Maycon Oropeza Caballero

Expediente 1662/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1662/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Maycon Oropeza Caballero

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que el catorce de octubre del año en curso se recibió el informe justificado de la Delegada del Registro Agrario Nacional en Puebla al cual se adjuntaron copias certificadas de diversas constancias -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-. Ahora bien, en tales constancias, en lo que interesa, se advierte que el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en Puebla emitió respuesta a la solicitud 21220010017 de veintiocho de junio actual, ingresada por la parte quejosa consistente en la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios celebrado entre Margarito Oropeza Osorio y Maycon Oropeza Caballero (aquí quejoso). De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Maycon Oropeza Caballero, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite de veintiocho de junio de dos mil veintidós, identificada con el número 21220010017 por el cual pidió la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios celebrado entre Margarito Oropeza Osorio y Maycon Oropeza Caballero (aquí quejoso). Sin embargo, el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en Puebla en respuesta a tal solicitud, emitió la calificación registral negativa en virtud de que la documentación exhibida no reunía los requisitos de forma y fondo. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse dado respuesta a la solicitud en comento con posterioridad a la presentación de la demanda, lo que aconteció el doce de septiembre de dos mil veintidós, pues la omisión reclamado es como si no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del tres de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, en ausencia de la Delegada del Registro Agrario Nacional en Puebla; por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo se encuentra transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada del proveído de once de octubre de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral ********************, de su índice, del cual se precisa que turnó los autos al Auxiliar Dictaminador a efecto de que emita la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo. Atento a lo anterior, se toma conocimiento sin que haya lugar a formular mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se le concedió a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, una plazo de diez días a efecto de que remitiera copia certificada de la resolución dictada en el incidente de liquidación de laudo relativa al expediente laboral ********************, de su índice, por tanto, se precisa que se encuentra transcurriendo el término concedido para ello, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. ..

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite copia certificada de la resolución dictada el uno de septiembre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 75/2022, de su estadística, devuelve el expediente principal del juicio de amparo en que se actúa y un cuaderno auxiliar. Dese a conocer a las partes que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1945/2021 [2], promovido por RAYMUNDA REYES DE LOS SANTOS [1], por derecho propio, en relación con los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto de la resolución recurrida." Acúsese el recibo de estilo vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Respecto del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión, agréguese únicamente la carátula y las actuaciones posteriores a la certificación por la que se integró el aludido cuadernillo; en el entendido de que las restantes deberán destruirse, en términos del artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrense los cuadernos incidentales respectivos y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con la fracción I inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General ..

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