Maximiliano Mateos Casillas

Expediente 518/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
518/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Maximiliano Mateos Casillas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la parte quejosa, en los siguientes términos: "1. La Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: - Deje insubsistente el acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (doce horas del treinta de junio de dos mil veintitrés) y en su lugar fije una nueva fecha dentro del término que para tal efecto establece la Ley Federal del Trabajo. O manifieste la imposibilidad que tuviera para ello." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante comunicado firmado por la Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del auto de dieciséis de junio del año en curso, en el que, fijó nueva fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los términos establecidos por la ley, dejando insubsistente la anteriormente señalada en autos del juicio laboral de origen. Con lo anterior, en acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que, dentro del procedimiento de origen, fijó nueva fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los términos establecidos por la ley, dejando insubsistente la anteriormente señalada en autos del juicio laboral de origen. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de conservación una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en algún supuesto previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.

  2. Principal

    Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, doce de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento al fallo protector, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, al momento de la emisión del presente auto. Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O S, los autos para dictar sentencia definitiva los autos del juicio de amparo 518/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado electrónicamente el seis de marzo de dos mil veintitrés en la oficina de correspondencia del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ********************, por conducto de su apoderado especial solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él preciso. De igual forma, indicó como derecho humano violado lo contenido en el artículo 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este órgano jurisdiccional, la cual se registró en el libro de gobierno electrónico con el número 518/2023. En auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se ordenó requerir a la autoridad responsable para que rindiera su informe con justificación, se dio la intervención legal que corresponde al representante social adscrito; y, finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se efectuó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que regulan la competencia territorial de este juzgado, así como de las materias que conoce. Lo anterior, por tratarse de un amparo en materia laboral en virtud de que se promueve contra actos u omisiones de una autoridad laboral, residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de las demandas de amparo, se advierte que la materia del problema jurídico planteado en estos juicios se concreta a lo siguiente: De la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, reclama: La emisión del proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés dentro del juicio laboral ********************, en el cual se señalan las doce horas del treinta de junio de dos mil veintitrés para el verificativo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con la documental que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado consistente en copia certificada del auto de trece de febrero de dos mil veintitrés -acto reclamado- dictado en autos del juicio laboral de origen. Documental que goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En suma, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado en la demanda de amparo. Fortalece la decisión que se adopta, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia invocadas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Luego, al no advertir causal de improcedencia que las partes hagan y sin que se advierta una de oficio, se procede al estudio de fondo de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo. Sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa toda vez que, ninguna afectación se causa por la simple falta de su transcripción. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La parte quejosa argumenta en esencia, que la responsable transgrede en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetar el derecho a una impartición de justicia en los plazos y términos que fija la ley procedimental que rige su actuar. El argumento de la parte quejosa, suplido en su deficiencia, deviene fundado y suficiente, para conceder el amparo solicitado, como se expondrá enseguida. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Entonces, tenemos que el citado precepto constitucional, reconoce el derecho fundamental de toda persona a la impartición de justicia. Dicho precepto señala, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijes las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, cuyo servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. De ahí que, del referido numeral podemos obtener los principios siguientes: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezca en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice a la persona la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que la persona juzgadora emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que restriba en que los órganos del estado encargados de su impartición, así como las personas a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En ese sentido, resulta evidente que el artículo 17 constitucional reconoce a favor de las personas, entre otros derechos fundamentales, el acceso efectivo a la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Así, el ge´nero de acceso a la imparticio´n de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garanti´as o mecanismos tendentes a hacer efectiva su proteccio´n, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garanti´as judiciales y de proteccio´n efectiva previstas respectivamente en los arti´culos 8, numeral 1 y 25 de la Convencio´n Americana sobre Derechos Humanos. En suma, el alcance del derecho de acceso a la justicia tiene los alcances siguientes: I. El derecho de toda persona a ser oi´da con las debidas garanti´as y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciacio´n de cualquier acusacio´n penal formulada contra ella o para la determinacio´n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro cara´cter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violacio´n se manifiesta a trave´s de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus te´rminos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilacio´n o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitacio´n del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violacio´n se patentiza a partir de una omisio´n de la autoridad de ajustarse a los te´rminos y plazos legales. Se concluye que, todas aquellas autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, con independencia de que se traten desde el punto de vista formal, como las judiciales o administrativas con funciones de aquella naturaleza, están obligadas a observar los principios consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba desahogar la audiencia, de cuya fijación tardía se duele la parte quejosa. El acto reclamado consistente en el acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, en el que se señaló fecha para la audiencia prevista por el numeral 878 de la Federal de Trabajo para el treinta de junio de la presente anualidad, en los autos del juicio laboral de origen. Efectivamente, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 878 y 880, señala que las juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr en los juicios que ante ellas se tramiten, con la mayor economía, concentración y sencillez. Asimismo, una vez que la junta desahogue la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los diez días siguientes. De lo anterior, se colige que las juntas se encuentran obligadas a señalar fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro de los diez días siguientes, una vez que se concluya la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, atento a lo dispuesto en el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, el actuar de la responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la ley de la materia toda vez que, señaló fecha para la audiencia prevista por el numeral 878 de la Federal de Trabajo fuera del término legal, esto es, el treinta de junio de dos mil veintitrés. En ese orden de ideas, el actuar de la autoridad responsable, resulta contrario a las obligaciones que prevé la legislación laboral, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. Por tanto, al resultar fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, y suplidos en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado. SEXTO. Efectos de la concesión En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para el efecto de que: La Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: Deje insubsistente el acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (doce horas del treinta de junio de dos mil veintitrés) y en su lugar fije una nueva fecha dentro del término que para tal efecto establece la Ley Federal del Trabajo. O manifieste la imposibilidad que tuviera para ello. Lo anterior, en el entendido de que la concesión de amparo se sitúa en la etapa procesal en la que se encuentra el juicio de origen, por lo que ésta no puede extenderse a diversas etapas procedimentales del juicio de origen. Tiene aplicación la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se aprueba el siguiente: IV. R E S O L U T I V O: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el quinto considerando y para los efectos precisados en el último apartado de la presente sentencia. Notifíquese.

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