Maximino Bonilla Álvarez
Expediente 417/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Maximino Bonilla Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado de autos .. se declara que ha causado estado la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo .. se ordena el archivo del presente asunto.
- Principal
Visto el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de la Conciliación y Arbitraje y los anexos que acompaña, agréguense a los autos para que obren como corresponda, y téngase a dicha autoridad haciendo diversas manifestaciones y ofreciendo documentales, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El cuatro de abril de dos mil dieciocho, Maximino Bonilla Álvarez, presentó demanda de amparo contra la Junta Especial Número Tres de la Local de la Conciliación y Arbitraje, en la que reclamó el auto dictado en el juicio laboral 1014/2017-3 del índice de la responsable, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por el que se señaló como fecha de desahogo de pruebas el once de junio de dos mil dieciocho, por ser prácticamente medio año después de la admisión de pruebas. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 417/2018-VII, se admitió en auto de cinco de abril del presente año, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) Por auto de doce de abril de este año, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y, en razón de haberse advertido del contenido de éste que en el juicio de origen tienen el carácter de demandados más personas de las indicadas por el quejoso en su demanda de amparo, se requirió a la autoridad responsable para que indicara sus nombres y domicilios, a efecto de emplazarlos al presente juicio como terceros interesados. d) En acuerdo de dieciocho de abril del presente año, se tuvo a la autoridad responsable cumpliendo con el requerimiento formulado y se ordenó emplazar a los terceros interesados a juicio. e) El diecinueve de abril del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el oficio de cuenta, en el que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de la Conciliación y Arbitraje, señaló que en los autos del expediente laboral 1014/2017-3 de su índice, el dieciocho de abril de este año, compareció la parte actora Maximino Bonilla Álvarez a desistirse de la acción y de la instancia intentadas en su escrito inicial de demanda, y en consecuencia, se ordenó el archivo del juicio de origen como asunto total y definitivamente concluido, dejándose sin efectos la audiencia señalada para llevarse a cabo el once de junio de dos mil dieciocho. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional.". En efecto en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente del acuerdo de la responsable dictado en el expediente laboral 1014/2017-3 de su índice el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por el que se señaló como fecha de desahogo de pruebas el once de junio de dos mil dieciocho, por ser prácticamente medio año después de la admisión de pruebas. Luego, del análisis de las constancias que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que en los autos del expediente laboral 1014/2017-3 de su índice, el dieciocho de abril de este año, se dejó sin efectos la audiencia señalada para llevarse a cado el once de junio del presente año, en virtud de que en aquélla fecha compareció la parte actora Maximino Bonilla Álvarez a desistirse de la acción y de la instancia intentadas en su escrito inicial de demanda. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.... Asimismo, apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO... Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.... En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sin que pase inadvertido que el informe justificado de la autoridad responsable fue recibido mediante proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, sin que a la fecha haya transcurrido el término de ocho días que previene el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha de notificación del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, para que las partes se impongan de su contenido; sin embargo, en el presente caso, en obvio de evitar dilaciones superfluas, se estima innecesario el acatamiento de dicho término, pues tal disposición, tiene su justificación en dar la posibilidad a las partes de alegar o probar lo conducente; esto es, desvirtuar las afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por la autoridad, o en su caso, preparar las pruebas que estimen pertinentes; sin embargo, toda vez que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de la Conciliación y Arbitraje, exhibió las copias con las que se acredita fehacientemente que el acto reclamado por el quejoso quedó sin efectos; es inconcuso que no existe manifestación o probanza alguna que pudiera realizar u ofrecer alguna de las partes, que resulte suficiente para, en su caso, modificar el sentido del presente fallo. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con seis minutos del dos de mayo de dos mil dieciocho. Por otro lado, vista la razón actuarial, agréguese a los autos para que obre como corresponda, siendo innecesario solicitar al quejoso domicilio de los terceros interesados que ahí se mencionan, en virtud de haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente proveído. Finalmente, no es óbice la falta de la constancia de emplazamiento al tercero interesado Servifun del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, al haber sobrevenido una causa de improcedencia manifiesta e indubitable, de modo que no se causa agravio alguno a la no intervención de la parte procesal en comento. ... se notifica por lista a los terceros interesados Cementerio Jardines Eternos 2000, Sociedad Anónima, Arturo Robles Apodaca, Carlos Medina Reynoso, Adrián Ventura Dávila, Héctor Dávila Villalpando, Alejandra Belaurzan O´Gorman y Servifun del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, Funeraria Jardines de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable y al agente del ministerio púbico (VII)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso y tercero interesado Servifun del Centro S.A. de C.V. por conducto de quien lo represente legalmente auto de veinte de abril de dos mil dieciocho...Visto el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de la Conciliación y Arbitraje y los anexos que acompaña, agréguense a los autos para que obren como corresponda, y téngase a dicha autoridad haciendo diversas manifestaciones y ofreciendo documentales, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El cuatro de abril de dos mil dieciocho, Maximino Bonilla Álvarez, presentó demanda de amparo contra la Junta Especial Número Tres de la Local de la Conciliación y Arbitraje, en la que reclamó el auto dictado en el juicio laboral 1014/2017-3 del índice de la responsable, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por el que se señaló como fecha de desahogo de pruebas el once de junio de dos mil dieciocho, por ser prácticamente medio año después de la admisión de pruebas. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 417/2018-VII, se admitió en auto de cinco de abril del presente año, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) Por auto de doce de abril de este año, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y, en razón de haberse advertido del contenido de éste que en el juicio de origen tienen el carácter de demandados más personas de las indicadas por el quejoso en su demanda de amparo, se requirió a la autoridad responsable para que indicara sus nombres y domicilios, a efecto de emplazarlos al presente juicio como terceros interesados. d) En acuerdo de dieciocho de abril del presente año, se tuvo a la autoridad responsable cumpliendo con el requerimiento formulado y se ordenó emplazar a los terceros interesados a juicio. e) El diecinueve de abril del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el oficio de cuenta, en el que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de la Conciliación y Arbitraje, señaló que en los autos del expediente laboral 1014/2017-3 de su índice, el dieciocho de abril de este año, compareció la parte actora Maximino Bonilla Álvarez a desistirse de la acción y de la instancia intentadas en su escrito inicial de demanda, y en consecuencia, se ordenó el archivo del juicio de origen como asunto total y definitivamente concluido, dejándose sin efectos la audiencia señalada para llevarse a cabo el once de junio de dos mil dieciocho. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente del acuerdo de la responsable dictado en el expediente laboral 1014/2017-3 de su índice el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por el que se señaló como fecha de desahogo de pruebas el once de junio de dos mil dieciocho, por ser prácticamente medio año después de la admisión de pruebas. Luego, del análisis de las constancias que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que en los autos del expediente laboral 1014/2017-3 de su índice, el dieciocho de abril de este año, se dejó sin efectos la audiencia señalada para llevarse a cado el once de junio del presente año, en virtud de que en aquélla fecha compareció la parte actora Maximino Bonilla Álvarez a desistirse de la acción y de la instancia intentadas en su escrito inicial de demanda. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.... Asimismo, apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO... Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.. Sin que pase inadvertido que el informe justificado de la autoridad responsable fue recibido mediante proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, sin que a la fecha haya transcurrido el término de ocho días que previene el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la fecha de notificación del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, para que las partes se impongan de su contenido; sin embargo, en el presente caso, en obvio de evitar dilaciones superfluas, se estima innecesario el acatamiento de dicho término, pues tal disposición, tiene su justificación en dar la posibilidad a las partes de alegar o probar lo conducente; esto es, desvirtuar las afirmaciones, consideraciones o razonamientos expresados por la autoridad, o en su caso, preparar las pruebas que estimen pertinentes; sin embargo, toda vez que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de la Conciliación y Arbitraje, exhibió las copias con las que se acredita fehacientemente que el acto reclamado por el quejoso quedó sin efectos; es inconcuso que no existe manifestación o probanza alguna que pudiera realizar u ofrecer alguna de las partes, que resulte suficiente para, en su caso, modificar el sentido del presente fallo. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con seis minutos del dos de mayo de dos mil dieciocho. Por otro lado, vista la razón actuarial, agréguese a los autos para que obre como corresponda, siendo innecesario solicitar al quejoso domicilio de los terceros interesados que ahí se mencionan, en virtud de haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente proveído. Finalmente, no es óbice la falta de la constancia de emplazamiento al tercero interesado Servifun del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, al haber sobrevenido una causa de improcedencia manifiesta e indubitable, de modo que no se causa agravio alguno a la no intervención de la parte procesal en comento. ... se notifica por lista a los terceros interesados Cementerio Jardines Eternos 2000, Sociedad Anónima, Arturo Robles Apodaca, Carlos Medina Reynoso, Adrián Ventura Dávila, Héctor Dávila Villalpando, Alejandra Belaurzan O´Gorman y Servifun del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, Funeraria Jardines de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable y al agente del ministerio púbico (VII)
- Principal
Se notifica por lista a la tercero interesada Servifun del Centro, S.a. de C.V. por conducto de quien lo represente legalmente...autos de cinco y dieciocho de abril de dos mil dieciocho...Visto el oficio signado por el Presidente y Representante de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que contesta al requerimiento que se le formuló en auto de doce de abril del presente año, informando que las demandadas en el expediente... de su índice son Funeraria Jardines de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, Cementerio Jardines Eternos 2000, Sociedad Anónima, Arturo Robles Apodaca, Carlos Medina Reynoso, Adrián Ventura Dávila, Héctor Dávila Villalpando, Alejandra Belaurzan O´Gorman y Servifun del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable; que el domicilio de ésta última es el ubicado en la... y el domicilio de todas las restantes, en el que la responsable las emplazó a juicio, es el ubicado en... En consecuencia, se tiene a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado cumpliendo en tiempo con el requerimiento que se le formuló en el auto mencionado. - Terceros interesados - Por tanto, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados a Cementerio Jardines Eternos 2000, Sociedad Anónima, Arturo Robles Apodaca, Carlos Medina Reynoso, Adrián Ventura Dávila, Héctor Dávila Villalpando, Alejandra Belaurzan O´Gorman y Servifun del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de ser las codemandadas en el proceso jurisdiccional del que emana el acto reclamado; haciéndose constar que Funeraria Jardines de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable ya tiene reconocido tal carácter por auto de cinco de abril del presente año y que fue emplazada a juicio el once de abril del mismo año. En consecuencia, se ordena a cualesquiera de los actuarios adscritos, que con el escrito de demanda, copias autorizadas del acuerdo admisorio y del presente proveído, los emplacen en el domicilio respectivamente señalado. De igual forma el actuario deberá requerirlos para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente proveído, en términos del numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad; apercibidos que en caso de ser omisos, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal que correspondan, sin ulterior acuerdo, se harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 305 y 306 de la legislación adjetiva civil federal aludida. Haciéndole saber que se señalaron las nueve horas con seis minutos del dos de mayo de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional...fueron señalas las nueve horas con seis minutos del dos de mayo de dos mil dieciocho para audiencia constitucional...(VII)
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