Maximiliano Vallejo Reyna
Expediente 166/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Maximiliano Vallejo Reyna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Se ordena el archivo.
- Principal
Causa ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 166/2019-L, promovido por ***********, por propio derecho, contra actos de la Legislatura del Estado de México y, otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado vía electrónica ante el Portal del Consejo de la Judicatura Federal, y recibido el trece de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Maximiliano Vallejo Reyna, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y de las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Legislatura del Estado de México. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de México. Actos reclamados El refrendo y emisión del Decreto Número 18, en el que se adiciona al artículo 47, la fracción III Bis y, al numeral 77, la fracción XI, ambos del Código Financiero para el Estado de México y Municipios; así como la adición del artículo 7.8 Ter y reforma al artículo 7.14, fracción II, ambos del Código Administrativo del Estado de México, y artículo Quinto Transitorio. Acto que estimó violatorio de sus derechos fundamentales previstos en los preceptos 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, por auto de quince de febrero de dos mil diecinueve se radicó la demanda bajo el expediente 166/2019-L, y se previno a la parte quejosa a efecto de aclarar su escrito de demanda. Previo desahogo, por auto de veintiocho de febrero del año en curso, se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, dándose la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional dio inicio a las diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de abril de dos mil diecinueve y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, y 107, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Lo anterior, toda vez que en el presente juicio la parte quejosa reclama la aprobación y refrendo de diversos artículos que fueron adicionados o reformados mediante el Decreto número 18, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, lo que reclama con motivo de su inicio de vigencia que puede ocurrir en el ámbito territorial en donde este juzgado ejerce su jurisdicción, ya que tal determinación tendrá aplicación en todos y cada uno de los municipios del Estado de México. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo fue promovida dentro del plazo de treinta días hábiles previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo . Luego, al reclamar la parte quejosa como norma autoaplicativa el refrendo y emisión del Decreto Número 18, en el que se adiciona al artículo 47, la fracción III Bis y, al numeral 77, la fracción XI, ambos del Código Financiero para el Estado de México y Municipios; así como la adición del artículo 7.8 Ter y reforma al artículo 7.14, fracción II, ambos del Código Administrativo del Estado de México, y artículo Quinto Transitorio, con motivo de su inicio de vigencia; el término para impugnarla corre a partir del día siguiente al en que entró en vigor. En tales condiciones, si el decreto que reclama fue publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho y conforme a su artículo Segundo Transitorio, entró en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve, el plazo de treinta días contó del dos de enero al catorce de febrero de dos mil diecinueve, debiéndose descontar de ese cómputo los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero, dos, tres, cuatro, cinco, nueve y diez de febrero, todos del año en curso, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que sí el quejoso presentó la demanda de amparo vía electrónica en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal en trece de febrero de dos mil diecinueve y recibido en esa misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el catorce de febrero de dos mil diecinueve, tal como se observa del sello de recepción y papeleta de turno, se considera que se encuentra dentro del plazo de treinta días que prevé la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo para su presentación. Por tanto, la demanda de amparo que dio origen a este juicio se presentó oportunamente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: El refrendo y emisión del Decreto Número 18, en el que se adiciona al artículo 47, la fracción III Bis y, al numeral 77, la fracción XI, ambos del Código Financiero para el Estado de México y Municipios; así como la adición del artículo 7.8 Ter y reforma al artículo 7.14, fracción II, ambos del Código Administrativo del Estado de México, y artículo Quinto Transitorio. Su ejecución. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la "LX" Legislatura del Estado de México y al Gobernador Constitucional del Estado de México, en razón de que la primera de la citadas autoridades al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le atribuye (fojas 38 a 62). De igual modo, deben tenerse por ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de México; lo anterior, pues si bien al rendir su informe precisó que no eran ciertos los actos reclamados, consistentes en el refrendo y la emisión del Decreto Número 18 de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho; sin embargo, precisó que en términos del artículo 77, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México promulgó y público el citado Decreto en el Gaceta de Gobierno del Estado de México, de ahí que se advierta la existencia del acto a dicha autoridad reclamado. Además, tales actos al constituir una norma de carácter general, su existencia no requiere de prueba, tal y como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, que lleva por rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". QUINTO. Causal de improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo prevé que el análisis de las causas de improcedencia deben efectuarse, de oficio, por ser de orden público, lo que implica que su estudio debe realizarse con independencia de que las partes propongan su actualización y en cualquier etapa del proceso. En el caso, se considera que respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables "LX" Legislatura del Estado de México y Gobernador Constitucional del Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que el quejoso no acreditó que los actos reclamados, consistentes en el refrendo y emisión del Decreto Número 18, en el que se adiciona al artículo 47, la fracción III Bis, al numeral 77, la fracción XI, ambos del Código Financiero para el Estado de México y Municipios; así como la adición del artículo 7.8 Ter, y reforma al artículo 7.14, fracción II, ambos del Código Administrativo del Estado de México, y artículo Quinto Transitorio, así como su ejecución, afecten su interés jurídico. Para sustentar lo anterior, debe tenerse en cuenta lo establecido por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, el artículo 6 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ley de Amparo Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los citados preceptos legales se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y, que ese interés resulte agraviado por la autoridad. Por otra parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, según se corrobora de su texto, que es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Lo anterior, permite observar que la Ley de Amparo establece que, para la procedencia del juicio, es requisito indispensable que el agraviado tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea afectado. Ahora bien, el denominado interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Sobre tal base, debe decirse que tratándose del juicio de amparo indirecto o biinstancial, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, este medio extraordinario de defensa procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio a la parte quejosa. Dichos actos son hipótesis en las que las condiciones en que se encuentre el gobernado pueden o no ajustarse exactamente. Esto es, puede suceder que por el solo hecho de que una norma de conducta entre en vigor agravie o perjudique a alguien por actualizar para éste determinadas obligaciones, de manera que su situación encaje exactamente en la hipótesis prevista abstractamente en dicha norma. Las normas de este tipo son las llamadas autoaplicativas y el afectado con ellas estará en aptitud, desde luego, de impugnarlas de inmediato desde el momento de su iniciación de vigencia. Sin embargo, puede acontecer que se trate de normas que delinean o estructuran simples abstracciones, hipótesis o supuestos en los que por el momento no encaja alguien, o cuando menos el quejoso, aunque es factible que éste quede comprendido en ellas posteriormente mediante un acto concreto de aplicación, supuesto en el cual se advierte la presencia de las denominadas normas heteroaplicativas. Entonces, para impugnar a través del juicio de amparo una norma de carácter general, debe hacerse necesariamente la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados. En la primera posibilidad (normas autoaplicativas), quien alega que la sola entrada en vigor de la ley afecta su esfera jurídica, tiene la obligación de demostrar fehacientemente que se encuentra en el supuesto previsto por la hipótesis contenida en la norma reclamada, pues sólo de esa manera creará plena convicción de que efectivamente, la sola vigencia de la ley le causa perjuicio. En el segundo supuesto (normas heteroaplicativas), el promovente del juicio tiene la carga de acreditar, también de manera irrefutable, el acto concreto de aplicación de la ley impugnada y que además esa aplicación le causa perjuicio, porque esto último constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa. Como es evidente, el presupuesto que permite analizar el aspecto sustantivo de una norma legal es que efectivamente haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica positiva o negativamente, ya sea por su sola vigencia o en su primer acto de aplicación; de modo que la interpretación en sentido contrario de la disposición en consulta permite concluir que el juicio de amparo es improcedente en contra de una norma que por su sola vigencia o con motivo de un acto concreto de aplicación, no causa perjuicio al particular. En relación con lo anterior, se tiene que los supuestos para considerar que una norma es de naturaleza autoaplicativa, son en esencia los siguientes: a) Que con su entrada en vigor cree, modifique o extinga una situación concreta de derecho, o se genere una obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer. b) Que esa nueva situación jurídica u obligación creada por la sola vigencia, vincule a personas determinadas por circunstancias concretas que las definen de manera clara, es decir, a individuos innominados pero identificados por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentren. c) Que el cumplimiento de esa obligación, o la sujeción a esa condición jurídica, no esté condicionada por la realización del algún acto de individualización de la norma, sino que sea suficiente que el gobernado reúna las condiciones, circunstancias y posición de los individuos a los que la norma vincula. De lo asentado, se concluye que el perjuicio de una norma que reúna tales características (autoaplicativa) surge desde su vigencia, porque obliga a someterse a determinada condición jurídica o a cumplir determinada obligación y, por ende, es válido sostener que es precisamente esa sujeción a las condiciones u obligaciones generadas por la ley, la que ocasiona perjuicio a los gobernados y da lugar al agravio personal y directo. Además, para acreditar el interés jurídico, cuando se trata de la procedencia del juicio de amparo en que se somete a control constitucional una disposición de carácter general, no basta que quien solicite la protección de la Justicia Federal afirme estar dentro de los supuestos de la norma o haber sido afectado con ella, pues incluso, siendo sujeto destinatario de la norma, si ésta requiere para su aplicación del previo cumplimiento de ciertas condiciones fácticas o de derecho para tener materialmente eficacia respecto a su destinatario, el juicio de amparo se tornará improcedente por falta de afectación. En ese sentido, al acudir a esta instancia, debe evidenciarse, de forma concreta y material, los supuestos de individualización de la norma en la esfera jurídica del particular, sea con motivo de su sola entrada en vigor o cuando se reclame como heteroaplicativa mediante la existencia de un acto concreto que imponga sus efectos. En el caso, el quejoso combate la adición de la fracción III Bis del artículo 47, XI, del artículo 77 del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, que establece las tarifas que deben pagarse por la renovación de las placas de circulación de acuerdo al tipo de vehículo, el servicio que presta y su capacidad de carga; además la reforma al artículo 7.14, fracción II y adición del artículo 7.8 Ter, estos últimos del Código Administrativo del Estado de México, así como el artículo Quinto Transitorio, y su ejecución, con motivo de su entrada en vigor, que establecen: 47. . III Bis. Realizar el trámite de renovación de placas dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de vencimiento, salvo en los casos en los que con motivo del robo, extravío, uso o deterioro deban reemplazarse antes del período citado. Artículo 77.- Por los servicios de control vehicular prestados por la Secretaría de Finanzas, que sean de su competencia, se pagarán los siguientes derechos: CONCEPTO TARIFA I . XI. Por la renovación de placas: A) Para vehículos de servicio particular. $751 B) Para vehículos particulares de carga comercial. $1,568 C) Para remolques: 1. Con capacidad de carga de hasta 1,000 Kgs. $1,959 2. Con capacidad de carga de 1,001 a 5,000 Kgs. $2,343 3. Con capacidad de 5,001 a 10,000 Kgs. $2,800 4. con capacidad de carga de 10,001 Kgs. en adelante $3,811 D) Para motocicleta, motoneta, trimoto y cuadrimoto. $559 E) Para auto antiguo $2,684 La vigencia de las placas de circulación será de cinco años contados a partir de la fecha de su expedición. Tratándose de los servicios previstos en las fracciones I, II, III, IV, V, VII y XI de este artículo, el pago tendrá una reducción del 50% cuando se trate de vehículos habilitados para personas con discapacidad y vehículos eléctricos. Artículo 7.8 Ter. La Secretaría de Finanzas cancelará de oficio la matrícula y la inscripción, respecto de aquellos vehículos destinados al transporte de uso particular cuya placa no se encuentre vigente conforme a lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios. En este supuesto, las autoridades de tránsito realizarán el retiro de las placas de circulación y envío de las mismas a la Secretaría de Finanzas, permitiendo por única ocasión la circulación del vehículo para traslado y resguardo del mismo por el infractor. Artículo 7.14.- . I. . II. Tramitar la matriculación, renovación de placas, baja de vehículos, cambio de propietario o reposición de tarjeta de circulación, así como dar aviso del cambio de domicilio, de motor y cualquier otra modificación, actualización del vehículo o de su propietario que altere el Registro Vehicular, ante la Secretaría de Finanzas o de Movilidad, según corresponda. ... En caso de que no se entreguen una o ambas placas de circulación o documento jurídico que acredite la falta o carencia de las mismas, se pagarán los aprovechamientos que autorice la Secretaría de Finanzas, por concepto de indemnización al erario del Estado, salvo en los casos en que se realice baja por robo de vehículo. III. a V. ... VI. Cumplir con las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que las autoridades en materia de movilidad determinen en función de la operación del Sistema Integral de Movilidad Sustentable. QUINTO. Las placas expedidas en los ejercicios 2015 y posteriores deberán renovarse el vencimiento de los cinco años contados a partir de su expedición. De lo expuesto, se desprende que la adicionada fracción III Bis del artículo 47 y XI, del artículo 77 del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, señalan, el primero, que deberán realizar el trámite de renovación de placas dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de vencimiento, salvo casos de excepción que deban realizarse con anterioridad; mientras que la segunda disposición refiere las tarifas que deben pagarse por la renovación de las placas de circulación de acuerdo al tipo de vehículo, el servicio que presta y su capacidad de carga. Por su parte, los numerales impugnados del Código Administrativo del Estado de México, refieren que la Secretaría de Finanzas cancelará de oficio la matrícula y la inscripción, respecto de aquellos vehículos destinados al transporte de uso particular cuya placa no se encuentre vigente conforme a lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, y que en ese supuesto, las autoridades de tránsito realizarán el retiro de las placas de circulación y envío de las mismas a la Secretaría de Finanzas, permitiendo por única ocasión la circulación del vehículo para traslado y resguardo del mismo por el infractor. Además de que deberá tramitar la matriculación, renovación de placas, baja de vehículos, cambio de propietario o reposición de tarjeta de circulación, así como dar aviso del cambio de domicilio, de motor y cualquier otra modificación, actualización del vehículo o de su propietario que altere el Registro Vehicular, ante la Secretaría de Finanzas o de Movilidad, según corresponda, y que en caso de que no se entreguen una o ambas placas de circulación o documento jurídico que acredite la falta o carencia de la placa, se pagarán los aprovechamientos que autorice la Secretaría de Finanzas, por concepto de indemnización al erario del Estado, salvo en los casos en que se realice baja por robo de vehículo. Finalmente el Quinto Transitorio, refiere que las placas expedidas en los ejercicios del año dos mil quince y posteriores deberán renovarse el vencimiento de los cinco años contados a partir de su expedición. En ese sentido, el Decreto número 18, en el que se adiciona la fracción III Bis del artículo 47, la fracción XI del artículo 77, ambos del Código Financiero para el Estado de México y Municipios; además, la adición del artículo 7.8 Ter y reforma al artículo 7.14, fracción II, ambos del Código Administrativo del Estado de México, y el artículo Quinto Transitorio, entraron en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve. Por otro lado, su artículo Tercero transitorio señala: TERCERO. Los contribuyentes propietarios de vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en el ejercicio fiscal 2013 y anteriores, deberán realizar la renovación de placas en los meses de julio a diciembre de 2019 conforme a las reglas que para tal efecto publique la Secretaría de Finanzas, informando a la Legislatura por conducto de las comisiones de planeación y gasto público y de finanzas públicas. Las reglas de operación se publicarán a más tardar el 30 de junio de 2019, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", con la finalidad de ser sujetos a los beneficios fiscales que determinen a su favor en caso de regularización de adeudos pudiendo ser de hasta el cien por ciento de condonación, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2019. El precepto transitorio transcrito establece que los contribuyentes propietarios de vehículos de servicio particular que porten placas de circulación del Estado de México, expedidas en el ejercicio fiscal dos mil trece y anteriores, deberán realizar la renovación de placas en los meses de julio a diciembre de dos mil diecinueve, acorde a las reglas que para tal efecto publique la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, informando a la Legislatura Estatal, por conducto de las comisiones de planeación y gasto público, y de finanzas públicas. Las reglas de operación se publicarán a más tardar el treinta de junio de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". Por tanto, en términos del referido artículo tercero transitorio, la obligación de acatar el decreto que por esta vía combate el quejoso, se encuentra condicionado a las reglas que para tal efecto publique la Secretaría de Finanzas, las que se publicarán a más tardar el treinta de junio de del año en curso, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". De ahí, que hasta la emisión de ésta sentencia, dicho decretó no lesiona la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que se encuentra supeditado a las reglas que para tal efecto publique, la Secretaría de Finanzas, pues a partir de ese momento es cuando puede afectar su esfera jurídica, al imponerle a los propietarios de vehículos con placas de circulación del Estado de México, expedidas en el ejercicio fiscal dos mil trece y años anteriores, la obligación de renovar las placas en los meses de julio a diciembre de dos mil diecinueve. Máxime, que el quejoso durante el trámite del presente juicio de amparo no acreditó de forma fehaciente que haya hecho pago alguno por concepto de renovación de placas; menos, que alguna autoridad competente le haya requerido pago en ese sentido, pues la obligación de esa renovación será hasta en tanto la Secretaría de Finanzas publique las reglas para tal efecto, lo que en su caso, ocurrirá a más tardar el treinta de junio de del año en curso. Al margen, debe mencionarse que la pretendida regularización mediante renovación de placas de circulación, tiene como objeto -según lo establecido en la exposición de motivos de la iniciativa del decreto dieciocho que ahora se cita, la regularización del padrón vehicular en el Estado de México, mediante su aplicación a los propietarios de vehículos cuyas placas de circulación tengan una antigüedad de cinco años o mayor (en una primera etapa, aplicable a los vehículos que porten placas de circulación expedidas en el ejercicio fiscal dos mil trece y anteriores, lo que irá de manera sucesiva), a fin de lograr una actualización del registro estatal de vehículos, con el consiguiente beneficio en materia de seguridad patrimonial y de seguridad pública para los tenedores o usuarios de vehículos en el Estado de México, que ello implica. Ahora bien, el quejoso acude al amparo aduciendo ser propietario del vehículo automotor, marca Volkswagen Up!, modelo 2017, NIV 9BWAG4128HT507932, placas de circulación MXE9504, matriculado en el Estado de México, de ahí que con ello, dice, le genera perjuicio el Decretó Número 18 que ahora reclama. En ese tenor, si bien el Decreto Número 18 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y del Código Administrativo para el Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, específicamente, por lo que se refiere a la adición de la fracción III Bis del artículo 47 y, XI del artículo 77 del Código Financiero en mención, la adición al artículo 7.8 Ter y reforma al artículo 7.14, ambos del Código Administrativo del Estado de México, así como el Quinto Transitorio, se tratan de disposiciones generales autoaplicativas que con su sola vigencia inciden en la esfera jurídica de los sujetos a los que está dirigida, lo cierto es que no afecta a todos los gobernados en general, sino sólo a un grupo determinado de individuos, a saber, los propietarios de vehículos cuyas placas de circulación fuesen expedidas y tengan una antigüedad de cinco años, por lo que en su primera etapa es de placas de dos mil trece y anteriores, pues no puede obligarse a esa renovación a quien no es propietario de algún vehículo matriculado en esta entidad federativa, cuyas placas de circulación se hubiesen expedido con anterioridad al inicio de vigencia de dicha norma y que tengan antigüedad de cinco años. En ese tenor, para efectos de que Maximiliano Vallejo Reyna acreditara su interés jurídico para acudir al amparo contra dicha normativa, era necesario que demostrara ser propietario de un vehículo matriculado en el Estado de México, cuyas placas de circulación hubiesen sido expedidas con anterioridad al inicio de vigencia de la norma que aquí reclama y con una antigüedad mayor de cinco años, es decir, expedidas en el año dos mil trece y anteriores, con la finalidad de probar que se ubica en el citado supuesto normativo, y que por ello se pueda estimar que se vulnera, con su sola entrada en vigor, un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que los preceptos que en amparo reclama le causan un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. No obstante lo antes ya resuelto, a fin de acreditar su interés jurídico, el quejoso no ofreció prueba alguna para tal efecto, ya que no exhibió ningún documento con el que acredite la existencia del vehículo que refiere y menos que sea de su propiedad. En efecto, el quejoso no ofreció pruebas para acreditar la afectación a su interés jurídico y demostrar los extremos pretendidos en relación a que la entrada en vigor de la normativa reclamada le genera perjuicio por ser destinatario de ésta. Así, se concluye que el solicitante del amparo no acompañó ninguna prueba para acreditar que se ubica en el supuesto de la norma que mediante este juicio de amparo reclamó, pues como se expuso, para demostrar el interés jurídico con que pretendió acudir a este juicio, debió acreditar que es propietario de un vehículo matriculado en el Estado de México, cuyas placas de circulación hubiesen sido expedidas con anterioridad al inicio de vigencia de la disposición que nos ocupa. Por esa razón, la sola entrada en vigor del decreto número 18, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, específicamente, por lo que se refiere a la adición de la fracción III Bis del artículo 47, y la fracción XI, adición del artículo 7.8 Ter y reforma al artículo 7.14, fracción II del citado código, así como el Quinto Transitorio, no le genera una afectación en su esfera jurídica. Lo anterior porque, como ya se dijo, para que la acción constitucional sea procedente contra ordenamientos generales autoaplicativos (es decir, cuando se impugnan por su sola entrada en vigor), no basta con que tal norma inicie su vigencia, sino que es necesario que se demuestre que la parte solicitante de amparo se encuentra en el supuesto de las normas que pretende impugnar, pues sólo así se podrá concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta sus intereses. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto dicen: AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio. Entonces, correspondía al quejoso demostrar que la norma reclamada le generó un perjuicio en su esfera jurídica, persona o patrimonio, acreditando fehacientemente que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico. De ahí que, como no probó ser propietario de un vehículo matriculado en el Estado de México, y menos aún cuyas placas de circulación, en su caso, hubiesen sido expedidas con anterioridad al inicio de vigencia de la disposición reclamada (es decir, destinatario de la ley que aquí combate) no se actualiza el principio de procedencia del amparo relativo al agravio personal y directo, porque no existe interés jurídico para acudir a este medio de control constitucional. Afirmación que se sustenta en la jurisprudencia 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto que a continuación se cita: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Por todo lo anterior, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo. SEXTO. Orden de publicación. Conforme a la diversa circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en l presente juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. Captura de sentencia. De conformidad con el Titulo Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), Capítulo Cuarto (sentencia y tesis), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y, fundado; se: R E S U E L V E. PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 166/2019-L, promovido por ***********, en contra de los actos que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de México y "LX" Legislatura del Estado de México; consistentes en el refrendo y emisión del Decreto Número 18, en el que se adiciona al artículo 47, la fracción III Bis, al numeral 77, la fracción XI, del Código Financiero para el Estado de México y Municipios que establece las tarifas que deben pagarse por la renovación de las placas de circulación de acuerdo al tipo de vehículo, el servicio que presta y su capacidad de carga, con motivo de su inicio de vigencia; además la adición del artículo 7.8 Ter y reforma al artículo 7.14, fracción II, ambos del Código Administrativo del Estado de México, así como el artículo Quinto Transitorio y, su ejecución; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de esta resolución. Notifíquese: vía electrónica al quejoso, por lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio... SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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