Maximino Samuel López Domínguez
Expediente 317/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Maximino Samuel López Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la determinación en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha resolución. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con los puntos 8.1.2. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículos 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del citado acuerdo general, los cuadernos incidentales el original y duplicado son destruibles, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, por medio de la cual la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, manifiesta que no le fue posible llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa, del auto de veintiocho de abril del año que transcurre -en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto-, por resultar impreciso el domicilio proporcionado por dicha parte para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase la notificación del presente proveído por lista de acuerdos, así como del diverso de veintiocho de abril de dos mil veintidós, y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale uno diverso para tal efecto. ACUERDO 28 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Sin que en el caso, sea necesario dar vista a las partes con el contenido del referido informe, ni las constancias adjuntadas en su apoyo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón a las consideraciones que a continuación se exponen. Ahora bien, visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se desprende que el acto reclamado de forma esencial consiste en: la omisión por parte de las autoridades responsables de dictar el laudo en el juicio laboral 1259/2017, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En ese contexto, no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado el acto reclamado, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado. Así, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" El análisis gramatical de tal precepto legal permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que, es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Lo anterior es así, en consideración a que -como ya se dijo- la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, en esencia la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 1259/2017. Luego, de las constancias que la Junta responsable remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales merecen plena eficacia probatoria al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinticinco de marzo de este año, la autoridad responsable dictó sentencia en el juicio laboral 1259/2017. Cuestiones de hecho que ocurrieron de forma posterior a la presentación de la demanda -diecisiete de marzo de dos mil veintidós, conforme al sello de recepción-; de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruido por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE ESTE AÑO. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Sin que en el caso, sea necesario dar vista a las partes con el contenido del referido informe, ni las constancias adjuntadas en su apoyo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón a las consideraciones que a continuación se exponen. Ahora bien, visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se desprende que el acto reclamado de forma esencial consiste en: la omisión por parte de las autoridades responsables de dictar el laudo en el juicio laboral ****/2017, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En ese contexto, no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado el acto reclamado, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado. Así, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" El análisis gramatical de tal precepto legal permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que, es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Lo anterior es así, en consideración a que -como ya se dijo- la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, en esencia la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ***/2017. Luego, de las constancias que la Junta responsable remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales merecen plena eficacia probatoria al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinticinco de marzo de este año, la autoridad responsable dictó sentencia en el juicio laboral ****/2017. Cuestiones de hecho que ocurrieron de forma posterior a la presentación de la demanda -diecisiete de marzo de dos mil veintidós, conforme al sello de recepción-; de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruido por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE ESTE AÑO. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión, 317/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA La parte quejosa Maximino Samuel López Domínguez, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitó en lo que interesa, la suspensión definitiva, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad. SEGUNDO. TRÁMITE. Este Juzgado de Distrito, por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, formó por duplicado el incidente de suspensión; solicitó a las autoridades responsables su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Acto continuo, el día de hoy conforme a lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se celebró la audiencia incidental en términos del acta que antecede y forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es constitucional y legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión ya que aquí se tramita el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO POR EL CUAL SE SOLICITÓ LA SUSPENSIÓN. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en el caso a estudio, el acto reclamado, es: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 1259/2017 TERCERO. EXISTENCIA DE ACTOS. Ahora bien, las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Secretaria General de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, fueron omisas al rendir su informe previo, no obstante de estar legalmente notificadas de la petición (notificación de veinticinco de marzo de dos mil veintidós), y haber transcurrido su término para ello, por lo que con apoyo en el artículo 142, párrafo primero de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les atribuye, únicamente para resolver este incidente de suspensión. CUARTO. DE LA SUSPENSIÓN RECLAMADA. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados es conveniente establecer que de la interpretación de la fracción I del artículo 128 en relación con el 139 ambos de la Ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte, y el juzgado de distrito conforme a su arbitrio debe pronunciarse sobre ella en los términos y para los efectos en que habrán de quedar las cosas, para conservar la materia del juicio, pero solo por los actos reclamados en la demanda Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J.4/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA". En ese sentido, en el presente asunto, el acto reclamado y sobre el cual se solicita la suspensión consiste esencialmente en: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 1259/2017. Al respecto, con fundamento en los artículos 128, 129 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINTIVA; ello en razón de que los citados actos reclamados por parte de la autoridad responsable implica una abstención que no requieren ejecución material, esto es, que no se concretaría su paralización, la cual sólo operaría respecto de actos positivos -de hacer, o prohibitivos- que impide a la parte quejosa hacer o actuar de determinada manera, por lo que en esas circunstancias, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada, ya que de concederse, equivaldría a darles efectos restitutorios que únicamente son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo de donde deriva este incidente. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis XXI.2º.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, V, abril de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, consultable en la página doscientos catorce, con el rubro y texto. "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada". Aquí, se estima dable precisar que no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los actos omisivos ha considerado que la naturaleza omisiva de éstos no impide su procedencia, es decir, que puede concederse la suspensión en dichos casos; sin embargo, ha establecido que para ello debe atenderse caso por caso; pues, el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Por tanto, en el caso concreto se considera que no resulta factible la concesión de la suspensión solicitada, precisamente atendiendo a las consecuencia de la naturaleza de los actos reclamados, esto es omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 1259/2017; en consecuencia, en el caso concreto de concederse la suspensión aquí solicitada se agotaría con ella la materia del presente juicio de amparo. Es de citarse, en apoyo a lo anterior y en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Por todo lo anterior, es por lo que se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa, contra los actos que reclama, además, en el caso no se evidencia la situación actual de ese juicio, por lo cual en su caso será con los informes en que se cuente con mayores elementos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial adscrito, para que firme los oficios que deriven de la presente interlocutoria. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo además, en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Maximino Samuel López Domínguez, respecto de los actos reclamados y autoridades mencionadas en el considerando tercero, en términos del considerando último de esta interlocutoria. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes
- Maximina Carmela Cruz Martínez526/2020
- Maximino García Jiménez1160/2022
- Maximino Olazo Noroña400/2022
- Maximino Osorio Guijon558/2021
- Maximino Pacheco Hernández639/2021
- Maximino Rojas Bolaños467/2023
- Maximino Samuel López Domínguez1130/2022
- Maximino Sánchez Cruz789/2016
- Máximo Cid Torres588/2021
- Máximo Filadelfo Díaz Ricardez389/2018
- Máximo Santiago Hernández y Otros.292/2022
- Maydelith Garrido Wong1204/2023