Mayan Caramez Sánchez

Expediente 356/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
356/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Mayan Caramez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial suscrita por el fedatario adscrito, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de siete del presente mes y año, por las razones que en ella expone. En consecuencia, instrúyase al Actuario para que practique la notificación del acuerdo de mérito a la parte quejosa, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Por tal motivo, en este acto se notifica el proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve, que a la letra dice: "Cuernavaca, Morelos, a siete de febrero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Mayan Caramez Sánchez, mediante el cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra una omisión del Instituto Francés de Gastronomía IFRA S.C. por conducto de quien legalmente lo represente. ? Registro de la demanda. Fórmese el expediente físico y electrónico correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. ? Desechamiento de la demanda. Se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "....". Ahora bien, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diverso 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, dado que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso señala como omisión reclamada la siguiente: "...". Omisión que reclama del Instituto Francés de Gastronomía IFRA S.C.; sin embargo, sobre el particular, este juzgador advierte que a la misma no le asiste la calidad de autoridad responsable en el presente juicio, de acuerdo a lo que dispone el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En el citado artículo, el legislador federal identificó a los sujetos en contra de cuyos actos es procedente el juicio de amparo; esto es, la autoridad y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. Independientemente de su naturaleza formal, autoridad es aquel ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta forma, a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma unilateral y obligatoria, situaciones jurídicas. Por otro lado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que, para identificar a un acto producido por un particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria . La implementación de la figura del particular equivalente a autoridad en la Ley de Amparo, tuvo su origen en el derecho comparado y se recogió en la legislación nacional para casos sui géneris, en los cuales: I) Un particular se ubique frente a otro en una posición de supra a subordinación; II) Su acto destacado afecte directamente derechos fundamentales de otro particular; y, III) El juicio de amparo sea el proceso más viable para reparar esa vulneración. El Alto Tribunal del país, para la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", estableció que en la nueva Ley de Amparo, se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación. Para ser más precisos, las relaciones de las que se habla son las siguientes: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Afecte derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Tomando en cuenta estos elementos, debe decirse que las omisiones de las que se duele la parte quejosa, no genera actos de autoridad para efectos del juicio de amparo por parte de la institución educativa, sino que originan una relación de coordinación, derivada de un acuerdo de voluntades, en la que las partes actúan en un plano de igualdad. Esto es, los directivos de la universidad privada no realizan acciones investidos de imperio ni por mandato de una norma general. Es verdad que el derecho humano a la educación contenido en el artículo 3o. de la Ley Suprema es de esencial importancia social, de conformidad no sólo con nuestra Constitución, sino con lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales; sin embargo, la estructura jurídica creada para satisfacer tal derecho es compleja, y no sólo el Estado actúa para brindar el servicio, sino también los particulares, a quienes se autoriza a impartir educación, en los términos en que nuestra Carta Magna y las leyes respectivas lo disponen. Es así, que el Estado y los particulares pueden impartir educación, en términos de la Constitución Federal, pero los particulares, al hacerlo no se equiparan a una autoridad. Cuando se contrata la prestación privada de servicios educativos las partes fijan de común acuerdo una retribución económica, y quien contrata el servicio acepta someterse a las disposiciones internas de la institución educativa, en una especie de contrato privado de adhesión para recibir un servicio y no en una norma general. Las determinaciones que tome una universidad privada trascienden en el ámbito privado a los derechos y obligaciones para con la propia institución, pues el origen está en la voluntad de las partes y en la normativa interna que fue aceptada voluntariamente por quién solicitó el servicio. La universidad privada no ejerce un poder público frente a sus alumnos, sino que actúa conforme a su regulación y al acuerdo de voluntades aceptado por las partes. Esto es así, porque: 1 El origen de la relación alumno-escuela privada es un acuerdo de voluntades, derivado de un contrato civil de prestación de servicios y no el cumplimiento de un mandato establecido en ley. 2 La relación jurídica que surge entre ellos es de coordinación y no de supra a subordinación, en términos de las obligaciones derivadas del acuerdo que firmaron. Es verdad que para impartir el servicio de educación se requiere contar con autorización del Estado, en términos de las leyes y reglamentos correspondientes; sin embargo, ese hecho no le da el carácter de autoridad a quien presta un servicio educativo privado, pues en el caso del trámite para la expedición del certificado de estudios, título y cédula profesional que reclama la parte quejosa, toda vez que al tratarse de una institución educativa particular requiere obtener una autorización estatal para su expedición, y esa condición (contar con autorización del Estado) no lo equipara a una autoridad. En ese sentido, se afirma que la relación que surge entre un instituto educativo privado y los alumnos no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, pues se rigen por lo acordado en el contrato de prestación de servicios educativos que al respecto firman, y conforme al cual la institución privada determina los requisitos inherentes al servicio que presta. Contrato que es firmado y reconocido por las dos partes (institución educativa y alumno). Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 56, julio 2018, Décima Época, consultable a página 647, con registro 2017394, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "...." Atento a lo anterior, se itera las omisiones de las que se duele la parte quejosa no constituyen para efectos del juicio de amparo actos que sean susceptibles de analizarse en este medio de control constitucional. Ahora, la parte quejosa en su escrito de demanda invoca la tesis aislada XXVII.3o.35 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 53, Abril 2018, Tomo III, consultable a página 2403, con registro 2016767, de rubro siguiente: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. LA OMISIÓN DE ENTREGAR A SUS EGRESADOS EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y EL TÍTULO PROFESIONAL, ASÍ COMO DE TRAMITAR LA CÉDULA CORRESPONDIENTE, CONSTITUYE UN ACTO EQUIVALENTE A LOS DE AUTORIDAD, IMPUGNABLE EN EL AMPARO INDIRECTO" No obstante, este juzgado federal se aparta de dicho criterio, toda vez que el tópico a dilucidar ya fue resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las Universidades privadas no son autoridades para efectos del juicio de amparo, de ahí que dicho criterio deba regir en el sentido de la presente determinación. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diverso 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, por tanto SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. ? Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. ? Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para los efectos de oír y recibir notificaciones. Asimismo, téngase por autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Antonio Gómez Hernández, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y para el único efecto de oír y recibir notificaciones a la diversa persona que señala por no contar con dicho registro, así como a las diversas que refiere la promovente del amparo por así solicitarlo expresamente. ? Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos para que en su caso realicen las notificaciones inclusive en días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de la quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión, en contra de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada en el presente incidente de suspensión....

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