Maximino de Dios García
Expediente 1004/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2021
Partes del expediente
- Maximino de Dios García
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento a los artículos 21, inciso d), así como, el diverso numeral 8.1.2 apartado 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este asunto, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia.
- Principal
FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda que promueve ++, por propio derecho; regístrese la demanda bajo el número 1004/2021-II-C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Del análisis íntegro del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa, esencialmente reclama al Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad, lo siguiente; El auto de once de agosto de la presente anualidad, dictado dentro del expediente 590/2021 del índice del Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante el cual la responsable habilitó al Técnico Judicial Katia Ofelia Garduño, a efecto de que ésta diera cumplimiento al auto de treinta y uno de mayo del año en curso en que se ordenó emplazar a juicio al aquí quejoso. El emplazamiento realizado al aquí quejoso de veintidós de septiembre del año en curso, dentro del expediente 590/2021 del índice del Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, practicada por la técnico Judicial (habilitada en funciones de notificadora). Precisado lo anterior, a la óptica de quien esto resuelve, respecto del acto identificado con el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de la materia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo a lo establecido en los numerales trascritos, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y tratados internaciones tales como la libertad, vida, propiedad, entre otros; para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es menester señalar que los denominados derechos adjetivos o procesales únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Bajo esa premisa, el juicio constitucional intentado resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto combatido consistente en el auto de once de agosto de la presente anualidad, dictado dentro del expediente 590/2021 del índice del Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante el cual da cumplimiento al diverso de treinta y uno de mayo del año en curso, de ninguna manera constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; esto así, porque dicho acto, en todo caso, solamente afecta derechos procesales o adjetivos de la parte quejosa. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente contra actos en juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, toda vez que el acto reclamado -a consideración del suscrito- no es de aquéllos que lleve en sí una ejecución de imposible reparación, ya que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, sino que solamente repercute en el procedimiento de origen, lo cual es susceptible de repararse con la sentencia que ponga fin al juicio de origen si ésta es acorde a los intereses de la quejosa; de ahí que, el acto reclamado no es considerado de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese tenor, resulta factible sostener que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino únicamente la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses; por tanto, como se dijo, el acto combatido únicamente tiene efecto de carácter formal o intraprocesal, pues la consecuencia del mismo lo constituye la substanciación "en trámite" se continúe con el juicio de origen, por lo que se puede extinguir en la realidad de los hechos sin originar alguna afectación a los derechos sustantivos de la peticionaste del amparo y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Además, debe insistirse en el hecho de que si la sentencia que ponga fin al procedimiento de origen, resulta favorable a los intereses del quejoso, ningún perjuicio le causa a este último, ya que los efectos del acto reclamado habrán desaparecido, lo que conlleva a establecer que el auto no es de imposible reparación y, por ende, el juicio biinstancial se torna improcedente. Sirve de apoyo, en la parte conducente, la tesis IV.3o.111K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 489, tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Por otra parte, en lo que atañe al acto identificado con el inciso b) atinente al emplazamiento realizado al aquí quejoso de veintidós de septiembre del año en curso, dentro del expediente ++del índice del Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, practicada por la técnico Judicial (habilitada en funciones de notificadora), por lo que se actualiza la causa de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El reproducido precepto, establece uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Al respecto es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 224841, correspondiente a la Octava Época, de título, subtítulo y texto siguientes: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio; y, d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar el acto aquí reclamado es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones XIV, XVIII y XIX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sostiene lo así considerado, la jurisprudencia número 37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, con registro electrónico 187016, de la Novena Época, de título, subtítulo y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por tanto, si el propósito del legislador fue, sin duda, el establecer la exigencia de que los gobernados, antes de promover la vía constitucional en contra de un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación o medio de defensa a su alcance, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan; para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que la ley rectora del acto prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En efecto, la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1571, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra indica: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Luego, en este asunto, el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, el promovente no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado por las razones que más adelante se expondrán. Además, cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues, tal como se advierte de la demanda de amparo, el quejoso es parte formal en el juicio de origen, a saber, es demandado -en el reconociendo de paternidad promovido por Anaberta Venteño José -; de ahí, su obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Para arribar a la anterior consideración debe tenerse en cuenta lo que al respecto dispone el Código de procedimientos Civiles del Estado de México, en particular los artículos 1.187 a 1.191, mismo que disponen: "Nulidad de notificaciones. Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Plazo para promover nulidad de notificación Artículo 1.188. El incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano. Se hace sabedora cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal. El incidente de nulidad no suspende el procedimiento Artículo 1.189. El incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero sí suspende la citación para sentencia, hasta que aquél se resuelva en definitiva. Efectos de la nulidad Artículo 1.190. Si la nulidad fuere declarada, el Tribunal determinará las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Convalidación de notificación Artículo 1.191. Si el interesado ejercita la facultad procesal o cumple la carga impuesta por la resolución no notificada o notificada defectuosamente, el incidente de nulidad será desechado de plano, surtiendo ésta sus efectos como si se hubiera hecho con arreglo a la ley." Así las cosas, los citados artículos 1.187 a 1.191 del ordenamiento procedimental civil anteriormente mencionado, los cuales están comprendidos en el capítulo IX de tal legislación, denominado "De las Notificaciones y Citaciones", que contienen las reglas de tiempo, forma, modo y lugar para realizar las notificaciones y su impugnación, establecen que cuando una notificación se omitiere, o se realiza en forma distinta a la prevista en dicho capítulo, o como en el caso se reclama, procede el incidente de nulidad de notificaciones. Al respecto, conviene establecer que el incidente referido procede contra aquellas diligencias y/o notificaciones que se hicieran en forma distinta a la establecida por la ley, o se hayan omitido realizar; dicho incidente debe ser interpuesto dentro del plazo de tres días a partir de que el interesado tuvo conocimiento de la omisión y/o defecto en la diligencia practicada y, que tiene por efecto lograr que el Tribunal declare nulas tales actuaciones por estimarse que fueron ignoradas por el promovente, por no poder subsistir o no haber sido practicadas de manera legal sin la existencia previa y validez de otras. No obstante lo anterior, la ley también prevé que si el interesado cumple con la carga que le fue impuesta, o ejercita la facultad procesal que en derecho le corresponde, respecto de la resolución no notificada o mal notificada, dicho incidente se desechará de plano y la notificación y/o diligencia surtirá efectos como si se hubiera realizado conforme a la ley. En conclusión, de una interpretación sistemática de los artículos antes invocados, se concluye que todas las diligencias y/o notificaciones que se consideren practicadas ilegalmente o que no hayan sido practicadas, relativas a los juicios del orden civil (incluido el juicio ordinario civil), son impugnables mediante el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 1.187 a 1.191 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Tiene aplicación al caso, por el sentido jurídico que contiene la tesis IX.1o.18 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con registro digital 198095, con título, subtitulo y texto siguiente: "NOTIFICACIONES, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE. Es improcedente el juicio de amparo que se promueve en contra de la notificación practicada en un juicio del orden civil, por operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que es impugnable mediante el incidente de nulidad de actuaciones a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí; medio de defensa mediante el cual se puede nulificar la notificación reclamada y que, por tanto, debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo." Dicho lo anterior, y de la lectura íntegra a la demanda de amparo, se advierte que el promovente del amparo, reclama en esencia el emplazamiento realizado al aquí quejoso de veintidós de septiembre del año en curso, dentro del expediente 590/2021 del índice del Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, practicada por la técnico Judicial (habilitada en funciones de notificadora), el solicitante de amparo al ser parte formal en aquel, tiene oportunidad de interponer el incidente de nulidad, previsto en los citados artículos 1.187, 1.188, 1.189, 1.190 y 1.190 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, por ser un medio que puede conducir a la revocación, modificación o anulación de los actos aquí reprochados. En mérito de lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 61 fracción XVIII, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por el Maximino de Dios García en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Posteriormente, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIO ALTERNO DE COMUNICACIÓN Asimismo, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un correo electrónico y un número telefónico a efecto de poder establecer comunicación. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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