Maximiano Castillo Balleza
Expediente 573/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maximiano Castillo Balleza
Actuaciones
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 573/2022-I-D, promovido por Maximiano Castillo Balleza, en contra de los actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí. RESULTANDO: PRIMERO. Maximiano Castillo Balleza, mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, con domicilio oficial ampliamente conocido y ubicado en la Ciudad Capital. IV.- ACTOS RECLAMADOS: La omisión de llevar a cabo todos y cada uno de los actos válidos y eficaces tendiente a lograr en forma pronta y expedita que se resuelva lo atinente al INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DEL LAUDO relativo a las CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL FONDO DE PENSIONES que promoví mediante escrito fechado el día 24 veinticuatro, y recibido por al responsable el día 25 veinticinco, ambos de Enero del 2022 dos mil veintidós, no obstante que tenía la ineludible obligación de resolver el mismo en forma pronta y expedita, y a la fecha han transcurrido más de 240 doscientos cuarenta días desde su presentación, para que el suscrito logre acceder al DERECHO HUMANO DE JUSTICIA PRONTA que me es otorgado en el artículo 17 Constitucional , desde el momento en que soy el actor del juicio natural, y aun no lo ha resuelto, esto es, de resolver la liquidación del LAUDO planteada, y poder ejercer mis derechos." SEGUNDO. El quejoso narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales transgredidos, los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la misma; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, la omisión reclamada se encuentra relacionada con un acto negativo atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, por ende, es inconcuso que en atención a la naturaleza de la omisión reclamada, y al no existir oportunidad específica, la demanda de amparo fue presentada conforme el artículo 17 de la Ley de Amparo. Al efecto se invoca, por identidad de razones, la tesis publicada en la página 332, Tomo X, Julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TERMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento". TERCERO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, enseguida se precisa el acto reclamado en el presente juicio de amparo: Omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo relativo a las cuotas obrero patronales del fondo de pensiones, pronunciado en el juicio laboral 567/2013/E-1. CUARTO. Certeza de actos. Son Ciertos los actos que se atribuyen al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, consistente en la omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo relativo a las cuotas obrero patronales del fondo de pensiones, dentro del expediente laboral 567/2013/E-1. Lo anterior, en atención a que, con independencia de lo señalado por la nombrada autoridad al momento de rendir su informe justificado, en el sentido de que con fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se emitió la resolución del incidente de liquidación de laudo relativo a las cuotas obrero patronales del fondo de pensiones; la certeza apuntada se da en la medida en que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (diez de agosto de dos mil veintidós), no se había pronunciado la resolución respectiva, de ahí, que no se comulga con lo expresado por la responsable y por ese motivo se debe tener por cierto el acto omisivo que se le atribuye. Apoya a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." QUINTO. Improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." La misma consideración se desprende de la jurisprudencia número 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al respecto menciona: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte del tribunal laboral responsable, de resolver el incidente de liquidación de laudo relativo a las cuotas obrero patronales del fondo de pensione, dentro del expediente laboral 567/2013/E-1, esta juzgadora advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. A efecto de demostrar la premisa planteada, se estima necesario asentar enseguida algunas consideraciones que giran en torno al concepto de cesación de efectos del juicio constitucional; así, en principio debe traerse a glosa el contenido de la fracción referida, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) --- XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con la porción normativa que precede, debe traerse igualmente a contexto el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: --- I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y --- II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. --- En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. --- En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. --- En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. --- En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación relacionada de las porciones normativas que se han reproducido pone de manifiesto que el juicio de amparo, como acción constitucional, tiene el carácter de instrumento reparador, es decir, que su objetivo principal es para que el gobernado encuentre la restitución o reestablecimiento en el goce de los derechos fundamentales que el ente del Estado transgredió en su perjuicio, es decir, que a diferencia de otros medios de control constitucional que tienen como objetivo el ser preventivos o de alcance precautorio, el juicio de amparo únicamente tiene como finalidad la reparación de una transgresión, situación que lo orienta en el sentido de que no se ejerce con propósitos especulativos, sino con efectos concretamente reparadores. En ese sentido, se protege el alto valor de lograr que quien promueva el juicio de amparo encuentre u obtenga un efecto reparador o restitutorio; luego, si no hay nada que reparar o restituir en beneficio del quejoso dado que el acto que entrañó la transgresión de derechos fundamentales quedó insubsistente por una determinación de la propia autoridad a quien se le reclamó, o porque ésta realizó los actos necesarios a efecto de reestablecer al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, es válido afirmar que el juicio constitucional será improcedente con base en la causal antes mencionada. En armonía con lo dicho debe destacarse que los alcances de la referida causal de improcedencia los ha definido el Alto Tribunal en el sentido de que la cesación de los efectos del acto reclamado generen en la materialidad de los hechos una situación en la que se considere que las cosas han regresado al estado en que estaban antes de la existencia del acto reclamado, esto es, que todos los efectos del acto de autoridad hayan desaparecido, tal y como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.CL/97, visible en la página 71 del tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." La causa de improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos del acto reclamado también ha sido motivo de pronunciamiento por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210 del tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." A juicio de esta juzgadora, la explicada causa de improcedencia se estima actualizada en la especie en razón de que la parte quejosa acudió a esta instancia para reclamar la omisión por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, capital, en dictar la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo relativo a las cuotas obrero patronales del fondo de pensiones, dentro del expediente laboral 567/2013-E-1, aspecto que concretamente se refiere a la conducta pasiva, relativa a no emitir la resolución correspondiente; sin embargo, junto con su informe justificado, el Presidente del tribunal señalado como responsable, allegó copia certificada de la resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el procedimiento de origen, al que se le otorga eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de un documento público legalizado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; y del contenido de dicho proveído, se evidencia que la responsable emitió la resolución de cuya omisión se duele el impetrante de amparo. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse probado, que el dieciséis de agosto de la presente anualidad, se dictó la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo relativo a las cuotas obrero patronales del fondo de pensiones, dentro del juicio laboral 567/2013/E-1, y cuya omisión constituye la materia de su reclamo constitucional. Por tanto, han quedado destruidos en forma total e incondicional todos los efectos de la omisión reclamada, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su existencia, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, visible en la página 38, Tomo: IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia referida, se impone sobreseer en el juicio de amparo promovido por Maximiano Castillo Balleza, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, capital; al actualizarse la causa de improcedencia a que se refriere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Así las cosas, con apoyo en el artículo 63 fracción V, de ese mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, el que la autoridad responsable no haya remitido a este juzgado la notificación personal al quejoso, de la determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós; toda vez que el acto aquí reclamado se rige por el numeral 17 de la Carta Magna, que consagra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, no así por el artículo 8° constitucional; aunado que, el quejoso, al ser parte procesal en el juicio de origen, se encuentra en aptitud de promover lo que a sus intereses convenga en relación con tal determinación. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 573/2022-I-D, promovido por Maximiano Castillo Balleza, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, precisados en el resultando primero y señaladas en el resultando primero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí; atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, mismo que será tomado en consideración en la audiencia constitucional respectiva. DELEGADOS, DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 27 de la ley de la materia, téngase a la citada responsable, señalando como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los indicados en el informe de cuenta, así como el correo electrónico institucional el que indica. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado en proveído de once de agosto actual, a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, para que rinda el informe justificado que le fue requerido. DIFERIMIENTO. En esa tesitura, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con catorce minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual hace diversas manifestaciones a manera de alegatos, mismos que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
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