Máximo Flores Vega
Expediente 533/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Máximo Flores Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
II... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción; ello de conformidad con los lineamientos del acuerdo en cuestión.
- Principal
II... Visto el comunicado electrónico proveniente del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, téngase devuelto diligenciado el exhorto 533/2022-II de nuestro índice, que se libró para notificar a la parte quejosa el auto de prevención de once de mayo del año en curso. Sin que sea necesario acusar recibo al juzgado federal, en virtud que el sistema electrónico lo genera automáticamente. En ese contexto, virtud a que mediante proveído de ocho de junio del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó proveer respecto del desahogo de la prevención formulada en autos, hasta en tanto se recibiera la comunicación oficial enviada, lo cual ya acontece. Por tanto, vista la demanda de amparo y escrito de desahogo ... En ese orden, el suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, bajo las siguientes consideraciones: En principio, es menester señalar que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y no en los casos en que se refieran a adjetivos o procesales, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable; pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III, del artículo 107 Constitucional. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. Ahora, el acto que se reclama es la sentencia interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, en la que confirmó el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno el cual en lo sustancial admitió la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, dentro de los autos del Juicio Ordinario Mercantil 795/2017, nombró peritos de las partes, quedando éstas obligadas a presentarlos en el plazo de tres días para aceptar y protestar el cargo, con el apercibimiento a la oferente que para el caso que su perito sea omiso en aceptar y protestar el cargo se declarará desierta tal probanza, y para la actora, se le tendrá por conforme con el dictamen que en su caso rinda el perito de la oferente. De lo anterior se advierte que dicho acto no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica del quejoso, esto es, no afecta directa e inmediatamente sus derechos fundamentales y, por ende, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues éste tiene efectos de carácter procesal. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no reviste el carácter de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues dicha actuación tiene el carácter de procesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud de que la sentencia reclamada constituye un acto que no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana, pues será en todo caso la valoración que la autoridad responsable realice al momento en que dicte sentencia definitiva, la que podría causar un perjuicio al solicitante de amparo. De ahí que en el caso a estudio, el acto reclamado no deje sin defensa a la parte quejosa, ni afecte sus derechos sustantivos, por lo que, de considerarlo violatorio deberá reclamarse, en su caso, mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, si es adversa a sus intereses, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considere violatoria de sus derechos fundamentales. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último a contrario sensu, y la diversa invocada, se desecha la demanda de amparo. TRANSPARENCIA Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníquese que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmese que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.
- Principal
II... Agréguese el escrito del quejoso, por medio del cual desahoga la prevención de once de mayo del año en curso; sin embargo resérvese acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos el exhorto 186/2022, del índice de este juzgado, en el cual se ordenó notificar al promovente dicho proveído.
- Principal
II... Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 298/2022 (orden 298/2022-II) de este índice, el cual se libró con la finalidad de notificar al quejoso el auto de prevención de fecha once de mayo del año en curso. ... gírese atento exhorto en línea al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en ... y le notifique el auto de once de mayo de dos mil veintidós y la presente determinación al quejoso. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones, incluso las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que con posterioridad indiquen un domicilio para tal efecto en el lugar del juicio. En caso de ser necesario, practíquese la diligencia encomendada, de conformidad con el numeral 21, último párrafo, de la ley de la materia.
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