Maximiano Molina Padilla

Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
553/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Maximiano Molina Padilla
  • Director de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental la suspensión provisional se concedió y negó; y, con respecto a la suspensión definitiva se concedió en relación a los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Devolución de documentos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a su demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente, para la devolución puede comunicarse al número de oficina 443 3226960 extensiones 1161 o 1261, para concertar cita para ese efecto.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Estado de autos. Visto el estado que guarda el expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. Asimismo, se ordena notificar a las partes la citada sentencia y gírese atento oficio vía electrónica a las autoridades responsables, adjuntándoles copia simple de la mencionada resolución. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria Cristina García Maya.

  3. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 553/2021, promovido por el COMITÉ DE VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO RINCON DE AGUA CLARA, por alegada violación del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Director de Orden urbano de la Secretaría de urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán y al Inspector Notificador adscrito a dicha dirección, ambos con residencia en Morelia, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primero. Consideración previa. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes. Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de inspección contenida en el folio 0279, emitida el veintiuno de enero de dos mil diecinueve por el titular de la Dirección de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. La inspección y orden de clausura ejecutada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno por el inspector adscrito a la Dirección de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, respecto de los trabajos que se realizan en la caseta de vigilancia del fraccionamiento Rincón de Agua Clara. Tercero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado. Cuarto. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Son ciertos los actos que se reclama a las autoridades responsable, ya que al rendir el informe justificado admitieron la existencia de la resolución reclamada así como su ejecución, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañó al informe, las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo. Quinto. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado de oficio, como así lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo. Y sobre el particular, las autoridades responsables hicieron valer prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque el quejoso no cuenta con el permiso de construcción necesario para ejecutar la obra clausurada; por tanto, carece de interés jurídico para la promoción del juicio de amparo. Causa de improcedencia que deviene infundada, porque para poder resolverla se tiene que realizar un estudio de las cuestiones involucran el fondo del asunto, ya que en el concepto de violación se planteado en la demanda, se aduce que para realizar el tipo de trabajos que se estaban realizado no se requiere de contar con la autorización correspondiente, de ahí que, el estudio respectivo involucra una cuestión de fondo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Ahora, como la causal de improcedencia que se hizo valer es infundada, y no se advierte, de oficio, alguna que impida el estudio de la controversia, procede su análisis. Sexto. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación. En efecto, a juicio de las personas que conforman la asociación quejosa la orden de inspección, su ejecución y la clausura de los trabajos que se realizan en la caseta de vigilancia del fraccionamiento Rincón de Agua Clara, viola sus derechos humanos reconocidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, a su modo de ver, instalar el soporte de una cámara de vigilancia, pintar una pared, instalar un tubo o peldaño a un muro, o cambiar una ventana, no entra dentro de los supuestos que el Reglamento considera como una "obra" que requiera una licencia de construcción municipal. Lo anterior porque con el mantenimiento de pintura, la instalación de cámaras de seguridad, una escalera, y cambiar la ventana de la caseta, se busca que la instalación tenga una funcionalidad para el resguardo de la integridad física y patrimonial de las personas que habitan el fraccionamiento, y la clausura de la caseta y de los trabajos causa un acto de molestia sin que se haya seguido un proceso previo ante la autoridad competente en el que se hayan cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, y sin que se funde y motive la causa legal del procedimiento, así como tampoco se acredita la existencia del posible objeto de una multa o clausura, por lo cual dichos actos son violatorios de sus derechos fundamentales. Lo anterior es infundado, por dos razones; la primera, porque de la interpretación funcional del artículo 10 del Reglamento de Construcciones y Servicios Urbanos para el Municipio de Morelia, Michoacán, que invoca la parte quejosa, se advierte que la autorización para realizar las obras descritas en ese normativo, si le es aplicable a las obras que afirma que se estaban ejecutando. Lo anterior, porque la instalación del soporte de una cámara de vigilancia, la pintura una pared, la instalación de un tubo o peldaño a un muro, y cambiar una ventana, sí se ubican en la fracción I, del artículo 10, debido a que la caseta de vigilancia a que alude se encuentra situada en la calle Agua de Mar sin número de la Colonia Rincón de Agua Clara, esto es sobre la vía pública, de ahí que cualquier construcción que se realice bajo esa característica requiere de autorización municipal. La segunda razón por la que el concepto de violación es infundado, es porque conforme a lo establecido en el acta de inspección los trabajos que se encontraban realizando sin la autorización municipal son los siguientes: Colocación de la caseta de vigilancia. Instalación de plumas, dos manuales y dos eléctricas. Colocación de bollas sobre el pavimento. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar el contenido del acta levantada por el inspector, actividades que se encuentran previstas en el normativo 10 del reglamento citado el cual señala: "Artículo 10. Se requiere autorización de la Secretaría para: I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública; [.] VI. Instalar o construir reductores de velocidad en vialidades. Para realizar lo anterior se requiere demostrar la existencia inmediata de edificios y sitios públicos como escuelas, templos, parques infantiles, etc., o la Secretaría realizará un estudio ajustándose a lo señalado en el Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio; y, [.]". En virtud de lo anterior, el único concepto de violación es infundado; por tanto, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al COMITÉ DE VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO RINCON DE AGUA CLARA en contra del acto que reclamó a la Dirección de Orden Urbano de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán e inspector de su adscripción en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese; personalmente a las partes; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en que concluyó la emisión de este fallo Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, y da fe la secretaria Cristina García Maya.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las trece horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo III-D-553/2021, promovido por Maximiano Molina Padilla, por propio derecho y en cuanto presidente del Comité de Vecinos del Fraccionamiento Rincón de Agua Clara, así como por el Secretario, Tesorero y Vocal de dicho comité, Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la secretaria Claudia Paulina García Ortiz, quien da fe, la declara abierta sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente, en términos de la circular SECNO/12/2020 (respuesta a pregunta catorce), emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". PRUEBAS Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las ofrecidas por las partes, y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas y al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. ALEGATOS En seguida se abre el período de alegatos y el Secretario hace constar que ninguna parte los formuló; por lo cual se cierra el presente período. No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda correspondiente.

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