Maximina Llaven Carrillo

Expediente 1174/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1174/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • Maximina Llaven Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho (foja 54 a 56); en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE; Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, reclama lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: La negativa de acordar el escrito ingresado veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete dentro de la carpeta de investigación 8-046-0703-2015". Asimismo, mediante auto de once de enero del año en curso (foja 48-49), la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, rindió su informe justificado del que se advierte que mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, envió el acuerdo de devolución de vehículo, al Fiscal de Distrito Istmo-Costa, el cual fue recibido el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete (foja 43-46), por el cual, dio contestación a la solicitud de la parte quejosa. En ese orden, este juzgador determina que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo siguiente. El ordenamiento a que se ha hecho referencia señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, de contestar su escrito de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, presentado ante la oficialía de parte de la autoridad responsable en esa misma data, en el cual solicitaba se giraran los oficios correspondientes, a fin de liberar y hacerle la devolución del vehículo marca Nissan, tipo Pathfinder, modelo dos mil nueve, color beige, número de motor VQ40763788A, número de serie 5N1AR1BU99C606380 y número de placas DPX1618. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, envió el acuerdo de devolución del vehículo marca Nissan, tipo Pathfinder, modelo dos mil nueve, color beige, número de motor VQ40763788A, número de serie 5N1AR1BU99C606380 y número de placas DPX1618, al Fiscal de Distrito Istmo-Costa, el cual fue recibido el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete (foja 43-46), ante la oficialía de partes de la autoridad responsable, y se le dio vista a la parte quejosa mediante auto de once de enero de dos mil dieciocho (foja 48-49); en tal virtud la autoridad responsable antes citada subsanó la omisión de acordar el escrito de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, de contestar su escrito de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, presentado ante la oficialía de parte de la autoridad responsable en esa misma data, ha cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para once horas del trece de febrero de dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE JUZGADO; Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, no ha remitido las constancias solicitadas en auto de once de enero del año en curso, la cual se realizó a través del telegrama con número de oficio 612/2018 y fue depositado en la oficina telegráfica el doce siguiente, como consta del acuse agregado en autos (foja 51). Sin que sea necesario requerir al Jefe de la Oficina Telegráfica, con residencia en esta ciudad, en virtud de que la fecha en que se envió el telegrama 612/2018, es muy próxima a la data en que se emite este acuerdo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se fijan en su lugar las ONCE HORAS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibo del oficio 24744/2017, dirigido al Fiscal del Ministerio Público Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con residencia en Jiquipilas Chiapas. De lo anterior, este juzgador tomo conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.

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