Maximo Venegas Carmona
Expediente 54/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/02/2022
Partes del expediente
- Maximo Venegas Carmona
Actuaciones
- Principal
.-Toluca, Estado de México; diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintidós. 1.- Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por M. V. C, contra actos del Fiscal Responsable de la Mesa Número Ocho de Trámite, adscrito a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, regístrese bajo el número 54/2022-IV. 2.- Desechamiento de la demanda. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En el caso, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El numeral citado establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". De lo anterior se advierte que la disposición legal transcrita establece lo que se conoce como principio de definitividad cuando se reclaman actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. La causa de improcedencia descrita opera cuando se colmen los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de una autoridad distinta de los tribunales judiciales. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Por virtud de ese medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Al respecto, es menester destacar el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el régimen al que deben sujetarse las partes sobre las determinaciones del Ministerio Público. El precepto citado establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". De lo anterior, se advierte que en contra del acto reclamado consistente en la negativa de la judicialización de la carpeta de investigación --------, la parte quejosa debió hacer valer el medio de defensa innominado que prevé el citado numeral, ya que el mismo procede en contra de las omisiones y determinaciones del Ministerio Público. Al caso se invoca la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, cuyo rubro y texto es: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en estesupuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En efecto, el acto del que se duele la parte quejosa deriva de una carpeta de investigación, de la cual conoce el Fiscal Responsable de la Mesa Número Ocho de Trámite, adscrito a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, el cual, se rige a través de las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales y es impugnable a través del medio de defensa innominado que prevé en su numeral 258; de ahí la procedencia del recurso previo a esta instancia constitucional. Por tanto, el promovente tenía la carga de agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, el medio de defensa innominado que prevé el citado numeral, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige al mismo, a través del cual pueda declararse la invalidez del acto que en esta vía combate, lo que omitió, pues no aduce que lo haya hecho valer. Por consecuencia, se desecha la demanda de amparo, al actualizarse, de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia, prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. 3.- Domicilio. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas publicadas en estrados de este órgano constitucional por así solicitarlo. 4.- Autorizados. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ----y------; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a ---,----y---- 5.- Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. 6.- Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. 7.- Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. 8.- Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. Notifíquese.
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