Mayer Zaga Romano
Expediente 515/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mayer Zaga Romano
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO ESTADO,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA...REQUIERASELE PARA QUE EN EL TERMINO DE NOVENTA DIAS COMPAREZCA A RECOGER DICHOS DOCUMENTOS,...
- Principal
VISTA LA DEMANDA DE GARANTIAS, SE DESECHA DE PLANO POR IMPROCEDENTE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO... Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado...MESA 5
- Principal
AVISO. Se notifica por medio de lista el auto que dice... Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Amelia Romano Romano, en su carácter de apoderada legal de Mayer Zaga Romano, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la escritura ochenta y dos mil setecientos seis, pasada ante la fe del notario público siete de la Ciudad de México, licenciado Benito Iván Guerra Silla, por propio derecho, en contra del acto que reclama del Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 515/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene quien esto juzga de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causal de improcedencia advertida. En un principio tenemos que el acto reclamado en esencia se hace consistir en el auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, que ordenó la notificación personal de Mayer Zaga Romero, de la resolución de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, así como los diversos de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, doce de enero, veintisiete de febrero y cinco de marzo de dos mil dieciocho, en su carácter de apoderada legal. Este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad. Con el fin de analizar dicho motivo de improcedencia, resulta necesaria la remisión al texto del artículo referido, mismo que, a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" En dichos preceptos se establece la regla general de procedencia del juicio de amparo en que se reclaman actos emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación, contra los que, conforme a las leyes que los rijan, procede algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Asimismo, dispone la citada fracción de la ley reglamentaria cuatro casos de excepción a dicha regla. En esencia, dichas disposiciones contienen el principio de definitividad que rige al juicio de amparo e implica que previamente a la solicitud de protección de la Justicia Federal el gobernado debe agotar las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción ahí previstos. Así, el principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, mientras que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio constitucional. Lo que se traduce en que, si pasando por alto esas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos emitidos por autoridades tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que agotaran esos medios de defensa, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de las autoridades aludidas, lo que desnaturalizaría el juicio constitucional para establecerlo como una instancia más. Por consiguiente, a efecto de que se actualice la causa de improcedencia en comento, deben concurrir los elementos que a continuación se enuncian: 1. Que se trate de un acto emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2. Que proceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, que al efecto la ley ordinaria establezca. Expuesto lo anterior, en la demanda de amparo interpuesta por Amelia Romano Romano, en su carácter de apoderada legal de Mayer Zaga Romano, reclama el auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Décimo de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, dictado en el expediente 356/2010, relativo al juicio ordinario civil sobre el divorcio necesario, promovido por Mayer Zaga Romano, en contra de Elisa Mizrahi Ambe, en el que se ordena notificar y requerir a Mayer Zaga Romano, por conducto de su apoderada legal Amelia Romano Romano, el contenido y requerimientos establecidos en la resolución de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, así como los diversos de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, doce de enero, veintisiete de febrero y cinco de marzo de dos mil dieciocho, ello, en virtud de que en autos del juicio de origen la responsable advirtió que en términos de la copia certificada de la escritura pública ochenta y dos mil setecientos seis de cinco de mayo de dos mil dieciséis, el señor Mayer Zaga Romano, otorgó poder General para Pleitos y Cobranzas a su señora madre Amelia Romano Romano, misma con la que en el presente asunto acredita su personalidad la promovente de amparo. En ese sentido, el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." A su vez el artículo 5.74 del mismo ordenamiento establece: "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." Ahora, sobre la base de datos expuesta se obtiene que la parte quejosa fue omisa en interponer el recurso de revocación en contra del acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Décimo de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, dictado en el expediente 356/2010, relativo al juicio ordinario civil sobre el divorcio necesario, promovido por Mayer Zaga Romano, en contra de Elisa Mizrahi Ambe, medio de impugnación que es el correcto, precisamente porque el artículo en estudio, es claro al establecer la regla genérica de que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó; sin que la parte quejosa esté en algún supuesto de excepción, para agotar el principio de definitividad, que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que se ha transcrito. En este sentido, se debe precisar que el quejoso quedó incorporado a la relación procesal, con motivo de que es parte en el juicio de origen, por lo que estaba en aptitud de interponer el recurso en cuestión, previamente a la promoción del juicio de amparo. Por consiguiente, si la parte quejosa, no interpuso el recurso de revocación antes de promover el juicio de amparo indirecto que se revisa, debe concluirse que incumplió con el principio de definitividad establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia y, por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la propia Ley Reglamentaria. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Amelia Romano Romano, en su carácter de apoderada legal de Mayer Zaga Romano. Domicilio Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. En el entendido de que una vez hecho lo anterior, podrán promover en los términos amplios del dispositivo legal invocado. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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