Maximo Carlos González

Expediente 1135/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1135/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • Maximo Carlos González
  • Maximo Carlos González Rosas Y/O

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Causa estado auto que declara cumplida la sentencia. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa promoviera recurso de inconformidad en contra del auto del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber al quejoso que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento(s). ***

  2. Principal

    ? Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia del catorce de agosto de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. ... Mediante proveído de dos de septiembre de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Así, el diez de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, informando que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir del auto del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y dos, en el que ordenó el emplazamiento de María Emilia Rosas Galicia, en lo personal, incluida la sentencia dictada en ese juicio y los actos de ejecución, y la reposición del procedimiento hasta esa etapa procesal. El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo al Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, informando que en la partida 88 a fojas 23 del libro Cuarto, Tomo 17 de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se dio cumplimiento a la sentencia y el Juez del fuero común remitió el oficio por el cual solicitó a dicha autoridad que realizara la cancelación de la inscripción ordenada el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir del auto del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y dos, en el que ordenó el emplazamiento de María Emilia Rosas Galicia, en lo personal, incluida la sentencia dictada en ese juicio y los actos de ejecución, y ordenara la reposición del procedimiento hasta esa etapa procesal, así como hiciera las gestiones necesarias sobre la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, lo cual se encuentra acreditado con las constancias remitidas, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos el catorce de agosto de dos mil diecinueve. Consecuentemente, el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista con cumplimiento Vista la cuenta que antecede, agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios y anexos del Registrador Público de la Propiedad y de la Juez de lo Civil y de lo Penal ambos del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, por el cual, en atención a los proveídos del dos y diez de septiembre de dos mil diecinueve, manifiestan el cumplimiento al fallo protector, y al efecto, la primera autoridad remite copia certificada de la partida número 88 a fojas 23 del libro Cuarto Tomo 17 de nueve de septiembre de dos mil diecinueve y la segunda informa que giró oficio a al Registrador Público de su circunscripción. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con los oficios y anexo de cuenta, así como con el oficio de la Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, recibido en auto del diez de septiembre del año en curso, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, en el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo , apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo , notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como los oficios y anexo remitidos en cumplimiento al fallo protector a la parte quejosa y a la parte tercera interesada . Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Ejecutoria en vías de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio de la Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla -autoridad responsable-, por medio del cual informa que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir del auto del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y dos, en el que ordenó el emplazamiento de María Emilia Rosas Galicia, en lo personal, incluida la sentencia dictada en ese juicio y los actos de ejecución, y la reposición del procedimiento hasta esa etapa procesal. Sin embargo, respecto de adoptar las medidas necesarias para restituir a la sucesión quejosa en el goce de sus derechos, en específico la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, no lo acreditó. En consecuencia, requiérase a la Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, para que dentro del plazo de tres días siguiente a su notificación legal, remita el oficio por el cual solicitó al Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial correspondiente, la cancelación de la inscripción y al efecto exhiba a éste órgano jurisdiccional las constancias correspondientes que lo acrediten, lo anterior para que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído del dos de septiembre de dos mil diecinueve, el cual comprende la imposición de una multa, la remisión del expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su caso, la separación de su cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Notifíquese.

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