Mayem Pilar Arellanes Cano

Expediente 1961/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1961/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
08/02/2016

Partes del expediente

  • Mayem Pilar Arellanes Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    *pral. 1961/2015 mesa amp. 5-a OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA A OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio número la copia certificada del oficio número DDHPO/182/(01)/OQX/2016, signado por el visitador General de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, toda vez que con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se resolvió este juicio de amparo, causando ejecutoria dicha resolución el veinte de enero del año en curso (fojas 27 a 29). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    *pral. 1961/2015 mesa amp. 5-a OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vistos los autos de este juicio de amparo, por cuanto que ha transcurrido el término que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince (fojas 27 a 29); con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Sin que obste para lo anterior, que se encuentre corriendo el término de diez días para la autoridad responsable coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, como se advierte de las constancia respectiva (foja 32); porque carece de legitimación para interponer el recurso de revisión a que se refiere el numeral 86 invocado, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer el afectado; de ahí que, en el caso, la única que pudiera resultar afectada con el fallo en cuestión es la parte quejosa; quien no hizo valer el medio de impugnación a que tiene derecho. Apoya lo anterior, con fundamento en el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo en vigor, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, con el siguiente rubro y texto: "REVISIÓN MAL INTERPUESTA POR PARTE DE AUTORIDADES. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que cada una de ellas de reclame, por lo que debe desecharse la que interponga una de las autoridades responsables, si el inferior sobreseyó en el juicio relativo, en cuanto al acto que de ella fue reclamado". Así también la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXX, bajo el rubro y texto: "RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION INTERPUESTA POR AUTORIDADES DE, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas1, considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal2. Finalmente, advirtiéndose de autos, que en este asunto por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se sobreseyó en el juicio (fojas 27 a 29), misma que con esta fecha causó ejecutoria; por lo que no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y 1 Tesis P. II/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, tomo I, materia constitucional, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, registro IUS 2005522, de rubro: "PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD". 2 Criterio 1/2011 (fecha de resolución 27/01/2011). "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos mas de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA 1 A PRAL. 89/2015-MESA 1 A PRAL. 1739/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se provee: Toda vez que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio en audiencia de veintisiete de marzo de dos mil quince, engrosada el treinta y uno siguiente (fojas 47-54), en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ANABEL INDHIRA ROSADO GUZMÁN. En consecuencia, dada la naturaleza del acto reclamado y del estado de autos, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en un término de tres días, contado a partir de la legal notificación del este auto, dé el debido cumplimiento a la sentencia de mérito, y dentro de los mismos deberá informar las medidas y determinaciones que adopte a efecto; con apercibimiento a dicha autoridad que, de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá, en su perjuicio, una multa de cien días de salario mínimo, equivalente a $7,010,00 (siete mil diez pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos del artículo 258 del mismo ordenamiento legal, sin perjuicio de que se proceda en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. Artículos que, para los efectos legales conducentes, se transcriben: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Si el superior jerárquico inmediato de ésta, es el Presidente de la República, la responsabilidad recaerá en el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, podrá ordenar el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga". "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días". Por lo que, deberá remitir copias certificadas de las determinaciones y medidas que haya adoptado al efecto. Sin que haya lugar a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en el sentido de requerir al superior jerárquico de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con residencia en esta ciudad, tomando en consideración que, dada la naturaleza de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, éstas no tienen superiores jerárquicos; como así lo ilustra, la tesis cuyos datos de localización y rubro, son del tenor siguiente: "Registro No. Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro I, Octubre de 2011 Tomo 3 Página: 1545 Tesis: XIX.1o.P.T. J/6 (9a.) Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro JUNTAS Y TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, AL TENER LA NATURALEZA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES, LOS REQUERIMIENTOS PARA QUE CUMPLAN EJECUTORIAS DE AMPARO DEBEN HACERSE DIRECTAMENTE A ELLAS, POR NO TENER SUPERIORES JERÁRQUICOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO". Finalmente, hágase saber a la secretaria que lleva y firma este auto que, en lo subsecuente, a la brevedad, deberá dar cuenta con el estado procesal del expediente, a fin de darle el impulso correspondiente; sin perjuicio de acordar por separado lo conducente, si el caso lo amerita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Incidental

    *inc. 1961/2015 mesa amp. 5-a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de enero de dos mil dieciséis. Vista la razón asentada por el actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte no le fue posible entregar el oficio 10720, dirigido al comisionado de la Policía Estatal Preventiva, con residencia en esta ciudad, toda vez que el encargado de la correspondencia de la oficialía de partes del Comisionado de la Policía Estatal, se negó a recibirlo en razón de que la autoridad a la que va dirigido dicho oficio, no existe; lo anterior, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que por auto de treinta de diciembre último (foja 30), se tuvo por inexistente tal autoridad. Notifíquese.

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