Maximillians Alexis Marquez Baehr

Expediente 868/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
868/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Maximillians Alexis Marquez Baehr

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual informa que en los autos del recurso de queja 339/2018 de su índice, el once de enero de dos mil diecinueve, el Magistrado Presidente de dicho órgano colegiado, declaró firme el auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en virtud de que transcurrió el plazo correspondiente para que la parte recurrente interpusiera el medio de defensa previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho; motivo por el cual, ordenó el archivó de ese asunto como totalmente concluido. Por consiguiente, acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y realícense las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, vista la certificación de cuenta y toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de amparo promovida contra los actos que imputó al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Cuatro, con residencia en esta ciudad. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en comento. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, por conducto de la empresa de mensajería que presta sus servicios a este Juzgado de Distrito: el original del escrito de agravios, así como una copia, a fin de que de considerarlo necesario el Tribunal de Alzada corra traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal. Asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, manifestando a la Superioridad que es cierto el acto que impugna la quejosa, toda vez que este órgano jurisdiccional el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo que desechó la demanda de amparo promovida, en virtud de que se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. También, deberá acompañarse al citado informe copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, en el que obra el acuerdo impugnado, el cual fue notificado por lista de estrados a la parte quejosa el cinco de noviembre del año en curso, toda vez que señaló dicho medio para oír y recibir notificaciones en su escrito inicial de demanda. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias necesarias del juicio de amparo en que se actúa, a fin de que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto. Por otra parte, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que la firma plasmada en el escrito de cuenta pudiera estimarse distinta a la que aparece en el escrito inicial de demanda de amparo; no obstante, el suscrito juzgador carece de facultades para proveer al respecto, toda vez que, en su caso, corresponderá al Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que le toque conocer del medio de impugnación, acordar lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la demanda de amparo presentada por ***, contra actos que atribuye al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Cuatro, con residencia en esta ciudad; se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 868/2018. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, en el caso se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De la interpretación armónica de los normativos invocados, se advierte que, entre otras causas de improcedencia, se encuentran aquellas que puedan desprenderse de la ley, como cuando se promueve el juicio de amparo contra actos que no tienen una ejecución de imposible reparación. En ese sentido, con independencia de la definición legal contenida en el segundo de los numerales invocados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que por actos ejecutivos de naturaleza irreparable (actos de imposible reparación), deben entenderse aquéllos que producen dentro del procedimiento judicial una afectación de modo directo e inmediato a los derechos fundamentales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal. Dicho de otro modo, se ha determinado que los actos dictados dentro de juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales, tutelados por el ordenamiento primario positivo, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, en el caso particular, de la interpretación integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso se duele por esta vía constitucional de lo siguiente: Acuerdo preventivo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente ****, del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad. En ese sentido, tal acto no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos. En efecto, se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera. Así, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación de un juicio del orden común, como sucede en el presente asunto, el cual se trata de un acuerdo por el cual se previno a la parte quejosa para proporcionar el nombre y domicilio del demandado en el juicio natural. En tales condiciones, el acto de autoridad no es de imposible reparación, condición necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; por el contrario se está en presencia de un acto que pudiera constituir una violación procesal en términos del artículo 172, fracción XII, del mismo numeral, de la ley de la materia, que únicamente puede combatirse a través de la vía de amparo directo. Luego entonces, se colige que el acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso contenidos en la Constitución General de la República, toda vez que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Por ende, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con el acto reclamado, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la sentencia que ponga fin al juicio resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra el fallo definitivo. Del texto anterior, se observa que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados en un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestra Constitución a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. El criterio inserto, sostiene que para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto, cuando se trata de actos o violación intraprocesales, es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, es decir, que lo relevante para la procedencia de la acción constitucional, son los efectos y agravios que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas. Bajo ese tenor, se actualiza dicha causa de inejercitabilidad constitucional, porque de la lectura de los actos reclamados, se constata que lo que alega la quejosa, es la determinación del Tribunal señalado como responsable de prevenir al quejoso para que precise el nombre y domicilio del demandado en el juicio agrario de origen, empero, debe decirse que conforme a la redacción de la norma protectora vigente, para la procedencia de la acción constitucional, cuando el acto que se reclama consista en una violación procesal, debe tener un impacto directo en los derechos sustantivos del justiciable, no bastando para ello, una violación de grado predominante o superior, sino prevalece como requisito la afectación material de derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esta naturaleza, aun cuando pueda considerarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la nueva Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Luego, si como ya se dijo, en la determinación reclamada, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, previno al aquí quejoso para que aclarara su demanda debiendo precisar el nombre y domicilio de la persona contra la que promovió el procedimiento agrario natural, tal juicio, no cabe dentro del supuesto de "actos de imposible reparación", pues no tiene como efectos materiales, una afectación inmediata y directa a los derechos sustantivos del quejoso, amparados en la Carta Magna y Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino, se trata únicamente de cuestiones procesales que aún encuentran reparabilidad al momento de resolver el procedimiento de origen. Se insiste, para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así las cosas, se colige que los actos de molestia no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso contenidos en las prerrogativas fundamentales que en su favor tutela la Constitución General de la República, toda vez que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Consecuentemente, todo lo expuesto permite sostener, como se ha venido haciendo, que el acto reclamado consistente en el acuerdo preventivo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente ****, del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad, no tiene sobre el quejoso una afectación a sus derechos de imposible reparación, sino se trata de posibles violaciones a derechos procesales o adjetivos, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de horas inhábiles; publicación de datos personales; capturas y anotaciones en el expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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