Maximiliano Alejandro Reza Aceves
Expediente 493/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maximiliano Alejandro Reza Aceves
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la razón de imposibilidad realizada por la Actuaria de la adscripción de diecisiete de agosto del año en curso, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar a la parte quejosa, la resolución de quince del mismo mes y año, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, la resolución de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROOCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, Maximiliano Alejandro Reza Aceves, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuario de la adscripción. Acto reclamado: ".el supuesto emplazamiento a juicio laboral del suscrito." SEGUNDO. El siete de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, radicó la demanda bajo el número 493/2020, la admitió a trámite, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó a juicio a la parte tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El citatorio de veintiocho de abril de dos mil dieciséis y la diligencia de emplazamiento de veintinueve siguiente, dentro de los autos del juicio laboral 01/299/16-1. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio laboral 01/299/2016-I, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. La impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el caso concreto, es importante destacar que de las constancias que acompañó la Junta responsable a su informe justificado, se advierte lo siguiente: 1. El veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, la Junta responsable dio trámite a la demanda del actor Jesús García Hernández, quien promovió juicio ordinario laboral en contra de la persona física Maximiliano Alejando Reza Aceves y una moral, bajo el número de expediente 01/299/2016; señaló fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones; además, ordenó el emplazamiento de la persona física hoy quejoso y persona moral. 2. Previo citatorio de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el veintinueve de abril siguiente, emplazó a la persona física quejosa. 4. Seguida la secuela procesal, el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, la junta responsable dictó laudo correspondiente en el procedimiento laboral de origen en el sentido de condenar a la persona física al cumplimiento de diversas prestaciones, que al no haber sido impugnada y al no cumplir voluntariamente con el laudo, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictó auto de requerimiento de pago y embargo. Ahora bien, en los conceptos de violación, la parte quejosa esencialmente alega lo siguiente: 1. Que no se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no fue debidamente emplazada. Ello, al sostener que el domicilio ubicado en calle María Morelos y Pavón número 127 (Plaza Zuri), Local D, colonia Chipitlán, Cuernavaca, Morelos, no corresponde a su domicilio, que incluso del acta de embargo se advierte que el actuario debió constituirse en el local D, mientras que el quejoso se encuentra en el local C de la mencionada plaza. Además, refiere que el fedatario jamás se cercioró de que el quejoso habitara o tuviera su trabajo o domicilio en el local D, de la mencionada plaza, para lo cual acredita diversas constancias en copia simple. Continúa argumentando que no se le dejó citatorio alguno ni se le notificó a persona alguna que se encontrara en el domicilio. 2. Refiere que no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento al no haber sido emplazado a juicio. 3. Reitera que no fue emplazado a juicio y que el actuario se presentó en un domicilio diverso. 4. En otra tesitura, formula argumentos relacionados con la forma en que se deben desahogar las audiencias, y que en estas deben encontrarse presentes los representantes del capital y del trabajador, así como ser presididas por el presidente responsable. 5. Finalmente reitera que el quejoso no fue emplazado a juicio y tampoco fue representado, aunado a que no se le corrió traslado con las copias de la demanda laboral. Los conceptos de violación previamente reseñados devienen infundados en una parte e inoperantes en otra. A fin de examinar el emplazamiento reclamado se estima pertinente indicar que el derecho fundamental de audiencia y seguridad jurídica se contempla en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del contenido literal siguiente: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..." De conformidad con lo establecido en el precepto constitucional transcrito, cualquier acto privativo tiene que seguirse mediante un procedimiento ante los tribunales previamente constituidos para ello, en el que "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Respecto de las formalidades esenciales del procedimiento y su composición, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 47/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, a página 133, cuyo contenido es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De lo anterior se concluye que las mencionadas formalidades tienen como finalidad otorgar al gobernado una oportuna y adecuada defensa. Dichas prerrogativas consisten en: 1. Emplazamiento (notificación conforme a la ley del inicio del procedimiento y sus consecuencias). 2. Oportunidad probatoria (ofrecer y desahogar pruebas con las que se finque la defensa del gobernado). 3. Oportunidad de alegar (formular manifestaciones que se estimen convenientes). 4. Resolución (pronunciar resolución que dirima la controversia planteada). Cuando se logran regular todas y cada una de estas etapas, se está en presencia del derecho fundamental de audiencia, que consagra el párrafo segundo del citado artículo 14 constitucional y de no respetarse, se dejaría de cumplir su finalidad, que es evitar la indefensión del afectado. Por ello, dentro de las formalidades esenciales del procedimiento se advierte que la notificación de su inicio y sus consecuencias, resulta la que implica mayor importancia, dado que en ésta se sustenta el ejercicio del derecho respecto de las restantes, pues una persona que conoce sobre la existencia de un procedimiento y las consecuencias que le puede deparar, se encuentra en aptitud de comparecer ante la autoridad previamente a la emisión del acto privativo, de aportar las pruebas que estime pertinentes, de alegar a su favor y de ejercer, en su caso, los medios de defensa que prevean las leyes secundarias. De ahí que el análisis de constitucionalidad sobre el emplazamiento es uno de los que debe realizarse con mayor rigor, pues solo si se encuentran satisfechas todas las formalidades que señale la ley, podrá concluirse, con certidumbre, que el gobernado tuvo conocimiento del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, y que por lo tanto estuvo en aptitud de comparecer con anterioridad a la emisión del acto privativo. Por lo que es importante precisar que los ordinales 742, fracción I, y 743 de la Ley Federal del Trabajo establecen los mecanismos que deben cumplir los actuarios para llevar a cabo la primera notificación personal en el juicio laboral, mismos que son del tenor siguiente: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo;." "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." De lo reproducido se evidencia el procedimiento que debe seguir el actuario para llevar a cabo el emplazamiento en el juicio de origen, esto es, debe cerciorarse de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en los autos del juicio laboral de origen para hacer la notificación. Asimismo, deberá requerir la presencia de la persona a notificar, por conducto de quien se encuentre en dicho lugar; y, en caso de que se trate de una persona moral, se debe asegurar de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal. En caso de no encontrarse presente quien se va a notificar o quien represente legalmente la persona moral, debe proceder a dejarle citatorio por conducto de quien lo atiende, para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local y si se encontrara cerrado deberá fijar una copia de la resolución en la puerta de entrada. El Actuario deberá asentar razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. En ese sentido, la obligación del fedatario tiene por objeto que exista plena certeza de que el domicilio en que se constituya es el señalado en autos del juicio laboral de origen para efectuar el emplazamiento, es decir, debe comprobar que en el lugar en que va a emplazar al enjuiciado, éste puede ser localizado, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia, cerciorándose de que ahí habita, trabaja o tiene su domicilio, de lo que se reitera levantará razón en autos señalando los elementos de convicción en que se apoye. En virtud de lo anterior, del citatorio de veintiocho de abril de dos mil dieciséis y posterior emplazamiento de veintinueve siguiente, se advierte que el actuario responsable se constituyó por primera vez en el inmueble ubicado en Boulevard Benito Juárez, número 43, despacho 18B, edificio Teopanzolco, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Además en la diligencia de emplazamiento asentó textualmente que se le entregaba copia debidamente cotejada y autorizada del acuerdo de veintinueve de marzo y dieciocho de abril de dos mil dieciséis y del escrito inicial de demanda. Expuesto lo anterior, no le asiste la razón al quejoso en su concepto de violación identificado con el numeral "5", en el cual sostiene que no se le corrió traslado con la documentación necesaria para emprender su defensa. Bajo ese tenor, la diligencia de emplazamiento cumple con las formalidades previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya que de la lectura de la primera visita se advierte que la fedataria judicial sí se cercioró de encontrarse en el domicilio señalado en autos del juicio laboral y de que Maximiliano Alejandro Reza Aceves, tiene su domicilio en ese lugar, y cerciorarse plenamente de encontrarse en el lugar correcto por indicárselo los signos exteriores que tenía a la vista, , así como por el dicho propio de quien la tendió, quien refiere que es el domicilio que busca y en el cual actuó es el mismo y es correcto. Es decir, aunado a lo ya expuesto, la persona que la atendió de nombre Juan Gabriel Martínez Mayo, quien dijo ser empleado, y quien le manifestó que sí era el lugar pero por el momento no se encontraba. De ese modo, el actuaria asentó los datos por los que se cercioró plenamente de encontrarse en el domicilio correcto, esto es, los datos objetivos que le permitieron asegurarse que la persona física buscada tenía en ese lugar su domicilio, los cuales se encuentran corroborados con el dicho de la persona que la atendió. Lo anterior, ya que, en materia laboral, cuando la notificación se hace a una persona distinta del interesado, no es necesario que el actuario se cerciore de circunstancias tales como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón por la cual esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pues existe la obligación de que el actuario antes de realizar la diligencia con una persona distinta del interesado se cerciore de que esa persona habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar, lo cual así aconteció en el presente caso. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 4a./J. 26/94, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE PRACTICAN CON PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO POR NO ESTAR PRESENTE ÉSTE NI SU REPRESENTANTE A PESAR DEL CITATORIO QUE SE DEJÓ, EL ACTUARIO DEBE ASENTAR LOS ELEMENTOS QUE LO LLEVARON A LA CONVICCIÓN DE QUE AQUÉLLA VIVE, TRABAJA O ES DEL DOMICILIO, SIN ESTAR OBLIGADO A CERCIORARSE DE TALES EXTREMOS. Para que la notificación personal se haga en la forma que establece la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que previamente se hayan satisfecho los requisitos que establecen las fracciones I y III de ese precepto, es decir, que con anterioridad el actuario ya se haya constituido en la casa o local señalado; que ya se haya cerciorado de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en esa localidad y que, no habiéndolo encontrado, le dejó citatorio con la persona del domicilio que lo atendió; a partir de ahí, siguiendo la regla procesal, si pese al citatorio no están presentes el interesado o su representante, el actuario hará la notificación por conducto de la persona que se encuentre en la casa o local y sea del domicilio, haciendo constar en el acta las circunstancias relativas como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón de que esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pero sin que sobre tales datos se tenga que cerciorar, porque la obligación de asegurar la veracidad de la información que recibe no se establece en ninguna disposición en esta fase de la diligencia, independientemente de que ello retardaría y dificultaría las actuaciones de modo innecesario, puesto que el actuario ya hizo todo lo posible porque la notificación llegara al interesado que, inclusive, desacató el citatorio." De ahí que las actuaciones que se impugnan cumplen las formalidades esenciales previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, Por otra parte, debe señalarse que tampoco le asiste la razón al sostener la ilegalidad del emplazamiento efectuado, puesto que es evidente que la fedataria se constituyó en el mismo lugar donde previamente había dejado el citatorio respectivo. Esto es así, tomando en consideración la jurisprudencia 2a./J. 107/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRIMERA NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL JUICIO LABORAL. ES INNECESARIO QUE EL ACTUARIO HAGA CONSTAR EN EL ACTA RELATIVA LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE TOMÓ EN CUENTA PARA CERCIORARSE DEL DOMICILIO DONDE SE EFECTUÓ, CUANDO ELLO SE REALIZÓ EN EL CITATORIO PREVIO, AL CONFORMAR AMBAS DILIGENCIAS UNA UNIDAD JURÍDICA. El artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo establece las formalidades que deben observarse durante la práctica de la primera notificación personal en el juicio laboral, e inicialmente impone al actuario la obligación de cerciorarse de que la persona a notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; no obstante, esa exigencia no implica que para la validez de la diligencia deban asentarse en el acta relativa los elementos de convicción tomados en cuenta por el actuario para cerciorarse de que el domicilio en el que se constituyó para ese efecto, es el señalado en autos y que en él habita o trabaja la persona a notificar, cuando ello se realizó en el citatorio previo, en tanto ambos documentos conforman una unidad jurídica, habida cuenta que debe agregar copia del citatorio al expediente relativo para que pueda verificarse que la notificación se practicó en atención a las formalidades previstas en el numeral citado. Si bien el principio de seguridad jurídica impone la obligación de que tanto el acta de notificación como el citatorio contengan los elementos de convicción que el actuario tomó en cuenta para cerciorarse del domicilio, lo cierto es que ambas diligencias de notificación conforman una unidad jurídica; de ahí que el actuario no está obligado a cerciorarse del domicilio al constituirse nuevamente, pues basta con que el acta relativa remita expresamente a lo asentado en el citatorio." Por otra parte, son inoperantes los conceptos de violación relacionadas con las deficiencias en el emplazamiento que según el quejoso se realizó en el domicilio ubicado en calle María Morelos y Pavón número 127 (Plaza Zuri), Local D, colonia Chipitlán, Cuernavaca, Morelos. Ello es así, en razón de que el quejoso parte de una premisa falsa, es decir que el emplazamiento se llevó a cabo en dicho lugar y que no medió citatorio alguno, cuando de autos es evidente que el domicilio donde se practicó dicha actuación es uno distinto, a saber, Boulevard Benito Juárez, número 43, despacho 18B, edificio Teopanzolco, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. De ahí que no sea dable analizar la legalidad de una actuación que no se llevó a cabo, bajo los parámetros que refiere el propio quejoso. Al respecto, se invoca por los motivos que la sustentan, la tesis IV.3o.A.66 A, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. Los agravios son inoperantes cuando parten de una hipótesis que resulta incorrecta o falsa, y sustentan su argumento en ella, ya que en tal evento resulta inoficioso su examen por el tribunal revisor, pues aun de ser fundado el argumento, en un aspecto meramente jurídico sostenido con base en la premisa incorrecta, a ningún fin práctico se llegaría con su análisis y calificación, debido a que al partir aquél de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; como en el caso en que se alegue que la Sala Fiscal determinó que la resolución administrativa era ilegal por encontrarse indebidamente motivada, para luego expresar argumentos encaminados a evidenciar que al tratarse de un vicio formal dentro del proceso de fiscalización se debió declarar la nulidad para efectos y no lisa y llana al tenor de los numerales que al respecto se citen, y del examen a las constancias de autos se aprecia que la responsable no declaró la nulidad de la resolución administrativa sustentándose en el vicio de formalidad mencionado (indebida motivación), sino con base en una cuestión de fondo, lo que ocasiona que resulte innecesario deliberar sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada, al sustentarse tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resultó verdadera." Además, se califican de inoperantes los motivos de disenso que se sustentan en los diversos conceptos de violación que ya fueron estudiados en la presente resolución y no prosperaron. Se cita por las razones que la sustentan, la tesis XVII.1o.C.T. J/4, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS." Finalmente, es inoperante el concepto de violación en el que el quejoso hace alusión a diversas violaciones durante la substanciación del procedimiento, ello en razón a que son meras afirmaciones dogmáticas y genéricas, que no guardan relación con el acto reclamado en esta instancia constitucional. Solo resta establecer que desde el escrito inicial de demanda, el propio quejoso se ostentó sabedor del emplazamiento reclamado, pues incluso en los antecedentes relatados, se advierte que expuso lo siguiente: ".en las cédulas de emplazamiento no se especifica la secuencia de el citatorio y tiempo de espera del mismo observándose alterado, además de no establecer a quién le fue entregado el supuesto citatorio.por lo cual no se establece el tiempo de llegada, de espera de retirada.solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal, con el objeto de que se me reparen todas las violaciones procesales a partir del supuesto emplazamiento realizado en el juicio natural y todas las consecuencias y actuaciones." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Maximiliano Alejandro Reza Aceves, respecto de los actos y autoridades precisadas en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy quince de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, Maximiliano Alejandro Reza Aceves, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuario de la adscripción. Acto reclamado: ".el supuesto emplazamiento a juicio laboral del suscrito." SEGUNDO. El siete de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, radicó la demanda bajo el número 493/2020, la admitió a trámite, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó a juicio a la parte tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El citatorio de veintiocho de abril de dos mil dieciséis y la diligencia de emplazamiento de veintinueve siguiente, dentro de los autos del juicio laboral 01/299/16-1. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio laboral 01/299/2016-I, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. La impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el caso concreto, es importante destacar que de las constancias que acompañó la Junta responsable a su informe justificado, se advierte lo siguiente: 1. El veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, la Junta responsable dio trámite a la demanda del actor Jesús García Hernández, quien promovió juicio ordinario laboral en contra de la persona física Maximiliano Alejando Reza Aceves y una moral, bajo el número de expediente 01/299/2016; señaló fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones; además, ordenó el emplazamiento de la persona física hoy quejoso y persona moral. 2. Previo citatorio de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el veintinueve de abril siguiente, emplazó a la persona física quejosa. 4. Seguida la secuela procesal, el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, la junta responsable dictó laudo correspondiente en el procedimiento laboral de origen en el sentido de condenar a la persona física al cumplimiento de diversas prestaciones, que al no haber sido impugnada y al no cumplir voluntariamente con el laudo, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictó auto de requerimiento de pago y embargo. Ahora bien, en los conceptos de violación, la parte quejosa esencialmente alega lo siguiente: 1. Que no se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no fue debidamente emplazada. Ello, al sostener que el domicilio ubicado en calle María Morelos y Pavón número 127 (Plaza Zuri), Local D, colonia Chipitlán, Cuernavaca, Morelos, no corresponde a su domicilio, que incluso del acta de embargo se advierte que el actuario debió constituirse en el local D, mientras que el quejoso se encuentra en el local C de la mencionada plaza. Además, refiere que el fedatario jamás se cercioró de que el quejoso habitara o tuviera su trabajo o domicilio en el local D, de la mencionada plaza, para lo cual acredita diversas constancias en copia simple. Continúa argumentando que no se le dejó citatorio alguno ni se le notificó a persona alguna que se encontrara en el domicilio. 2. Refiere que no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento al no haber sido emplazado a juicio. 3. Reitera que no fue emplazado a juicio y que el actuario se presentó en un domicilio diverso. 4. En otra tesitura, formula argumentos relacionados con la forma en que se deben desahogar las audiencias, y que en estas deben encontrarse presentes los representantes del capital y del trabajador, así como ser presididas por el presidente responsable. 5. Finalmente reitera que el quejoso no fue emplazado a juicio y tampoco fue representado, aunado a que no se le corrió traslado con las copias de la demanda laboral. Los conceptos de violación previamente reseñados devienen infundados en una parte e inoperantes en otra. A fin de examinar el emplazamiento reclamado se estima pertinente indicar que el derecho fundamental de audiencia y seguridad jurídica se contempla en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del contenido literal siguiente: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..." De conformidad con lo establecido en el precepto constitucional transcrito, cualquier acto privativo tiene que seguirse mediante un procedimiento ante los tribunales previamente constituidos para ello, en el que "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Respecto de las formalidades esenciales del procedimiento y su composición, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 47/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, a página 133, cuyo contenido es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De lo anterior se concluye que las mencionadas formalidades tienen como finalidad otorgar al gobernado una oportuna y adecuada defensa. Dichas prerrogativas consisten en: 1. Emplazamiento (notificación conforme a la ley del inicio del procedimiento y sus consecuencias). 2. Oportunidad probatoria (ofrecer y desahogar pruebas con las que se finque la defensa del gobernado). 3. Oportunidad de alegar (formular manifestaciones que se estimen convenientes). 4. Resolución (pronunciar resolución que dirima la controversia planteada). Cuando se logran regular todas y cada una de estas etapas, se está en presencia del derecho fundamental de audiencia, que consagra el párrafo segundo del citado artículo 14 constitucional y de no respetarse, se dejaría de cumplir su finalidad, que es evitar la indefensión del afectado. Por ello, dentro de las formalidades esenciales del procedimiento se advierte que la notificación de su inicio y sus consecuencias, resulta la que implica mayor importancia, dado que en ésta se sustenta el ejercicio del derecho respecto de las restantes, pues una persona que conoce sobre la existencia de un procedimiento y las consecuencias que le puede deparar, se encuentra en aptitud de comparecer ante la autoridad previamente a la emisión del acto privativo, de aportar las pruebas que estime pertinentes, de alegar a su favor y de ejercer, en su caso, los medios de defensa que prevean las leyes secundarias. De ahí que el análisis de constitucionalidad sobre el emplazamiento es uno de los que debe realizarse con mayor rigor, pues solo si se encuentran satisfechas todas las formalidades que señale la ley, podrá concluirse, con certidumbre, que el gobernado tuvo conocimiento del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, y que por lo tanto estuvo en aptitud de comparecer con anterioridad a la emisión del acto privativo. Por lo que es importante precisar que los ordinales 742, fracción I, y 743 de la Ley Federal del Trabajo establecen los mecanismos que deben cumplir los actuarios para llevar a cabo la primera notificación personal en el juicio laboral, mismos que son del tenor siguiente: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo;." "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." De lo reproducido se evidencia el procedimiento que debe seguir el actuario para llevar a cabo el emplazamiento en el juicio de origen, esto es, debe cerciorarse de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en los autos del juicio laboral de origen para hacer la notificación. Asimismo, deberá requerir la presencia de la persona a notificar, por conducto de quien se encuentre en dicho lugar; y, en caso de que se trate de una persona moral, se debe asegurar de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal. En caso de no encontrarse presente quien se va a notificar o quien represente legalmente la persona moral, debe proceder a dejarle citatorio por conducto de quien lo atiende, para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local y si se encontrara cerrado deberá fijar una copia de la resolución en la puerta de entrada. El Actuario deberá asentar razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. En ese sentido, la obligación del fedatario tiene por objeto que exista plena certeza de que el domicilio en que se constituya es el señalado en autos del juicio laboral de origen para efectuar el emplazamiento, es decir, debe comprobar que en el lugar en que va a emplazar al enjuiciado, éste puede ser localizado, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia, cerciorándose de que ahí habita, trabaja o tiene su domicilio, de lo que se reitera levantará razón en autos señalando los elementos de convicción en que se apoye. En virtud de lo anterior, del citatorio de veintiocho de abril de dos mil dieciséis y posterior emplazamiento de veintinueve siguiente, se advierte que el actuario responsable se constituyó por primera vez en el inmueble ubicado en Boulevard Benito Juárez, número 43, despacho 18B, edificio Teopanzolco, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Además en la diligencia de emplazamiento asentó textualmente que se le entregaba copia debidamente cotejada y autorizada del acuerdo de veintinueve de marzo y dieciocho de abril de dos mil dieciséis y del escrito inicial de demanda. Expuesto lo anterior, no le asiste la razón al quejoso en su concepto de violación identificado con el numeral "5", en el cual sostiene que no se le corrió traslado con la documentación necesaria para emprender su defensa. Bajo ese tenor, la diligencia de emplazamiento cumple con las formalidades previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya que de la lectura de la primera visita se advierte que la fedataria judicial sí se cercioró de encontrarse en el domicilio señalado en autos del juicio laboral y de que Maximiliano Alejandro Reza Aceves, tiene su domicilio en ese lugar, y cerciorarse plenamente de encontrarse en el lugar correcto por indicárselo los signos exteriores que tenía a la vista, , así como por el dicho propio de quien la tendió, quien refiere que es el domicilio que busca y en el cual actuó es el mismo y es correcto. Es decir, aunado a lo ya expuesto, la persona que la atendió de nombre Juan Gabriel Martínez Mayo, quien dijo ser empleado, y quien le manifestó que sí era el lugar pero por el momento no se encontraba. De ese modo, el actuaria asentó los datos por los que se cercioró plenamente de encontrarse en el domicilio correcto, esto es, los datos objetivos que le permitieron asegurarse que la persona física buscada tenía en ese lugar su domicilio, los cuales se encuentran corroborados con el dicho de la persona que la atendió. Lo anterior, ya que, en materia laboral, cuando la notificación se hace a una persona distinta del interesado, no es necesario que el actuario se cerciore de circunstancias tales como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón por la cual esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pues existe la obligación de que el actuario antes de realizar la diligencia con una persona distinta del interesado se cerciore de que esa persona habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar, lo cual así aconteció en el presente caso. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 4a./J. 26/94, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE PRACTICAN CON PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO POR NO ESTAR PRESENTE ÉSTE NI SU REPRESENTANTE A PESAR DEL CITATORIO QUE SE DEJÓ, EL ACTUARIO DEBE ASENTAR LOS ELEMENTOS QUE LO LLEVARON A LA CONVICCIÓN DE QUE AQUÉLLA VIVE, TRABAJA O ES DEL DOMICILIO, SIN ESTAR OBLIGADO A CERCIORARSE DE TALES EXTREMOS. Para que la notificación personal se haga en la forma que establece la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que previamente se hayan satisfecho los requisitos que establecen las fracciones I y III de ese precepto, es decir, que con anterioridad el actuario ya se haya constituido en la casa o local señalado; que ya se haya cerciorado de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en esa localidad y que, no habiéndolo encontrado, le dejó citatorio con la persona del domicilio que lo atendió; a partir de ahí, siguiendo la regla procesal, si pese al citatorio no están presentes el interesado o su representante, el actuario hará la notificación por conducto de la persona que se encuentre en la casa o local y sea del domicilio, haciendo constar en el acta las circunstancias relativas como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón de que esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pero sin que sobre tales datos se tenga que cerciorar, porque la obligación de asegurar la veracidad de la información que recibe no se establece en ninguna disposición en esta fase de la diligencia, independientemente de que ello retardaría y dificultaría las actuaciones de modo innecesario, puesto que el actuario ya hizo todo lo posible porque la notificación llegara al interesado que, inclusive, desacató el citatorio." De ahí que las actuaciones que se impugnan cumplen las formalidades esenciales previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, Por otra parte, debe señalarse que tampoco le asiste la razón al sostener la ilegalidad del emplazamiento efectuado, puesto que es evidente que la fedataria se constituyó en el mismo lugar donde previamente había dejado el citatorio respectivo. Esto es así, tomando en consideración la jurisprudencia 2a./J. 107/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRIMERA NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL JUICIO LABORAL. ES INNECESARIO QUE EL ACTUARIO HAGA CONSTAR EN EL ACTA RELATIVA LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE TOMÓ EN CUENTA PARA CERCIORARSE DEL DOMICILIO DONDE SE EFECTUÓ, CUANDO ELLO SE REALIZÓ EN EL CITATORIO PREVIO, AL CONFORMAR AMBAS DILIGENCIAS UNA UNIDAD JURÍDICA. El artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo establece las formalidades que deben observarse durante la práctica de la primera notificación personal en el juicio laboral, e inicialmente impone al actuario la obligación de cerciorarse de que la persona a notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; no obstante, esa exigencia no implica que para la validez de la diligencia deban asentarse en el acta relativa los elementos de convicción tomados en cuenta por el actuario para cerciorarse de que el domicilio en el que se constituyó para ese efecto, es el señalado en autos y que en él habita o trabaja la persona a notificar, cuando ello se realizó en el citatorio previo, en tanto ambos documentos conforman una unidad jurídica, habida cuenta que debe agregar copia del citatorio al expediente relativo para que pueda verificarse que la notificación se practicó en atención a las formalidades previstas en el numeral citado. Si bien el principio de seguridad jurídica impone la obligación de que tanto el acta de notificación como el citatorio contengan los elementos de convicción que el actuario tomó en cuenta para cerciorarse del domicilio, lo cierto es que ambas diligencias de notificación conforman una unidad jurídica; de ahí que el actuario no está obligado a cerciorarse del domicilio al constituirse nuevamente, pues basta con que el acta relativa remita expresamente a lo asentado en el citatorio." Por otra parte, son inoperantes los conceptos de violación relacionadas con las deficiencias en el emplazamiento que según el quejoso se realizó en el domicilio ubicado en calle María Morelos y Pavón número 127 (Plaza Zuri), Local D, colonia Chipitlán, Cuernavaca, Morelos. Ello es así, en razón de que el quejoso parte de una premisa falsa, es decir que el emplazamiento se llevó a cabo en dicho lugar y que no medió citatorio alguno, cuando de autos es evidente que el domicilio donde se practicó dicha actuación es uno distinto, a saber, Boulevard Benito Juárez, número 43, despacho 18B, edificio Teopanzolco, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. De ahí que no sea dable analizar la legalidad de una actuación que no se llevó a cabo, bajo los parámetros que refiere el propio quejoso. Al respecto, se invoca por los motivos que la sustentan, la tesis IV.3o.A.66 A, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. Los agravios son inoperantes cuando parten de una hipótesis que resulta incorrecta o falsa, y sustentan su argumento en ella, ya que en tal evento resulta inoficioso su examen por el tribunal revisor, pues aun de ser fundado el argumento, en un aspecto meramente jurídico sostenido con base en la premisa incorrecta, a ningún fin práctico se llegaría con su análisis y calificación, debido a que al partir aquél de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; como en el caso en que se alegue que la Sala Fiscal determinó que la resolución administrativa era ilegal por encontrarse indebidamente motivada, para luego expresar argumentos encaminados a evidenciar que al tratarse de un vicio formal dentro del proceso de fiscalización se debió declarar la nulidad para efectos y no lisa y llana al tenor de los numerales que al respecto se citen, y del examen a las constancias de autos se aprecia que la responsable no declaró la nulidad de la resolución administrativa sustentándose en el vicio de formalidad mencionado (indebida motivación), sino con base en una cuestión de fondo, lo que ocasiona que resulte innecesario deliberar sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada, al sustentarse tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resultó verdadera." Además, se califican de inoperantes los motivos de disenso que se sustentan en los diversos conceptos de violación que ya fueron estudiados en la presente resolución y no prosperaron. Se cita por las razones que la sustentan, la tesis XVII.1o.C.T. J/4, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS." Finalmente, es inoperante el concepto de violación en el que el quejoso hace alusión a diversas violaciones durante la substanciación del procedimiento, ello en razón a que son meras afirmaciones dogmáticas y genéricas, que no guardan relación con el acto reclamado en esta instancia constitucional. Solo resta establecer que desde el escrito inicial de demanda, el propio quejoso se ostentó sabedor del emplazamiento reclamado, pues incluso en los antecedentes relatados, se advierte que expuso lo siguiente: ".en las cédulas de emplazamiento no se especifica la secuencia de el citatorio y tiempo de espera del mismo observándose alterado, además de no establecer a quién le fue entregado el supuesto citatorio.por lo cual no se establece el tiempo de llegada, de espera de retirada.solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal, con el objeto de que se me reparen todas las violaciones procesales a partir del supuesto emplazamiento realizado en el juicio natural y todas las consecuencias y actuaciones." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Maximiliano Alejandro Reza Aceves, respecto de los actos y autoridades precisadas en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy quince de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad que ahí se indica, por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al proveído de seis de abril del año en curso, remite copias certificadas del juicio laboral 01/299/16-I; por tanto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. De lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichas constancias para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar el anexo I, colocándole carátula de identificación de este juicio, respetando sus folios y rúbricas originales. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, se ordena formar los anexos que correspondan por separado, lo anterior para su mejor manejo y conservación. Asimismo, infórmese a las partes que dichas constancias no formarán parte del expediente electrónico, por lo que podrán ser consultadas en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Lo anterior no causa perjuicio a las partes, ya que, además de que esas documentales están disponibles para su consulta, serán analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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