Maximino Meza Guerrero

Expediente 501/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
501/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Maximino Meza Guerrero
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se recibe promoción. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual devuelve sin diligenciar el despacho 219/2021-I del índice de este juzgado, el cual le fue enviado a efecto de que se notificara a los familiares de Máximo Meza Guerrero la existencia del presente juicio. Por tanto, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Justificación. Luego, vista la certificación de cuenta y el estado de autos se advierte que, después de una búsqueda exhaustiva, no fue posible encontrar sucesión a bienes del quejoso Máximo Meza Guerrero. Por tanto, las autoridades responsables se encuentran imposibilitadas jurídica y materialmente para dar cumplimiento a la sentencia amparadora. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia PC.XVI.P J/2 (10A.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, visible en la página 1496 del libro 53, abril de dos mil dieciocho, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016660 de rubro y textos siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. FORMA EN QUE EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE RESOLVER SI SE ACTUALIZA UNA EVENTUAL IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO, CUANDO LA RESPONSABLE ACOMPAÑE CONSTANCIAS DE ELLO PERO OMITA MANIFESTAR EXPRESAMENTE QUE EXISTA DICHA IMPOSIBILIDAD. Cuando la autoridad responsable sólo remite constancias de una eventual imposibilidad para acatar el fallo protector, sin manifestación expresa de dicha imposibilidad, el órgano judicial de amparo deberá ponderar en cada caso si se está o no ante la necesidad de requerir esa expresión, o bien, sin ella, estimar que se actualiza la imposibilidad de que se dé cumplimiento a una sentencia de amparo, ya que habrá asuntos en los que sí se requiera esa expresión y otros en los que sea innecesario; ello, pues puede acontecer que: 1) las pruebas que al efecto acompañe la responsable, sean aptas y bastantes para que, sin tener lugar a dudas, sea evidente ese imposible cumplimiento, por lo que exigir una manifestación expresa de la autoridad tendría únicamente un efecto dilatorio en el trámite de ejecución y archivo del expediente (por ejemplo, cuando a un interno se le concedió la protección constitucional para que se le brinde atención médica, pero éste egresó al obtener su libertad); o 2) que las pruebas no sean suficientemente claras para evidenciar sin duda el imposible cumplimiento y, ante el silencio de la responsable, tampoco se conozca su postura, ya que esas constancias pueden ser sólo para justificar alguna demora, caso en el que sería necesario requerir esa manifestación a la responsable. Por tanto, no puede establecerse una regla genérica, pues dependerá de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que el órgano judicial de amparo actúe en consecuencia; sin que ello implique inadvertir la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 54/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.", toda vez que en ésta se analizó el procedimiento para lograr el cumplimiento del fallo protector, mas no la actualización de la imposibilidad jurídica y material para ejecutarse.". En este orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el numeral 196 de la Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Destino del expediente principal. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de derechos por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Además, no se tramitó incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se envió el despacho ******************** al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, en turno, con sede en Bucerías, Municipio Bahía de Banderas, Nayarit, para su diligenciación, sin que a la fecha se hubiese acusado de recibo. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio Bahía de Banderas, Nayarit, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS informe a qué juzgado tocó diligenciar el despacho ********************, derivado del presente juicio de amparo ********************. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el dispositivo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto la certificación que antecede se advierte que no se encontró sucesión de bienes testamentaria o intestamentaria a nombre del de cujus Maximino Meza Guerrero, aquí parte quejosa, por lo que mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno se ordenó suspender el procedimiento. No obstante, toda vez que la sociedad está interesada en que se cumplan las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su arábigo 2°, se ordena regularizar el procedimiento a fin de reanudar la ejecución de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario constitucional. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis I.4o.C.2 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, marzo de 2014, Tomo II, página 1772, con registro digital 2005968, de rubro y texto siguiente: "EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa." En ese tenor, se hace necesario girar atento despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, en turno, con sede Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que comisione a quien corresponda a que se constituya en el domicilio ubicado en Avenida La Cruz, número 49 sur, en La Cruz de Huanacaxtle, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y notifique el presente proveído al representante, familiar o albacea de la sucesión a bienes del de cujus Maximino Meza Guerrero, haciéndoles saber que en este órgano jurisdiccional se encuentra el expediente 501/2016, promovido por el finado de previa mención; en el que existe un crédito por la cantidad de $2,601.00 (dos mil seiscientos un pesos moneda nacional) más las actualizaciones respectivas. Además, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiera a la persona notificada para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a juicio para estar en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se practicarán por lista; de igual forma, se le suplica que a la brevedad posible remita la constancia de notificación correspondiente. Finalmente, en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido comunicado de cuenta suscrito por el ********************, con sede en San Pedro Lagunillas, Nayarit, mediante el cual informa que no se cuenta con juicio sucesorio testamentario o intentamestario, a nombre del quejoso Maximino Meza Guerrero; al respecto, únicamente agréguese el libelo de cuenta para que obre como corresponda dado que mediante proveído de treinta de septiembre de la presente anualidad, entre otras cosas, se tuvo al ********************, con residencia en esta ciudad, informando tal situación.

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