Mayra Adriana Delgado Rodriguez
Expediente 3510/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3510/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2022
Partes del expediente
- Mayra Adriana Delgado Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la quejosa xxxxx, en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, sin que hayan realizado manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, oficiosamente, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. En ese sentido, conviene destacar que por auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de veintinueve de abril del año en curso, en los autos del cuaderno auxiliar 130/2018 del índice del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, derivado del expediente de origen 334/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla en la cual se resolvió por una parte confirmar la sentencia recurrida y por otra, declarar sin materia la revisión adhesiva interpuesta por la Directora General de Amparos contra Actos Administrativos, en representación del Presidente de la República. Ahora bien, al haberse confirmado la resolución dictada en autos, quedó intocada la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se resolvió lo siguiente: "(.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas.. "(...) Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: (.) TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. (..)" Por lo que, en auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que realizara lo siguiente: "SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten: Es decir, deberá de informar si a la quejosa que se enuncia a continuación le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince: xxxxx Lo anterior, en razón de que el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En acatamiento a lo anterior, mediante oficio 600-04-04-03-00-2022-05714 enviado por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria recibido en este órgano jurisdiccional el veintiocho de junio de dos mil veintidós, informó en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo, respecto del artículo 53- B fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, lo siguiente: " En efecto, se advierte que la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, respecto de la quejosa manifestó que no le fue instaurada revisión electrónica alguna de conformidad con lo previsto en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación vigente hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, al advertirse que la quejosa fue omisa en realizar manifestación alguna del oficio que antecede, se concluye que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo que- se insiste- impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de la Materia. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como el expediente relativo al amparo en revisión 409/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, en el cual obra glosada la ejecutoria dictada en sesión del once de mayo de dos mil veintidós, en el expediente auxiliar 211/2018 del índice del Tribunal Colegiado oficiante, por lo tanto, glósese a los presentes autos copia autorizada de dicha resolución para que obre como corresponda. Acúsese recibo de estilo correspondiente y estese a lo resuelto por el Tribunal que determinó lo siguiente: "(.) "C O N S I D E R A N D O: (.) 48.SEXTO. Conclusión. Ha quedado demostrado que se violaron las reglas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo indirecto, por lo que con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez de Distrito dicte otra en la que acate los lineamientos que se indican en esta ejecutoria para cumplir las formalidades de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles; esto es, al final de su documento sentencia ponga su firma autógrafa o su firma electrónica pero en cada expediente y resuelva con plenitud de jurisdicción como en derecho corresponda cada asunto conforme a la litis específica de cada juicio de amparo. 49.Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 a 76 y 184 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo a que este toca se refiere. La reposición será para los efectos precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria. (.)" Realícense las anotaciones respectivas, estese a lo resuelto por dicho tribunal y hágase del conocimiento a las demás partes. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad en la ejecutoria en cita, se deja insubsistente la sentencia de siete de noviembre de dos mil dieciséis y se ordena reponer el procedimiento para el efecto de que: Se emita otra, particularizando el caso concreto del juicio de amparo que se revisa. AUTO DE TURNO PARA EL DICTADO DE SENTENCIA Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano colegiado, una vez que se cuente con las constancias de notificación del presente proveído, PREVIO acuerdo túrnese este asunto, para que se dicte la sentencia que conforme a derecho proceda. Finalmente, se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el cuaderno auxiliar 211/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de la Llave, derivado del amparo en revisión amparo en revisión 409/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora y con fundamento en el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal de Alzada que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Director General de Amparos contra Actos Administrativos, actuando en representación de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el que solicita copia de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, dentro del cuaderno auxiliar 132/2018 derivado del amparo en revisión administrativo 338/2017; en atención a su petición, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase copia simple de las constancias que menciona. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de sus partes a las personas que menciona, quienes tendrán las facultades de rendir pruebas, alegar y hacer promociones únicamente en el acto de la audiencia, así como para interponer recursos, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con independencia de lo anterior, como lo solicita el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura y Declaratoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, publicado este último el siete de julio de dos mil veintiuno, en consecuencia, se autoriza las notificaciones y consulta el presente expediente vía interconexión. Por tanto, al realizar los movimiento informáticos respectivos para ello, en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), se agrega al Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad responsable, a efecto de que se puedan realizar la notificaciones respectivas y consultar el expediente electrónico, en el cual solicitó su consulta; en consecuencia, ello no implica que sea autoridad responsable en el juicio de amparo en que se actúa, sino que únicamente, es la autoridad que fue autorizada para realizar las subsecuentes notificaciones y consulta del presente expediente vía interconexión, de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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