Maximiano Castillo Balleza
Expediente 366/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maximiano Castillo Balleza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional se abstenga de realizar el computo a que se alude en la certificación de cuenta a la autoridad responsable ni al tercero interesado, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia; ello, en virtud de que en el presente sumario constitucional se determinó sobreseer fuera de audiencia; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. .... Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y se declaró sin materia la suspensión definitiva, el original del incidente de suspensión es DEPURABLE, en términos del ordinal 18 inciso a). Asimismo, por lo que respecta al duplicado es DESTRUIBLE, con fundamento en la fracción II inciso a), del artículo 20 del referido acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. ----
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa a las diez horas del cuatro de febrero del año en curso, tuvo verificativo la audiencia en que fueron escuchadas las menores de identidad reservada con iniciales B. Y. E. F. y S. S. E. F; remitiendo al efecto copia certificada del acta correspondiente; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se observa que mediante los Acuerdos Generales Quinto y Sexto emitidos por los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de San Luis Potosí, aplicables a dicha autoridad responsable, se decretó la suspensión de actividades, en el lapso comprendido del veintiocho de enero al catorce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, y considerando que a la fecha dicho autoridad responsable ha reanudado sus labores, y atento a que el cumplimiento del fallo protector requiere de diversas acciones por parte de la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, mediante oficio requiérase al Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe los avances obtenidos en el cumplimiento del fallo protector, en el entendido de que éstos deben ser sustanciales, remitiendo además copia certificada de las constancias que acrediten su cumplimiento; apercibido que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo, y asimismo se remitirá el expediente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación; o bien manifieste el impedimento que tenga para cumplir con lo anterior. Ahora bien, en relación con los oficios derivados del presente acuerdo, dirigidos a autoridades administrativas o jurisdiccionales, cuyas actividades se encuentran suspendidas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, se instruye a la Actuaria de la adscripción, a efecto de que tales comunicaciones queden en su resguardo hasta en tanto las autoridades correspondientes reanuden sus actividades, y una vez que ello acontezca proceda a su entrega de manera inmediata. Notifíquese por lista de acuerdos una vez que se reanuden labores presenciales en este órgano jurisdiccional.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTE DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA y tercero interesado ***, QUE DICE:Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por medio del cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales que anexa a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en el momento Asimismo, téngase por recibido el diverso oficio de cuenta signado por el Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en auto de quince de diciembre de dos mil veinte y al efecto remite copia certificada de las constancias que integran el Toca 467-2020 de su índice, documentales que se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del referido artículo 119 de la ley de la materia. Ahora, de las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del Toca 467-2020 el índice de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el que determinó declarar sin materia la recusación promovida por la parte demandada del juicio en lo principal, por haber cesado la causa de la misma. En este orden de ideas, de las constancias que integran los presentes autos, entre las que destaca la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama el quejoso ***es: El auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el Toca 497-2020 del índice de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el que se admitió a trámite la recusación presentada por Arturo Castro Lastra y se señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional a cargo del aquí quejoso *** , la que se desahogará en la ciudad capital. En estas condiciones, se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo en relación con el 63, fracción V, de la citada legislación, que a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Como se advierte, los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales de la parte quejosa, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De lo expuesto, adquieren relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso a) que antecede, puesto que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, se advierte el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte (foja 113 del archivo digital), dictado en los autos del Toca 497-2020 del índice de la Sala responsable; en el cual, se declaró sin materia la recusación promovida por Arturo Castro Lastras parte demandada en el juicio de origen por haber cesado la causa de la misma, toda vez que dicha recusación fue presentada en contra del entonces titular del Juzgado Primero del Ramo Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, quien dejó de estar adscrito a ese órgano jurisdiccional el once de noviembre de dos mil veinte; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Así, es evidente que la responsable constituyó una situación jurídica que destruyó el acto que originó la promoción de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales del requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la citada particular. Esto es así, pues el Toca 427-2020 en que se admitió a trámite la recusación presentada por Arturo Castro Lastra y se señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional a cargo del aquí quejoso *** (las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil veinte como se advierte del inciso b) del informe justificado), de cuya trasgresión se dolía la parte quejosa se declaró sin materia. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Sala responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle al demandante de amparo, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es inconcuso establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley en comento, deviene incontrovertible que este juicio de amparo debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para celebrarse a las catorce horas con cincuenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por medio del cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales que anexa a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en el momento Asimismo, téngase por recibido el diverso oficio de cuenta signado por el Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en auto de quince de diciembre de dos mil veinte y al efecto remite copia certificada de las constancias que integran el Toca 467-2020 de su índice, documentales que se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del referido artículo 119 de la ley de la materia. Ahora, de las documentales que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del Toca 467-2020 el índice de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el que determinó declarar sin materia la recusación promovida por la parte demandada del juicio en lo principal, por haber cesado la causa de la misma. En este orden de ideas, de las constancias que integran los presentes autos, entre las que destaca la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama el quejoso ***es: El auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el Toca 497-2020 del índice de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en el que se admitió a trámite la recusación presentada por Arturo Castro Lastra y se señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional a cargo del aquí quejoso *** , la que se desahogará en la ciudad capital. En estas condiciones, se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo en relación con el 63, fracción V, de la citada legislación, que a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Como se advierte, los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales de la parte quejosa, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De lo expuesto, adquieren relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso a) que antecede, puesto que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, se advierte el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte (foja 113 del archivo digital), dictado en los autos del Toca 497-2020 del índice de la Sala responsable; en el cual, se declaró sin materia la recusación promovida por Arturo Castro Lastras parte demandada en el juicio de origen por haber cesado la causa de la misma, toda vez que dicha recusación fue presentada en contra del entonces titular del Juzgado Primero del Ramo Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, quien dejó de estar adscrito a ese órgano jurisdiccional el once de noviembre de dos mil veinte; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Así, es evidente que la responsable constituyó una situación jurídica que destruyó el acto que originó la promoción de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales del requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la citada particular. Esto es así, pues el Toca 427-2020 en que se admitió a trámite la recusación presentada por Arturo Castro Lastra y se señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional a cargo del aquí quejoso *** (las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil veinte como se advierte del inciso b) del informe justificado), de cuya trasgresión se dolía la parte quejosa se declaró sin materia. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la Sala responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle al demandante de amparo, ya que fue restituido en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es inconcuso establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley en comento, deviene incontrovertible que este juicio de amparo debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para celebrarse a las catorce horas con cincuenta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese y personalmente.
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