Máximo Aaron Salaz González

Expediente 1819/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1819/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Máximo Aaron Salaz González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 259/2022, de dicho índice, en el que se declaró infundado el recurso de queja interpuestos contra el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida; acúsese el recibo de estilo respectivo. Orden de archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, debido a que se desechó la demanda de amparo. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Director de Amparos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en representación de la Comisario Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado, mediante el cual remite diversa constancia con la que pretende cumplir con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice la devolución del pago por la cantidad de ********************, consignado en el recibo oficial ********************, por concepto de cobro de servicio de grúa a que se refiere la orden de servicio ********************. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la Secretaría en mención, para que ordene al referido titular, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Informa recepción de despacho. Se tiene por recibido el telegrama que remite el Juez Cuarto de lo Civil en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual comunica que, por razón de turno, radicó el despacho 75/2022, orden 113/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, y ordenó diligenciar el emplazamiento del tercero interesado *; por tanto, se queda a la espera de su devolución, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA **** LA SENTENCIA DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA SENTENCIA EN CITA SEÑALA: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 142/2022, promovido por ****, por conducto de su apoderada, contra los actos que reclama de la autoridad responsable Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno ante la autoridad responsable, ****, por conducto de su apoderada, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, por los actos y contra la autoridad siguiente: Autoridad responsable: I.Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Actos reclamados: a) Resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral ****, que resolvió como infundado el incidente de sustitución patronal y decretó la prescripción de la ejecución de laudo. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante resolución de diez de enero de dos mil veintidós, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, se declaró legalmente incompetente por razón de grado, para conocer de la demanda de amparo, por lo que ordenó su remisión a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por lo que la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, remitió a este órgano federal el juicio de amparo directo 16/2022, del índice del tribunal citado. TERCERO. Por auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 245/2022, del índice del tribunal declinante, y se aceptó el conocimiento de la demanda, por lo que se admitió a trámite la demanda, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado y dar vista a la representante social de la adscripción; asimismo, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, y llegada la fecha de audiencia constitucional, la misma dio inicio en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; así como el diverso 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (reforma de siete de junio de dos mil veintiuno), y al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al número y límites territoriales de los circuitos judiciales en los que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, escrito aclaratorio y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, se hace consistir en el siguiente: 1. Resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral ****, que resolvió como infundado el incidente de sustitución patronal y decretó la prescripción de la ejecución de laudo. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, ya que aun y cuando la autoridad responsable negó el acto reclamado, dicha negativa se encuentra encaminada a demostrar la legalidad del su actuación, de ahí que se tiene por cierto el acto reclamado. Además, la existencia de los actos reclamados se desprende de las copias certificadas y las actuaciones originales del juicio laboral ****, las que tienen valor probatorio pleno conforme lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Consideraciones previas al estudio del fondo. I. Oportunidad de presentación de la demanda. La parte quejosa adujo bajo protesta de decir verdad que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto reclamado, lo que se corrobora con la notificación que obra en el juicio de origen; en tal virtud, el plazo para presentar el juicio de amparo trascurrió del dieciocho de noviembre al ocho de diciembre de dos mil veintiuno. De ahí que al haberse presentado la demanda inicial el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, debe estimarse oportuna la presentación de la demanda, pues fue promovida dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Sin que en dicho plazo se cuenten los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre, así como cuatro y cinco de diciembre de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles acorde a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. II. No se actualiza causa de sobreseimiento. En virtud de que del estudio de las constancias del sumario, no se advierte que se actualice causa de sobreseimiento en el presente juicio de amparo y que las partes no invocaron alguna, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad o no del acto reclamado. I. Fijación de la litis. Se centra en determinar, si las responsables transgredieron en perjuicio de la quejosa el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ****, que resolvió como infundado el incidente de sustitución patronal y decretó la prescripción de la ejecución de laudo. II. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto es menester destacar los antecedentes del acto reclamado siguientes: 1. En la estadística de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, se encuentra radicado el juicio laboral ****, promovido por ****, contra la fuente de trabajo ubicada en la ****, denominadas como **** y ****, demandando el pago de diversas prestaciones de carácter laboral. 2. El trece de octubre de dos mil ocho, se admitió la demanda laboral de origen, y se ordenó emplazar a los demandados. 3. Seguidos sus cauces legales el contradictorio laboral, el once de mayo de dos mil doce, fue dictado el proyecto de laudo correspondiente, elevado a categoría de laudo el veinticinco de mayo siguiente, en el que en una parte se absolvió a la demandada ****, y por otra se condenó a la demandada ****, al pago de la indemnización constitucional, salarios caidos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, tiempo extraordinario y salarios, absolviendo por la prestación denominada como comisiones devengadas. 4. El dieciocho de septiembre de dos mil doce, se aprobó la planilla de liquidación de laudo, reservando su ejecución hasta que se resolviera un juicio de amparo. 5. El veinticinco de agosto de dos mil quince, se libró auto de requerimiento y embargo en contra de la fuente de trabajo ubicada en la ****, denominada como ****. 6. El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, se levantó una razón de imposiblidad de ejecución de laudo, indicándose que era una diversa fuente de trabajo la que se pretendía ejecutar. 7. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, la parte actora (aquí quejosa), promovió incidente de sustitución patronal, señalando como patrón sustituto a ****. 8. El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la incidencia planteada, ordenándose emplazar a ****. 9. Seguido el trámite de la incidencia, el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se dictó interlocutoria que resuelve la sustitución patronal, declarando infundada, así como declarando procedente la prescripción de la ejecución del laudo. (Acto reclamado en el presente juicio de amparo). III. Conceptos de violación. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". IV. Decisión sobre la litis constitucional. Los conceptos de violación son unos infundados, otros inoperantes y otro fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, de conformidad con lo que se enseguida se expone. En primer lugar, es infundada la parte de los conceptos de violación en los que expone que en el acto reclamado existe una incorrecta valoración de pruebas, así como un incorrecto análisis de las mismas. Se dice que es infundado, porque basta realizar una lectura del acto reclamado para advertir que en el mismo, la autoridad responsable si bien no señaló el valor probatorio de cada una de las pruebas (pleno o indicio), sí señaló si dichas pruebas eran aptas o no para acreditar o no la sustitución patronal, indicando si dichas pruebas le beneficiaban o no al oferente de las mismas, así como lo que acreditaba con dichas pruebas, sin que se advierta que exista una incorrecta valoración en la apreciación del alcance probatorio otorgada a cada uno de las pruebas ofertadas en el incidente de sustitución patronal. Así las cosas, se considera infundado dicho concepto de violación. Por otra parte son inoperantes los conceptos de violación en los que se señala que la sustitución patronal se le atribuye a ****, y no a ****, por lo que el hecho de que se hubiera absuelto a esta última, no conlleva que no se acredite la sustitución patronal; que el objeto social de ****, se incluye la actividad hotelera, lo que adminiculado con el contrato de prestación de servicios celebrado con ****, conlleva a tener acreditada la sustitución patronal; el hecho de que el domicilio de ****, sea diverso que el de ****, no es suficiente para no tener por acreditada la sustitución patronal, al no ser un requisito de ley; que en el procedimiento de sustitución patronal no se admitió la prueba documental de informes, donde se requería al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, informara si ****, hubiera tenido alguna fusión o cesión de derechos con ****, lo que considera incorrecto; que el contrato de prestación de servicios suscrito entre **** y ****, a consideración de la parte quejosa es un contrato simulado, al ser un documento privado que no fue ratificado ante Notario Público, y si bien es presentado en copia certificada, la misma se certificó con posterioridad a la celebración del acto jurídico; y que el contrato de prestación de servicios carece de sellos o registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que no es válido para acreditar que ****, es la resposable del personal que labora en ****; por lo siguiente. Se dice que son inoperantes, porque los mismas van encaminados a demostrar que ****, sustituyó a la parte demandada ****, para que la primera pague las prestaciones a que fue condenada una diversa demandada, siendo que **** fue absuelta en el laudo emitido en el juicio de origen. Ello es así, toda vez que lo resuelto en el laudo, en relación a absolver a **** (quien la parte quejosa en sus conceptos de violación refiere fue sustituida por ****), constituye cosa juzgada, por tanto, la materia de la interlocutoria reclamada sólo versa sobre determinar si ****, sustituyó a la demandada que sí fue condenada, es decir a ****, la cual no puede ser variado. Esto se explica porque el procedimiento de sustitución patronal en la liquidación de laudo tiene por objeto determinar si la parte que fue condenada en el laudo fue sustituida, de conformidad con las bases establecidas en el laudo respectivo, sin que se pueda determinar si una parte que fue absuelta fue sustituida, toda vez que no tendría ningún fin determinar si quien fue absuelto fue sustituido, toda vez que no se encontraría obligado a realizar pago alguno . Es aplicable, en lo que interesa, la Tesis 1a. XXXVIII/2009 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 580 del tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe a continuación: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO). El procedimiento que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia definitiva que puso fin al juicio principal, que en la legislación analizada se tramita por la vía incidental, constituye un procedimiento contencioso, en tanto que tiene por objeto determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Dicho procedimiento es autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva dictada en éste, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción incidental que contiene una pretensión jurídica, a la que pueden oponerse defensas procesales, y por contener una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en la apelación; sin embargo, este procedimiento es al mismo tiempo un accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción incidental depende de la previa existencia de una condena ilíquida, y su tramitación, aunque es facultativa, es jurídicamente necesaria porque obedece al interés público de cuantificar dicha condena. El aparente antagonismo se explica porque para hacer efectivo un derecho de crédito, no basta con que se decrete su existencia, sino que además debe determinarse su contenido y alcance, pues un derecho de crédito es inerte si no puede cobrarse, y para ello es necesaria su liquidación. Por lo tanto, aunque a veces no es posible o conveniente que en el juicio principal se determine tanto la existencia como la cuantía del derecho de crédito, y por ende deba tramitarse otro procedimiento que desde el punto de vista adjetivo, es autónomo e independiente, ello no resta a tal liquidación del crédito su naturaleza sustantiva, pues su objeto versa sobre un aspecto esencial de la litis principal, que es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva. Por consiguiente, debe considerarse que el incidente de liquidación es, materialmente, una extensión del juicio principal, aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues al resolverse en el mismo un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. De lo anterior se deriva que la sentencia interlocutoria dictada en un incidente de liquidación, participa de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede considerarse que el proceso contencioso ha terminado materialmente, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los bienes necesarios" Es así que se desestiman los argumentos en los que se pretende que la responsable establezca si ****, fue sustituida por ****, para que esta última sea la que pague las prestaciones condenadas en el laudo dictado en el juicio de origen. Por tanto, ello constituye cosa juzgada inalterable, respecto de la cual no se puede variar su sentido en este juicio de amparo. Entonces, sobre el tema que ahora cuestiona el quejoso existe cosa juzgada, misma que debe ser respetada en sus términos; de ahí lo inoperante de sus motivos de queja. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia I.4o.A. J/58 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1919, Tomo XXVII, febrero de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos.". De igual manera, se dice que son inoperantes los conceptos de violación que se plantearon en el sentido de que en el juicio de origen existieron violaciones al procedimiento, ello previo al dictado del laudo, toda vez que en primer lugar se admitió una prueba superveniente, siendo que con posterioridad desechó la misma, lo que conllevó que en el laudo se hubiera absuelto a la demandada ****. Se dice que son inoperantes toda vez que esas violación procesales no pueden ser estudio de la presente sentencia de amparo, ya que como ha quedado establecido, el presente asunto tiene como finalidad verificar sí fue correcta o no la determinación de no tener por acreditada la sustitución procesal, sin que se pueda realizar el estudio de si fue correcto o no lo actuado antes de la emisión del laudo definitivo dictado en el juicio de origen, porque en relación a lo actuado con anterioridad existe cosa juzgada, por ello no puede ser materia de estudio en el presente juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la jurispredencia de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 179085 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VIII.4o. J/6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Marzo de 2005, página 938 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON SI LA VIOLACIÓN PROCESAL QUE SE PLANTEA ERA RECLAMABLE EN LA VÍA INDIRECTA. Cuando la violación procesal que se plantea en el amparo directo debió reclamarse a través del indirecto, por tratarse de un acto de ejecución irreparable que encuadra en la hipótesis que prevé la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y no se hizo, ya no puede argumentarse en el amparo directo, dado que no es jurídicamente admisible la dualidad de vías para un mismo reclamo, lo que genera un caso de excepción a la regla general que a título de violaciones procesales señala el artículo 159 de la citada legislación; de manera, entonces, que si ese es el único planteamiento que se aduce en los conceptos de violación éstos resultan inoperantes. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO." Por otra parte, se consideran infundados los conceptos de violación en los que se aduce que de la respuesta del oficio 1000/2954/2017-A, se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social, indicó que ****, se encuentra registrado bajo la actividad de "hotelería", siendo esa actividad la que tiene la empresa condenada en el laudo por lo que considera que sí se debió de declarar la sustitución patronal. Se dice que es infundado, toda vez que si bien en dicha prueba se advierte que ****, se encuentra registrado bajo la actividad de "hotelería", no menos cierto resulta que no existe mayores elementos de prueba con los que se demuestre que dicha empresa sustituyó al patrón condenado en el laudo, es decir que fuera sustituto de ****, porque como ya se indicó en párrafos precedentes, las pruebas van encaminadas a demostrar que la patronal era la diversa demandada ****, quien como ya quedó expuesto, fue absuelta en el laudo dictado en el juicio de origen. De ahí lo infundado de dicho concepto de violación. Finalmente, resulta infundado el concepto de violación en el que se expuso que la parte quejosa no fue debidamente notificada del acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, pues en ese momento no contaba con abogado que la representara, por lo que considera incorrecta la notificación que se practicó de dicho auto. Se dice que es infundado, toda vez que en el procedimiento de origen, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho se emitió un auto en el que, entre otras cuestiones, se le requirió a la actora (aquí quejosa), para que dentro del plazo de tres días señalara nuevo apoderado especial, acuerdo que le fue notificado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, sin que la parte actora hubiera designado un nuevo apoderado especial. Además que el auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, le fue notificado de manera personal el doce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 208 del juicio de origen), donde se señaló que recibió los oficios de traslado, firmando para tal efecto, de ahí que no pueda considerarse ilegal la notificación de dicho acuerdo. Ello, toda vez que la falta de apoderado especial no puede ser atribuible a la autoridad responsable, sino que la carga de designarlo corresponde a la parte aquí quejosa, quien no lo realizó, de ahí que la notificación se le hubiera practicado de manera personal a dicha quejosa en el local que ocupa la Junta responsable. Máxime que, de las constancias que forman el juicio de origen, no se advierte resolución que declare la nulidad de la notificación practicada el doce de diciembre de dos mil dieciocho, respecto del auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, de ahí que la misma se encuentra incólume y surte todos sus efectos legales correspondientes. Por otra parte, en relación al tema de la prescripción de la ejecución del laudo, decretada en el acto reclamado, a consideración de quien esto resuelve, se advierte una incongruencia que debe ser atendida por la autoridad responsable, de conformidad con lo siguiente: En el acto reclamado se indicó que no operaba la sustitución patronal en relación a ****, por lo tanto, dicha parte no se encuentra, a partir de dicha declaratoria, legitimada para solicitar la prescripción de la ejecución del laudo, toda vez que la misma al no tener ningún carácter en el procedimiento de origen, no puede solicitar se declare prescrita la ejecución de laudo. Se explica. En el presente asunto, en el acto reclamado se resolvieron dos cuestiones, la primera relativa a la sustitución patronal, y la segunda en lo concerniente a la prescripción de la ejecución de laudo. Así las cosas, como quedó expuesto a lo largo de la presente, en relación al tema de la sustitución patronal, se considera constitucional lo resuelto en el acto reclamado. Sin embargo, en relación a la prescripción de la ejecución del laudo, en el acto reclamado se procedió a realizar el estudio de dicha prescripción, siendo que la parte que lo solicitó ya no estaba legitimada, por lo que el estudio realizado se equipara a un estudio oficioso, lo cual no está permitido realizar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues al tratarse de una defensa mediante la cual el demandado se libera de la obligación de cumplir la condena impuesta, se requiere que haga valer esa figura, exponiendo en términos de la jurisprudencia 2a./J. 48/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos necesarios para que pueda analizarse. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2017764 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Laboral Tesis: 2a./J. 85/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 1137 Tipo: Jurisprudencia PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÁN IMPEDIDAS PARA ANALIZARLA DE OFICIO. De acuerdo con el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la acción para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas prescribe en el plazo de 2 años, contado a partir del día siguiente al en que aquél hubiera quedado notificado. En ese sentido, si bien la prescripción de la acción se actualiza por el solo transcurso del tiempo y la inactividad del demandante, lo cierto es que no opera de pleno derecho; consecuentemente, las Juntas de Conciliación y Arbitraje están impedidas para analizar de oficio su prescripción, pues al tratarse de una defensa mediante la cual el demandado se libera de la obligación de cumplir la condena impuesta, se requiere que haga valer esa figura, exponiendo en términos de la jurisprudencia 2a./J. 48/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos necesarios para que pueda analizarse, tales como el momento a partir del cual se originó el derecho de la contraparte para hacer valer la acción, así como la fecha en que concluyó el plazo, lo que garantiza que el actor tenga oportunidad de controvertir dichas manifestaciones. En consecuencia, ante la apuntada violación de derechos fundamentales, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Finalmente, al haberse advertido dicha incongruencia, lo que es suficiente para dejar sin efectos la parte del acto reclamado relativa al estudio de la prescripción de la ejecución del laudo, ello hace innecesario examinar los restantes argumentos vertidos por la parte quejosa en sus conceptos de impugnación, máxime que en nada cambiaría el resultado de la presente sentencia, en virtud de que esa parte del acto reclamado quedará insubsistente. Apoya a lo anterior, el criterio siguiente: "Registro digital: 193338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: III.3o.C.53 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999, página 789 Tipo: Aislada CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN EL QUE SI UNO DE ELLOS RESULTA FUNDADO, HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Si uno de los conceptos de violación se estima fundado debido a la incongruencia de la sentencia reclamada, al haber incurrido la responsable en la omisión de estudiar la totalidad de los agravios expresados por el inconforme, resulta innecesario hacer el estudio de los restantes conceptos que tienden al fondo del negocio, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que de hacerlo, la autoridad federal sustituiría a la responsable, lo que no es permitido por virtud de que los tribunales federales no son revisores de dicha autoridad. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.". V. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir a la accionante del juicio de amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales transgredidos, el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, se otorga para el efecto de que se realice lo siguiente: 1. Se deje insubsistente la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ****, que resolvió como infundado el incidente de sustitución patronal y decretó la prescripción de la ejecución de laudo en el juicio laboral, y 2. Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva, donde reitere lo que no fue materia de la concesión de amparo, y en relación a la prescripción de la ejecución de laudo, con plenitud de jurisdicción determine lo que en derecho corresponda, tomando en consideración lo expuesto en la presente sentencia de amparo. Por lo expuesto y fundamentado en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a la persona moral ****, contra los actos que reclama de la autoridad responsable Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en términos del considerando último de éste fallo.

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