Maximino Estrada Martinez

Expediente 660/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
660/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Maximino Estrada Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de veintinueve de octubre del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; por lo tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Ahora, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, este expediente es destruible después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por MAXIMINO ESTRADA MARTÍNEZ, contra actos del Encargado o responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca y de otra autoridad, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 660/2020. Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Tales numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, porque del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que esencialmente el acto reclamado, lo constituye la aplicación retroactiva de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar el monto de la cuota diaria pensionaria, actualización y demás prestaciones inherentes al pago de la pensión que percibe el quejoso y como consecuencia de ello, el pago de montos inferiores a los que legalmente le corresponden a partir del año dos mil dieciséis. Sobre este aspecto, existe criterio jurisprudencial en el sentido de que, previo a acudir a esta instancia constitucional, el quejoso, en primer término, debe acudir, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca y solicitarle la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a la pensión conforme a lo establecido en la legislación aplicable, pues es quien está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones. Esa petición que debe formular la parte quejosa ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, generará una determinación o acto de autoridad que revele su última voluntad con relación al caso planteado, que pudiera llegar a afectar en forma unilateral la esfera jurídica del particular, en cuyo caso, debe ser impugnado optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previamente al juicio de amparo. Sin que el solo pago periódico de la pensión y de las prestaciones citadas en los términos en que lo hace el Instituto, constituya una resolución definitiva para la procedencia del juicio de nulidad, pues esa acción la realiza para satisfacer un interés general de los jubilados, y no está dirigida a una persona en especial. Lo que se encuentra contenido en la jurisprudencia PC.XXV. J/7 A (10a.), instancia Plenos de Circuito, publicada en la página mil ciento sesenta y ocho, del tomo II, del libro cincuenta y seis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, julio de dos mil dieciocho, Décima Época, registro 2017360, materia administrativa y laboral, que a continuación se transcribe. "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU MONTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMINADAS BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE REVELE QUE SE TRATA DEL PRODUCTO FINAL O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD. Los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada (de igual contenido al actual numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa) establecen que la acción contenciosa administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, al tratarse de un mecanismo de jurisdicción restringido donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan resoluciones definitivas, y que se encuentren mencionados dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el dispositivo de la ley orgánica referida. Así, el concepto de resoluciones definitivas pondera, además de su atacabilidad a través de recursos ordinarios en sede administrativa, su naturaleza, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa. Bajo ese tenor, cuando con motivo del pago de pensiones en la demanda respectiva se impugne un acto denominado como la "omisión" consistente en: a) la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a la pensión conforme a lo establecido en la legislación aplicable, o b) la actualización, determinación y cálculo de las prestaciones adicionales a dicha pensión, consistentes en el bono de despensa y previsión social múltiple, necesariamente la procedencia del juicio de nulidad estará condicionada a que exista una resolución de la autoridad que resulte legalmente competente, que tenga el carácter de definitiva y que, por lo mismo, revele que se trata del producto final o de su última voluntad. Lo anterior se concluye de esa forma, porque los actos impugnados en esos términos no son definitivos para efectos del juicio de nulidad, precisamente porque no poseen la característica exigida por la ley y su interpretación, según lo expuesto, al no combatirse en realidad el producto final de la manifestación expresa de la autoridad administrativa, o su última resolución para poner fin a un procedimiento, ni tratarse de una manifestación aislada que refleje su voluntad definitiva. Lo anterior, en el entendido de que el pago periódico de la pensión y de las prestaciones citadas en los términos en que lo hace el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no constituye una resolución definitiva para la procedencia del juicio de nulidad, en tanto que dicha actividad se lleva a cabo para satisfacer un interés general, aunque en concreto de los jubilados y, por ende, no se dirige a una persona en particular; sin que sea factible que la procedencia del juicio contencioso se vincule o se haga depender de la forma en que el órgano jurisdiccional aprecie el acto impugnado por su clasificación o por la percepción que se tenga de él, pues para efecto de la procedencia del juicio debe atenderse a que se trate de una resolución definitiva conforme al artículo 14 mencionado." Así como en la Jurisprudencia doscientos ochenta y siete, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, registro 1002353, visible en la página trescientos siete del tomo II, página trescientos siete, apéndice dos mil once, improcedencia y sobreseimiento, que a continuación se cita. "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." En esas condiciones, ante la naturaleza del acto que reclama la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debió ceñir su actuar al procedimiento antes señalado, y al no hacerlo así, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que obste a lo anterior, que en su demanda refiera que a la fecha, la responsable, se abstenga de emitir resolución en la que establezca el método o mecanismo que utiliza para el pago del monto mensual que se le paga a su pensión, así como los incrementos anuales y pago de aguinaldo que de manera anual se le debe actualizar, dado que ello no es obstáculo para que le pueda formular solicitud para que le actualice, determine o calcule los incrementos a su pensión en los términos que estima es procedente. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el citado precepto 61, fracción XXIII, del propio ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados para recibirlas e imponerse de los autos, a la persona que menciona, pues así lo solicita expresamente. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el primer correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de veideoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de la materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO, LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA HATA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE)

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta, se advierte que la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en representación de la Cámara de Senados del Congreso de la Unión, devuelve el comunicado 15840/2020 de este índice, en virtud de estar señalado para diverso destinatario. En tal virtud en obvio de mayores dilaciones, reexpídase el diverso oficio 15841/2020 de este índice, a través del cual se notifica a la autoridad oficiante el proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el que se ordenó el archivo de este asunto como concluido. CÚMPLASE.

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