Máximo Gumersindo Solís Samos

Expediente 898/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
898/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Máximo Gumersindo Solís Samos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida resolución en la que en primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo y en el segundo se le negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios con los que se notificó la sentencia de que se trata a la autoridad responsable y tercero interesada, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por la autoridad responsable. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso a) de la fracción lII, del artículo 17 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación que es CONSERVABLE, pues se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 17 del indicado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al igual que el expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la constancia levantada el veintisiete de septiembre del año en curso, por la actuaria de la adscripción, en la que asentó, por los motivos que expone, que no pudo notificar a la tercero interesada Madian Jazibi Frías Aranda la sentencia dictada el veintiséis de septiembre pasado; por tanto, SE ACUERDA: Toda vez que de la revisión de la demanda de amparo, no se aprecia un diverso domicilio donde dirigir notificaciones a la nombrada tercero interesada; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele la notificación de dicho acuerdo, así como las subsecuentes que se dicten en este asunto, incluso las que sean de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Lo anterior, sin perjuicio de que eventualmente señale nuevo domicilio en esta ciudad para tales efectos o que haga la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Notifíquese por lista a la tercero interesada y cúmplase. ISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 898/2023-VII-B, promovido por ********************en su carácter de defensor particular del quejoso******************** en contra de los actos atribuidos a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el seis siguiente a este órgano de control constitucional, compareció ********************en su carácter de defensor particular del quejoso******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín. SEGUNDO. Por auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número 898/2023-VII-B; se admitió a trámite la demanda de que se trata; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente, en: El auto de vinculación a proceso de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en su contra en la causa penal ********************, como probable responsable del delito VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (2). La imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (registro 10827), por lo que así deben tenerse para los efectos del presente juicio. Lo que se corrobora con las constancias y el disco óptico que adjuntó a su aludido informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser un documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que la contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. En el caso, respecto al acto señalado en el inciso b), consistente en la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia de once de mayo del año en curso, en la causa penal ********************, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Los citados numerales señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente respecto los actos contra los cuales no se promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame, lo que se traduce en un acto consentido, casos en los que procederá el sobreseimiento del juicio de amparo. Es pertinente destacar que el numeral 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo para presentar la demanda de amparo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador. Los medios para establecer que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, son: 1) La notificación; 2) El conocimiento; y, 3) La confesión. La primera hipótesis, es atinente a los casos en que debe existir notificación por parte de la autoridad, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. En la segunda hipótesis, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Es aplicable al caso, la tesis IV.2o.A.29 K, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 2336, Tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 177026, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley." Ahora, como se señaló con antelación, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 en su fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por lo siguiente: De las constancias que obran en el juicio de origen, concretamente, de la audiencia de formulación de imputación, solicitud de vinculación y medidas cautelares de once de mayo de dos mil veintitrés, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado (imposición de medidas cautelares) el propio día de la audiencia (11 de mayo de 2023), pues estuvo presente en la misma, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la notificación relativa surtió efectos el día siguiente, esto es, el doce de mayo citado. Por lo que el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda, comenzó a transcurrir quince de mayo del año en curso y feneció el dos de junio siguiente, con exclusión de los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles para la promoción del juicio de amparo, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De manera que si la demanda de amparo se presentó hasta el cinco de junio de dos mil veintitrés, la misma resulta extemporánea. En ese orden de ideas, se concluye que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea; dado que fue el once de mayo de dos mil veintitrés, en que el directo quejoso tuvo conocimiento del acto que hoy reclama por esta vía constitucional (imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa), mismo que consintió al no haber realizado algún acto tendente a combatirlo dentro del término que al respecto señala la ley aplicable al caso. Fortalece lo considerado, la jurisprudencia VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, difundida en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 204707, de la literalidad: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que respecta a la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de conformidad al numeral 63, fracción V de la misma ley. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia aludida impide a este Juzgador estudiar las cuestiones de fondo planteadas en la demanda de amparo, dado que al sobreseer el juicio, ello releva de hacer pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Es aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuarenta y nueve, 24-tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro número 239006, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. No advirtiendo algún otro motivo de improcedencia que se actualice de oficio o que hayan propuesto las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, relacionados con el auto de vinculación a proceso de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en su contra en la causa penal ********************, como probable responsable del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (2), previsto y sancionado por los artículos 313, 315 y 316, fracción IV, del Código Penal del Estado. Mismo que se le atribuye en calidad de autor material directo de conformidad con la fracción I del artículo 15 del Código Penal del Estado. En ese tenor, tenemos que el quejoso aduce que no quedó probado ni siquiera a nivel de indicio que la víctima de iniciales ******************** esté privada de razón o sentido o que tenga una enfermedad o que por alguna otra causa pudiera resistir, pues de las entrevistas ante el fiscal investigador, se advierte que está lúcida mentalmente. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aun y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones de la Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos devienen infundados. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó el Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del DVD remitido se advierte, que el once de mayo de dos mil veintitrés, se formuló imputación en contra del aquí quejoso; luego, ese mismo día se le dio la oportunidad de declarar, reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales del imputado, aquí quejoso, (317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, de los datos de prueba relacionados por la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Kanasín, permiten establecer, tal como también lo consideró la Juez responsable, que en el caso, se cometieron los hechos señalados como el delito de Violación Equiparada Agravada (2), y la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, los cometió; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, permiten establecer que el imputado es la persona: a) Que a finales del mes de octubre de dos mil veintidós, en la cama del cuarto, del predio de identidad reservada, le impuso la cópula por ambas vías a ********************, quien padece de epilepsia, discapacidad, visual e intelectual, aprovechándose de la confianza que ésta tenía con aquél por ser su cuñado; y, b) Que el día seis de diciembre de dos mil veintidós, entre las ocho y nueve de la noche, en el mismo predio, le impuso la cópula por ambas vías a ********************, quien padece de epilepsia, discapacidad, visual e intelectual, aprovechándose de la confianza que ésta tenía con aquél por ser su cuñado. Hechos que materializan el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (2), previsto y sancionado por los artículos 313, 315 y 316, fracción IV del Código Penal del Estado, denunciado por ********************, en agravio de su hija de iniciales ******************** Para llegar a esas conclusiones, la Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal, y que en el caso concreto resultan: En primer término, la Fiscal puntualizó los elementos que conforman el delito, esto es: Que el sujeto activo con fines lascivos tenga cópula con la sujeto pasivo por la vía vaginal o anal. Que la sujeto pasivo no pueda resistirse por padecer alguna enfermedad y que el sujeto activo también realice la conducta aprovechándose de la confianza que tenían depositado en él. En ese sentido, señaló como datos de prueba, los siguientes: 1.- Denuncia de ********************, ante el fiscal investigador de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en la que dijo ser madre de ******************** de diecinueve años de edad, quien padece epilepsia, hidrocefalia, discapacidad visual e intelectual, y manifestó que el veinte de diciembre de dos mil veintidós, al estar platicando con su hija, le dijo que ******************** le tocó sus pechos y partes íntimas, que también le metió su cosa adelante y atrás y le dolió mucho, aclarando que al referirse a ******************** está señalando a******************** quien fue su pareja cuando su hija ******************** tenía aproximadamente entre tres y cuatro años de edad, pero después de aproximadamente nueve años se separaron y dos años después se enteró que ******************** Samos sostenía una relación sentimental con su otra hija de nombre ********************, y debido a que ésta había dado a luz meses antes, se fue a vivir con ******************** Samos, pero siguió teniendo contacto con éste y con su hija ********************; que debido a que en ocasiones le tocaba trabajar de noche y para que su hija ******************** no se quedara sola, le pidió a ********************, que fuera a su casa a cuidarla y que ******************** Samos también se quedaba a dormir en su casa, por lo que su hija ******************** contaba con llaves del predio para poder entrar cuando ella no estuviera; que en enero o febrero de dos mil veintidós ******************** nuevamente se embarazó y en el mes de agosto de ese propio año, ********************, su hijo y ******************** Samos se van a vivir a su casa, ya que el embarazo de ******************** era delicado y por dicha razón tanto su hija ******************** como ******************** Samos, tenían llave del predio; que estuvieron viviendo hasta finales del mes de octubre de dos mil veintidós. Durante esos meses vio que su hija ******************** peleaba mucho tanto con ******************** Samos como con su hija ******************** y al preguntarle a ******************** ¿por qué peleaba con ellos?, nunca le respondió, pero lloraba y se alteraba siempre; que a finales de octubre de dos mil veintidós, tres días antes de que se vaya su hija ********************, con sus hijos y ******************** Samos, su hija ******************** le dijo que ******************** le metió su pollito en su huequito de atrás y que se lo hizo muy duro y a partir de ese momento comenzó a tener discusiones con ******************** Samos y le pidió que se vayan de su casa, que ya no los quería; que se retiraron de su casa, pero continuaban teniendo las llaves del predio y tenían libertad de entrar a su casa, ya que aunque era menos el contacto con ellos aún se comunicaba con su hija ********************; que al mencionarle su hija ******************** lo que le había hecho******************** comenzó a preguntarle cuándo y cuántas veces le había hecho eso; su hija no pudo decirle con exactitud la fecha en la que ******************** Samos le había hecho lo que ella refiere, por sus discapacidades; pero que la última vez que le hizo maldad fue el seis de diciembre de dos mil veintidós como a las ocho y nueve de la noche, porque su hija le dijo que estaba sola y casi acababa de quitarse de la casa y que le metió su pollito por sus dos huequitos, o sea, en la vía vaginal y por su parte de atrás. Que esa noche le dijo su hija que llegó ******************** en su auto y le pidió que le abra la casa; que ella regresó a su casa como a las nueve de la noche porque olvidó llevar sus zapatos bajos para trabajar y vio que ******************** se estaba quitando de su casa y al preguntar a su hija que hacía él en la casa, no le respondió, que estaba alterada y llorando; que esa noche prefirió quedarse con ella para cuidarla, aclarando que pasaron como ocho días y le contó su hija lo que le hacía ********************. 2.- Informe de procesamiento en el lugar de intervención realizado en fecha seis de enero de dos mil tres, por el perito ********************. 3.- Diversa comparecencia de la denunciante en fecha dos de enero de dos mil veintitrés, ante el fiscal investigador, en la que exhibió el original del acta de nacimiento de su hija (la víctima) a fin de acreditar su parentesco con ella, así como los originales de la credencial nacional para personas con discapacidad, expedida por la maestra ******************** y del oficio de fecha diecinueve de junio de dos mil nueve, expedida por el médico audiólogo, doctor ******************** del centro de atención múltiple número 11; y una hoja de referencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, expedido por el hospital Corea México, en la que se diagnostica a la víctima padecimientos como epilepsia, déficit intelectual, hidrocefalia, afectación visual lateral con ceguera de ojo izquierdo. Que su hija ******************** le dijo que los hechos se dieron en la cama que se encuentra en el cuarto donde duerme con ella, y que actualmente su mencionada hija se encuentra en tratamiento neurológico y psiquiátrico en el hospital Agustín O'horán de esta ciudad de Mérida. 4.- Declaración de la víctima de iniciales ******************** ante el fiscal investigador en fecha seis de enero de dos mil veintitrés, quien se encontraba debidamente acompañada por un psicólogo y asesora jurídica, en la que dijo como se llama, su edad, su fecha de nacimiento que fue el diecinueve de abril sin recordar el año; que estudia belleza en el CAM Oriente, que vive con su mamá la hoy denunciante y con su hermano ********************, que antes vivía con ellos su hermana ********************, pero como siempre peleaba con ella, su mamá le dijo que se vaya; que también vivía con ellos, Máximo ******************** Samos a quien le llama ********************; que después de que su hermana y su pareja ******************** se fueron de la casa, él regresaba cuando estaba sola en las noches porque su mamá y su hermanito se iban a trabajar; que dicha persona podía entrar a la casa porque tiene llave y cuando estaba dormida en la cama que está en el cuarto de su mamá, ******************** llegaba y le tocaba todo su cuerpo, abajo en donde sirve para hacer pipí y también atrás en donde hace popó y luego los pechos, que le besaba la boca, su cuello, sus pechos y también se los chupaba; que cuando la tocaba le decía que no le diga nada a su mamá de lo que le hacía, porque si no lo iban a meter a la cárcel, luego le dijo, vamos a hacerlo una vez antes de que venga tu hermano; que le quitó toda su ropa y él se quitó su pantalón y luego metió su pollito en su huequito, donde hace popó y en donde hace pipí, y lo metía muchas veces hasta que le salía leche; que después de eso, le decía que se metiera a bañar antes de que viniera su hermano o su mamá; que se lo hizo como tres veces cuando estaba durmiendo, que cuando no dejaba que se lo hiciera, le pellizcaba sus brazos; que recuerda que cuando se lo hacía le decía que le dolía y él le decía que no se moviera para que no le doliera, que siempre que le metía su pollito en sus huequitos donde hace pipí y popó se acostaba arriba de ella y la última vez que ******************** se lo hizo, se lo dijo a su mamá, ya que le había dolido mucho y ya no quería que se lo haga; que ******************** fue pareja de su mamá y cuando era su pareja la trataba mal, siempre la regañaba. 5.- Diversa comparecencia de la víctima de iniciales ********************, ante el fiscal investigador en fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la que manifestó que el nombre completo de ******************** es Máximo ******************** Samos y que éste tiene tatuajes en el pecho, pero no recuerda en qué lado y cerca de la boca tenía un arete redondo; agregando, que cuando iba a la casa y estaba sola porque su mamá trabajaba de noche, se quitaba la camisa y su pantalón, por eso vio sus tatuajes; que en una ocasión que fue a verla la llamó, acechó por la ventana y vio su carro blanco, le dijo que le abriera, pero le dijo que no tenía llaves, y cree que él tenía porque entró y comenzó a hacerle lo que ya dijo; que como siempre duerme con la luz prendida, porque tiene miedo, por eso es que le veía bien la cara a ******************** y sabía que era él; que a la parte íntima del hombre le llamo pollito y que sólo éste le ha metido su pollito en sus agujeritos, donde hace pipí y popó. 6.- Informe psicológico realizado por la psicóloga ******************** adscrita a la Fiscalía General del Estado, quien concluyó que la víctima se encuentra orientada en espacio y persona, no se encuentra orientada en tiempo, no le es posible referir fechas exactas con relación a los hechos que se investigan; se percibe que tiene los siguientes signos y síntomas en las áreas: conductual: afectación en los patrones de ritmo y contenido de sueño, alimentación, aseo personal y escuela; afectiva: tristeza, miedo y enojo; somática: dolor e inicio de tratamiento médico asociada a los hechos denunciados; en lo interpersonal: problemas familiares y aislamiento; en cognitiva: intuición de pensamientos asociados a los hechos que le causan malestar. 7.- Certificado médico realizado por la médico cirujano ********************, adscrita a la Fiscalía Estatal, en su carácter de médico forense, quien concluyó: que la víctima directa presenta un estado psicofisiológico normal; huellas de lesiones externas que por su naturaleza tardan en sanar menos de quince días; así como también presenta datos de penetración vaginal y anal no reciente. Con los datos de prueba antes relacionados, se acreditan los hechos que la ley señala como ilícito, esto es, VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (2), pues en el caso particular se genera la convicción de que a finales del mes de octubre de dos mil veintidós y el día seis de diciembre de dos mil veintidós, entre las ocho y nueve de la noche (tiempo), en la cama del cuarto del predio de identidad reservada (lugar), el imputado le impuso la cópula por ambas vías a ********************, quien padece de epilepsia, discapacidad, visual e intelectual, aprovechándose de la confianza que ésta tenía con aquél por ser su cuñado, siendo que en la primera ocasión el sujeto activo vivía en el mismo predio que habitaba la víctima, y en la segunda ocasión ingreso al inmueble con motivo de que tenía las llaves de la puerta de acceso a la vivienda (circunstancias de ejecución). Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por la Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. En efecto, contrario a la apreciación de la parte promovente, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado, cometió los hechos que se le imputan, pues como se apuntó, existe el señalamiento de la víctima directa de que en la cama del cuarto del predio de identidad reservada, a finales del mes de octubre de dos mil veintidós y el día seis de diciembre de dos mil veintidós, entre las ocho y nueve de la noche, le impuso la cópula por ambas vías a la víctima, quien padece de epilepsia, discapacidad, visual e intelectual, aprovechándose de la confianza que la víctima tenía con aquél por ser su cuñado, y de que en la primera ocasión ambos vivían en el mismo predio, en compañía de la mamá de la víctima y sus hermanos ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, siendo que en la segunda ocasión aprovechándose que contaba con la llave de la puerta de entrada al inmueble, se introdujo al mismo y le impuso cópula también por ambas vías a la víctima. Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, la Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifican los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable, lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por la Juez de referencia. Ahora bien, en cuanto a lo alegado por el defensor particular del directo quejoso de que no quedó probado ni siquiera a nivel de indicio que la víctima de iniciales ******************** esté privada de razón o sentido o que tenga una enfermedad o que por alguna otra causa pudiera resistir, pues de las entrevistas ante el fiscal investigador, se advierte que está lúcida mentalmente. Tal motivo de inconformidad resulta infundado, ya que contrario a que se alega, de los datos de prueba aportados por la Fiscal para vincular a proceso al imputado, como lo son el original de la credencial nacional para personas con discapacidad a nombre de la víctima y la hoja de referencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, expedido por el hospital Corea-México, en la que se diagnostica a la víctima padecimientos como epilepsia, déficit intelectual, hidrocefalia, afectación visual lateral con ceguera de ojo izquierdo, como así también correctamente lo consideró la Juez responsable, resultan suficientes para tener por acreditada por ahora la enfermedad o discapacidad intelectual que adolece la víctima. Aunado a que como ya se dijo, y se reitera, para el dictado de un auto de vinculación no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Además, el hecho de que la credencial de discapacidad a nombre de la víctima esté vencida no resulta insuficiente para tener por acreditada al menos para el momento procesal en que se actúa la posible participación del quejoso en el cometido del delito que se le imputa, puesto que como ya se dijo no se requiere de prueba plena para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sobretodo que ese dato de prueba está concatenado con la hoja de referencia del hospital Corea-México en el que señala el tipo de enfermedad que padece la víctima, entre ellos, la hidrocefalia que puede provocar una discapacidad visual e intelectual, como la que presenta la víctima ******************** En efecto, cabe precisar que en la etapa procesal en que se encuentra la carpeta administrativa, para el acreditamiento del hecho delictuoso, sólo son exigibles datos de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para su comprobación, más no una prueba plena. Resulta oportuno recordar que el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aun no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Datos de prueba que sólo serán útiles para evidenciar una verdad provisional, susceptible de ser desvirtuada o modificada durante el proceso penal, esto es, elementos que permitan evidenciar en grado de aproximación y no pleno, la existencia de un hecho delictuoso y la participación del imputado en su comisión, sobre todo porque la plenitud probatoria exclusivamente atiende a casos de sentencia. Por otra parte, resulta infundado lo alegado por la defensa, cuando manifiesta que la víctima no manifestó en donde pasaron los hechos, pues de los datos de prueba aportados por la Fiscal, concretamente de la propia comparecencia de la víctima y de la segunda comparecencia de la denunciante, se evidencia que los actos se dieron en el cuarto en donde duerme la víctima con su progenitora, en específico en una cama. En otro contexto, no está por demás precisar que tratándose de los delitos de índole sexual, como en el caso nos ocupa, es menester señalar que por su naturaleza, los mismos se consuman generalmente en ausencia de testigos, de ahí que el señalamiento de la víctima, tal y como acontece en el presente asunto, debe considerarse un dato de prueba fundamental. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 436, con número de registro 1005814, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la persona ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa." De igual forma, la jurisprudencia XXI.1o. J/23, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "OFENDIDA, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA. Tratándose de delitos de naturaleza sexual la declaración imputativa de la ofendida tiene destacada importancia, pues en esta clase de delitos ordinariamente no es posible allegarse numerosos datos, en virtud de que se procuran cometer sin la presencia de testigos, buscando impunidad; por lo que si el relato de la ofendida es creíble, más cuando está saturado de detalles que no pueden ser materia de su invención, además de que el propio inculpado corrobora en parte el dicho de aquélla al admitir haber estado en el recinto que ella menciona, debe aceptarse aquél." Aunado todo lo anterior, a que la parte quejosa, ni su defensor, aportaron dato alguno capaz de desvirtuar, por el momento, los datos de prueba ofrecidos por la representación social. Por todo lo anterior, se afirma que la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por el numeral 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; de ahí que son infundados los conceptos de violación que respecto al acto reclamado formuló el quejoso. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar a ******************** el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SÉPTIMO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su defensor particular ********************contra el acto reclamado a la Jueza responsable, por el motivo señalado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por conducto de su defensor particular ********************contra el acto atribuido a la Jueza responsable, por los motivos indicados en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 898/2023-VII-B, promovido por ********************en su carácter de defensor particular del quejoso******************** en contra de los actos atribuidos a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el seis siguiente a este órgano de control constitucional, compareció ********************en su carácter de defensor particular del quejoso******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín. SEGUNDO. Por auto de siete de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número 898/2023-VII-B; se admitió a trámite la demanda de que se trata; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente, en: El auto de vinculación a proceso de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en su contra en la causa penal ********************, como probable responsable del delito VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (2). La imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (registro 10827), por lo que así deben tenerse para los efectos del presente juicio. Lo que se corrobora con las constancias y el disco óptico que adjuntó a su aludido informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser un documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que la contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. En el caso, respecto al acto señalado en el inciso b), consistente en la imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia de once de mayo del año en curso, en la causa penal ********************, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Los citados numerales señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente respecto los actos contra los cuales no se promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame, lo que se traduce en un acto consentido, casos en los que procederá el sobreseimiento del juicio de amparo. Es pertinente destacar que el numeral 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo para presentar la demanda de amparo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador. Los medios para establecer que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, son: 1) La notificación; 2) El conocimiento; y, 3) La confesión. La primera hipótesis, es atinente a los casos en que debe existir notificación por parte de la autoridad, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. En la segunda hipótesis, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Es aplicable al caso, la tesis IV.2o.A.29 K, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 2336, Tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 177026, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley." Ahora, como se señaló con antelación, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 en su fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por lo siguiente: De las constancias que obran en el juicio de origen, concretamente, de la audiencia de formulación de imputación, solicitud de vinculación y medidas cautelares de once de mayo de dos mil veintitrés, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado (imposición de medidas cautelares) el propio día de la audiencia (11 de mayo de 2023), pues estuvo presente en la misma, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la notificación relativa surtió efectos el día siguiente, esto es, el doce de mayo citado. Por lo que el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda, comenzó a transcurrir quince de mayo del año en curso y feneció el dos de junio siguiente, con exclusión de los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles para la promoción del juicio de amparo, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De manera que si la demanda de amparo se presentó hasta el cinco de junio de dos mil veintitrés, la misma resulta extemporánea. En ese orden de ideas, se concluye que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea; dado que fue el once de mayo de dos mil veintitrés, en que el directo quejoso tuvo conocimiento del acto que hoy reclama por esta vía constitucional (imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa), mismo que consintió al no haber realizado algún acto tendente a combatirlo dentro del término que al respecto señala la ley aplicable al caso. Fortalece lo considerado, la jurisprudencia VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, difundida en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 204707, de la literalidad: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que respecta a la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de conformidad al numeral 63, fracción V de la misma ley. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia aludida impide a este Juzgador estudiar las cuestiones de fondo planteadas en la demanda de amparo, dado que al sobreseer el juicio, ello releva de hacer pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Es aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuarenta y nueve, 24-tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro número 239006, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. No advirtiendo algún otro motivo de improcedencia que se actualice de oficio o que hayan propuesto las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, relacionados con el auto de vinculación a proceso de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en su contra en la causa penal ********************, como probable responsable del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (2), previsto y sancionado por los artículos 313, 315 y 316, fracción IV, del Código Penal del Estado. Mismo que se le atribuye en calidad de autor material directo de conformidad con la fracción I del artículo 15 del Código Penal del Estado. En ese tenor, tenemos que el quejoso aduce que no quedó probado ni siquiera a nivel de indicio que la víctima de iniciales ******************** esté privada de razón o sentido o que tenga una enfermedad o que por alguna otra causa pudiera resistir, pues de las entrevistas ante el fiscal investigador, se advierte que está lúcida mentalmente. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aun y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones de la Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos devienen infundados. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó el Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del DVD remitido se advierte, que el once de mayo de dos mil veintitrés, se formuló imputación en contra del aquí quejoso; luego, ese mismo día se le dio la oportunidad de declarar, reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales del imputado, aquí quejoso, (317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, de los datos de prueba relacionados por la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Kanasín, permiten establecer, tal como también lo consideró la Juez responsable, que en el caso, se cometieron los hechos señalados como el delito de Violación Equiparada Agravada (2), y la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, los cometió; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, permiten establecer que el imputado es la persona: a) Que a finales del mes de octubre de dos mil veintidós, en la cama del cuarto, del predio de identidad reservada, le impuso la cópula por ambas vías a ********************, quien padece de epilepsia, discapacidad, visual e intelectual, aprovechándose de la confianza que ésta tenía con aquél por ser su cuñado; y, b) Que el día seis de diciembre de dos mil veintidós, entre las ocho y nueve de la noche, en el mismo predio, le impuso la cópula por ambas vías a ********************, quien padece de epilepsia, discapacidad, visual e intelectual, aprovechándose de la confianza que ésta tenía con aquél por ser su cuñado. Hechos que materializan el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (2), previsto y sancionado por los artículos 313, 315 y 316, fracción IV del Código Penal del Estado, denunciado por ********************, en agravio de su hija de iniciales ******************** Para llegar a esas conclusiones, la Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal, y que en el caso concreto resultan: En primer término, la Fiscal puntualizó los elementos que conforman el delito, esto es: Que el sujeto activo con fines lascivos tenga cópula con la sujeto pasivo por la vía vaginal o anal. Que la sujeto pasivo no pueda resistirse por padecer alguna enfermedad y que el sujeto activo también realice la conducta aprovechándose de la confianza que tenían depositado en él. En ese sentido, señaló como datos de prueba, los siguientes: 1.- Denuncia de ********************, ante el fiscal investigador de fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en la que dijo ser madre de ******************** de diecinueve años de edad, quien padece epilepsia, hidrocefalia, discapacidad visual e intelectual, y manifestó que el veinte de diciembre de dos mil veintidós, al estar platicando con su hija, le dijo que ******************** le tocó sus pechos y partes íntimas, que también le metió su cosa adelante y atrás y le dolió mucho, aclarando que al referirse a ******************** está señalando a******************** quien fue su pareja cuando su hija ******************** tenía aproximadamente entre tres y cuatro años de edad, pero después de aproximadamente nueve años se separaron y dos años después se enteró que ******************** Samos sostenía una relación sentimental con su otra hija de nombre ********************, y debido a que ésta había dado a luz meses antes, se fue a vivir con ******************** Samos, pero siguió teniendo contacto con éste y con su hija ********************; que debido a que en ocasiones le tocaba trabajar de noche y para que su hija ******************** no se quedara sola, le pidió a ********************, que fuera a su casa a cuidarla y que ******************** Samos también se quedaba a dormir en su casa, por lo que su hija ******************** contaba con llaves del predio para poder entrar cuando ella no estuviera; que en enero o febrero de dos mil veintidós ******************** nuevamente se embarazó y en el mes de agosto de ese propio año, ********************, su hijo y ******************** Samos se van a vivir a su casa, ya que el embarazo de ******************** era delicado y por dicha razón tanto su hija ******************** como ******************** Samos, tenían llave del predio; que estuvieron viviendo hasta finales del mes de octubre de dos mil veintidós. Durante esos meses vio que su hija ******************** peleaba mucho tanto con ******************** Samos como con su hija ******************** y al preguntarle a ******************** ¿por qué peleaba con ellos?, nunca le respondió, pero lloraba y se alteraba siempre; que a finales de octubre de dos mil veintidós, tres días antes de que se vaya su hija ********************, con sus hijos y ******************** Samos, su hija ******************** le dijo que ******************** le metió su pollito en su huequito de atrás y que se lo hizo muy duro y a partir de ese momento comenzó a tener discusiones con ******************** Samos y le pidió que se vayan de su casa, que ya no los quería; que se retiraron de su casa, pero continuaban teniendo las llaves del predio y tenían libertad de entrar a su casa, ya que aunque era menos el contacto con ellos aún se comunicaba con su hija ********************; que al mencionarle su hija ******************** lo que le había hecho******************** comenzó a preguntarle cuándo y cuántas veces le había hecho eso; su hija no pudo decirle con exactitud la fecha en la que ******************** Samos le había hecho lo que ella refiere, por sus discapacidades; pero que la última vez que le hizo maldad fue el seis de diciembre de dos mil veintidós como a las ocho y nueve de la noche, porque su hija le dijo que estaba sola y casi acababa de quitarse de la casa y que le metió su pollito por sus dos huequitos, o sea, en la vía vaginal y por su parte de atrás. Que esa noche le dijo su hija que llegó ******************** en su auto y le pidió que le abra la casa; que ella regresó a su casa como a las nueve de la noche porque olvidó llevar sus zapatos bajos para trabajar y vio que ******************** se estaba quitando de su casa y al preguntar a su hija que hacía él en la casa, no le respondió, que estaba alterada y llorando; que esa noche prefirió quedarse con ella para cuidarla, aclarando que pasaron como ocho días y le contó su hija lo que le hacía ********************. 2.- Informe de procesamiento en el lugar de intervención realizado en fecha seis de enero de dos mil tres, por el perito ********************. 3.- Diversa comparecencia de la denunciante en fecha dos de enero de dos mil veintitrés, ante el fiscal investigador, en la que exhibió el original del acta de nacimiento de su hija (la víctima) a fin de acreditar su parentesco con ella, así como los originales de la credencial nacional para personas con discapacidad, expedida por la maestra ******************** y del oficio de fecha diecinueve de junio de dos mil nueve, expedida por el médico audiólogo, doctor ******************** del centro de atención múltiple número 11; y una hoja de referencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, expedido por el hospital Corea México, en la que se diagnostica a la víctima padecimientos como epilepsia, déficit intelectual, hidrocefalia, afectación visual lateral con ceguera de ojo izquierdo. Que su hija ******************** le dijo que los hechos se dieron en la cama que se encuentra en el cuarto donde duerme con ella, y que actualmente su mencionada hija se encuentra en tratamiento neurológico y psiquiátrico en el hospital Agustín O'horán de esta ciudad de Mérida. 4.- Declaración de la víctima de iniciales ******************** ante el fiscal investigador en fecha seis de enero de dos mil veintitrés, quien se encontraba debidamente acompañada por un psicólogo y asesora jurídica, en la que dijo como se llama, su edad, su fecha de nacimiento que fue el diecinueve de abril sin recordar el año; que estudia belleza en el CAM Oriente, que vive con su mamá la hoy denunciante y con su hermano ********************, que antes vivía con ellos su hermana ********************, pero como siempre peleaba con ella, su mamá le dijo que se vaya; que también vivía con ellos, Máximo ******************** Samos a quien le llama ********************; que después de que su hermana y su pareja ******************** se fueron de la casa, él regresaba cuando estaba sola en las noches porque su mamá y su hermanito se iban a trabajar; que dicha persona podía entrar a la casa porque tiene llave y cuando estaba dormida en la cama que está en el cuarto de su mamá, ******************** llegaba y le tocaba todo su cuerpo, abajo en donde sirve para hacer pipí y también atrás en donde hace popó y luego los pechos, que le besaba la boca, su cuello, sus pechos y también se los chupaba; que cuando la tocaba le decía que no le diga nada a su mamá de lo que le hacía, porque si no lo iban a meter a la cárcel, luego le dijo, vamos a hacerlo una vez antes de que venga tu hermano; que le quitó toda su ropa y él se quitó su pantalón y luego metió su pollito en su huequito, donde hace popó y en donde hace pipí, y lo metía muchas veces hasta que le salía leche; que después de eso, le decía que se metiera a bañar antes de que viniera su hermano o su mamá; que se lo hizo como tres veces cuando estaba durmiendo, que cuando no dejaba que se lo hiciera, le pellizcaba sus brazos; que recuerda que cuando se lo hacía le decía que le dolía y él le decía que no se moviera para que no le doliera, que siempre que le metía su pollito en sus huequitos donde hace pipí y popó se acostaba arriba de ella y la última vez que ******************** se lo hizo, se lo dijo a su mamá, ya que le había dolido mucho y ya no quería que se lo haga; que ******************** fue pareja de su mamá y cuando era su pareja la trataba mal, siempre la regañaba. 5.- Diversa comparecencia de la víctima de iniciales ********************, ante el fiscal investigador en fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la que manifestó que el nombre completo de ******************** es Máximo ******************** Samos y que éste tiene tatuajes en el pecho, pero no recuerda en qué lado y cerca de la boca tenía un arete redondo; agregando, que cuando iba a la casa y estaba sola porque su mamá trabajaba de noche, se quitaba la camisa y su pantalón, por eso vio sus tatuajes; que en una ocasión que fue a verla la llamó, acechó por la ventana y vio su carro blanco, le dijo que le abriera, pero le dijo que no tenía llaves, y cree que él tenía porque entró y comenzó a hacerle lo que ya dijo; que como siempre duerme con la luz prendida, porque tiene miedo, por eso es que le veía bien la cara a ******************** y sabía que era él; que a la parte íntima del hombre le llamo pollito y que sólo éste le ha metido su pollito en sus agujeritos, donde hace pipí y popó. 6.- Informe psicológico realizado por la psicóloga ******************** adscrita a la Fiscalía General del Estado, quien concluyó que la víctima se encuentra orientada en espacio y persona, no se encuentra orientada en tiempo, no le es posible referir fechas exactas con relación a los hechos que se investigan; se percibe que tiene los siguientes signos y síntomas en las áreas: conductual: afectación en los patrones de ritmo y contenido de sueño, alimentación, aseo personal y escuela; afectiva: tristeza, miedo y enojo; somática: dolor e inicio de tratamiento médico asociada a los hechos denunciados; en lo interpersonal: problemas familiares y aislamiento; en cognitiva: intuición de pensamientos asociados a los hechos que le causan malestar. 7.- Certificado médico realizado por la médico cirujano ********************, adscrita a la Fiscalía Estatal, en su carácter de médico forense, quien concluyó: que la víctima directa presenta un estado psicofisiológico normal; huellas de lesiones externas que por su naturaleza tardan en sanar menos de quince días; así como también presenta datos de penetración vaginal y anal no reciente. Con los datos de prueba antes relacionados, se acreditan los hechos que la ley señala como ilícito, esto es, VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (2), pues en el caso particular se genera la convicción de que a finales del mes de octubre de dos mil veintidós y el día seis de diciembre de dos mil veintidós, entre las ocho y nueve de la noche (tiempo), en la cama del cuarto del predio de identidad reservada (lugar), el imputado le impuso la cópula por ambas vías a ********************, quien padece de epilepsia, discapacidad, visual e intelectual, aprovechándose de la confianza que ésta tenía con aquél por ser su cuñado, siendo que en la primera ocasión el sujeto activo vivía en el mismo predio que habitaba la víctima, y en la segunda ocasión ingreso al inmueble con motivo de que tenía las llaves de la puerta de acceso a la vivienda (circunstancias de ejecución). Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por la Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. En efecto, contrario a la apreciación de la parte promovente, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado, cometió los hechos que se le imputan, pues como se apuntó, existe el señalamiento de la víctima directa de que en la cama del cuarto del predio de identidad reservada, a finales del mes de octubre de dos mil veintidós y el día seis de diciembre de dos mil veintidós, entre las ocho y nueve de la noche, le impuso la cópula por ambas vías a la víctima, quien padece de epilepsia, discapacidad, visual e intelectual, aprovechándose de la confianza que la víctima tenía con aquél por ser su cuñado, y de que en la primera ocasión ambos vivían en el mismo predio, en compañía de la mamá de la víctima y sus hermanos ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************, siendo que en la segunda ocasión aprovechándose que contaba con la llave de la puerta de entrada al inmueble, se introdujo al mismo y le impuso cópula también por ambas vías a la víctima. Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, la Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifican los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable, lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por la Juez de referencia. Ahora bien, en cuanto a lo alegado por el defensor particular del directo quejoso de que no quedó probado ni siquiera a nivel de indicio que la víctima de iniciales ******************** esté privada de razón o sentido o que tenga una enfermedad o que por alguna otra causa pudiera resistir, pues de las entrevistas ante el fiscal investigador, se advierte que está lúcida mentalmente. Tal motivo de inconformidad resulta infundado, ya que contrario a que se alega, de los datos de prueba aportados por la Fiscal para vincular a proceso al imputado, como lo son el original de la credencial nacional para personas con discapacidad a nombre de la víctima y la hoja de referencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, expedido por el hospital Corea-México, en la que se diagnostica a la víctima padecimientos como epilepsia, déficit intelectual, hidrocefalia, afectación visual lateral con ceguera de ojo izquierdo, como así también correctamente lo consideró la Juez responsable, resultan suficientes para tener por acreditada por ahora la enfermedad o discapacidad intelectual que adolece la víctima. Aunado a que como ya se dijo, y se reitera, para el dictado de un auto de vinculación no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Además, el hecho de que la credencial de discapacidad a nombre de la víctima esté vencida no resulta insuficiente para tener por acreditada al menos para el momento procesal en que se actúa la posible participación del quejoso en el cometido del delito que se le imputa, puesto que como ya se dijo no se requiere de prueba plena para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sobretodo que ese dato de prueba está concatenado con la hoja de referencia del hospital Corea-México en el que señala el tipo de enfermedad que padece la víctima, entre ellos, la hidrocefalia que puede provocar una discapacidad visual e intelectual, como la que presenta la víctima ******************** En efecto, cabe precisar que en la etapa procesal en que se encuentra la carpeta administrativa, para el acreditamiento del hecho delictuoso, sólo son exigibles datos de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para su comprobación, más no una prueba plena. Resulta oportuno recordar que el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aun no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Datos de prueba que sólo serán útiles para evidenciar una verdad provisional, susceptible de ser desvirtuada o modificada durante el proceso penal, esto es, elementos que permitan evidenciar en grado de aproximación y no pleno, la existencia de un hecho delictuoso y la participación del imputado en su comisión, sobre todo porque la plenitud probatoria exclusivamente atiende a casos de sentencia. Por otra parte, resulta infundado lo alegado por la defensa, cuando manifiesta que la víctima no manifestó en donde pasaron los hechos, pues de los datos de prueba aportados por la Fiscal, concretamente de la propia comparecencia de la víctima y de la segunda comparecencia de la denunciante, se evidencia que los actos se dieron en el cuarto en donde duerme la víctima con su progenitora, en específico en una cama. En otro contexto, no está por demás precisar que tratándose de los delitos de índole sexual, como en el caso nos ocupa, es menester señalar que por su naturaleza, los mismos se consuman generalmente en ausencia de testigos, de ahí que el señalamiento de la víctima, tal y como acontece en el presente asunto, debe considerarse un dato de prueba fundamental. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 436, con número de registro 1005814, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la persona ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa." De igual forma, la jurisprudencia XXI.1o. J/23, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "OFENDIDA, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA. Tratándose de delitos de naturaleza sexual la declaración imputativa de la ofendida tiene destacada importancia, pues en esta clase de delitos ordinariamente no es posible allegarse numerosos datos, en virtud de que se procuran cometer sin la presencia de testigos, buscando impunidad; por lo que si el relato de la ofendida es creíble, más cuando está saturado de detalles que no pueden ser materia de su invención, además de que el propio inculpado corrobora en parte el dicho de aquélla al admitir haber estado en el recinto que ella menciona, debe aceptarse aquél." Aunado todo lo anterior, a que la parte quejosa, ni su defensor, aportaron dato alguno capaz de desvirtuar, por el momento, los datos de prueba ofrecidos por la representación social. Por todo lo anterior, se afirma que la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por el numeral 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; de ahí que son infundados los conceptos de violación que respecto al acto reclamado formuló el quejoso. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar a ******************** el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SÉPTIMO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su defensor particular ********************contra el acto reclamado a la Jueza responsable, por el motivo señalado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por conducto de su defensor particular ********************contra el acto atribuido a la Jueza responsable, por los motivos indicados en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín; por tal motivo, se acuerda: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Por otra parte, toda vez que en el auto de radicación de la demanda, se reservó emplazar a este juicio a Madian Jazibi Frías Aranda, a quien le asiste el carácter de tercero interesada en este asunto, hasta que obrara en los autos el informe de ley de la responsable, de la que se desprendan datos para emplazarla, y que precisamente del informe justificado rendido por la Juez responsable se advierte el domicilio de su progenitora Guadalupe de la Cruz Aranda Álvarez; en tales condiciones, SE ACUERDA: Primeramente, es menester señalar que en el presente asunto al verse involucrada una menor de edad, y que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral; resulta indispensable brindarle una atención especializada, en virtud de que darle el mismo trato que a los mayores de dieciocho años, supone colocarlos en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos. Por lo que, a fin de resguardar la identidad de la menor de edad, se determina como medida para proteger su intimidad, que se supriman de este juicio su nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlos, de ahí que únicamente se procederá a mencionarla por sus iniciales M.J.F.A. Lo anterior, de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, y con fundamento además, en los artículos 1°, primeros tres párrafos, y 4, parágrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos del Capítulo III "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", puntos 6 y 7, del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Establecido lo anterior, se comisiona a uno de los actuarios de este Juzgado para que se constituya en el predio doscientos sesenta y tres, de la calle sesenta y siete, por cuatro y seis, de la colonia Villas de Oriente de Kanasín, Yucatán. Por lo que, previamente cerciorado el fedatario judicial de ser el domicilio donde habita o recibe notificaciones la aludida tercero interesada, la emplace por conducto de su progenitora a este juicio con entrega de copia simple del escrito de demanda, así como autorizada del auto admisorio, así como del presente, para que se imponga de su contenido. Indicándole que con tal carácter puede comparecer al presente asunto si así lo estima conveniente para hacer valer su derecho. De igual forma lo entere que ya se puso a la vista de las demás partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la tercero interesada y cúmplase.

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