Maynor Alberto Vazquez Mejia

Expediente 1966/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1966/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Maynor Alberto Vazquez Mejia
  • Instituto Nacional de Migracion, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    ...Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación secretarial asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Maynor Alberto Vázquez Mejía hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez cumplidos tres años de haberse dictado este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se destaca que no obran glosados documentos originales importantes o de valor, y no se abrió cuaderno de incidente de suspensión.

  2. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas con diez minutos del siete de octubre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida de Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1966/2022-6-M, promovido por Maynor Alberto Vázquez Mejía.Enseguida, la Secretaria en funciones de Jueza declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su notificación, según constancias que obran en autos. A continuación, la Secretaria da lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 7), así como a las demás constancias de autos, asimismo, certifica y hace constar que el Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, fue omiso en rendir informe justificado, no obstante habérsele notificado el oficio 23788/2022, de siete de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se solicitó, como se advierte de la constancia que obra en autos (fojas 19 y 20); al efecto, la Secretaria en funciones de Jueza acuerda: téngase por relacionadas las constancias de autos y a la Secretaria asentando tal certificación para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, se declara abierta y cerrada la etapa probatoria, en virtud que las partes no ofrecieron probanzas. Enseguida, se abre y cierra la fase de alegatos, toda vez que las partes no los formularon. Sin que exista promoción por acordar, la Secretaria en funciones de Jueza dicta la siguiente: S E N T E N C I A V I S T O los autos que integran el juicio de amparo 1966/2022-6-M; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintidós, recibido por el Secretario de Juzgado de guardia de este órgano de control constitucional, Maynor Alberto Vázquez Mejía, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra actos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 11, párrafo 2, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 7). SEGUNDO. Por auto de siete de septiembre del año en curso, se admitió la demanda con el número 1966/2022-6-M, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, se pidieron informes relativo a dicha suspensión y justificado, dándose intervención a la Representante Social de la Federación adscrita y fue señalada fecha para la audiencia constitucional (fojas 8 a 13), que se desarrolló en los términos que se anotan; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que conforme a los preceptos legales invocados, al no ser este Juzgado de materia especializada, le corresponde conocer de todos los asuntos a que se refiere el Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Amparo, aunado a que los actos reclamados tendrían ejecución material en esta ciudad, que pertenece a la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en este asunto los actos reclamados son la privación de la libertad, deportación o expulsión del país, y actos prohibidos por el artículo 22 de la Ley de Amparo. TERCERO. El Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, fue omiso en rendir los informes requeridos, no obstante habérsele notificado el oficio 23788/2022, de siete de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se solicitaron, como se advierte de la constancia que obra en autos (fojas 19 y 20). Por otra parte, de la constancia actuarial de siete de septiembre del año en curso, se desprende que Maynor Alberto Vázquez Mejía no fue localizado en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ubicada en esta ciudad, según informes proporcionados por Moisés Hernández Garza, Agente Federal de Migración, dado que al revisar la base de datos que se encuentra en el sistema de cómputo de la citada dependencia, se advierte que el quejoso egresó de las referidas instalaciones (foja 14). Ahora bien, no se analizarán los actos que el impetrante califica de inconstitucionales, toda vez que se actualiza causa de improcedencia, cuestión que es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este juicio de derechos fundamentales es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Dado que se constituyó una situación idéntica a la que habría existido si se hubiere concedido al peticionario el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que al egresar de las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, es claro que la autoridad dejó de afectar su esfera jurídica, y con ello no deja huella que amerite ser borrada por la protección constitucional y sea restituido en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable, la jurisprudencia P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 197367, del rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Finalmente, cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada que no se contrapone a lo previsto en la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o., fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1966/2022-6-M, promovido por Maynor Alberto Vázquez Mejía, respecto de los actos reclamados, autoridad responsable y motivo anotados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44, de la Ley Orgánica + -

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1966/2022-6-M, que por razón de turno le corresponde. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************; contra actos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Ahora bien, de la demanda se advierte que el quejoso se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta localidad, y como actos reclamados la privación de la libertad, deportación o expulsión del país, y actos prohibidos por el artículo 22 de la Ley de Amparo, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto el impetrante se encuentra interno en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que el quejoso en su calidad de extranjero (que goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales), se ubique en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentra en defensa de sus derechos a través de abogados particulares; este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria." Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable Delegado o Responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con asiento en esta localidad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio del quejoso, deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen e incomunicación; asimismo, instruya la inmediata libertad de ********************, además, para que cesen y se abstenga de llevar cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de nuestra Carta Magna, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfaga los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausentará sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo expuesto, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que el quejoso pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite al agraviado circular en esta localidad. Sin que se le requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si el quejoso no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenido por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. II. Si la privación de libertad del quejoso obedeció a la comisión de delito: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de ********************, para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de ésta. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que la justiciable fue puesta a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerla a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento del quejoso, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, notifique personalmente el presente proveído al quejoso ********************, y certifique el estado físico en que se encuentra, debiendo levantar acta de ello. En el caso de que el quejoso hubiese sido puesto a disposición de una autoridad distinta a la señalada como responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirlo para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentre; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye al Actuario para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que el quejoso no entienda el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que el mismo entienda y comprenda lo que se le está haciendo de su conocimiento. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San Luis Potosí número 365 entre calles Michoacán y Callejón de la colonia Rodríguez de esta ciudad, y como autorizados en los términos que indica, a los profesionistas mencionados en la demanda de garantías. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con diez minutos del siete de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciba la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Dada la naturaleza del acto reclamado, en este asunto no existe tercero interesado. Por otra parte, con apoyo en el numeral 3º de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe....Reynosa, Tamaulipas, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1966/2022-6-M, que por razón de turno le corresponde. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************; contra actos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Ahora bien, de la demanda se advierte que el quejoso se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta localidad, y como actos reclamados la privación de la libertad, deportación o expulsión del país, y actos prohibidos por el artículo 22 de la Ley de Amparo, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto el impetrante se encuentra interno en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que el quejoso en su calidad de extranjero (que goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales), se ubique en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentra en defensa de sus derechos a través de abogados particulares; este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria." Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable Delegado o Responsable y personal a su mando de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con asiento en esta localidad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio del quejoso, deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen e incomunicación; asimismo, instruya la inmediata libertad de ********************, además, para que cesen y se abstenga de llevar cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de nuestra Carta Magna, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfaga los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausentará sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo expuesto, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que el quejoso pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite al agraviado circular en esta localidad. Sin que se le requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si el quejoso no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenido por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. II. Si la privación de libertad del quejoso obedeció a la comisión de delito: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de ********************, para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de ésta. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que la justiciable fue puesta a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerla a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento del quejoso, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, notifique personalmente el presente proveído al quejoso ********************, y certifique el estado físico en que se encuentra, debiendo levantar acta de ello. En el caso de que el quejoso hubiese sido puesto a disposición de una autoridad distinta a la señalada como responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirlo para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentre; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye al Actuario para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que el quejoso no entienda el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que el mismo entienda y comprenda lo que se le está haciendo de su conocimiento. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San Luis Potosí número 365 entre calles Michoacán y Callejón de la colonia Rodríguez de esta ciudad, y como autorizados en los términos que indica, a los profesionistas mencionados en la demanda de garantías. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con diez minutos del siete de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciba la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Dada la naturaleza del acto reclamado, en este asunto no existe tercero interesado. Por otra parte, con apoyo en el numeral 3º de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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