Mayanin Gaxiola Gonzalez
Expediente 1439/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1439/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Mayanin Gaxiola Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a tres de enero de dos mil veintidós. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, se declara que ha quedado firme dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. ... Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN LA PÁGINA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN UN LUGAR DE FACIL ACCESO DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo interpuesta por Mayanin Gaxiola González, por su propio derecho y regístrese por su orden en el libro de gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, bajo el número 1439/2021-7A. Ahora, es oportuno señalar que debe ser analizada la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión del quejoso a fin de proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido1 . En el caso, conforme lo narrado bajo protesta de decir verdad, se tiene que la petición de amparo se formula en contra del Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, Unidad Administrativa, así como, el Tesorero del Egreso de la Subsecretaría de Egresos, ambos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, respecto de los descuentos aplicados al salario de la quejosa, en su carácter de empleada de base adscrita al Departamento de Vinculación OSC de la Secretaría de Integración y Bienestar Social del Estado de Baja California. DESECHAMIENTO Ahora, sin proveer sobre la admisión de la demanda en cita, este Juzgado advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el artículo 113, de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; asimismo, el numeral 62 del citado ordenamiento legal, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, la jurisprudencia ha explicado que "manifiesto" es cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo "indudable", resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 2015506, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Puntualizado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que disponen los diversos numerales 1°, fracción I y 5° fracción II de la ley citada, que establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La lectura al primer preceptos de la legislación de amparo es posible establecer, como regla general, entre otras, el objeto del juicio de amparo como instrumento para resolver las controversias que se originen ya sea por normas generales, actos u omisiones que conculquen los derechos fundamentales reconocidos y garantías tuteladas tanto en la Constitución Federal como en instrumentos internacionales adoptados por el Estado mexicano; además, que por virtud del amparo se protege a las personas del poder público o, incluso, de particulares en los casos así determinados. En complemento, el artículo quinto define las partes que intervienen en la instancia de control constitucional, destacando a la "autoridad responsable" que conceptúa en primer término como el ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, es decir, sólo por voluntad del ente y de manera impositiva aun contra la voluntad del gobernado; en el segundo supuesto, la que omita el acto que de llegar a realizarse crearía, modificaría o extinguiría determinada situación jurídica. Finalmente, el último de los preceptos invocados atañe a la improcedencia del juicio de amparo cuando la causa sobrevenga por disposición de la Constitución Federal o de la propia legislación. Así, de la aplicación armónica de los dispositivos trascritos es posible colegir la improcedencia del juicio de amparo cuando éste no cumpla con su objeto como consecuencia de promoverse contra la actuación atribuible a un ente del poder público que no tenga el carácter de autoridad responsable; de lo que se sigue necesario establecer si se actualiza esa calidad. Bajo ese contexto, como se adelantó, el juicio de amparo resulta improcedente en tanto que para efectos de su acción, el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, Unidad Administrativa, así como, el Tesorero del Egreso de la Subsecretaría de Egresos, ambos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, no les recae el carácter de autoridades responsables ya que los descuentos que la promovente se duele, no tienen verificativo como autoridad con imperio de ley, es decir, en un plano de desigualdad o de supra-subordinación, sino que, por el contrario, ello sucede desde un contexto de coordinación. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece las notas características que deben concurrir en la entidad que se señale como autoridad responsable en el juicio de amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación su supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no se requiera acudir a los órganos judiciales ni se precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, página 1089, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Pues bien, como se adelantó, dada la naturaleza de los actos reclamados en el caso, es posible concluir que éstos no son realizados de manera unilateral y bajo imperio de ley ejercida por la Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, Unidad Administrativa, así como, el Tesorero del Egreso de la Subsecretaría de Egresos, ambos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, dado que los descuentos o deducciones que ejecutan son realizados en su carácter de entes patronales respecto de Mayanin Gaxiola González. Así pues, cualquier acción u omisión reclamado a dichas autoridades, como en el caso que nos ocupa, se trata de los descuentos de la cantidad mensual de $1,783.618 (mil setecientos ochenta y tres pesos 618/00 moneda nacional), parte integrante de su remuneración como servidor público en el Gobierno del Estado de Baja California; así también, el decomiso de la cantidad mensual de $1,081.1676 (mil ochenta y un pesos 1676/00 moneda nacional), identificados como B3 Fondo de pensiones y B4 Servicio médico, no constituyen actos de autoridad, sino que obedece precisamente a la relación de coordinación que mantiene como parte patronal en la que funge, por aceptación de la parte trabajadora, por lo que no actúa en función de relación de supra a subordinación. En efecto, los descuentos que se realizan sobre el salario de la promovente son indudablemente consecuencia de una relación laboral entablada entre la quejosa y el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, luego, los conflictos de carácter laboral que se suscitan en el plano de coordinación entre los trabajadores y el Gobierno Estatal, podrán ser ventilados a través del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, de conformidad con la Ley del Servicio Civil del Estado que en sus artículos 1 y 107, dispone que el Tribunal de Arbitraje del Estado conocerá, entre otros, de los conflictos que se susciten entre los órganos de la administración pública y sus trabajadores. En torno a ello, es aplicable la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, página 1956 (registro 2011343), que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Se comparte por su contenido la Jurisprudencia con número de registro digital 2011298, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN."; asimismo, lo dispuesto en la Tesis Aislada registrada bajo el número 202602, intitulada: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Mayanin Gaxiola González. No pasa inadvertido para este Juzgado de Distrito el criterio de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable, toda vez que, en el caso particular la causa de improcedencia es manifiesta e indudable ya que aun cuando se admitiera dicha demanda de amparo, las responsables rindieran sus informes justificados y se celebrara la audiencia constitucional, no variaría el sentido de la sentencia, toda vez que es evidente que el acto reclamado deriva de una relación laboral que existió entre la quejosa y las autoridades responsables. Máxime cuando en el caso estamos en presencia de una excepción a la regla general, en virtud que las responsables no tienen ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. En relación con lo anterior, se invoca el criterio de jurisprudencia Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a), emitido por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Décima Época, Registro: 2007580, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1224, de rubro y texto. "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." En relación a lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia invocada, en términos similares se pronunció el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el recurso de queja 82/2019, relativo al juicio de amparo indirecto 309/2019, del índice de este Juzgado por ejecutoria de once de julio de dos mil diecinueve. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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