Maximiliano Quiñonez Juárez

Expediente 854/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
854/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Maximiliano Quiñonez Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que conste como legalmente corresponda el oficio de cuenta, atento a su contenido, téngase al Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, informando el contenido del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, relativo a la admisión a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso *******, en contra de la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio de amparo 854/2022, el cual se registró en el referido tribunal como amparo en revisión 232/2023, de lo cual toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obran agregadas las notificaciones realizadas a las partes, respecto de la sentencia de veintisiete de abril del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo, así como las del recurso de revisión interpuesto por el quejoso *******. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de nueve de mayo del año en curso, al encontrarse debidamente integrado el recurso de revisión, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se aperture, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo y el escrito de expresión de agravios, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el escrito signado electrónicamente por el quejoso *******; y atento a su contenido, téngase al promovente interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de abril del año en curso, en este asunto. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el escrito que se atiende, con copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación de esa adscripción, así como el expediente original del presente juicio de amparo, para la sustanciación del referido medio de impugnación. Notifíquese por lista electrónica, personalmente al agente del Ministerio Público adscrito, y por oficio a las autoridades responsables, haciéndoles entrega de copia simple del escrito que se atiende. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia En Ciudad Juárez, Chihuahua a veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 854/2022-VI, promovido por *******. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el catorce de septiembre de dos mil veintidós, recibido en este juzgado, el diecinueve siguiente, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1º, 14, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo 854/2022-VI, se previno al quejoso a fin de que señalara con precisión el acto que de cada autoridad reclamaba y expresara la protesta prevista en el artículo 3, fracción VI, de la Ley de Amparo; y una vez hecho lo anterior, el veintitrés siguiente, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la totalidad de las partes y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la totalidad de constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1.- A la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, y Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua: La aprobación y promulgación del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, aprobado en la sesión número 39 de diecisiete de octubre de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 35, el dos de mayo de dos mil quince; y específicamente el artículo 184, del referido reglamento, reformado mediante el Acuerdo número 138/2021, publicado en el Periódico Oficial número 86, el siete de octubre de dos mil veintiuno. 2.- A la Tesorera, Directora de Ingresos de la Tesorería, Director General de Seguridad Vial de la Secretaria de Seguridad Pública y Policía Vial adscrito a la Coordinación General de Seguridad Vial de la Secretaria de Seguridad Pública, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua. La aplicación de la normatividad impugnada, a través de la boleta de infracción *******. Tercero. Inexistencia. La Tesorera Municipal y la Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal, así como el Director General de Seguridad Vial de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, negaron la existencia del acto de aplicación reclamado, argumentando que no se encontraba dentro de sus facultades la elaboración de dicha infracción de tránsito, ni el cobro de la multa respectiva. Lo anterior, sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas. En razón de lo antes expuesto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado a dichas autoridades; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, y el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre, al rendir informe justificado, convinieron en la certeza de los actos reclamados, en el ámbito de sus respectivas competencias. Además, la existencia del reglamento reclamado, se tiene por acreditada; pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de esta juzgadora, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Asimismo, el Policía Vial de la Coordinación General de Seguridad Vial de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, al rendir informe justificado, manifestó que era cierto el acto reclamado, adicionado lo siguiente: Que el día 11 de julio del 2022, estando el suscrito haciendo mis labores de patrullaje y en aplicación del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez; me percate que el conductor de un vehículo marca *******, placas ******* que circulaba por la calle ******* de esta Ciudad, venía conduciendo al tiempo que hablaba por teléfono celular; por lo que le solicite al conductor que detuviera su marcha y habiéndose detenido me identifique plenamente y le informe al conductor que el motivo por el que había solicitado que detuviera su vehículo era porque su conducta constituía la causa violatoria número 79B que señala USAR CELULAR O APARATO EN CIRCULACION, la cual se encuentra establecida como motivo de infracción contemplado en el artículo 88 fracción XX del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez, le solicite su licencia de conducir para efecto de identificarla, en ese momento me percaté que el nombre del conductor era *******, por lo que en los términos del artículo 183 del Reglamento previamente citado procedí a elaborar la boleta de infracción número ******* . Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados ante esta instancia constitucional. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, la suscrita estima que respecto al acto de aplicación de la normatividad impugnada, consistente en la boleta de infracción *******, elaborada por el Policía Vial adscrito a la Coordinación General de Seguridad Vial de la Secretaria de Seguridad Pública del Municipio de Juárez; se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.. En primer término, se considera pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a), y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta, que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interpongan los quejosos, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hubiesen recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Siendo oportuno, por la estrecha relación que guarda con lo antes plasmado, invocar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, Tomo XXVII, Página 7, que reza: AMPARO. Siendo el amparo un remedio constitucional extraordinario, es conforme a su esencia y naturaleza, que sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico, no puede acudirse a 'l, cuando en el orden común exista todavía un remedio legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando al perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, (y este es el caso del artículo 10 de la Ley Agraria), o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede; y si el perjuicio se consiente por no usar de los medios legales que establece el estatuto del acto, tampoco se está ya capacitado para pedir el amparo, puesto que el consentimiento del perjuicio purga el acto del vicio legal, y al que lo consintió no se le priva de derecho alguno; no obsta a lo dicho, que la Constitución General y la Ley de Amparo, hayan adoptado ese criterio expresamente para asuntos judiciales, porque de ello no se deduce que prohíba adoptarlo para asuntos administrativos, pues donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, tanto más, cuanto que en ningún texto de la Constitución, consta que se haya establecido esa excepción. En efecto, uno de los principios fundamentales en que se sustenta la acción constitucional de amparo, es el de definitividad, que parte de la premisa fundamental, de que el acto reclamado esté revestido de firmeza, en la medida en que no sea factible impugnarlo a través de un recurso ordinario o medio de defensa, que tenga por objeto revocarlo, anularlo o modificarlo; lo que conlleva la obligación de que además de impugnarlo, al hacerlo se aleguen, todas las irregularidades que se adviertan, so pena de que, lo ahí no hecho valer como motivo de impugnación, ya no es factible invocarlo en el juicio de amparo. Robustece tal consideración, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, junio de 2004, visible en la página 1432, que dice: DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. También, tiene aplicación la tesis I.6º.C.J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Al respecto los artículos 191, 192, 192 Bis, 193 y 198 del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, disponen lo siguiente: DE LA REVISIÓN DE INFRACCIONES ARTÍCULO 191.- El probable responsable de una infracción a la Ley y este Reglamento, o el tercero interesado podrá acudir dentro de los diez días hábiles siguientes a la comisión de la misma, ante el Oficial Calificador, a fin de alegar lo que a su derecho corresponda, recibida su solicitud de inconformidad, o en su caso, la comparecencia, se fijará el día y hora determinado para la audiencia, para ser escuchado por la autoridad calificadora quien procederá en la audiencia a: Citar a la persona probable responsable o al tercero interesado, así como al Policía Vial que haya impuesto la infracción, cuando menos con 48 horas de anticipación a la celebración de la audiencia; La audiencia será dirigida por la Jueza o el Juez Cívico y se desarrollara oralmente, por lo que las argumentaciones y promociones de las partes nunca serán por escrito. Las audiencias serán video grabadas y se podrá solicitar copia del audio y video a costa de la parte interesada; Al inicio de la audiencia, la persona inconforme con asistencia de un defensor particular o municipal hará una exposición de los hechos que motivaron el medio de impugnación, enseguida se dará el uso de la voz al Policía Vial quien contará con asesoría del Fiscal Cívico Municipal y podrán hacer uso del derecho de réplica; Recibir los elementos de prueba que se aporten y que sean lícitos y pertinentes, pudiendo ordenar la práctica de cualquier diligencia solicitada por el oferente que le permita esclarecer la verdad del caso a su conocimiento; pudiendo interrogar a los involucrados en el hecho sometido a su conocimiento; Se deroga. El debate y el desahogo de pruebas se realizarán bajo los principios rectores del procedimiento previsto en el Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez. Ninguna de las partes podrá retirarse de la audiencia sin permiso de la persona Juzgadora, en caso de retirarse, se procederá en los mismos términos que lo previsto en las fracciones XIII y XIV de este artículo, según sea el caso; El debate será público y oral, pero la persona que resuelva el recurso podrá ordenar excepcionalmente, que se desarrolle a puerta cerrada, total o parcialmente, cuando: Pueda afectar la integridad física o la privacidad de cualquiera de los que intervengan en la audiencia. El orden público o la seguridad del Estado puedan verse afectados; Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible; y Esté previsto específicamente en este reglamento o en otra ley. Se deroga. Formular las preguntas que estime pertinentes, tanto a las personas que se hubiesen presentado como a los testigos que asistan a la audiencia; Se deroga. La audiencia podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión; La persona Juzgadora dictará y notificará la resolución que en derecho corresponda en la propia audiencia, surtiendo sus efectos ese mismo día; En caso de que la persona inconforme o el tercero interesado no comparezcan sin causa justificada a la audiencia, en la fecha y hora que les fue señalada, se declarará desierta la instancia; En caso de que el Policía Vial que aplicó la infracción no comparezca sin causa debidamente justificada a la audiencia, en la fecha y hora que le fue señalada, se absolverá al inconforme de las sanciones y sus consecuencias -en caso de existir-. Al Policía Vial que no acuda a la audiencia, se le sancionara con multa de 5 a 50 Unidades de Medida y actualización (UMA); Tratándose de cancelación o modificación de multas y sus consecuencias -en caso de existir-, la persona Juzgadora girará el oficio correspondiente a la persona Titular de la Tesorería Municipal o cualquier otra dependencia municipal u organismo descentralizado, según sea el caso, para su ejecución. ARTICULO 191 BIS.- Cuando la persona probable infractora o el tercero interesado acredite fehacientemente con la documentación y/o diligencia pertinente ante la persona Juzgadora, el cumplimiento de los supuestos previstos por los artículos 87 y 225 de este ordenamiento o la falta de requisitos de validez del acto de molestia -BOLETA DE INFRACCIÓN-, podrá emitir la resolución correspondiente, sin necesidad de llevar a cabo la audiencia de ley. ARTÍCULO 192.- Serán principios reguladores del procedimiento ante el Juez Cívico, los siguientes: Finalidad del Procedimiento.- El procedimiento de revisión tiene por objeto establecer la verdad histórica, garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia de la aplicación de la infracción, para contribuir a restituir la armonía social y la seguridad vial entre sus protagonistas, en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas. Se entenderá por derechos fundamentales a los reconocidos en las Constituciones Federal y Local, en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en las leyes que de aquellas emanen. Debido Proceso.- La persona probable infractora podrá ser sancionada en los términos del presente reglamento, si se determina su responsabilidad mediante resolución firme, obtenida luego de un procedimiento seguido con observancia estricta de las garantías y derechos previstos para las personas en las Constituciones Federal y Local, en los Tratados Internaciones ratificados por el Estado Mexicano y en las leyes que de ella emanen Principios Rectores.- En el procedimiento de revisión se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, en las formas que este Reglamento determine. Los principios, derechos y garantías previstos por este reglamento serán observados en todo proceso como consecuencia del cual pueda resultar una sanción administrativa. Presunción de Inocencia.- La persona probable infractora deberá ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del proceso, mientras se declare su responsabilidad por resolución firme, conforme a este reglamento. En caso de duda, se estará a lo más favorable para la persona probable infractora. En la aplicación de este Reglamento son inadmisibles las presunciones de responsabilidad. Justicia Pronta. Toda persona tendrá derecho al procedimiento de revisión y a que se le resuelva en forma definitiva acerca de la responsabilidad que recae sobre ella, dentro de los plazos que establece este reglamento. Se reconoce a la o el infractor, el derecho a exigir pronto despacho frente a la inactividad de la autoridad. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Las autoridades deberán tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones sobre la base de la nacionalidad, género, origen étnico, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias. Igualdad entre las Partes. Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, en el pleno e irrestricto ejercicio de las facultades y derechos previstos en las Constituciones Federal y Local, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, así como en este reglamento. Corresponde a las Juezas y los Jueces Cívicos preservar el principio de igualdad procesal y despejar los obstáculos que impidan su vigencia o la debiliten. Objetividad y deber de decidir. Las Juezas y Jueces Cívicos deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento, y no podrán abstenerse de decidir, bajo cualquier pretexto, aun cuando sea el de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión. Si lo hicieren. Se harán acreedores a las sanciones correspondientes. Para tal efecto, presidirán y presenciarán en su integridad el desarrollo de las audiencias, y por ningún motivo podrán delegar sus funciones. Desde el inicio del procedimiento y al largo de su desarrollo, las Juezas y los Jueces Cívicos deberán consignar en sus actuaciones y valorarán en sus decisiones no solo las circunstancias perjudiciales, sino también las favorables para la persona probable infractora. Las Juezas y los Jueces Cívicos no podrán mantener, directa o indirectamente, comunicación con la persona probable responsable de la comisión de una infracción a la Ley y este Reglamento o sus defensores, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todos ellos y del Fiscal Cívico. Fundamentación y Motivación de las Decisiones. Las Juezas y los Jueces Cívicos están obligados a fundar y motivar sus decisiones. La simple relación de las pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de las partes o de afirmaciones dogmáticas o formulas genéricas o rituales, no reemplaza en caso alguno a la fundamentación ni a la motivación. El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión infundada o inmotivada, conforme a lo previsto en este reglamento. No existe motivación cuando se hayan inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. Legalidad de la Prueba. Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos e incorporados al proceso del modo que autoriza este reglamento. No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas, o violación de los derechos fundamentales de las personas. Valoración de la Prueba. Las pruebas serán valoradas por las Juezas y los Jueces Cívicos de forma libre y lógica. De las Resoluciones. Las Juezas y los Jueces Cívicos dictaran sus determinaciones en forma de resolución y autos. Dictarán resoluciones para poner fin al proceso y autos en todos los demás casos. Las resoluciones administrativas deberán señalar el lugar y la fecha en que se dictaron. Las resoluciones que constituyan actos de molestia y sean dictadas verbalmente en audiencia deberán ser transcritas inmediatamente después de concluida esta. La transcripción deberá ser fiel y exacta y, en caso de existir contradicción deberá estarse al registro de la audiencia. Deber de Lealtad y Buena Fe. Las partes deberán litigar con lealtad y buena fe, evitando los planteamientos dilatorios meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este reglamento les concede. Las Juezas y los Jueces Cívicos velarán por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. ARTÍCULO 193.- Una vez recibido el escrito de revisión, la Jueza o el Juez Cívico comisionado a la Coordinación General de Seguridad Vial, que conozca del asunto, expedirá al inconforme, el acuse respectivo para efectos de que justifique, durante todo el tiempo que dure el procedimiento, el adeudo pendiente consecuencia de la sanción aplicada y que se encuentra sujeta a revisión; Por lo que no se podrá contemplar como adeudo vehicular hasta en tanto no recaiga una resolución firme. DE LOS RECURSOS ARTÍCULO 198.- Contra los actos y resoluciones que emanen de las Autoridades de la Coordinación General de Seguridad Vial, de las Juezas y los Jueces Cívicos comisionados al CERECITO o a la Coordinación General de Seguridad Vial, vinculados con los procedimientos de este ordenamiento, los interesados podrán interponer el recurso de inconformidad dentro de los términos y con el procedimiento fijado por el Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. De los preceptos normativos trascritos con antelación se desprende que el probable responsable de una infracción a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez o su Reglamento, o el tercero interesado, podrán acudir dentro de los diez días hábiles siguientes a la comisión de la misma, ante el Oficial Calificador, a fin de alegar en audiencia ante la autoridad calificadora, lo que a sus intereses convenga. Asimismo, se establece que cuando la persona probable infractora o el tercero interesado acredite fehacientemente con la documentación y/o diligencia pertinente ante la persona Juzgadora, el cumplimiento de los supuestos previstos por los artículos 87 y 225 de ese ordenamiento o la falta de requisitos de validez del acto de molestia -BOLETA DE INFRACCIÓN-, podrá emitir la resolución correspondiente, incluso sin necesidad de llevar a cabo la audiencia de ley. De igual forma, se desprende que una vez recibido el escrito de revisión, la Jueza o el Juez Cívico comisionado a la Coordinación General de Seguridad Vial, que conozca del asunto, expedirá al inconforme, el acuse respectivo para efectos de que justifique, durante todo el tiempo que dure el procedimiento, el adeudo pendiente consecuencia de la sanción aplicada y que se encuentra sujeta a revisión; y que no se podrá contemplar como adeudo vehicular hasta en tanto no recaiga una resolución firme. También, dentro de dicha normatividad se contemplan los principios reguladores del procedimiento ante el Juez Cívico. Del mismo modo, el numeral 198 dispone que contra los actos y resoluciones que emanen de las Autoridades de la Coordinación General de Seguridad Vial, de las Juezas y los Jueces Cívicos comisionados al CERECITO o a la Coordinación General de Seguridad Vial, vinculados con los procedimientos de ese ordenamiento, los interesados podrán interponer el recurso de inconformidad dentro de los términos y con el procedimiento fijado por el Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. En esas condiciones, se evidencia que Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, contempla medios de impugnación a disposición de los infractores o terceros interesados, para combatir tanto infracciones a la citada Ley o su Reglamento, como los actos y resoluciones que emanen de las Autoridades de la Coordinación General de Seguridad Vial, de las Juezas y los Jueces Cívicos comisionados al CERECITO o a la Coordinación General de Seguridad Vial, vinculados con los procedimientos de ese ordenamiento. En ese tenor el Pleno de este Decimoséptimo Circuito al resolver la contradicción de tesis 9/2019, consideró lo siguiente: 38. El artículo 61, fracción XX, primer párrafo, de la Ley de Amparo,(9) establece que contra actos distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que se puedan suspender los efectos de dichos actos, sin mayores requisitos de los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. 39. La fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis para que el juicio de garantías sea improcedente, primera: que el acto reclamado sea revisable de oficio conforme a la ley que lo rige y, segunda, que contra dicho acto proceda un medio de defensa legal ordinario a virtud del cual pueda ser modificado o nulificado, en este caso, siempre que conforme a la ley se suspendan los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. 40. Los (sic) artículos 15, fracciones I y II,(10) 16, párrafo primero(11) y 17, inciso a),(12) de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, se desprende que a efecto de vigilar el cumplimiento de la ley y sus reglamentos, el ordenamiento legal en consulta estableció a cargo de los oficiales diversas obligaciones, entre las que se encuentran las relativas a conocer y hacer constar las infracciones a las disposiciones en materia de vialidad y tránsito, para lo cual deben levantar las boletas correspondientes con el objeto de que se apliquen las sanciones que procedan; mientras que a los oficiales calificadores les confirió, propiamente, la facultad de dictar las medidas y sanciones aplicables a las infracciones. 41. Es decir, mientras que a los oficiales de tránsito compete hacer constar las infracciones en las boletas que al efecto levanten, corresponde a los oficiales calificadores imponer las sanciones relativas, en la especie multa y trabajo a favor de la comunidad, esto a través del procedimiento que se prevé en el título VIII, capítulo I, del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua. 42. Así, es claro que la boleta en la que se hizo constar la infracción no es un acto definitivo, sino más bien una notificación a través de la cual se hizo saber al presunto infractor la infracción a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua que cometió, según el oficial de tránsito, así como las sanciones que este ordenamiento prevé, ello con la finalidad de que posteriormente acuda ante el oficial calificador, quien resolverá, en definitiva. 43. En efecto, el artículo 92(13) de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado (sic) para el Estado de Chihuahua, establece que el probable responsable de una infracción a la indicada ley, podrá acudir ante el oficial calificador a alegar lo que a su derecho corresponda; sustanciará el procedimiento, respetando la garantía de audiencia, previa a la emisión de la resolución correspondiente. 44. Así, del artículo 99(14) de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, se desprende que la boleta constituye el medio a través del cual se notifica al presunto infractor la falta que cometió a disposiciones de la ley o del reglamento de la materia, de ahí que dicho documento debe contener la precisión de las razones que la motivan. 45. Y si bien al reverso se reproduce el tabulador que se consigna en el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, en el que se establece un mínimo y un máximo en veces de salario mínimo general vigente en el Municipio de la sanción a imponer; lo cierto es que ésta la fija el oficial calificador, atendiendo al tipo de infracción y su gravedad, las circunstancias de su comisión y las personales del infractor, pues al efecto debe considerar el riesgo o peligro en que pudieron haberse encontrado las personas; el daño que se hubiere ocasionado o pudiera causarse en propiedad ajena; si se perturbó la normalidad en la circulación de los vehículos y los antecedentes de los últimos doce meses del conductor en la comisión a infracciones, como se prevé en el artículo 185 del reglamento citado.(15) 46. Por tanto, a la cuestión a resolver, debemos responder afirmativamente, pues si la boleta constituye el medio de notificación al presunto infractor de la falta administrativa levantada por el oficial de vialidad y tránsito, y ésta es revisable de oficio por el oficial calificador; entonces es improcedente el juicio de amparo contra dicho acto primigenio, en términos del artículo 61, fracción XX, primer párrafo, de la Ley de Amparo, habida cuenta que lo que puede causarle perjuicio es la determinación del oficial calificador, en cuanto a la sanción a imponer, no la expedición de la notificación de infracción a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, por parte del oficial de tránsito. 47. Ahora bien -aun cuando no es un punto a dilucidar, se estima pertinente de una vez determinar-, si el oficial calificador llegara a imponer una sanción administrativa, entonces en su contra procederá el juicio de amparo siempre y cuando se observe el principio de definitividad, según se explica a continuación: 48. De conformidad con el artículo 107, fracción IV,(16) de la Carta Federal, en materia administrativa el amparo procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Es necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 49. Conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. 50. Los preceptos jurídicos citados y transcritos al pie de página, consignan la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. 51. Así se deduce que los conceptos jurídicos que utilizan, tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) alcances; 2) requisitos; y, 3) plazos, tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad. 52. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.)(17) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título, subtítulo y texto siguientes: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). 53. Establecida la premisa mayor es necesario revisar la legislación estatal que rige la materia. 54. En primer orden, de conformidad con el artículo 104(18) de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, vigente a partir del cinco de octubre de dos mil diez,(19) establece que procederá el recurso de revisión, contra las resoluciones emitidas, entre otras, la señalada en la fracción VI del artículo 9 de esa ley;(20) recurso que debía interponerse dentro del plazo de cinco días hábiles en la Dirección de Servicios de Asesoría Jurídica de la Fiscalía, quien substanciaría el procedimiento respectivo, para remitirlo al fiscal general del Estado, quien emitiría la resolución correspondiente. 55. No obstante lo anterior, no hace falta agotar dicho recurso de revisión, debido a que, en materia de suspensión, exige mayores requisitos que en la Ley de Amparo, pues el artículo 105, fracción III, de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua,(21) establece como requisito, entre otros, para decretar la suspensión, el que no sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causen al agraviado con la ejecución del acto; lo que no está previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo.(22) 56. Además, sobre el tema en particular, este Pleno ya se pronunció en la contradicción de tesis 12/2016, al sostener que es innecesario interponer ese recurso, por no contener un plazo equivalente al establecido en la Ley de Amparo para resolver la suspensión provisional. 57. De dicho criterio surgió la jurisprudencia PC.XVII. J/8 A (10a.),(23) de título y subtítulo: BOLETAS DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO. ES INNECESARIO INTERPONER EN SU CONTRA EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRÁNSITO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PORQUE DICHA LEY NO CONTIENE UN PLAZO EQUIVALENTE AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. 58. En segundo orden, el artículo 1, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para el Estado de Chihuahua(24) (publicada el trece de marzo de dos mil diecinueve), establece que dicho órgano jurisdiccional está dotado de plena autonomía para dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública, Estatal o Municipal y particulares. 59. Por su parte, el artículo 3, fracción IV, de su ley orgánica,(25) establece que ese tribunal estatal conocerá de los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que impongan multas por infracción a las normas administrativas, como las impuestas por el oficial calificador. 60. En ese orden de ideas, el artículo primero transitorio del decreto LXVI/EXLEY/0232/2018 I P.O., por el que se expidió la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado, del trece de marzo de dos mil diecinueve, señaló que dicho decreto entraría en vigor el día en que se emita la declaratoria de instalación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; la cual se emitió por el Magistrado presidente y fue publicada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Estado.(26) 61. Ahora bien, para definir si la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Chihuahua exige mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos, se inserta el siguiente cuadro comparativo: . 62. Bajo esa perspectiva, en materia de suspensión, la Ley que se analiza no prevé mayores requisitos, pues la sujeta a la solicitud del actor, que no se afecta el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, tal cual lo prevé la Ley de Amparo. 63. Tampoco exige plazos más largos para la suspensión del acto que los establecidos en la Ley de Amparo, debido a que la solicitud de suspensión puede hacerse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia definitiva, así como el trámite de la suspensión en ambas legislaciones se seguirá por cuerda separada; se requerirá que la autoridad rinda un informe y se resuelva en definitiva en un plazo de cinco días. 64. De igual manera, la legislación que se analiza no establece menores alcances, habida cuenta que el Magistrado instructor debe proveer sobre la suspensión provisional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud, lo cual significa que puede conceder o negar la misma, fijando los requisitos de esa medida, aspecto similar a la Ley de Amparo. 65. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 197/2016 (10a.),(27) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 81/2016, que es del tenor siguiente: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD SI LAS LEGISLACIONES QUE RIGEN EL ACTO QUE SE COMBATE ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS, MENORES ALCANCES O PLAZOS MÁS LARGOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO (LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107 de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en los artículos 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, no es necesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. Tal es el caso de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, cuando: i) señala que el solicitante de la suspensión deberá exponer las razones por las que considera que debe otorgarse la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de que se ejecutara el acto administrativo; ii) establece que surtirá sus efectos a partir de que el demandante otorgue la garantía que señale el Magistrado Ponente; iii) que se sustanciará el incidente, corriendo traslado a las partes por tres días y se resolverá el incidente planteado una vez desahogadas las pruebas (en un término no mayor a 10 días); y iv) no establece cuál es el término que tiene la autoridad jurisdiccional para resolver sobre la suspensión provisional. Lo que, en suma, implica mayores requisitos y plazos más largos para la obtención de la medida cautelar que los contenidos en la Ley de Amparo. 66. Por tanto, si bien no hay obligación de agotar el recurso de revisión en sede administrativa, previo a promover el juicio de amparo, contra la sanción administrativa impuesta por el oficial calificador, indiscutiblemente debe observarse el principio de definitividad, a través del juicio contencioso administrativo local, pues de no hacerlo, se actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Con lo anterior, se evidencia que el peticionario del amparo *******, tiene a su alcance medios de impugnación que hacer valer antes de ocurrir al juicio de amparo por no constituir un acto definitivo, la emisión de la boleta de infracción reclamada. Pues se insiste la infracción levantada en virtud de que el conductor de un vehículo marca *******, placas ******* usaba celular en circulación; no es un acto definitivo, por lo que, antes de ocurrir al juicio de amparo puede el peticionario del amparo, desvirtuar los hechos y sanciones impuestas al considerar que no quebrantaron artículos del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. En esas condiciones, como se precisó, el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Por tanto, contra el acto de aplicación de la normatividad impugnada, consistente en boleta de infracción ******* al no ser un acto definitivo, es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra su emisión. Corrobora lo antes expuesto la jurisprudencia PC.XVII. J/32 A (10a.), con registro digital: 2022713, sustentada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo II, página 1098, que establece lo siguiente: BOLETA DE INFRACCIÓN A LA LEY DE VIALIDAD Y TRÁNSITO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA. AL NO SER UN ACTO DEFINITIVO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA SU EMISIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos en relación con la emisión de la boleta de infracción de tránsito en términos de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, esto es, si procede el juicio de amparo indirecto en su contra, o bien, se actualiza una causal de improcedencia. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, contra la emisión de la boleta de infracción de tránsito no procede el juicio de amparo indirecto, por no tratarse de un acto definitivo. Justificación: Lo anterior es así, dado que se trata de una notificación, mediante la cual se hace saber al particular la infracción a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua que cometió, según el oficial de tránsito, así como las posibles sanciones aplicables, con la finalidad de que acuda a defender sus derechos ante el oficial calificador, quien resolverá en definitiva, de conformidad con los artículos 92 y 99, párrafo primero, de dicho ordenamiento; de ahí que es la determinación de este último, en cuanto a la sanción a imponer, la que puede causarle perjuicio, no así la notificación de la infracción por parte del oficial de tránsito, materializada en la boleta correspondiente; por tanto, en contra de la determinación administrativa que impone sanciones, procede el juicio de amparo, siempre y cuando se observe el principio de definitividad, pues si bien no hay obligación de agotar el recurso en sede administrativa, indiscutiblemente deberá promoverse el juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Chihuahua, al no exigir mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para la suspensión, regulada por la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Derivado de tal sobreseimiento, no se analizan los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, porque el sentido de mérito releva a este Juzgado Federal de su estudio. En apoyo de lo anterior es de invocarse la tesis de jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sobreseimiento del acto de aplicación, que debe comprender también a la normatividad reclamada, sin que tenga que examinarse su constitucionalidad. Informa esto dicho, el contenido de la jurisprudencia de séptima época, que emitió la Sala Auxiliar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 19, del Tomo 70 Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO EL SOBRESEIMIENTO CONTRA EL ACTO DE APLICACION, DETERMINA EL RELATIVO A LA LEY. Cuando no se impugna la ley por ser autoaplicativa, esto es, a raíz de su sola vigencia, sino por actos concretos de aplicación, y se sobresee el juicio respecto de éstos, el sobreseimiento debe comprender también la ley, porque desaparecidos los actos de ejecución, no tiene por qué examinarse la constitucionalidad de ésta. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 854/2022-VI, promovido por *******, contra las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando tercero y quinto de la presente determinación. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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