Maximiliano Leonardo Castañón

Expediente 697/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
697/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Maximiliano Leonardo Castañón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir en revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo. El incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Por otro lado, debido a que la autoridad responsable remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?geName=servicios%2Fexpedientes.htm y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 697/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y escrito de desahogo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 697/2023, promovido por *****, contra actos del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, la demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a la autoridad su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso *****), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción ***** de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un ***** seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. De la lectura integral de la demanda de amparo, y de su aclaración, se advierte que el quejoso reclama el auto de cinco de junio de la presente anualidad, emitido en el juicio oral mercantil ***** del índice del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, donde en cumplimiento al embargo trabado el veintidós de mayo anterior, consistente en la retención de bienes hasta por la cantidad $*****, ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de efectuar la retención en las cuentas bancarias a nombre del accionante. Asimismo, ordenó girar oficios a los representantes legales de las empresas *** y/o morales subsidiarias y afiliadas de ésta **** a fin de informar el embargo trabado sobre los títulos de acciones, certificados provisionales o definitivos y cualquier otro título que acredite la parte social que detenta el hoy accionante en esas personas morales; así como, cualesquier cuentas por cobrar, créditos, reparto de utilidades y/o cualquier otro derecho de cobro que tenga a su favor. TERCERO. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido por el juez responsable, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen que remitió; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Previo al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. El diez de abril de dos mil veintitrés el endosatario en procuración de la moral actora, y aquí tercera interesada, demandó en la vía oral mercantil del quejoso, el pago de $*****; más el pago de intereses, impuesto al valor agregado y costas. Este asunto se admitió el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dando inicio al trámite del juicio de origen; dictándose auto con efectos de mandamiento en forma, para asegurar el monto de lo adeudado. II. El veintidós de mayo de dos mil veintitrés tuvo verificativo la diligencia de exequendo, asegurando el dinero en cuentas del quejoso; derechos; y títulos accionarios en diversas personas morales hasta cubrir lo adeudado. III. Por escrito presentado el dos de junio de este año, el quejoso compareció al proceso mercantil seguido en su contra a dar contestación; y en la misma fecha, la parte actora solicitó el perfeccionamiento del embargo trabado el veintidós de mayo de este año. A lo anterior recayó el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, donde se tuvo al quejoso dando contestación; y por lo que hace a lo solicitado por la actora, se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que por su conducto se retuvieran las cantidades en las cuentas a nombre del quejoso, hasta por la cantidad de $*****. Asimismo, ordenó girar oficio a los representantes de diversas empresas para informarles del embargo trabado sobre los títulos y acciones del demandado en dichas morales, así como los derechos que tuviera a su favor [cuentas por cobrar, créditos, repartos de utilidades] requiriéndoles la retención de cualquier pago al demandado, debiendo ponerlo a disposición del juzgado, con apercibimiento de doble pago, y ordenando inscribir el embargo en el libro de registro de accionistas sus representadas si fuera procedente. Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. (1) La quejosa sostiene que el acto reclamado violenta su derecho a no ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, pues se ha violentado su derecho a la legalidad y audiencia. (2) Sostiene que el embargo solo debió practicarse por bienes suficientes para garantizar el adeudo. En la diligencia de exequendo se realizó el aseguramiento de créditos y derechos a su nombre, pero en ningún momento se acreditó que el quejoso fuera titular de acciones en las sociedades, por lo cual, el embargo se hizo a manera de pesquisa. (3) Por la irregular manera de practicar el embargo, el juez estaba impedido para girar los oficios a las morales. (4) El juez debió precisar en su acuerdo que el embargo se acotaba al adeudo por $****, porque al no hacerlo se entiende que el aseguramiento es ilimitado y por la totalidad de sus derechos, haciéndolo aún más gravoso y lesivo de sus derechos fundamentales. Decisión: Los conceptos de violación son infundados e inoperantes por lo que a continuación se expondrá. En primer término, el concepto de violación en que se aduce que se le priva de sus prerrogativas por una violación al derecho de audiencia (1), es infundado; pues el embargo precautorio no es un acto privativo, como lo menciona el quejoso, y por ende, dispensa de dicha formalidad. Lo anterior es así, ya que el embargo, comparte la naturaleza de una providencia precautoria o medida cautelar y por ende cataloga como actos de molestia [no privativo], de modo que dispensa la audiencia previa, porque no consiste en una privación definitiva del derecho sobre lo asegurado; y es que para decidir enteramente respecto de un derecho se requiere la consumación total de las etapas que integran el juicio. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial P./J. 21/98 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 196727. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, Materia(s): Constitucional, Común, Página: 18, intitulada: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA." Asimismo, se cita la tesis 1a. CCXLII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, de rubro: "EMBARGO EN MATERIA MERCANTIL. EN SU DICTADO, LEVANTAMIENTO O SUSTITUCIÓN NO RIGE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA." Por otro lado, es inoperante el concepto de violación (2) donde se cuestiona la regularidad del embargo al aducir que no se hicieron comprobaciones sobre la titularidad de los derechos y que se hizo a modo de pesquisa. Ello es así, porque al margen de lo acertado o no de tales consideraciones, lo cierto es que la diligencia de exequendo no es el acto reclamado en esta instancia sino un subsecuente. Esta hipótesis de inoperancia se actualiza en los casos en que lo planteado es distinto a lo debatido o definido en el acto reclamado, pues es sobre ello que podría llegar a patentizarse alguna violación a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Al respecto se cita por analogía la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/1, con registro: 178228. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 655, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL." En consecuencia, el concepto de violación (3) que se hace descansar en la irregularidad del embargo, deviene también inoperante, al partir del anterior que fue desestimado. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, de la novena época, registro: 178784, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Ab*ril de 2005, página 1154, en materia común, cuyo rub ro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS." Finalmente, son fundados pero inoperantes los conceptos de violación resumidos en el inciso (4) donde se alude la omisión de precisar hasta qué monto se debe hacer el aseguramiento. La mencionada calificación de los conceptos de violación se genera cuando la transgresión apuntada por el inconforme, aun siendo cierta, es insuficiente para resolver el asunto en forma favorable a sus intereses; pues a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a fin de analizar una cuestión que no culminaría con una resolución favorable. Orienta esta afirmación, la tesis de jurisprudencia 170, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Séptima Época, Registro: 394126, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, en Materia(s): Común, Página: 114, cuyo título es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. ." En el caso, como lo menciona el quejoso, el juez de origen no fue expreso, al momento de requerir a las personas morales donde se dice que el quejoso tiene intereses patrimoniales, de señalar hasta qué monto era el aseguramiento; sin embargo, una lectura integral del acuerdo, permite sostener que ese dato sí está contenido y serviría para ilustrar e informar a las empresas requeridas. En efecto, según se ve del acto reclamado cuatro párrafos antes del requerimiento a las morales privadas, el juez de la causa hizo mención de hasta qué monto se debía hacer el embargo, al referirse al mandamiento girado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por ende, aun cuando lo relativo no se reiteró al requerir a las empresas, ello no implica una violación a los derechos de la quejosa, pues el dato que dice que se omitió y que puede dar lugar a un aseguramiento total y gravoso de sus bienes, sí está contenido en el auto; sin perjuicio de la referencia que se hace en el requerimiento al acta de embargo de veintidós de mayo de este año, en la que también se aprecia hasta qué cantidad es el aseguramiento con motivo del litigio. Por ello, este Juzgador es del criterio que aun cuando no se volvió a expresar el quantum al momento de requerir a las empresas, tal dato se puede obtener de la lectura integral del acto reclamado y de la referencia a la diligencia de exequendo. Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación deben desestimarse, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal; pues en el presente caso opera el principio de estricto derecho al derivar de un negocio en materia mercantil. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, en Materia(s): Civil. Página: 1045, intitulada: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ******, contra actos del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL SEIS DE OCTUBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 697/2023, promovido por *****, contra actos del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, alegando violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, la demanda se admitió en este órgano, dándose intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se requirió a la autoridad su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso *****), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción ***** de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un ***** seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. De la lectura integral de la demanda de amparo, y de su aclaración, se advierte que el quejoso reclama el auto de cinco de junio de la presente anualidad, emitido en el juicio oral mercantil ***** del índice del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, donde en cumplimiento al embargo trabado el veintidós de mayo anterior, consistente en la retención de bienes hasta por la cantidad $*****, ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de efectuar la retención en las cuentas bancarias a nombre del accionante. Asimismo, ordenó girar oficios a los representantes legales de las empresas *** y/o morales subsidiarias y afiliadas de ésta **** a fin de informar el embargo trabado sobre los títulos de acciones, certificados provisionales o definitivos y cualquier otro título que acredite la parte social que detenta el hoy accionante en esas personas morales; así como, cualesquier cuentas por cobrar, créditos, reparto de utilidades y/o cualquier otro derecho de cobro que tenga a su favor. TERCERO. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido por el juez responsable, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen que remitió; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Previo al estudio del asunto, es conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: I. El diez de abril de dos mil veintitrés el endosatario en procuración de la moral actora, y aquí tercera interesada, demandó en la vía oral mercantil del quejoso, el pago de $*****; más el pago de intereses, impuesto al valor agregado y costas. Este asunto se admitió el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dando inicio al trámite del juicio de origen; dictándose auto con efectos de mandamiento en forma, para asegurar el monto de lo adeudado. II. El veintidós de mayo de dos mil veintitrés tuvo verificativo la diligencia de exequendo, asegurando el dinero en cuentas del quejoso; derechos; y títulos accionarios en diversas personas morales hasta cubrir lo adeudado. III. Por escrito presentado el dos de junio de este año, el quejoso compareció al proceso mercantil seguido en su contra a dar contestación; y en la misma fecha, la parte actora solicitó el perfeccionamiento del embargo trabado el veintidós de mayo de este año. A lo anterior recayó el auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, donde se tuvo al quejoso dando contestación; y por lo que hace a lo solicitado por la actora, se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que por su conducto se retuvieran las cantidades en las cuentas a nombre del quejoso, hasta por la cantidad de $*****. Asimismo, ordenó girar oficio a los representantes de diversas empresas para informarles del embargo trabado sobre los títulos y acciones del demandado en dichas morales, así como los derechos que tuviera a su favor [cuentas por cobrar, créditos, repartos de utilidades] requiriéndoles la retención de cualquier pago al demandado, debiendo ponerlo a disposición del juzgado, con apercibimiento de doble pago, y ordenando inscribir el embargo en el libro de registro de accionistas sus representadas si fuera procedente. Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación y decisión. (1) La quejosa sostiene que el acto reclamado violenta su derecho a no ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, pues se ha violentado su derecho a la legalidad y audiencia. (2) Sostiene que el embargo solo debió practicarse por bienes suficientes para garantizar el adeudo. En la diligencia de exequendo se realizó el aseguramiento de créditos y derechos a su nombre, pero en ningún momento se acreditó que el quejoso fuera titular de acciones en las sociedades, por lo cual, el embargo se hizo a manera de pesquisa. (3) Por la irregular manera de practicar el embargo, el juez estaba impedido para girar los oficios a las morales. (4) El juez debió precisar en su acuerdo que el embargo se acotaba al adeudo por $****, porque al no hacerlo se entiende que el aseguramiento es ilimitado y por la totalidad de sus derechos, haciéndolo aún más gravoso y lesivo de sus derechos fundamentales. Decisión: Los conceptos de violación son infundados e inoperantes por lo que a continuación se expondrá. En primer término, el concepto de violación en que se aduce que se le priva de sus prerrogativas por una violación al derecho de audiencia (1), es infundado; pues el embargo precautorio no es un acto privativo, como lo menciona el quejoso, y por ende, dispensa de dicha formalidad. Lo anterior es así, ya que el embargo, comparte la naturaleza de una providencia precautoria o medida cautelar y por ende cataloga como actos de molestia [no privativo], de modo que dispensa la audiencia previa, porque no consiste en una privación definitiva del derecho sobre lo asegurado; y es que para decidir enteramente respecto de un derecho se requiere la consumación total de las etapas que integran el juicio. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial P./J. 21/98 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 196727. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, Materia(s): Constitucional, Común, Página: 18, intitulada: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA." Asimismo, se cita la tesis 1a. CCXLII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, de rubro: "EMBARGO EN MATERIA MERCANTIL. EN SU DICTADO, LEVANTAMIENTO O SUSTITUCIÓN NO RIGE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA." Por otro lado, es inoperante el concepto de violación (2) donde se cuestiona la regularidad del embargo al aducir que no se hicieron comprobaciones sobre la titularidad de los derechos y que se hizo a modo de pesquisa. Ello es así, porque al margen de lo acertado o no de tales consideraciones, lo cierto es que la diligencia de exequendo no es el acto reclamado en esta instancia sino un subsecuente. Esta hipótesis de inoperancia se actualiza en los casos en que lo planteado es distinto a lo debatido o definido en el acto reclamado, pues es sobre ello que podría llegar a patentizarse alguna violación a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Al respecto se cita por analogía la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/1, con registro: 178228. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 655, intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL." En consecuencia, el concepto de violación (3) que se hace descansar en la irregularidad del embargo, deviene también inoperante, al partir del anterior que fue desestimado. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, de la novena época, registro: 178784, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Ab*ril de 2005, página 1154, en materia común, cuyo rub ro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS." Finalmente, son fundados pero inoperantes los conceptos de violación resumidos en el inciso (4) donde se alude la omisión de precisar hasta qué monto se debe hacer el aseguramiento. La mencionada calificación de los conceptos de violación se genera cuando la transgresión apuntada por el inconforme, aun siendo cierta, es insuficiente para resolver el asunto en forma favorable a sus intereses; pues a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a fin de analizar una cuestión que no culminaría con una resolución favorable. Orienta esta afirmación, la tesis de jurisprudencia 170, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Séptima Época, Registro: 394126, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, en Materia(s): Común, Página: 114, cuyo título es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. ." En el caso, como lo menciona el quejoso, el juez de origen no fue expreso, al momento de requerir a las personas morales donde se dice que el quejoso tiene intereses patrimoniales, de señalar hasta qué monto era el aseguramiento; sin embargo, una lectura integral del acuerdo, permite sostener que ese dato sí está contenido y serviría para ilustrar e informar a las empresas requeridas. En efecto, según se ve del acto reclamado cuatro párrafos antes del requerimiento a las morales privadas, el juez de la causa hizo mención de hasta qué monto se debía hacer el embargo, al referirse al mandamiento girado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por ende, aun cuando lo relativo no se reiteró al requerir a las empresas, ello no implica una violación a los derechos de la quejosa, pues el dato que dice que se omitió y que puede dar lugar a un aseguramiento total y gravoso de sus bienes, sí está contenido en el auto; sin perjuicio de la referencia que se hace en el requerimiento al acta de embargo de veintidós de mayo de este año, en la que también se aprecia hasta qué cantidad es el aseguramiento con motivo del litigio. Por ello, este Juzgador es del criterio que aun cuando no se volvió a expresar el quantum al momento de requerir a las empresas, tal dato se puede obtener de la lectura integral del acto reclamado y de la referencia a la diligencia de exequendo. Por estas consideraciones, se concluye que los conceptos de violación deben desestimarse, siendo lo procedente negar el amparo y protección de la justicia federal; pues en el presente caso opera el principio de estricto derecho al derivar de un negocio en materia mercantil. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, en Materia(s): Civil. Página: 1045, intitulada: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ******, contra actos del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

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