Maximiliano Gonzalez Alvarado

Expediente 300/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
300/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
30/11/2016

Partes del expediente

  • Maximiliano Gonzalez Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VI Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en los Mochis, por medio del cual remite diligenciado el exhorto 49/2016 (orden 81/2016) del índice de este órgano jurisdiccional; acúsese recibo al juzgado mencionado; dese de baja el aludido exhorto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y, téngase por notificada a la parte quejosa del proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Tomando en consideración lo anterior así como la certificación secretarial de cuenta; de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el acuerdo de veinte de octubre de dos mil dieciséis, por el cual se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Por último, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA VI Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, mediante el cual acusa recibo del exhorto 49/2016 (orden 81/2016), deducido del juicio de amparo en que se actúa, e informa que procedió a diligenciarlo en sus términos; por tanto, estese en espera de su devolución.

  3. Principal

    MESA VI. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VI SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN C DE LA LEY DE AMPARO AUTO DE VEINTE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en los Mochis, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 29/2016 (número de orden 54/2016), del índice de este órgano jurisdiccional; por tal motivo, dese de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y acúsese recibo. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVAS Así, de la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece claramente que no pueden ser materia de estudio las normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el artículo 17 de la ley de la materia establece -como regla general- que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; sin embargo, en las cuatro fracciones que lo integran prevé diversas excepciones que operan de acuerdo con la naturaleza del acto que se reclame. Cabe señalar en este punto, que el acto reclamado no se ubica en alguno de esos supuestos de excepción, debido a que no se trata de una norma general autoaplicativa o del procedimiento de extradición; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; o de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, en este caso debe aplicarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo. En ese tenor, el artículo 18 de la Ley de Amparo contiene tres supuestos para computar el plazo de presentación de la demanda, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o, 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; o, 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", que implica exclusión, alternativa o contraposición; en consecuencia, es válido concluir que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. HECHOS En el caso, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado, la emisión del acuerdo del inicio de procedimiento administrativo de separación iniciado en su contra y se ejecución. Por otra parte, resulta pertinente precisar que por auto de ocho de septiembre del año en curso, se previno a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo respecto de los siguientes puntos: I. Deberá precisar si a la fecha se encuentra privado de su libertad personal con motivo de la orden emitida en la causa penal 13/2016, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, o en su caso, si actualmente se encuentra laborando en la Procuraduría General de la República, con el cargo de Policía Federal Ministerial, adscrito a la Dirección General de Investigación Policial en apoyo a Mandamientos, unidad administrativa integrada a la Policía Federal Ministerial, con residencia en Tampico, Tamaulipas. II. Precise la fecha exacta en la que tuvo conocimiento o se hizo sabedor del acto que reclama. Prevención que intentó desahogar el autorizado del directo quejoso; sin embargo, atendiendo a que el cumplimiento únicamente podría realizarlo él, por constituir un acto de carácter personalísimo, se determinó tenerla por no cumplida, y en atención a que manifestó que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho, con sede en Guasave, Sinaloa, se giró exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notificara personalmente al promovente Maximiliano González Alvarado, la prevención realizada. Una vez diligenciada la comunicación oficial y devuelta a este órgano jurisdiccional con el exhorto que en esta fecha se provee, se advierte de la misma que, ante la fedataria judicial y con los apercibimientos decretados, el quejoso al momento de la notificación, con su puño y letra, desahogó la prevención formulada en los siguientes términos: "LA FECHA DEL ACTO RECLAMADO FUE EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2016. PARA CAMBIAR O HACER MODIFICACIONES A DICHO AMPARO ME ES IMPOSIBLE YA QUE DESDE DONDE ME ENCUENTRO ACTUALMENTE (CEFERESO No. 8 "NORPONIENTE"). NO CUENTO CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA COMUNICARME CON MI ABOGADO, POR ESO NO PODRÉ PRESENTAR EL AMPARO EN EL TÉRMINO QUE USTEDES ME ESTAN SOLICITANDO OSEA 5 DÍAS, PERO DE MOMENTO NO ME ENCUENTRO LABORANDO COMO LO PUSO EN EL AMPARO MI ABOGADA, PERO SIGO SIENDO EFECTIVO OSEA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DEPENDIENTE DE LA PGR YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO EN EL CEFERESO No. 8 NORPONIENTE." CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye que, al haber manifestado el promovente ante la fedataria judicial, con el señalamiento que la prevención la debería desahogar bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, resulta evidente que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo, feneció en exceso, pues si ésta fue presentada hasta el seis de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, según se desprende del sello de recepción correspondiente, es indudable que ello aconteció fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el quejoso se hizo sabedor del acto aquí reclamado, consistente en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación iniciado en su contra, desde el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, es claro que desde ese momento tuvo conocimiento del acto que se duele y por tanto la oportunidad de hacer valer su derecho en la vía y forma que estimara pertinente, y si no lo hizo así, precluyó su derecho para instar la vía constitucional que pretendió hacer valer al presentar la demanda de amparo hasta el seis de septiembre del año en curso. En esas condiciones, es innegable que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, ha transcurrido en exceso, pues desde el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, al seis de septiembre del año en curso (fecha en que se presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado), transcurrió el plazo legal previsto en el invocado numeral 17 para combatir los actos que ahora reclama el impetrante. Es aplicable al caso, el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asequible en la página seiscientos cincuenta y ocho, Tomo XLI, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." De igual forma, tiene aplicación la tesis I.130.T.9 K, dentro en la página mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EQUIVALENCIA DE LAS EXPRESIONES "FECHA DE NOTIFICACIÓN" Y "OSTENTARSE SABEDOR" PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 166, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE SU PRESENTACIÓN. El artículo 21 de la Ley de Amparo prevé el término de quince días para presentar la demanda, entre otros supuestos, desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto que le afecta. Por otra parte, el artículo 166, fracción V, del citado ordenamiento establece como requisito de la demanda de amparo directo que el agraviado indique la fecha de notificación o en la que haya tenido conocimiento del laudo, sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Ahora bien, este tribunal considera que entre las expresiones "fecha de notificación" y "ostentarse sabedor" previstas en los aludidos preceptos no existe diferencia, toda vez que el conocimiento, en ambas, es la raíz, y dentro de los medios para obtenerlo se encuentra la notificación o la confesión; de tal manera que si el quejoso asienta en su demanda determinada fecha de notificación del acto reclamado, como cumplimiento del requisito previsto en la fracción señalada, ello equivale a ostentarse sabedor y es suficiente para computar el término para la presentación de la demanda." Por las razones que se exponen tiene aplicación la tesis I.15o.A.28 K, de los Tribunales Colegiado de Circuito, dentro en la página dos mil seiscientos trece, Tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior que por acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso, se haya reservado proveer respecto del escrito presentado supuestamente por el quejoso Maximiliano González Alvarado, donde desahogaba la prevención efectuada y manifestaba una diversa fecha de la tuvo conocimiento del acto reclamado; sin embargo, atendiendo a que el quejoso desahogó la prevención en su centro de reclusión, y ésta fue diferente a la ahí señalada, es inconcuso que las manifestaciones que realizó en el referido centro de reclusión, es a las que debe darse la veracidad en este asunto, ya que al haberlo hecho en persona y de su puño y letra, ello nos revela su voluntad expresa de hacer el pronunciamiento en el sentido que lo hizo. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho, con sede en Guasave, Sinaloa, con fundamento en los artículos 144 y 145, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de Ley de Amparo, gírese atento exhorto Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar personalmente este proveído al quejoso Maximiliano González Alvarado, en el lugar de su reclusión. Con fundamento en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellos acordar promociones, girar oficios, habilitar días y horas inhábiles, así como imponer sanciones. A su vez, solicítese de la manera más atenta al Juez exhortado que devuelva la comunicación oficial a la brevedad posible y acuse recibo de éste.

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