Máximo José Díaz Constantino

Expediente 1195/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1195/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Máximo José Díaz Constantino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto, el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual, acusa recibo del diverso 28/2023 y sus anexos remitidos por este juzgado, e informa que se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto por Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, en su carácter de apoderado legal del quejoso Máximo José Díaz Constantino, contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, recayéndole el número 56/2023, de su índice. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de referencia para que obre como corresponda; téngase a la superioridad acusando de recibo e informando la admisión del recurso en cita, hágase las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el escrito de cuenta signado por Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, en su carácter de apoderado legal del quejoso Máximo José Díaz Constantino, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, 86, 88 y 90, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el RECURSO DE REVISIÓN que hace valer el promovente; en consecuencia, una vez se encuentre integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, para la substanciación del mismo, enviándose al efecto original y copia del escrito de cuenta. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    La suscrita Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, certifico: Que el presente juicio de amparo 1195/2022-III, promovido por Máximo José Díaz Constantino, por conducto de su apoderado legal Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, se encuentra debidamente integrado y en condiciones de emitir resolución, ya que se cuentan con las siguientes constancias: - Constancia de emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable. - Informe justificado rendido por la autoridad responsable. - Se cuentan con las constancias visibles y necesarias para resolver. - No hay pruebas ni diligencias pendientes por desahogar en este juicio. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Doy fe. Audiencia y Sentencia Constitucional En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 1195/2022-III, promovido por Máximo José Díaz Constantino, por conducto de su apoderado legal Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, se levanta la presente acta ante la presencia de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. El Secretario en Funciones de Juez declara abierta la audiencia, y la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda. 2 Auto admisorio. 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. 4 Emplazamiento a la autoridad responsable. 5 Informe justificado. Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. Autoridad responsable Sentido Auto 1 Directora de la Unidad de Medicina Familiar Número Diecisiete San Cristóbal de Las Casas, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas, Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (por su correcta denominación). No es cierto Cinco de octubre de dos mil veintidós. El Secretario en Funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Directora de la Unidad de Medicina Familiar Número Diecisiete San Cristóbal de Las Casas, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas, Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (por su correcta denominación). Diversas documentales relacionadas con el acto reclamado. Cinco de octubre de dos mil veintidós. El Secretario en Funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más probanzas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria del juzgado hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que al no existir diligencia pendiente de desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 1195/2022-III, promovido por Máximo José Díaz Constantino, por conducto de su apoderado legal Miguel Fernando Buenrostro Ruiz. R E S U L T A N D O: I. De la demanda. Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y Amparo en Materia Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Máximo José Díaz Constantino, por conducto de su apoderado legal Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto reclamado que se precisarán más adelante en los puntos considerativos. II. Admisión y trámite. Por auto de seis de septiembre del año en curso, se radico bajo el número 1195/2022-III, se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado se atribuye a autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto la autoridad señalada como responsable y el acto reclamado, advertido de la demanda de amparo. Del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que la quejosa señaló como autoridad responsable: Directora de la Unidad de Medicina Familiar Número Diecisiete San Cristóbal de Las Casas, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas, Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (por su correcta denominación). Asimismo, se advierte que los actos reclamados resultan ser el siguiente: a) La omisión de dar respuesta a la solicitud de reembolso de gastos médicos subrogados a patrones y asegurados de fechas dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que requirió el reintegro de los gastos relacionados por medicamentos no proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. b) La omisión de dar respuesta a las solicitudes de reembolso de gastos médicos subrogados a patrones y asegurados de fechas seis de abril, trece de mayo y doce de julio, todos del dos mil veintidós, en los cuales requirió el reintegro de los gastos relacionados por medicamentos no proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. TERCERO: Inexistencia de los actos reclamados. No obstante que acepta el acto reclamado, no es cierto el reclamo, atribuido a la autoridad responsable Directora de la Unidad de Medicina Familiar Número Directora de la Unidad de Medicina Familiar Número Diecisiete San Cristóbal de Las Casas, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas, Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (por su correcta denominación), señalado en el considerando segundo inciso a), lo que se corrobora con las documentales aportadas en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, según su artículo 2,, ya que se trata de una actuación emitida por una autoridad en el ejercicio de su encargo, toda vez que se advierte que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recibió el cheque número 0020685, de veintisiete de marzo del año en curso, por la cantidad de $1,109.50 (mil ciento nueve pesos 50/100 moneda nacional). Lo anterior es así, debido a que la demanda en este juicio de amparo, fue presentada el dos de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se advierte que al momento de su interposición, el citado acto reclamado, era inexistente, pues como quedó evidenciado, desde el treinta y uno de marzo de la presenta anualidad, se proveyó respecto a la solicitud de reembolso de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. De ahí que, se actualiza en la especie, la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que hace al acto reclamado señalado en el considerando segundo inciso a). Sirve de apoyo a lo anterior y por analogía la Tesis publicada en la página 254 del Tomo XIII, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, enero de 1994, registro 213793, que reza: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO: Certeza de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la siguiente jurisprudencia: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, según constancias de autos, se advierte lo siguiente: Es cierto, el acto reclamado a la Directora de la Unidad de Medicina Familiar Número Diecisiete San Cristóbal de Las Casas, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas, Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (por su correcta denominación), pues así lo manifestó, al rendir su informe justificado. En apoyo a dicho informe la autoridad responsable diversas documentales relacionadas al acto reclamado; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, por tratarse de una actuación emitida por la autoridad responsable en el ejercicio de su encargo y dentro del ámbito de su competencia legal. Resultan aplicables los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo expuesto con anterioridad, permite tener la certeza de los actos reclamados. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia de la acción de amparo intentada, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se advierta, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida el análisis de fondo de la cuestión debatida. Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente juicio se advierte que se actualiza la causa prevista en el diverso 61, fracción XXI, del mismo cuerpo reglamentario que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se arriba a la convicción de que cesó los efectos del acto reclamado, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En efecto, de las pruebas documentales que obran en el sumario, se advierte que, mediante oficio de veintiocho de septiembre del año en curso, la autoridad responsable le hace del conocimiento al hoy quejoso, que respecto a las solicitudes de seis de abril y trece de mayo de la presente anualidad, fueron expedidos los cheques con número 0022699 y 0022729 por las cantidades de $1,213.00 (mil doscientos trece pesos 00/100 moneda nacional) y $2,374.00 (dos mil trescientos setenta y cuatro presos 00/100 moneda nacional), asimismo, por lo que respecta a la diversa solicitud de doce de julio de dos mil veintidós, se desprende que se giró oficio a la Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación, con sede en la Ciudad de México, para la autorización de recursos financieros, lo cual se desprende que dicho oficio fue remitido al hoy quejoso mediante Correos de México el treinta de septiembre de la presente anualidad; por ende, cesaron los efectos de los actos reclamados, en virtud que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dos de septiembre de dos mil veintidós), aún existía dicho acto que reclamaba el promovente. En las relatadas condiciones, tal como se advierte, el acto reclamado descrito ha cesado en sus efectos, en mérito que la omisión de referencia, fue subsanada. Por ello, resulta inconcuso que dicho acto reclamado en esta vía por la parte quejosa, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejaron de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado en esta instancia atribuido a las autoridades responsables en comento. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en la presente sentencia no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra de los actos reclamados, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó el juicio, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Máximo José Díaz Constantino, por conducto de su apoderado legal Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, contra el acto reclamado a la Directora de la Unidad de Medicina Familiar Número Diecisiete San Cristóbal de Las Casas, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas, Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de octubre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que entre hoy y la fecha de notificación a las partes, respecto del informe rendido por la autoridad responsable Directora de la Unidad de Medicina Familiar número Diecisiete San Cristóbal de las Casas, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chiapas Instituto Mexicano del Seguro Social (por su correcta denominación), no media el plazo de ocho días al que hace alusión el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, que la fecha para la celebración de la audiencia constitucional estaba fijada para el día de hoy. Al efecto, se acuerda: En ese tenor, para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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