Mayela Olea Cabello
Expediente 727/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mayela Olea Cabello
Actuaciones
- Principal
AGRÉGUESE A LOS PRESENTES AUTOS PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, EL OFICIO DE LA CUENTA SIGNADO POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON SEDE EN CHILPANCINGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA DE RECIBO DEL DIVERSO POR EL QUE SE LE REMITIÓ EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE AMPARO 727/2018, DEL CUAL DERIVA ESTE CUADERNO DE ANTECEDENTES, E INFORMA QUE ESE TRIBUNAL ACEPTÓ LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO; POR TANTO, AL NO HABER NADA MÁS POR CUMPLIMENTAR, ARCHÍVESE EL CUADERNO EN QUE SE ACTÚA, COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. HÁGASE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Mayela Olea Cabello, por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares,, con residencia en esta ciudad. Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 727/2018, y fórmese expediente. Incompetencia. Con fundamento en los artículos 107, fracciones III y V, inciso a, Constitucional; 37, fracción I, inciso c, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, acorde a los razonamientos que se expresan a continuación: Las fracciones III y V, inciso c, del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común". A su vez el inciso a, fracción I del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: [.] c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y [.]". En tanto que los artículos 47 y 170, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional.". En el caso en estudio, el promovente señala como acto reclamado el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 638/2018, relativo al juicio de nulidad de acta de matrimonio, promovido por la aquí quejosa Mayela Olea Cabello, en que el juez segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, no admitió a trámite la demanda planteada. En ese contexto, el acto reclamado no puede ser analizado por este órgano de control constitucional, pues resulta evidente que se trata de una resolución que pone fin al juicio. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." Por tanto, sí la resolución reclamada en la presente vía constitucional es una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido, en contra de dicha determinación procede el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo. En consecuencia, se estima que la suscrita juzgadora no es competente para conocer de la demanda de amparo que se provee, por lo que se ordena remitir vía ESTAFETA el expediente respectivo a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, para que una vez que lo reciba el tribunal a quien le corresponda conocer del mismo, informe si acepta o no la competencia planteada. Fórmese cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ****, toda vez que no cuentan con tal registro. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este juzgado, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, constitucional, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21, de la prealudida ley; y en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio. Asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberá hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Marlon Iván López Ríos, secretario quien da fe.
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