Maximiliano Sánchez Mendoza

Expediente 1116/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 35 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1116/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Maximiliano Sánchez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese la promoción de la parte quejosa atento a su contenido de devolución de documentos, dígase que deberá de estarse a lo acordado en proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós. Asimismo, como lo solicita con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse las copias solicitadas, las que serán entregadas previa razón de recibo que se deje en autos, de las personas que indica. En el entendido que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy el quejoso no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto al quejoso, ya que fue a éste a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Finalmente, como en el presente asunto obran diversos documentos originales, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 18, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1116/2021-VI; R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, recibido el veintiocho de octubre siguiente en este Juzgado de Distrito, Maximiliano Sánchez Mendoza, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Trámite de la demanda. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: a) Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 81/2008, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, promovido por Isael Puntos Carbajal, contra Federico Hernández Montoya y Jorge Hernández Galicia, incluyendo la sentencia definitiva de veintitrés de abril de dos mil ocho, que declaró procedente la usucapión en favor de la parte actora y su ejecución, ello con motivo de la falta de emplazamiento del quejoso dentro de ese juicio. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Juez y Notificador adscritos al Juzgado Tercero Civil de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, pues así se desprende del contenido de su informe justificado; por tanto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los mismos. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable citada en primer término, en apoyo a su informe con justificación consistente en copias certificadas del expediente 81/2008, relativo al juicio ordinario civil (usucapión), a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito advierte que con respecto a los actos reclamados por el quejoso Maximiliano Sánchez Mendoza, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos preceptos 5°, fracción I y 6°, ambos de la Ley de Amparo. La fracción XII del aludido numeral 61 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso, por lo que el concepto de "afectación al interés jurídico" se ha determinado como una condición imprescindible para la procedencia del juicio constitucional, de tal manera que en caso de no ser demostrada aquélla, torna improcedente el juicio de amparo promovido. Tal concepto presupone la existencia precisamente de éste último, entendido como un derecho legítimamente tutelado que se afecta o lesiona con la emisión del acto reclamado. A fin de comprender con mayor claridad qué se entiende por interés jurídico para los efectos del amparo, es pertinente tomar en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia I. 1o.A.J/174 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Entonces, para solicitar la protección de la Justicia de la Unión el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre su interés jurídico con motivo de un acto de autoridad. Del criterio trascrito se advierte lo siguiente: 1. El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. 2. El acto de autoridad debe de incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. 3. No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan el medio para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En el caso concreto, el impetrante se ostenta como tercero extraño al juicio ordinario civil 81/2008, del índice del Juzgado Tercero Civil de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo que se encuentra acreditado con las documentales públicas allegadas por el Juez responsable, de las que se evidencia que efectivamente Maximiliano Sánchez Mendoza no participa en el procedimiento del que emanan los actos reclamados, ya que no es parte procesal en el mismo ni tampoco se advierte que haya comparecido a defender algún derecho en esa instancia previo al dictado de la sentencia cuya ejecución se reclama. Por ello, a fin de lograr que se analice la constitucionalidad de los actos que reclama, debe, en primer término, acreditar que las actuaciones emanadas de tal juicio ocasionan en su esfera jurídica un agravio actual, inmediato y directo esto es, afectar su interés jurídico. Ahora, el agraviado aduce esencialmente que la autoridad responsable omitió emplazarla al juicio de origen, lo que implica la violación en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es importante apuntar que cuando en un juicio de amparo se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural y es promovido por quien tiene el carácter de tercer extraño, como acontece en la especie, el juicio de amparo e improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Le de Amparo, pues es evidente que el acto reclamado no afecta s interés jurídico, ya que, como se dijo, el amparista es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generado del acto reclamado, por lo que no le causa ningún agravio personal y directo. Sustenta esta determinación la jurisprudencia VI.2o.C. J/254 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de contenido: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Por otro lado, si el quejoso se duele de la adjudicación a favor del actor en el juicio de origen del bien inmueble ubicado en el lote 58, manzana 2, en el poblado de Tepalcapa, colonia Francisco Villa, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, resulta necesario que demuestre tener un derecho jurídico tutelado sobre el mismo; es decir, es absolutamente necesario que acredite contar con un derecho de propiedad o posesión, sustentado en alguna de las figuras legales previstas para tal efecto. A fin de acreditar tal extremo, el amparista exhibió como pruebas las siguientes: a) Impresión fotográfica de la escritura pública número 4,551 (cuatro mil quinientos cincuenta y uno), volumen 209, de veintidós de febrero de mil novecientos setenta y dos, del índice de la Notaría Pública número 3 del entonces Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que contiene donación gratuita concedida a Federico Hernández Montoya. b) Copia cotejada del contrato privado de compra venta de veinte de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, celebrado entre Maximiliano Sánchez Mendoza en su carácter de comprador y Federico Hernández Montoya, como vendedor; misma que se encuentra inserta en las copias de traslado con que fuera emplazado a diverso juicio ordinario civil, sobre acción reivindicatoria 402/2021, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. c) Instrumentales de actuaciones. d) Presuncional legal y humana. Sin embargo, a criterio de quien esto juzga, tales pruebas se estiman insuficientes para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, en el presente juicio de amparo, virtud que únicamente evidencian presuntivamente que el peticionario de amparo adquirió el bien raíz que pretende defenderse, a través de un contrato privado de compra venta celebrado con Federico Hernández Montoya y éste obtuvo la propiedad por medio de una donación concedida por el Gobierno del Estado de México. En efecto, la primera de ellas se ofreció en copia simple, por lo cual carece de valor probatorio pleno, ya que al tener esa calidad sólo genera una mera presunción de la existencia del documento que reproduce, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Ello deriva de que la copia fotostática es una simple reproducción de documentos, por lo que existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Además, la copia cotejada del contrato privado de compra venta de veinte de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, tampoco es viable para demostrar que los actos combatidos afectan su interés jurídico, ya que, si bien es de fecha cierta a partir del uno de septiembre de dos mil veintiuno, data en que la secretaria judicial del Juzgado Segundo Civil en Cuautitlán Izcalli cotejó las documentales con que corrió traslado al demandado en el juicio ordinario civil 402/2021, es evidente que la certeza de su celebración se obtiene con posterioridad a la emisión de los actos reclamados en el juicio de origen, esto es, veintitrés de abril de dos mil ocho, fecha en que se dictó sentencia en el sumario natural y se adjudicó el bien materia de la litis a favor de Isael Puntos Carbajal. Al respecto, es necesario señalar que el concepto de fecha cierta tiene como finalidad que en el juicio de amparo se demuestre la existencia de un derecho derivado de un acto contenido en un documento privado, para estimar que ese derecho existió con anterioridad al acto reclamado. En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, que contiene un contrato en el que se consignó un acto, es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes; de ahí que, si bien es cierto, el quejoso aportó un contrato de compra venta, suscrito el veinte de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, tal documento adquirió fecha cierta hasta después de la existencia de los actos reclamados, por lo cual es insuficiente para acreditar su interés jurídico sobre el bien inmueble que defiende para efectos de este juicio de amparo. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 1a/J 33/20106, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." No se inadvierte que si bien las documentales señaladas generan un indicio respecto a que el quejoso detenta la posesión del bien inmueble objeto del contrato de compra venta que en el juicio de origen se debatió, lo cierto es que los mismos resultan insuficientes, puesto que no justifican que la posesión material que ostenta derive de un acto traslativo de dominio o posesorio sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas y verificado con anterioridad a los actos reclamados, el cual le otorgue un derecho sobre el inmueble que pueda ser defendible a través del presente juicio de amparo. En las relatadas condiciones, al configurarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de ese cuerpo normativo. Bajo esa línea, el sobreseimiento debe hacerse extensivo a los actos atribuidos a las autoridades responsables ejecutoras, al no combatirse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Asimismo, virtud del sobreseimiento decretado no es posible examinar el concepto de violación planteado, como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo antes expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Maximiliano Sánchez Mendoza, por derecho propio, por los motivos y fundamentos expresados en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio proveniente de la Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que, atento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional el once de julio de los actuales, informa que no localizó precedentes respecto de alguna denuncia de juicio sucesorio a nombre del tercero interesado ...; sin que ese estime necesario efectuar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud que por acuerdo de diecinueve de julio anterior, se tuvo rendido el informe solicitado y se proveyó lo conducente. Notifíquese.

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