Maykel Owen Contreras Lima
Expediente 1095/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Maykel Owen Contreras Lima
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintinueve de septiembre del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Devuelve exhorto. Glósese al sumario el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 345/2022, con número de orden 475/2022, del índice de este Juzgado de Distrito. 1.1 Anotaciones. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro respectivo, sin que sea necesario acusar recibo a la autoridad oficiante, ya que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes genera el mismo automáticamente. 2. Acuerdo. De la razón actuarial de veintiséis de septiembre de este año levantada por el actuario judicial adscrito al juzgado exhortado, se advierte que al apersonarse en el Instituto Nacional de Migración en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, le fue informado que los quejosos directos ...sí estuvieron en ese lugar, pero ya no se localizaban en el Instituto Nacional de Migración, debido que a petición de los mismos se les expidió oficio de salida para abandonar el país por sus propios medios, situación que se corrobora con la copia de los oficios de salida de ambos quejosos, anexos a la razón actuarial. Lo anterior, permite considerar válidamente la presunción de que los mismos ya no se encuentran retenidos o alojados en este país a disposición del Instituto Nacional de Migración por habérseles entregado su oficio de salida, lo que implica que no continúan restringidos en su libertad y al no haber sido localizados en ninguna de las estaciones migratorias que se informó se encontraban, es indicativo de que pudieron haber retornado a su país de origen por así haberlo solicitado, o bien, se hayan dirigido a otro destino en su ruta migratoria, lo que impide lograr su notificación sobre la demanda de amparo interpuesta a su favor. Asimismo, se advierte que la autoridad migratoria aclara que el nombre correcto de la quejosa ... 2.1 Acuerdo. En atención a ello, se tiene aclarando que el nombre correcto es como se precisa en la diligencia actuarial. 2.2 Instrucción para cambio de nombre en libros de gobierno físico y electrónico. Se instruye a los oficiales judiciales encargados del libro físico y electrónico realicen el cambio de nombre de la mencionada quejosa. 3. No presentada. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas en este asunto.
- Principal
1. Quejosos no ratifica demanda. Vista la constancia de notificación de veintitrés de los actuales, se advierte que los quejosos directos ...manifestaron que no ratifican la demanda de amparo interpuesta en su favor por Zulma Yanira Limas. Asimismo, se advierte que ...aclara que su nombre correcto es ...de igual forma ...refiere que su nombre correcto es ... 1.1 Acuerdo. En atención a ello, se tiene a los mencionados quejosos aclarando que su nombre correcto es como lo señalaron en la diligencia actuarial. 1.2 Instrucción para cambio de nombre en libros de gobierno físico y electrónico. Se instruye a los oficiales judiciales encargados del libro físico y electrónico realicen los cambios de nombre de los quejosos. 1.3 No presentada. En consecuencia, dada la voluntad manifestada por los quejosos directos ante la Actuaria Judicial adscrita, se tiene por no presentada la demanda de amparo interpuesta, quedando sin efecto las providencias dictadas en este juicio de amparo. 2. Causa estado. En ese contexto, resulta claro que el citado quejoso al expresar su voluntad de no ratificar la demanda interpuesta en su favor, evidencia que no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. 3. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad de la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado de notificar a los quejosos directos ... al haber sido informada por ... en su carácter de Agente del Instituto de Migración de esta ciudad, que el veintitrés de septiembre del presente año fueron trasladados a la estación migratoria de Acapulco, Guerrero. 3.1. Exhorto. Con fundamento en los numerales 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el capítulo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con sede en Acapulco, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, por conducto del personal que se comisiones, se proceda a notificar personalmente a los quejosos directos ...el proveído de veinticuatro de septiembre del año que transcurre, cumpliendo con la encomienda ahí establecida, para lo cual se anexa copia digitalizada de la demanda de amparo y del auto referido. En la inteligencia de que los quejosos pudieran encontrarse en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad migratoria de esta ciudad. Asimismo, deberá hacerle del conocimiento la suspensión de plano a la autoridad que tenga bajo su resguardo a los quejosos, para los efectos legales a que haya lugar. 3.2 Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario adscrito a dicho juzgado practique la diligencia correspondiente en este asunto, para el efecto de evitar dilaciones en el procedimiento.
- Principal
1. Demanda. Visto el escrito de demanda presentado por ..., contra actos Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1095/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física de la agraviada, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 3.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 3.2 Si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas, esto es, policiales o de seguridad pública, en relación con la comisión de un delito, sin demora sean puestos en libertad o a disposición de la Fiscalía competente. 3.3 Si los quejosos se encuentran a disposición de autoridades del Ministerio Público como probables responsables en la comisión de un delito y por haber sido detenido en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sean consignados ante el juez penal correspondiente o puestos en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que los hoy quejosos hayan sido detenidos en flagrancia, el delito que se le atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de los quejosos o imponerles una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sean puestos en inmediata libertad. 3.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que los quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que los quejosos no sean detenidos, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación y puedan ser devueltos a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. iii) Cuando los quejosos ya se encuentren materialmente detenidos por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputados en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando los quejosos estén siendo procesados o hayan sido sentenciados previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si los quejosos incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 3.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de las personas detenidas; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o lo tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a los quejosos, desde que fueron detenidos hasta que fueron puestos a disposición del representante social. 3.6 No sean exhibidos en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 3.7 Se mantenga a los quejosos en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad de los mismos. 3.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éstos sean sometidos. 3.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a los detenidos; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetos, pues tampoco pueden ser contactados en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidos a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 3.10 Libertad de entrar y viajar en territorio de México. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, esta suspensión de plano está sujeta a dichas modalidades constitucionales (no violatorias de derechos humanos) y serán autoridades administrativas quienes decidirán acerca de los derechos identificados en dicho artículo constitucional. 4. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que de pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. La autoridad responsable dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá rendir su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, así como indicar la fecha y hora exacta en que fueron detenidos los quejosos, si la detención ocurrió en flagrancia o en cumplimiento a una orden de privación legal de la libertad, para lo cual deberán agregar al informe copia certificada de las constancias que guardan relación con el acto reclamado. Asimismo, deberán informar los nombres de las personas responsables de la detención y que figuren como autoridades competentes para ello, indicando de manera puntual las autoridades a cuyo cargo se asignó la custodia y el tiempo que permanecieron bajo la guarda de cada una de ellas, en caso de existir varias, anexando para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, en virtud de que la cadena de custodia de personas y línea de mando son establecidas con la finalidad de identificar al servidor público que en cada momento tiene la responsabilidad de custodiar a los detenidos, para efectos de establecer la calidad de garante que sirve como condición para los delitos de comisión por omisión, y así, en caso de quebrantamiento, estar en aptitud de determinar la autoría o complicidad respectiva. Se previene a la autoridad responsable, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que en el término de veinticuatro horas, informe todo lo conducente que pueda servir para la localización de los quejosos directos Maykel Owen Contreras Lima, María Yanet Villalobos Santos, Luis Adolfo Barahona Hernández, Óscar Benito Quzchan Sosa y Mario Orlando Bachon; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 5. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la autoridad responsable con residencia en esta ciudad; o bien, en cualquier centro de detención o reclusión, en aras de lograr la ubicación de Maykel Owen Contreras Lima, María Yanet Villalobos Santos, Luis Adolfo Barahona Hernández, Óscar Benito Quzchan Sosa y Mario Orlando Bachon; una vez localizados, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, lo siguiente: 5.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 5.2 Dé fe del estado físico de los quejosos directos al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlos sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentran y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 5.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra los quejosos. Se hace del conocimiento a las autoridades que están obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 5.4 Requiera a los quejosos para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 6. Requerimiento a la promovente. Se hace del conocimiento de la promovente Zulma Yanira Limas, en caso de que Maykel Owen Contreras Lima, María Yanet Villalobos Santos, Luis Adolfo Barahona Hernández, Óscar Benito Quzchan Sosa y Mario Orlando Bachon, no sean encontrados por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentran retenidos, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si éstos fueron puestos en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 7. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a los quejosos, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en las personas de Maykel Owen Contreras Lima, María Yanet Villalobos Santos, Luis Adolfo Barahona Hernández, Óscar Benito Quzchan Sosa y Mario Orlando Bachon, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 8. Autorizados para notificaciones. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Cruz Gauna, Leonardo de León Enríquez y Américo Tonatiuh Gámez Hernández, por tener su cédula profesional registrada en el dicho sistema. 8.1 Domicilio para notificaciones Domicilio para notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mina, número 500, colonia González, en esta ciudad. 8.2 Número telefónico. Se tiene al promovente proporcionando como número telefónico el que señala en el escrito de cuenta, en el entendido de que se establecerá para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. 8.3. Correo electrónico. Se tiene al promovente proporcionando como correo electrónico el que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerá para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. 9. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 10. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario encargado del trámite del expediente las gestionará sin mayor proveído. 11. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.
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