Maximina Amaya Gamiño

Expediente 903/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
903/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
08/12/2021

Partes del expediente

  • Maximina Amaya Gamiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. ... archívese el presente asunto como concluido. ... Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, este expediente es destruible. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    .... se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado; agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y, archívese el presente asunto como concluido.

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que mediante escrito de demanda de amparo recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintidós de octubre del año en curso, Maximina Amaya Gamiño, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión de dar contestación, respuesta o hacer entrega del certificado parcelario respecto a la solicitud de trámite número 30190018373 de doce de septiembre de dos mil diecinueve. En razón de lo anterior, por auto de veinticinco de octubre de la presente anualidad, se radicó la demanda de amparo con el número 903/2021 y se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, misma que fue diferida en proveído de diez de noviembre del año en curso. Ahora, de las constancias que obran en autos, así como del informe justificado se advierte que el Encargado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, negó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuye, al manifestar que a la fecha ya le fue expedido a la quejoso el certificado de derechos parcelarios con número 1091964 que ampara la parcela 39 Z-1 P 1/1 del ejido "SANTA ANA", municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1° y 17 Constitucional1, respecto al derecho de acceso a la impartición de justicia a favor de los gobernados, la cual estará a cargo de tribunales, quienes deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, concibiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2, prevén que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable y tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Sin embargo, de un análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de expedirle el certificado de la parcela 39 Z-1 P 1/1 del ejido "SANTA ANA", municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable al rendir su informe justificado, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo3. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de expedirle un certificado parcelario, impidiendo con ello su acceso a un beneficio al que tiene derecho. Y del informe justificado rendido por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, se desprende que expidió el certificado de derechos parcelarios número 1091964 que ampara la parcela 39 Z-1 P 1/1 del ejido "SANTA ANA", municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, a favor de la aquí quejosa, el cual se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación. Ahora, si como ya se dijo Maximina Amaya Gamiño, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando la violación a sus derechos fundamentales, debido a que la autoridad responsable no le había expedido el certificado parcelario solicitado. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito5, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Se determina así, sin que se inadvierta el hecho de que el certificado de derechos parcelarios número 1091964 que ampara la parcela 39 Z-1 P 1/1 del ejido "SANTA ANA", municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, a favor de la aquí quejosa, se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación hasta la fecha de rendición el informe justificado, toda vez que el registrar una cita y recogerlo constituye un mero trámite administrativo; máxime que de autos se advierte que el informe justificado que rindió la responsable se le notificó de manera personal vía correo electrónico a efecto de que tenga conocimiento de ello. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con tres minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    ----la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con tres minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, para su celebración.

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