Maximino Mora Villarreal
Expediente 858/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maximino Mora Villarreal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el ocho de febrero de dos mil veintidós, en la que, se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Maximino Mora Villareal (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA REFERIDA SENTENCIA; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devolución de tomos. Por lo anterior, remítasele a la autoridad responsable, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, residente en Oaxaca de Juárez; a) una memoria USB, que contiene copias certificadas de diversas documentales que obran en el expediente administrativo ASE/UAJ/P.R./006/2012 de su índice; y b) siete cuadernillos de copias certificadas deducidas de dicho expediente; documentales que en su momento, envió a este órgano jurisdiccional como apoyo a su informe justificado. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 858/2021, que promovió Maximino Mora Villarreal, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el tres de agosto de dos mil veintiuno y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Maximino Mora Villareal, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. En el carácter de autoridad ordenadora señalo a la coordinadora de cobro coactivo Lic. Samanta Ivonne Cortés Flores adscrita a la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Subsecretaría de Ingreso de la Secretaría de Finanza del Poder Ejecutivo del Estado (.). 2. En el carácter de ejecutora, señalo al notificador-ejecutor Alberto Pacheco Santiago (.). IV. ACTO RECLAMADO O ACTOS RECLAMADOS. 1. De la autoridad ordenadora relamo la orden verbal y/o escrita de embargo que haya emitido la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 2. De la autoridad ejecutora, reclamo la ejecución de la orden verbal y/o escrita de embargo que pretenda ejecutar el notificador ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca". Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Primera prevención. En acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el registro de la demanda en el libro de gobierno, con el número 858/2021; y ante las inconsistencias advertidas, se requirió a la parte quejosa para que, bajo protesta de decir verdad, señalara: "a) Precise el acto reclamado en el apartado correspondiente, toda vez que por una parte, se duele de manera general de la orden verbal y/o escrita de embargo que se haya emitido en su contra; así como su ejecución material; y, por otra, menciona el mandamiento de ejecución número 332518062101394 de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mismo que aduce le fue notificado el trece de julio del año en curso; y también hace mención de un procedimiento administrativo resarcitorio en el que se le decretó una multa. b) Exprese si es su deseo señalar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (antes Auditoría Superior del Estado de Oaxaca), como autoridad responsable en este juicio, pues de haber emitido un acto en su contra, tiene el carácter de autoridad y no de tercero interesado como lo plasma en su demanda; así, de ser afirmativa su respuesta, deberá dar cumplimiento al requisito establecido por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a dicha autoridad". TERCERO. Segunda prevención. Mediante escrito recibido en este Juzgado el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso pretendió cumplir con la prevención efectuada, y al efecto manifestó: "(.) 2) Preciso los actos reclamados: 1. Primer acto reclamado, que consta de la orden verbal y/o escrita de embargo que haya emitido la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 2. Segundo acto reclamado, ejecución de la orden verbal y/o escrita de embargo que pretenda ejecutar el notificador ejecutor, adscrito a la Dirección de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 3. Tercer Acto reclamado, el procedimiento administrativo con número ASE/UAJ/P.R./006/2012 en el que se decretó la multa. 3) Expreso que, si es mi deseo señalar como autoridad responsable en este juicio al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en virtud de que violentó en mi perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal al emitir una resolución que pone fin a un procedimiento, en el cual, aparentemente me impuso una multa que dio origen a un procedimiento administrativo coactivo. Con lo que transgredió en mi perjuicio el debido proceso ya que omitió darme a conocer la sentencia o resolución que puso fin a dicho procedimiento generando con ello un acto de molestia el cual bajo protesta de decir verdad manifiesto que desconozco, por ende, desconozco si dicho acto de molestia se encuentra por escrito, fue emitido por una autoridad competente y menos aún si está fundado y motivado, lo que me deja en un total estado de indefensión e inseguridad jurídica. Por que como lo adelanté, aparentemente en dicha resolución se me impuso una multa y aparentemente esa multa es la que está generando el procedimiento económico coactivo que me tramita de manera ilegal la Secretaría de Finanzas y por la que pretende embargar mis bienes. Luego se trata de un procedimiento viciado de origen en el que se ha vulnerado de manera constante, progresiva y permanente mi derecho humano al debido proceso, de legalidad y a la tutela judicial efectiva". Con base en ello, en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se requirió de nueva cuenta al quejoso para que, bajo protesta de decir verdad, efectuara lo siguiente: "a) Deberá precisar si fue parte procesal en el procedimiento administrativo con número ASE/UAJ/P.R./006/2012 del índice del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (antes Auditoría Superior del Estado de Oaxaca); y, b) De ser afirmativa la respuesta, deberá señalar la fecha en que fue legalmente notificado y/o emplazado al procedimiento administrativo en comento, así como el origen del procedimiento seguido en su contra". CUARTO. Admisión y trámite de la demanda. Según escrito recibido en este Juzgado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, el peticionario de amparo manifestó: "1) Si fui parte procesal en el procedimiento administrativo con número ASE/UAJ/P.R./006/2012 del índice del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (antes Auditoría Superior del Estado de Oaxaca). 2) Respecto a la notificación bajo protesta decir la VERDAD manifiesto que desconozco la fecha, ya que junto con las demás autoridades municipales se contrató un abogado dejándolo a cargo de todo, dejándome sin conocimiento del estado del procedimiento. 3) Bajo protesta de decir VERDAD reitero desconozco si dentro del procedimiento ya se dictó una resolución determinante a la que refiere la secretaria de finanzas en su mandamiento de ejecución puesto que no fui legalmente notificado". Así, una vez que la parte quejosa cumplió con la prevención efectuada, en proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diversos diferimientos, se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se promueve contra actos de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La presentación de la demanda de amparo es oportuna, en la medida que el quejoso indicó desconocer el procedimiento administrativo de origen y que tuvo conocimiento de los actos reclamados, hasta el trece de julio de dos mil veintiuno, según lo manifestó bajo protesta de decir verdad; en tanto que la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el tres de agosto de dos mil veintiuno y se registró el cuatro siguiente, lo que evidencia que dicho escrito se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de forma clara y precisa el acto reclamado, por lo que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. La orden verbal y/o escrita de embargo que haya emitido la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 2. La ejecución de la orden verbal y/o escrita de embargo que pretenda ejecutar el notificador ejecutor, adscrito a la Dirección de Cobro Coactivo de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 3. El procedimiento administrativo ASE/UAJ/P.R./006/2012, en el que se decretó la multa. Sirve de apoyo, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables: 1) Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación; 2) Notificador-Ejecutor de la Delegación Fiscal 25 Teotitlán Zona, ambos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; y, 3) Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 65 a 81, 94 y 95). Lo que se corrobora con las constancias que las responsables anexaron a sus informes justificados; documentales a las que se concede pleno valor probatorio al tenor de los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su normativo 2. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. No es jurídicamente posible efectuar el estudio de los conceptos de violación porque en la especie se actualizan causales de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. 1. Improcedencia en cuanto al procedimiento administrativo procedimiento administrativo ASE/UAJ/P.R./006/2012, en el que se decretó la multa. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza el motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tales numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)". Para explicarlo, primeramente, importa señalar lo que ha sostenido el Máximo Tribunal del País, respecto del juicio de amparo promovido por quien se ostenta como tercero extraño en un procedimiento administrativo de ejecución. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 440/2012, interpretó el contenido de las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, y concluyó que por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieran cometido. Sin embargo, la excepción a la regla general se actualiza cuando el quejoso reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, pero, en caso de que se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, el juicio de amparo será improcedente. Las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son las siguientes: ".conviene destacar que esta Segunda Sala, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha sostenido que la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Así, ha establecido que, tratándose del procedimiento administrativo de ejecución, el amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte la resolución con la que culmine el citado procedimiento, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro del mismo, ya que de lo contrario se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 17/98, de rubro: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. En ese sentido, debe concluirse que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, en donde se podrán reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. Sin embargo, la citada regla general admite excepciones. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a persona extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos. Es importante destacar que si bien esta disposición se refiere a los actos dictados dentro o fuera de juicio, es aplicable, por analogía, a los actos dictados en los procedimientos administrativos de ejecución pues, como se ha visto, éstos se asemejan, por sus características, a los actos dictados fuera de juicio tendientes a la ejecución de una sentencia, aunado a que tienen la misma finalidad, esto es, obtener el cumplimiento de una resolución que ha quedado firme, en el caso de un procedimiento administrativo de ejecución de un crédito fiscal. Asimismo, es necesario mencionar que aun cuando el precepto que se analiza establece que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que la ley no establezca a favor del promovente recursos ordinarios o medios de defensa por los cuales el acto reclamado pueda ser revocado o modificado, este Alto Tribunal ha sostenido que el tercero no está obligado a agotar los recursos ordinarios previamente a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, la persona extraña al procedimiento a que se refiere el citado precepto -identificada también con el concepto de "tercero extraño"-, es aquella que no figura como parte formal y material en la controversia, pero que resiente el perjuicio en su esfera jurídica con los actos que en ese conflicto se emiten; asimismo, este Alto Tribunal ha establecido que se equipara a un tercero extraño aquella persona que, habiendo figurado como parte formal y material en la contienda, no fue llamada o se le llamó de manera incorrecta. En ese sentido, es posible concluir que cuando el quejoso reclama un acto dictado dentro del procedimiento administrativo de ejecución, alegando que desconoce el crédito fiscal que se le pretende hacer efectivo, se actualiza una excepción a la regla general que impide reclamar actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, esto es, se surte la hipótesis de procedencia prevista por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso comparece como persona extraña a la controversia, aunado a que en este supuesto tampoco está obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto reclamado, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes. Dicho en otras palabras, aun cuando, por regla general, no son susceptibles de impugnarse los actos dictados dentro de un procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar al dictado de la última resolución en dicho procedimiento, se actualiza una excepción cuando el quejoso comparece como tercero extraño a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento, por no haber sido llamado al mismo o por no haber sido notificado de la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva, así como interponer los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado. Debe precisarse que esta hipótesis de procedencia está condicionada, en todo caso, a que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que se ostenta el promovente de amparo pues, en tal supuesto, el juicio será improcedente (.)". La ejecutoria anterior, dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1242, Materia(s): Común, Administrativa, con registro digital 2003074, que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente". La particularidad para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, parte de que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado el desconocimiento total del juicio; por tanto, aun cuando el quejoso se ostente como tercero extraño por equiparación, serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VII.3o.P.T.32 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 3341, Materias(s): Común, con registro digital 162966, que es del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001, de rubros: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", dejó sentado como premisa, el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Así, si el gobernado que conoce del juicio porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo; es evidente que en este supuesto, el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo); que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. En efecto, aun cuando el quejoso se ostentare como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter y fincarle competencia al Juez de Distrito, pues para hacer esa declaratoria (cuya hipótesis es la única que le daría competencia), el Tribunal Colegiado de Circuito deberá atender a lo que arrojen las constancias de autos y no al hecho de advertir que se impugna el emplazamiento, incluso como acto reclamado destacado (cuando sabemos que se trata de un concepto de violación), pues si el promovente fue parte integrante de la relación jurídico procesal y, por ende, no es tercero extraño, no resultaría jurídicamente válido declinar competencia por razón de vía y enviarla a una que -se sabe- no resultaría procedente, por la sencilla razón que de las constancias se advierte que no se ubica en esos supuestos de competencia. En estos casos, al ser correcta la vía directa intentada, el tema del emplazamiento tendrá que analizarse a la luz de los conceptos de violación que contra tal acto procesal se invoquen, sin desconocer el principio de definitividad que rija en el procedimiento de que se trate, cuya observancia o no definirá la viabilidad de su estudio". Trato que es aplicable al presente asunto, aun cuando se trata de actos en un procedimiento seguido en forma de juicio. De conformidad con la tesis aislada VI.1o.A.115 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2825, Materias(s): Común, Administrativa, con registro digital 2016894, que establece: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. PROCEDE EL AMPARO QUE PROMUEVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE ALUDE A ACTOS DENTRO O FUERA DE JUICIO. El artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Tal precepto es aplicable no sólo a los actos de autoridades jurisdiccionales, pues el numeral no prevé esta limitante. Por el contrario, se estima que entre los actos "fuera de juicio" deben incluirse los provenientes de una autoridad administrativa en un procedimiento de la misma naturaleza. Ello se corrobora porque el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, hoy abrogada, también se refería a actos fuera de juicio (que afecten a personas extrañas) y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.), lo estimó aplicable, por ejemplo, tratándose de actos emitidos en un procedimiento administrativo de ejecución. Máxime que, en reiteradas ocasiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando la Constitución y la ley se refieren a "juicio", para efectos del amparo, no debe entenderse la acepción técnica y que deben incluirse también a los "procedimientos seguidos en forma de juicio". Además, al ser una formalidad esencial la notificación del inicio del procedimiento, cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, debe equiparársele a un tercero extraño". En la especie, aun cuando el quejoso señala que desconoce el procedimiento administrativo de origen y, en consecuencia, la orden de embargo que le notificaron, la cual se pretende ejecutar, es decir, se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, dicho carácter quedó desvirtuado porque en su oportunidad, el peticionario de amparo compareció al procedimiento administrativo de origen (procedimiento de fincamiento de responsabilidad resarcitoria), como ex síndico municipal del Ayuntamiento de Santa María Tecomavaca, Teotitlán, Oaxaca. Para ilustrarlo, es pertinente reseñar lo que se aprecia de los autos remitidos por las responsables, al rendir su informe justificado: Procedimiento de responsabilidad resarcitoria. Integración del expediente. Derivado de la auditoría ASE/SAF/DACF/0326/2012, respecto de los recursos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), correspondientes al ejercicio fiscal 2010, recibidos por el Municipio de Santa María Tecomavaca, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, el dieciséis de julio de dos mil doce, se ordenó la integración del expediente de presunta responsabilidad en contra de quienes fungieron como presidente municipal, síndico municipal, regidor de hacienda y tesorero municipal, durante la administración 2008-2010, del aludido Ayuntamiento. Requerimiento de información sobre domicilio. Una vez integrado el expediente, el director de Auditoría de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior del Estado, lo remitió al Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la mencionada Auditoría, mediante los memorándums ASE/SAF/DACF/0423/2012 y ASE/SAF/DACF/0424/2012, de uno de agosto de dos mil doce; sin embargo, previo a su estudio, al no obrar constancia del domicilio de los presuntos responsables de haber causado un daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Municipal de la administración 2008-2010, el seis de agosto de dos mil doce, se solicitó copia de sus credenciales de elector que obran en sus acreditaciones. Inicio del procedimiento ASE/UAJ/P.R./006/2012. Así, el diez de agosto de dos mil doce, el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, determinó iniciar el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria en contra de Francisco Medina Ruiz, Máximo Mora Villareal, Eneas Mata Contreras y Paulino Acevedo Calderón, quienes fungieron como presidente municipal, síndico municipal, regidor de hacienda y tesorero municipal, durante la administración 2008-2010, del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Tecomavaca, Teotitlán, Oaxaca, por no existir evidencia de que los recursos del Ramo General 33, Fondo III, hayan sido aplicados, ejercidos y administrados conforme a lo establecido por la legislación aplicable; registrándose el aludido procedimiento bajo el número ASE/UAJ/P.R./006/2012. En dicha determinación, también se ordenó realizar las citas de ley en los domicilios señalados en sus credenciales de elector, en cuanto al aquí quejoso, en la calle Victoria sin número, colonia Calvario, Santa María Tecomavaca, Oaxaca. Asimismo, se indicó hacer del conocimiento de los presuntos responsables que en la audiencia de pruebas y alegatos, deberían señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se harían por cédula fijada en el tablero de avisos de la entonces Auditoría Superior del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca y 108 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria a dicha ley. Notificación al quejoso. El siete de septiembre de dos mil doce, se notificó el acuerdo de diez de agosto de dos mil doce y se le hizo entrega del oficio ASE/UAJ/2298/2012, de tres de septiembre de dos mil doce, que contiene el citatorio para comparecer a la audiencia señalada para el veinte de septiembre de dos mil doce. Nueva notificación a la audiencia de pruebas y alegatos. El veintiuno de septiembre de dos mil doce, se hizo constar la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, con el aquí quejoso, por lo cual el veintiocho de septiembre de dos mil doce, se señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia y se ordenó citar a los presuntos responsables. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticuatro de octubre de dos mil doce, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos con la comparecencia, entre otros, de Maximino Mora Villareal; diligencia en la que el aquí quejoso presentó un escrito fechado el diecinueve de septiembre de dos mil doce, mediante el cual señaló como domicilio para oír y recibir acuerdos y notificaciones el ubicado en calle Vega número ciento dos, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; ofreció pruebas y formuló alegatos. Por lo que, en esa fecha el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca acordó: "PRIMERO. Téngase compareciendo en la hora y fecha señalada al ciudadano Maximino Mora Villareal y de manera espontánea y como lo solicitan los ciudadanos Eneas Mata Contreras y Paulino Acevedo Calderón, a la audiencia de pruebas y alegatos señalada por el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, y por hechas las manifestaciones que señalan en su comparecencia, en la cual ofrecieron pruebas. SEGUNDO. Téngase por admitidos los alegatos presentados en forma escrita de la ciudadana (sic) Maximino Mora Villareal, con fundamento en los artículos 52, fracción IV, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca y 399 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. TERCERO. Ténganse designando como persona de confianza al ciudadano Francisco Jesús de la Cruz Carrasco, a quien en esta audiencia se le hizo del conocimiento de dicha designación que fue aceptada por dicho profesionista. CUARTO. (.). QUINTO. En cuanto a las pruebas ofrecidas por los presuntos responsables (.). SEXTO. Se les tiene señalando para oír y recibir notificación el domicilio ubicado en ubicado en (sic) calle de la Vega número 102, colonia Centro, Oaxaca, número telefónico 9511889456, y por autorizado para recibir acuerdos y notificaciones al ciudadano Francisco Jesús de la Cruz Carrasco. (.)". Resolución. Una vez cerrado el período de pruebas y alegatos, el trece de julio de dos mil quince, se emitió la resolución respectiva y, entre otras determinaciones, se fincó el pliego definitivo de responsabilidades a Maximino Mora Villareal, a título de indemnización por la cantidad de $259,110.13 (doscientos cincuenta y nueve mil ciento diez pesos trece centavos, moneda nacional), por los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Municipal del Municipio de Santa María Tecomavaca, Teotitlán, Oaxaca, durante el ejercicio fiscal dos mil diez, temporalidad en que fungió como síndico municipal de dicho Municipio (como se aprecia en el resolutivo tercero). Resolución que fue notificada al quejoso el diecisiete de julio de dos mil quince, en el domicilio que tenía señalado en el procedimiento de origen (Vega número ciento dos, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca). Causó ejecutoria. El uno de septiembre de dos mil quince, se declaró que había causado ejecutoria la resolución emitida el trece de julio de dos mil quince, en el expediente ASE/UAJ/P.R./006/2012; acuerdo que se notificó el diecisiete de septiembre de dos mil quince. Como puede observarse, Maximino Mora Villareal compareció al procedimiento administrativo de origen el veinticuatro de octubre de dos mil doce y en esa data señaló domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para oír y recibir notificaciones, esto es, el ubicado en la calle Vega número ciento dos, colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Lugar en el que se le estuvieron notificando al quejoso los diversos acuerdos recaídos con posterioridad a dicha comparecencia, incluida la resolución de trece de julio de dos mil quince, en la que se fincó el pliego definitivo de responsabilidades, a título de indemnización, por los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Municipal de Santa María Tecomavaca, Teotitlán, Oaxaca, durante el ejercicio fiscal dos mil diez. Determinación esta última que se le hizo del conocimiento -previa cita de espera-, mediante cédula de notificación, que se fijó en la puerta del despacho, pues el domicilio referido se encontró cerrado, cerciorándose el funcionario correspondiente de estar en el sitio ordenado en autos, sin que de las constancias que remitieron las autoridades responsables se aprecie que aquel domicilio hubiera sido revocado. Bajo ese contexto, resulta claro que el quejoso no puede equipararse como persona extraña al procedimiento de origen, pues fue sabedora del procedimiento administrativo del que derivó la ejecución que combate, y pudo defender sus intereses dentro del procedimiento de origen, incluso, hacer valer los medios de impugnación ordinarios; por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Incluso, en el escrito recibido en este Juzgado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, el quejoso manifestó: "1) Si fui parte procesal en el procedimiento administrativo con número ASE/UAJ/P.R./006/2012 del índice del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (antes Auditoría Superior del Estado de Oaxaca). 2) Respecto a la notificación bajo protesta de decir la VERDAD manifiesto que desconozco la fecha, ya que junto con las demás autoridades municipales se contrató a un abogado dejándolo a cargo de todo, dejándome sin conocimiento del estado del procedimiento. 3) Bajo protesta de decir VERDAD reitero desconozco si dentro del procedimiento ya se dictó una resolución determinante a la que refiere la Secretaría de Finanzas en su mandamiento de ejecución, puesto que no fui legalmente notificado. .". Lo anterior, sólo robustece el hecho que el peticionario de amparo tenía conocimiento del procedimiento de origen; así, el que indicara que desconoce si se dictó una resolución determinante, pues se contrató a un abogado, a quien se le dejó a cargo de los trámites y que éste no le informó el estado del procedimiento, ello en su caso, demuestra una mala praxis legal del citado profesionista, que podría dar lugar a una acción de distinta naturaleza a la ejercida en esta vía constitucional, pero no releva al interesado de dar impulso al procedimiento; tampoco es razón para considerar que el quejoso no tuvo conocimiento del mismo, cuando quedó evidenciado que hasta compareció a la audiencia de pruebas y alegatos, y a partir de entonces, debía estar al tanto del estado de dicho procedimiento. Por ende, si de las constancias de autos se advierte que la parte quejosa, quien se ostenta persona extraña, conoce la existencia del procedimiento natural, en el que fue parte al haber comparecido, ya no puede ser considerada como tal, pues su conocimiento le da la posibilidad de defenderse; de ahí que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo argumentado, la jurisprudencia P./J. 39/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 93, Materias(s): Común, con registro digital 189916, que es del tenor siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". 2) Improcedencia respecto de los actos reclamados a la Coordinadora de Cobro Coactivo y Notificador Ejecutor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca: Los actos reclamados a dichas autoridades lo constituyen: a) El mandamiento de ejecución 332518062101394 de dieciocho de junio de dos mil veintiuno; y, b) Su ejecución, contenida en la diligencia de requerimiento de pago del crédito 40248, derivado de la resolución dictada en el procedimiento administrativo ASE/AUJ/P.R./006/2012 de trece de julio de dos mil veintiuno. Actuaciones con las que inició el procedimiento administrativo de ejecución. Ahora bien, respecto de dichos actos, resulta fundada la causal de improcedencia invocada por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). Del análisis integral del último numeral transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber: 1. De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2. En la segunda parte del inciso a), se establece que es procedente el juicio biinstancial en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. 3. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se observa de las reglas que se desprenden del inciso a), del numeral y fracción que se analizan, en esencia, el legislador sigue el mismo criterio que estableció en el amparo directo, en donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pudiendo invocarse en tal ocasión tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas (in iudicando) como las cometidas en el curso del procedimiento (in procedendo). En este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente. De ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva, pues si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones al procedimiento. Ahora bien, como la regla general es que cualquier violación procesal se controvierte en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva del procedimiento de que se trate, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, para hacer expeditos los procedimientos administrativos, sin perjuicio de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad; máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, en la práctica, produciría la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Por lo tanto, al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. Apoya a lo anterior, por las razones que la conforman, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Abril de 2003, página 196, Materia(s): Común, con registro digital 184435, del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUÉLLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". Luego, previa existencia de un mandamiento de requerimiento de pago y embargo, el procedimiento administrativo de ejecución como tal inicia al requerir al contribuyente el pago de los créditos fiscales. Asimismo, el procedimiento administrativo de ejecución previsto para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos del Código Fiscal del Estado de Oaxaca (vigente en la época que se inició la revisión y fiscalización de la cuenta pública -dos mil doce-), se integra por cuatro etapas: 1. Requerimiento de pago de los créditos fiscales; 2. Embargo de bienes; 3. En su caso, la intervención de la negociación embargada; y, 4. Remate de los bienes embargados. Entonces, si los actos reclamados en la presente instancia son el mandamiento de ejecución, así como su ejecución, contenida en el acta correspondiente de requerimiento de trece de julio de dos mil veintiuno; y, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (tres de agosto de dos mil veintiuno), no se advierte que exista resolución que haya puesto fin al procedimiento administrativo de ejecución, del que derivan los actos reclamados. Por tal motivo, se evidencia que los actos combatidos en la presente instancia se trata de actos dentro de procedimiento y, por tanto, no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional sino en conjunto con la respectiva resolución definitiva, esto es, hasta en tanto la autoridad competente, después de haber llevado a cabo la substanciación del procedimiento emita la resolución correspondiente; dado que el acto reclamado lo constituye la actuación con la que inicia el procedimiento administrativo de ejecución, a saber, el requerimiento de pago del crédito fiscal. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el acto emitido en dicho procedimiento administrativo y que no constituye la resolución final, como acontece en el caso particular, no puede ser cuestionado en sede constitucional por su sola emisión, pero será factible su estudio como violación al procedimiento cuando se reclame la resolución definitiva. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 17/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo VII, Abril de 1998, página 187, Materia(s): Administrativa, con registro digital 196530, que establece: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." En otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los actos que se analizan en este apartado, no constituyen actuaciones que se traducen en la violación de algún derecho sustantivo, toda vez que los efectos no son de imposible reparación y, por tanto, no causan al quejoso un perjuicio que lo ubique en la hipótesis de procedencia, pues, en su caso, sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable. Resulta aplicable la tesis aislada, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 579, Materia(s): Administrativa, Común, con registro digital 228889, que establece: "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. De conformidad con el texto de la fracción II del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, será procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito contra actos que no provengan de tribunales administrativos o del trabajo, pero, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. Por procedimiento administrativo hemos de entender aquella secuencia de actos, realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin determinado. Ahora bien, este proceder ordenado y sistematizado puede ser activado, ya de manera oficiosa por la propia administración, por estar así facultada en términos de las leyes y reglamentos vigentes, o a instancia de los particulares, es decir, por solicitud expresa. Cuando los particulares eleven una petición a la administración, misma que requiere, para ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de etapas, subsecuentes una de otra hasta la obtención de un resultado final, hemos de entender que se está en presencia de un procedimiento administrativo constitutivo o formal. Por el contrario, cuando ya existe una determinada resolución administrativa, misma que afecta a un gobernado en lo particular y éste manifiesta una inconformidad ante la autoridad responsable del acto, estaremos en presencia, también, de un procedimiento administrativo, pero ya no constitutivo o formal, sino de control, en el que, siguiéndose las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional (oportunidad defensiva y oportunidad probatoria), ha de concluir, precisamente, con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; esto es, se habrá agotado, específicamente, un recurso administrativo. Precisamente es esta segunda connotación aquélla a que se refiere el género de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, al autorizar la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito en aquellos casos en que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, permitiéndolo sólo contra la resolución definitiva que al efecto se dicte. Así, el llamado procedimiento administrativo constitutivo o formal, es decir, la serie de trámites o cumplimiento de requisitos exigidos para la realización de un acto administrativo se diferencia, naturalmente, del procedimiento administrativo recursivo que busca tutelar, por la vía del control, los derechos o intereses particulares que afecte, o pueda afectar, un acto administrativo; de ahí que en observancia de la garantía de seguridad jurídica contenida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, deba sustanciarse en forma de juicio, observando las formalidades esenciales del procedimiento. Por ello, es indispensable tener presente que, tal y como se ha sostenido, el procedimiento administrativo no se agota en la figura meramente recursiva, es decir, en el empleo de los medios tendientes a posibilitar la impugnación, por los afectados, de los actos administrativos que los agravian; por el contrario, el procedimiento administrativo se integra, de igual modo, con aquellas formalidades que están impuestas para facilitar y asegurar el desenvolvimiento del accionar administrativo, aun en ausencia de la participación del gobernado y que concluyen, preponderantemente, en la creación de actos administrativos cuyo objeto y finalidad podrán ser los más diversos. Así, en uno y otro caso, la resolución final concluirá con el procedimiento administrativo iniciado, sea éste de naturaleza constitutiva (creación de acto de autoridad) o de naturaleza recursiva (revisión del ya existente) esta resolución, para ser combatida a través del ejercicio de la acción constitucional, precisa ser definitiva, esto es, inatacable ante la potestad administrativa." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Octubre de 1991, página 195, Materia(s): Común, con registro digital 221701, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN NO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, no habiéndose pronunciado la resolución con que culmine el procedimiento que se sigue, los actos realizados o las abstenciones habidas en el propio procedimiento carecen de definitividad para la procedencia de la acción constitucional; por ello, si el quejoso estima que dichos actos son violatorios de garantías, solamente cabe su impugnación en amparo cuando se haya pronunciado la resolución definitiva correspondiente, sin que pueda hablarse de violaciones procesales consentidas por no haberse reclamado previa y destacadamente en otro amparo (que resultaría improcedente). Además, puede acontecer que el acto realizado no tenga trascendencia al resultado final, o que la resolución fuera acorde con los intereses del particular. Por ello, si el acto dentro del procedimiento no tiene sobre las personas o sobre las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto es improcedente". Y en lo conducente, la tesis aislada VIII.1o.C.T.8 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5962, Materias(s): Común, Civil, con registro digital 2021951, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE DISPONE QUE TIENEN ESE CARÁCTER LOS QUE AFECTEN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO RESTRINGE, NI CONTRAVIENE EL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Si bien es cierto que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone la procedencia del juicio contra actos dictados durante la sustanciación de procedimientos seguidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución sea de imposible reparación, sin precisar cuáles tienen dicho carácter, también lo es que la definición que al respecto hace el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, deriva de la facultad otorgada por el Constituyente Permanente al legislador ordinario para que rediseñara del juicio de amparo que requería consolidar su efectividad, permitiendo al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente aquellos actos dentro de juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, cuya afectación sea en derechos sustantivos, evitando el abuso en la promoción de amparos, que deriva en el retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen; dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal. Por ende, es claro que no existe antinomia ni contradicción entre lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues la norma reglamentaria no elimina un derecho ni restringe el nivel de protección contenido en la Constitución, pues sólo da claridad a los supuestos que se deben considerar actos de imposible reparación". En consecuencia, si los actos reclamados constituyen las actuaciones con las que inició el procedimiento administrativo de ejecución, el juicio de amparo es improcedente, porque dichos actos no constituyen la última resolución del citado procedimiento; y no se trata de un acto de imposible reparación. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, a contrario sensu, de la Ley de Amparo; y, por ende, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. La conclusión alcanzada trae como consecuencia la imposibilidad jurídica de analizar los conceptos de violación hechos valer. Al caso es aplicable la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 335, con registro 394465, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". No pasa desapercibido que el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Coordinadora de Cobro Coactivo y Notificador-Ejecutor de la Delegación Fiscal 25 Teotitlán Zona, ambos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, invocó otra causal de improcedencia; sin embargo (actos consentidos), no se estima necesario analizarla, dado que no cambiaría el resultado de lo resuelto. Finalmente, resulta importante destacar, que no se realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el quejoso en la audiencia constitucional, pues sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia; de ahí que deba estarse a lo resuelto en la presente sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm 80, Agosto de 1994, página 14, Materia(s): Común, con registro digital 205449, de rubro y texto: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". SEXTO. Ley de Transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SÉPTIMO. Anotaciones y firma de oficios. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se faculta al actuario adscrito para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Maximino Mora Villareal, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando sexto de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables; asimismo, publíquese esta sentencia en la lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintidós. Glósese el escrito presentado por el quejoso ***, en su atención, se acuerda: Se le tiene revocando el domicilio que tiene señalado en autos, así como a los autorizados ***. Y, señalando como nuevo domicilio para recibir notificaciones y acuerdos el ubicado en la "...., fraccionamiento San José la Noria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Código Postal 68120.", continuando los demás autorizados señalados para tal efecto. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Del estado de autos, se advierte que el quejoso ***, solicitó asistencia virtual en la audiencia constitucional señalada en este juicio y toda vez que debe mediar el plazo de cinco días previo a la celebración de la audiencia constitucional; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración, vía remota. En ese sentido, dígasele a la parte quejosa que el desahogo de la audiencia respectiva, se llevará a cabo de acuerdo a los siguientes lineamientos: a. Medio tecnológico para el desahogo de la videoconferencia. La videoconferencia se desahogará a través de la herramienta tecnológica gratuita "Cisco Webex Meeting", aprobada por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, el impetrante, deberá contar con una computadora, Laptop, tableta o celular Smartphone, el cual deberá estar conectado a Internet a través de un enlace satelital (4G) o a una red inalámbrica (Wireless), y en el cual descargarán "Cisco Webex Meeting", ya sea en la versión para computadora o para dispositivos móviles. b. Tipo de videoconferencia. El tipo de videoconferencia que se desarrollará será de "multi-punto", en la que intervendrán 1) el titular de este Juzgado de Distrito, 2) el secretario Judicial y 3) el quejoso ***. c. Fecha y hora de la videoconferencia. Por tanto, atendiendo a la agenda con la que cuenta este Juzgado, se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para su desahogo. d. Datos de videoconferencia. De conformidad con el protocolo para el uso de la videoconferencia en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se proporciona a la parte quejosa, los siguientes datos para ingresar a la videoconferencia ordenada: Liga (Link): https://cjf.webex.com/cjf/j.php?MTID=ma24f2a456bd93dd4e89f8b574d0b277c Número de reunión: 2497 088 9780 Contraseña: JDO4 Precisándole que deberá ingresar a la citada diligencia, en la fecha y hora programadas, con un tiempo de anticipación de por lo menos cinco minutos, a efecto de evitar mayores dilaciones en la comprobación de audio y video de la videoconferencia. e. Gestiones para videoconferencia. Se solicita a la coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este órgano jurisdiccional, para que en su calidad de responsable del ámbito técnico del desahogo de la videoconferencia antes mencionada, realice lo siguiente: 1. Elaborar la solicitud de videoconferencia ante la Dirección General de Tecnologías de la Información, mediante el formato respectivo. 2. Programar la videoconferencia de mérito en la Agenda de Diligencias de este Juzgado. f. Notificación de videoconferencia. Con transcripción del presente acuerdo, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido que de no comparecer de manera virtual en el día de la audiencia constitucional, se entenderá su desinterés por estar presente en la misma y se desahogará sin su participación en la hora y día programada. Notifíquese por lista electrónica; y personalmente a la parte quejosa, con estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal
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