipio, dentro del expediente laboral 00523/E06/2021, señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; cuya falta de pronunciamiento se dolía la amparista. A los medios de convicción aportados por la autoridad responsable, este juzgador les otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo; siendo suficientes para acreditar sin lugar a dudas las circunstancias que en ellos se contiene; entre las que se destaca, que el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en este municipio, dentro del expediente laboral 00523/E06/2021, fijó fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; cuya falta de pronunciamiento se dolía la agraviada. Subsanándose con ello la omisión que en esencia generó la causa de pedir de la doliente; siendo inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante lo cual, resulta procedente sobreseer el presente juicio constitucional con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Por las consideraciones que la informan, aplicables al caso concreto, se cita el contenido de la jurisprudencia número ciento tres, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Materia Común, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal virtud, como se dijo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria y artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa. Dado el sobreseimiento decretado con base en la causal de improcedencia actualizada, es dable agregar que aun y cuando no se resolvió en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso que se dice agraviado por el acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se reitera, no es incompatible con el derecho humano de trato. Sustenta lo dicho, la tesis XVII.1o.C.T.15 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, Común, página 2274, del rubro y texto siguientes: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Por lo antes expuesto y fundado; con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 76, y 79 de la Ley de amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio constitucional promovido por Mayra Aguirre Barrón, respecto de los actos que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, con base en los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, se tiene al licenciado ********************, apoderado jurídico de la parte quejosa, solicitando copias certificadas de las constancias que refiere; en consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele las mismas a su costa y entréguense previa razón que de ello se deje en el expediente para constancia legal. En tales condiciones, hágasele saber, que en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano constitucional programó la cita respectiva, generándose un código QR impreso, por lo que deberá acudir puntualmente a este Juzgado de Distrito, debidamente identificado, a las once horas del ocho de octubre de dos mil veintiuno, a recibir las copias solicitadas. En consecuencia de lo anterior, entréguese el código QR en comento, para que tenga la posibilidad de acceder a las instalaciones que ocupan este tribunal en la hora y fecha señaladas. De igual manera, se le hace saber que deberá respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Notifíquese personalmente al licenciado ********************, apoderado jurídico de la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes a fin de manifiesten lo de su intención, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia, con las documentales que remite para apoyar su informe. Con motivo de lo anterior, a efecto de que las partes se impongan del contenido del comunicado y anexos que se reciben, se hace necesario diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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