Maximino González Guitine

Expediente 386/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
386/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Maximino González Guitine

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio firmado por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, residente en Tonalá, Chiapas, mediante el cual acusa de recibo del tomo de pruebas devuelto, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 981 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés (fojas 70 a 83), en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado dicho auto. Por lo tanto, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existir actuación pendiente por realizar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 4 3 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, con sede en Tonalá Chiapas, las copias certificadas del expediente *****, en un tomo, al tratarse de un asunto concluido, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 96/2023, orden 142/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar al quejoso *****, el auto de veinticinco de abril de la anualidad que transcurre (fojas 70 a 83), en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este asunto. Sin que sea necesario acusar recibo de la presente comunicación, en virtud que fue enviada vía electrónica y el propio sistema genera el acuse de forma automática. Por lo tanto, dese de baja la referida comunicación oficial, en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes SISE y háganse las anotaciones en el Libro de Control electrónico respectivo. Ahora bien, vista la razón de imposibilidad de cuatro de mayo del año en curso (foja 122), realizada por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado oficiante, se advierte que no fue posible notificar al aludido quejoso el auto de referencia por las razones que expone; en consecuencia, tomando en consideración lo antes mencionado, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al impetrante de amparo el presente proveído, así como el diverso de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, a través de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado, así como los subsecuentes proveídos, hasta en tanto la parte quejosa señale uno diverso para tales efectos. Notifíquese; por lista a la parte quejosa el presente proveído, así como el diverso de veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio suscrito por el Segundo Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por ministerio de ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, con sede en Tonalá, Chiapas, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés (fojas 61 y 62), informa la imposibilidad para remitir la demanda de amparo original. Por otra parte, en el citado auto de catorce de abril actual, se tuvo a la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, remitiendo el proveído de diez de abril de la presente anualidad, a través del cual, ese órgano colegiado informó que solamente contaba con copia de la demanda de amparo e indicó que de la papeleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia de esa ciudad, se hizo constar que de los trece tantos de la demanda de amparo, así como que el escrito de demanda que obraba en el cuadernillo de amparo, se presentaba dificultad para determinar si la firma era autógrafa. En ese orden de ideas y tomando en consideración que en auto de veintidós de marzo de este año (fojas 54 y 55), se reservó proveer lo que en derecho correspondiera respecto a la demanda de amparo en comento, hasta que ésta se tuviera con firma original; sin embargo, dada la imposibilidad material para ello y toda vez que este juzgado recibió la demanda de amparo en copia certificada por el Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, con sede en Tonalá, Chiapas, en la que dicho servidor público certificó que la copia en comento, que tuvo a la vista es copia fiel y exacta de la reproducción de la demanda promovida por *****. Por tanto, al haberse certificado la demanda por el secretario adscrito al juzgado responsable en términos de la fracción I1 del artículo 178 de la Ley de Amparo, en obvio de mayores dilaciones procesales y en aras de garantizar el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita, tal como está previsto en la Constitución en su artículo 17, párrafo segundo, con apoyo en los los diversos 37 y 48 de la ley de la materia y el precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de control electrónico de este Juzgado. Precisado lo anterior, de la lectura de la demanda se advierte que el peticionario reclama, el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de arrendamiento inmobiliario 289/2019, por el que, en esencia, se dejaron a salvo los derechos del demandado *****, aquí quejoso-, para que los hiciera valer en la vía forma que correspondiera; determinación, que recayó al escrito de veintisiete de enero de este año, en el que solicitó se apercibiera a la parte actora, para que se abstuviera de amenazarlo, aventar piedras y causar daños a los vehículos que estaban en reparación en el interior del domicilio materia de la Litis en el juicio de origen (fojas 448 y 449 del tomo de pruebas). DESECHAMIENTO En este contexto, debe puntualizarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza de Distrito está obligada a examinar el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Esto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. (.).En el caso se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que son del tenor siguiente: (.).Conforme a lo transcrito, debe puntualizarse que el artículo 61, en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; en tanto que, el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, únicamente podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De la interpretación conjunta de ambos artículos se desprende que respecto a los actos de tribunales judiciales, emitidos después de concluido el juicio, podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como ésta: 1. Tratándose de actos de ejecución de sentencia, la que: a) aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; b) declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o c) la que ordena el archivo definitivo del expediente. 2. Por cuanto hace a los procedimientos de remate, es aquélla que: a) en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; o b) la que ordena la entrega de los bienes rematados. En el entendido que, al momento de combatir la última resolución, se pueden reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, y haya trascendido al resultado de la resolución. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De ahí que, el acuerdo reclamado de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de arrendamiento inmobiliario *****, por el que, en esencia, se dejaron a salvo los derechos del demandado *****, - aquí quejoso-, para que los hiciera valer en la vía forma que correspondiera; determinación, que recayó al escrito de veintisiete de enero de este año, en el que solicitó se apercibiera a la parte actora, para que se abstuviera de amenazarlo, aventar piedras y causar daños a los vehículos que estaban en reparación en el interior del domicilio materia de la Litis en el juicio de origen (fojas 448 y 449 del tomo de pruebas), no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia del juicio de origen. Es así, porque de las constancias que envió el juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, residente en Tonalá, Chiapas, se advierte que el juicio de arrendamiento inmobiliario 289/2019, se encuentra en la fase de ejecución de sentencia; y el auto combatido no es la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y tampoco ordena el archivo definitivo del expediente del juicio natural, sino que únicamente dejó a salvo los derechos del aquí quejoso para que los hiciera valer en la vía forma correspondiente; de ahí que en la especie, este órgano jurisdiccional estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa de manera indudable y manifiesta, porque no se está en presencia de la última resolución de la fase de ejecución del contradictorio de origen. Por otra parte, cabe destacar que el auto impugnado no constituye un actuación que afecte de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa protegidos por la Constitución o por los Tratados de fuente internacional, tales como la vida o la libertad, que daría lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que las violaciones procesales que pudieran ocasionarse con la emisión del acto que se reclama puedan ser reclamadas precisamente cuando se impugne la última resolución que se dicte en la fase de ejecución del juicio de origen. En ese sentido, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" la ejecución de la sentencia definitiva debe hacerse hasta que culmine el período de ejecución, lo que se deduce de la interpretación de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo. En efecto, se reitera que el proveído reclamado de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de arrendamiento inmobiliario 289/2019, por el que, en esencia, se dejaron a salvo los derechos del demandado *****, -aquí quejoso-, para que los hiciera valer en la vía forma que correspondiera; determinación, que recayó al escrito de veintisiete de enero de este año, en el que solicitó se apercibiera a la parte actora, para que se abstuviera de amenazarlo, aventar piedras y causar daños a los vehículos que estaban en reparación en el interior del domicilio materia de la Litis en el juicio de origen (fojas 448 y 449 del tomo de pruebas), no goza de autonomía, y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y el bien raíz materia de la litis, ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada. Así entonces, resulta evidente la actualización de la causal prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, relacionada con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de la Materia, pues como se explicó, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, sin que el acto que se reclama en este asunto cumpla con ese extremo, ni actualice alguno de los casos de excepción. (.).Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, del propio ordenamiento, procede desechar la demanda de plano promovida por *****, por las razones expuestas con anterioridad, conforme a lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico. DOMICILIO En consideración a que en el escrito de cuenta se advierte que el directo quejoso señala domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en consecuencia, con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, se sirva notificar personalmente al directo quejoso ***** (.).AUTORIZADOS. Se tienen como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y con apoyo en el diverso 24 de la misma ley, se autoriza únicamente para para oír y recibir notificaciones a *****, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente y a las restantes personas toda vez que manifiestan que son pasantes de la licenciatura en derecho. (.).Notifíquese; y, personalmente a la quejosa por exhorto.

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