Mayanin Pérez Portillo

Expediente 48/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
48/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Mayanin Pérez Portillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    *****Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene que: En nueve de diciembre próximo pasado se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, informando que en el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en veintiséis de abril de dos mil veintiuno, determinó confirmar la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo. En la misma fecha se ordenó el archivo del presente asunto, sin embargo se omitió realizar pronunciamiento por cuanto hace al billete de depósito número N869605, expedido por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., exhibido por la parte quejosa para garantizar la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión relativo al presente asunto. Ahora, en este punto se precisa que el acto reclamado consistió en: Todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario radicado con el número 1413/2016; y su ejecución, así como la escrituración de adjudicación en el mismo. Establecido lo anterior se provee en los siguientes términos: Dígase a la parte quejosa que, una vez fenezca el plazo de seis meses que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente en que surtió efecto la notificación del auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo al Tribunal Colegiado de Circuito, confirmando la sentencia dictada en el presente asunto, cuenta con el término de dos años, para que comparezca ante el personal actuante de este Juzgado, a fin de que se le haga entrega de dicho certificado de depósito; apercibido que de no hacerlo, se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 50, párrafo primero, de la Ley de la Tesorería de la Federación. En el entendido de que, para comparecer a este juzgado, deberá tener en cuenta que debe realizar una cita través del sistema Agenda OJ del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", lo que le permitirá acudir ante este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido en los artículos 2 y 6 del invocado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Haciéndole del conocimiento, que la entrega de billetes de depósito en este órgano jurisdiccional, se realiza únicamente los días miércoles de cada semana. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a la parte tercera interesada.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a once de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por la perito oficial Claudia Aguilar Olaya, mediante el cual hace del conocimiento que solo ha tenido a la vista para emitir su dictamen correspondiente, el original del contrato de comodato de fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho que obra en el expediente 543/2015 del Juzgado de Primera Instancia Civil, así como las firmas originales a nombre de Nicolás Santacruz Moreno del proceso 336/2018. En ese sentido y atento a lo informado por la perito oficial de referencia, requiérase al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, para que dentro del término de tres días haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional, si dentro del original del proceso 336/2018, de su índice, obra agregado el contrato de compra venta de diecinueve de agosto de dos mil ocho, respecto al inmueble denominado "Tepeyatla", ubicado en Carretera Federal Sur, número setenta y uno, San Juan Totolac, Tlaxcala"; y además informe, el número de toca que le asignó la alzada correspondiente. Lo anterior, con el apercibimiento que de ser omisa sobre el particular, se hará acreedora a una multa por la cantidad que resulte equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Finalmente, con el oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que dentro del término de tres días, exhiban la documentación correspondiente solicitada por el perito oficial; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y terceros interesados. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dos de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta signado por Mayanin Pérez Portillo, atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de diecisiete de enero último, por el que se le desechó de plano la demanda de amparo. Luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio en que se actúa, así como el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer; ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mayanin Pérez Portillo, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco, Tlaxcala y de la Diligenciaria encargada de los Expediente Nones, del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 48/2022. ACTOS RECLAMADOS. Del contenido íntegro del escrito inicial de demanda, se desprende que los actos reclamado por la promovente, consisten en los siguientes: a). El auto dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno y notificado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente número 1159/2021 de los del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, relativo al juicio de divorcio necesario promovido por FRANCISCO CERVANTES MATAMOROS, en el cual la señalada como responsable a la petición elevada respecto a que no se realizara la ejecución de sentencia, estableció: ".dígasele a la ocursante que no es la forma y vía legal para hacerlo." b). Como consecuencia de la omisión de acordar favorable mi petición y acordar situaciones que no tienen ninguna relación con el pedido, resulta inminente y cierto el desalojo ordenado del bien que fuera el hogar conyugal, y respecto del que fue requerida el veintiséis de octubre del dos mil veintiuno, y que obra en el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Desalojo que fue ordenado en la sentencia dictada el uno de octubre del dos mil diecinueve, dentro del toca civil de apelación número 409/2016, pronunciada por los Magistrados que integran la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que se me condena a desocupar y entregar el inmueble antes citado al tercero interesado. Y cuyo requerimiento a la suscrita se dictó por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno y notificado el veintitrés de octubre del mismo año. DESECHAMIENTO. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso concreto, este juzgado estima que en el presente asunto, respecto de los actos reclamados que han quedado precisados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso de harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos de ejecución de sentencia, el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento, es decir, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, tratándose del auto dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno y notificado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente número 1159/2013 de los del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Apizaco, Tlaxcala, la que en forma definitiva ordena el desalojo y entrega del inmueble que fuera el hogar conyugal, ubicado en el lote número treinta y dos, de la manzana uno, del fraccionamiento habitacional La Joya de la Ciudad de Tlaxcala, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior tiene como propósito el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia, que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público. En el caso que nos ocupa, resulta improcedente la demanda de amparo, tomando en consideración que la quejosa es parte en el procedimiento de donde deriva el acto reclamado, pues bajo protesta de decir verdad en su demanda manifiesta que fue emplazada al mismo, en su carácter de demandada, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; asimismo, el acto aquí reclamado no tiene el carácter de definitivo dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, sino que sólo se trata de una determinación intermedia dictada dentro del toca civil de apelación número 1159/2013, del Juzgado de origen, es decir, la orden de desocupar y entregar el inmueble que fuera el hogar conyugal al tercero interesado Francisco Cervantes Matamoros, materia de la sentencia dictada en el mismo, que defiende la quejosa en su demanda de amparo, no constituye la última determinación en dicho periodo, porque no es la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, ni nos encontramos en un procedimiento de remate en el que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura y/o la entrega de los bienes rematados. Además, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia o que impiden la ejecución de la misma. Encuentra aplicación la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de contenido siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Tampoco se encuentra ubicado en el diverso caso de excepción, establecido para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que de un análisis efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, así como su escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa reclama el auto por el que el juez responsable ordena desocupar y entregar el bien inmueble que fuera el hogar conyugal, ubicado en el lote número treinta y dos, de la manzana uno, del fraccionamiento habitacional La Joya de la Ciudad de Tlaxcala, lo que no es ajeno a la cosa juzgada en dicho juicio de reivindicación, pues en los hechos que bajo protesta de decir verdad narra la quejosa en su demanda, se advierte que en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo, en uno de octubre de dos mil diecinueve la autoridad que señala como responsable, dictó resolución en el juicio de origen en la cual en lo que aquí interesa, le condenó a lo siguiente: ".entrega del bien inmueble, donde me encuentro domiciliada, ubicado en el lote número treinta y dos, de la manzana uno, del fraccionamiento habitacional La Joya de la Ciudad de Tlaxcala, y se le entregue al hoy tercero interesado Francisco Cervantes Matamoros." De lo anterior se advierte que, el acto aquí reclamado, que ha quedado precisado, necesariamente está encaminado a cumplir con el fallo respectivo, además, y dicho auto es un acto intermedio dictado dentro del periodo de ejecución de sentencia, por lo que no afecta de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, en consecuencia, no corresponde a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Encuentra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En todo caso, la procedencia del amparo indirecto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, arriba mencionado, respecto de violaciones procesales como las que refiere la quejosa en su demanda de amparo, depende del reclamo de la última resolución en ejecución de sentencia, y que las violaciones se hayan cometido dentro de dicho procedimiento, es decir, aquellos actos que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa emitidos con posterioridad a la firmeza de la sentencia definitiva y antes de la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, y en el procedimiento de remate la determinación que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y/o la entrega de los bienes rematados, lo que en el caso no ocurre. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR SU NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por Mayanin Pérez Portillo, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase al impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en el entendido que podrá dejar de practicar la notificación o las actuaciones pertinentes, siempre y cuando considere, de manera objetiva y razonable, que se encuentra comprometida su salud, por algún riesgo de contagio del virus (covid-19), caso en el cual deberá levantar la razón correspondiente y dar cuenta de ello. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a María Leoba Lozano Rodríguez, Diego Ahuactzin Roldán, Lizeth Maldonado Flores y Erica Pérez García, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". INVITACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA. Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se EXHORTA a las partes, para que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el secretario de juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

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